¿Peligra la independencia judicial? Investigación expone límite del control político
Expertos recuerdan que la fiscalización de jueces corresponde al Consejo de la Judicatura
En medio de una escalada de violencia y una creciente desconfianza institucional, el Gobierno ecuatoriano ha emprendido un proceso de observación a jueces y fiscales señalados por presuntamente favorecer a estructuras criminales.
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La medida, liderada por el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, además de los límites del poder presidencial.
El Ejecutivo anunció la conformación de un frente común con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para investigar el origen patrimonial de operadores judiciales que hayan emitido fallos cuestionables a favor de presuntos delincuentes.
La decisión se produce tras varios casos en los que personas detenidas por delitos graves (como secuestro, homicidio o narcotráfico) fueron liberadas por decisiones judiciales y reincidieron poco después. “El objetivo es claro: se acabó la puerta giratoria para los delincuentes. No permitiremos que el sistema judicial siga siendo usado para garantizar impunidad”, declaró Reimberg.
La UAFE rastreará el flujo de dinero de jueces, fiscales y sus allegados, en busca de indicios de enriquecimiento ilícito, lavado de activos o vínculos con redes criminales. Sin embargo, la medida ha generado reacciones encontradas.
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El abogado constitucionalista Rafael Oyarte advirtió que esta acción podría representar una interferencia del Ejecutivo en otro poder del Estado, recordando que la fiscalización de jueces corresponde al Consejo de la Judicatura, un órgano con escaso margen de acción por las vacantes de dos de cinco vocales y una tercera en proceso de interpelación. “Creer que la seguridad nacional se logra con un par de leyes es ingenuo. No es con palabras escritas en la norma que se recupera el dominio territorial”, expresó.
El debate de fondo gira en torno a la separación de poderes. Mientras el Gobierno sostiene que actúa para proteger a la ciudadanía, sectores judiciales temen una politización de la justicia. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea también ha iniciado una investigación paralela sobre fallos judiciales irregulares.
El ministro Reimberg incluso advirtió que revelará públicamente los nombres de jueces que liberen a criminales reincidentes. “¿Usted cree que a un juez aliado a un GDO le importa que salga su cara y su nombre si seguirá siendo juez? No, no le importa”, replicó Oyarte.
Desde el ámbito jurídico, el abogado penalista Julio Cueva propone una solución institucional. Para él, “debería armarse una mesa interinstitucional semanal para coordinar estas acciones y dar seguimiento a cada caso. Así se evitarían prescripciones e impunidad, y los jueces y fiscales sentirían que están siendo observados para no desviarse de la letra de la ley”.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura informó que en los últimos 11 meses ha destituido a 90 funcionarios judiciales, incluidos 46 jueces y 11 fiscales, por infracciones disciplinarias graves. César García, director del Colegio de Abogados del Guayas, considera que si bien la fiscalización puede influir en la imparcialidad judicial, también reconoce que “la reducción de la discrecionalidad, sumada a mayores mecanismos de control de cualquier índole, como aquellos relacionados a la vigilancia, son herramientas necesarias para reducir la corrupción”. Para los expertos, no es adecuado que se ejerza presión sobre los jueces a raíz del reproche social que generan ciertas medidas cautelares
Una auditoria a patrimonios de jueces
Desde que Mauricio Torres asumió como contralor general del Estado en noviembre de 2023, se han efectuado 108 auditorías especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas de jueces, fiscales y otros funcionarios del sistema judicial. Actualmente, otras 52 evaluaciones se encuentran en proceso.
La medida de auditar patrimonios también incluye a sus entornos cercanos y busca detectar posibles nexos con redes criminales o ingresos injustificados. “Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales, de los que se benefician para lograr la impunidad”, dijo el ministro Reimberg, quien afirmó que no habla solo por él, sino por millones de ecuatorianos que se sienten indefensos por la presencia de criminales en las calles
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