La consejera del CPCCS, Piedad Cuarán Rosero, se pronunció sobre la reforma al reglamento del concurso de méritos y oposición para Fiscal del Estado
La consejera del CPCCS, Piedad Cuarán Rosero, se pronunció sobre la reforma al reglamento del concurso de méritos y oposición para Fiscal del Estado.Cortesía

Reforma al concurso de fiscal: Piedad Cuarán destaca su importancia ante críticas

Piedad Cuarán sostiene que los cambios al reglamento buscan evitar restricciones desproporcionadas

La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Piedad Cuarán Rosero, se pronunció sobre la reforma al reglamento del concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en medio de críticas y denuncias públicas sobre su legalidad.

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En un comunicado difundido este 26 de febrero, la funcionaria afirmó que, aunque no comparte varias decisiones adoptadas por la mayoría del Pleno, considera que una reforma parcial al reglamento era jurídicamente viable y no contravenía normas de mayor jerarquía. 

A su criterio, la prohibición que impedía postular a abogados en libre ejercicio por haber patrocinado causas relacionadas con delitos graves constituía una restricción desproporcionada al derecho al trabajo y al ejercicio de la defensa técnica.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni (c), convocó a los consejeros a la sesión virtual.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni (c), convocó a los consejeros a la sesión virtual.Foto: Cortesía Facebook Consejo de Participación

¿De qué se trata?

Cuarán argumentó que sancionar el ejercicio profesional legítimo vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, por lo que la modificación resultaba necesaria para asegurar la juridicidad y constitucionalidad del proceso de selección del fiscal general.

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La consejera también señaló que existe un informe jurídico institucional y el criterio del gremio de abogados que respaldan la reforma, y sostuvo que las declaraciones de ciertos actores políticos y medios de comunicación buscan desinformar a la ciudadanía.

Finalmente, indicó que si la norma reformada es cuestionada por inconstitucionalidad, deberá ser la Corte Constitucional del Ecuador la que se pronuncie, una vez agotado el trámite legal correspondiente.

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