Comandos de la Frontera: años de operaciones en silencio
En el juicio contra los hijos del cabecilla se hablan de narcofiestas, empresas y hasta Hugo Reyes Torres es mencionado
Los Comandos de la Frontera (CDF) encontraron en Ecuador un terreno fértil para establecer una organización narcodelictiva con cultivos de coca en la frontera con Colombia, laboratorios de procesamiento de drogas en la Amazonía, redes de abastecimiento de sustancias ilícitas, un entramado empresarial en Ecuador y España para lavar dinero, una flota de transportistas para movilizar la droga y, además, un sistema de compra de información a policías corruptos para anticiparse a los operativos.
Cada uno de estos aspectos es abordado con detalle en el juicio contra Kerly y Carlos Andrés Álvarez Cordero, hijos del presunto cabecilla de esta red, anteriormente conocida como “La Mafia”, surgida como parte de una alianza con disidentes de las FARC en territorio colombiano.
Mientras en Alto Punino las Fuerzas Armadas rastrean a los responsables del ataque armado que dejó 11 militares muertos, y que estaría vinculado a los Comandos de la Frontera, en Quito avanza el juicio por delincuencia organizada con fines de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
Según la investigación, esta estructura criminal exporta droga desde Ecuador hacia Centroamérica y Europa, particularmente a España, donde supuestamente operan las empresas Alvial Corp. e Industrias Agrícolas Ganaderas Caeri.
En Ecuador, la familia Álvarez figura como propietaria de otras compañías actualmente bajo investigación: Megacentro Ferretero Oriente Alvial C.A. Ltd., Alvial Corp. S.A.S., Consultor Imop C.A. Ltd. y Ecuabodega. En el ámbito empresarial, los acusados incluso aparecen como contratistas del Estado. Megacentro Ferretero Oriente Alvial está registrada como proveedora pública. Kerly Álvarez Cordero figura con dos contratos adjudicados en 2019, mediante subasta inversa electrónica con Sucumbíos Solidario, y uno más en 2020 con la Prefectura de Sucumbíos. En ese entonces, la chica tenía 20 años.
Los contratos suman un total de 229.534,52 dólares por raciones alimenticias y 72.057,96 dólares por baterías automotrices.
En el caso se menciona un préstamo a Hugo Reyes Torres
Entre las evidencias presentadas en el expediente judicial figura un presunto vínculo entre la familia de alias “Gerente” y el narcotraficante ecuatoriano Hugo Reyes Torres. Según la Fiscalía, el 29 de agosto de 2024, durante el allanamiento a la vivienda de los hijos del líder de la organización, se halló un documento fechado el 6 de septiembre de 2022, que refleja una transacción por 7,3 millones de dólares entre Carlos Álvarez Vera y Reyes Torres.
El fiscal señaló que el documento detalla que Carlos Álvarez Vera entregó siete millones en efectivo, de los cuales debía pagar 4,3 millones hasta el 30 de septiembre de 2022. “El resto, tres millones, se cubriría mediante cruce de cuentas”.
Carlos Andrés Avalos Moreira, abogado de los hermanos Álvarez, denunció que a Carlos Andrés Álvarez Cordero “se le está condenando a una pena potencial de 30 años, una sentencia desproporcionada que acabará con su vida, sobre la base de elementos que no existen”.
El defensor argumentó que su cliente es un empresario cuyo patrimonio, de 922 mil dólares, está justificado con documentación del SRI. “No hay pruebas contra Kerly ni Carlos Álvarez Cordero: no han sido objeto de seguimientos, no tienen interceptaciones telefónicas ni se ha extraído información de sus dispositivos móviles”, dijo.
Para la Fiscalía, en cambio, la identificación de miembros de los Comandos de la Frontera comenzó en 2020, tras la incautación de vehículos con droga y dinero. Posteriormente, una narcofiesta allanada en 2024 (en medio de un estado de excepción) permitió confirmar la estructura de la red.
El juicio continúa en la Unidad Anticorrupción de Quito y está previsto que se retome el sábado 17 de mayo, con un fuerte resguardo policial ante el riesgo de atentados. Entonces se conocerá la sentencia.
- Caso. Las maniobras judiciales en este caso motivaron una investigación contra tres jueces de la Unidad Anticorrupción.
