Comandos de la Frontera ganan terreno y redibujan el mapa del narco en Ecuador

La irrupción de los Comandos de la Frontera en la franja limítrofe entre Ecuador y Colombia no solo contuvo el avance de Los Choneros, sino que terminó por consolidar un nuevo dominio sobre rutas estratégicas del narcotráfico, según un estudio del centro de investigación InSight Crime.

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El fenómeno no se limita a un choque entre bandas: implica transformaciones profundas en la vida de las comunidades fronterizas, en los niveles de violencia y en las economías ilegales que atraviesan la región. 

En el departamento de Putumayo, los Comandos de la Frontera centran sus actividades en el narcotráfico. En esta zona controlan los cultivos de coca y se encargan de movilizar cargamentos de cocaína y marihuana hacia rutas de salida ubicadas en Ecuador y Brasil, a veces en coordinación con redes y grupos criminales de Cauca y Nariño.

¿Qué lugar ocupa Los Choneros?

Para el criminólogo colombiano Andrés Cortez “no se trató únicamente de una confrontación armada; fue una disputa por quién regula la economía ilegal. La organización que logra controlar el paso de la droga también controla el cobro de ‘impuestos’ criminales y la disciplina social”. 

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Los Choneros, considerado uno de los grupos criminales más influyentes del Ecuador, han intentado expandirse hacia el departamento colombiano de Putumayo, disputando las rutas del narcotráfico controladas por los Comandos de la Frontera. 

Aunque se han registrado varios enfrentamientos, la organización colombiana logró imponerse y mantiene el dominio absoluto en la zona del bajo Putumayo. “El narcotráfico funciona con acuerdos frágiles”, señala el analista de seguridad Juan Carlos Pinto. “Cuando una organización percibe que la otra quiere imponer condiciones, el pacto se rompe y la violencia se vuelve el lenguaje principal”. 

En las comunidades fronterizas, el dominio criminal no se ejerce solo con fusiles. Se construye mediante un sistema de normas paralelas: regulación de la vida cotidiana: horarios para circular, prohibiciones de denunciar, castigos ejemplarizantes. 

También la economía bajo vigilancia: comerciantes obligados a pagar extorsiones o a vender insumos a los grupos armados. Aparte se suma la cooptación social: jóvenes reclutados como informantes o “campaneros”, y familias que dependen indirectamente de la economía ilícita. La socióloga Pierina Gutiérrez explica que “este control social genera una sensación de orden artificial.

Para muchas comunidades, el grupo armado sustituye al Estado, decide conflictos y hasta financia eventos locales, pero lo hace desde el miedo”. Los enfrentamientos no fueron neutros para la población civil. 

Incrementos de homicidios y reconfiguración territorial

En cantones fronterizos se registraron: incrementos temporales en los homicidios, asociados a disputas por pasos estratégicos, desplazamientos internos, con familias que optaron por migrar hacia ciudades más seguras ante amenazas directas, expansión de la extorsión, especialmente a transportistas, comerciantes y pequeños productores. 

Según datos recopilados por organizaciones internacionales, los picos de violencia coincidieron con momentos de reconfiguración territorial, cuando los Comandos de la Frontera consolidaron su presencia y desplazaron a estructuras rivales.

Hoy, el dominio de los Comandos de la Frontera sobre rutas fronterizas marca un reordenamiento del mapa criminal. Los Choneros mantienen poder en otras regiones, pero su avance hacia la frontera norte quedó contenido. “La violencia visible puede bajar, pero el control criminal se vuelve más profundo”, advierte Cortez. “Eso implica que las comunidades quedan atrapadas en una estructura de dependencia y miedo”, agrega el experto.

Proceso penal contra el cabecilla

Juez ordenó el 5 de enero del 2026 la prisión preventiva de Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, señalado como cabecilla del grupo disidente Comandos de la Frontera, organización vinculada a estructuras residuales de las FARC. 

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La medida se emitió dentro del caso denominado “Comandos de la Frontera”, que investiga un presunto entramado de lavado de activos y delincuencia organizada. Álvarez Vera fue deportado desde Emiratos Árabes Unidos a finales de diciembre, tras haber sido detenido en ese país a mediados de año. 

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, se trata de “uno de los delincuentes más peligrosos de la región”. La audiencia de vinculación se celebró 5 de enero después de que, en diciembre pasado, la Sala Especializada Anticorrupción aceptara una apelación que anuló la prisión preventiva.

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