Falta de convocatoria, excusas, recusaciones, pedidos de diferimientos, inasistencia de abogados, cambios de defensores, salidas de jueces, son parte de las situaciones que han demorado los trámites de algunos casos en la Corte Nacional de Justicia, la Corte de Pichincha o en los tribunales.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el caso de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Él fue llamado a juicio por no acatar orden de autoridad competente. En el caso conocido como Secom fue sobreseído y se ratificó su inocencia.

El sorteo del tribunal que debe juzgar a Alvarado se realizó en junio. Pero la fecha para el juzgamiento del exfuncionario recién se fijó el pasado 25 de octubre. (Lea además: "Corte deja sin efecto fecha de audiencia preparatoria de juicio en caso Sinohydro")

Alvarado dice que ya nada llama la atención. “Hace más de dos años me declararon inocente y todavía no hay audiencia de apelación. Los tiempos no son jurídicos, sino políticos”, señala. Agrega que lo más triste es que el caso en Contraloría, y que dio nacimiento a la fase penal, fue archivado; es decir, no hay caso y no existe fundamento por el cual le han juzgado.

Pero no es la única causa que ha sufrido demoras. En abril de este año, Sebastián Yunda, hijo del exalcalde Jorge Yunda, regresó al país tras pagar una caución de 20.000 dólares. Su retorno reactivó el caso que había estado suspendido porque para la justicia se encontraba prófugo en Argentina.

Aún debe ser juzgado y podría ser sobreseído como lo fueron los otros sospechosos, cuyo caso fue en apelación y la audiencia está prevista para el 13 de diciembre, pero no existe fecha para la diligencia. El caso se envió para sorteo en abril pero recién en septiembre, cinco meses después, el tribunal avocó conocimiento y aún no fija fecha para el juicio.

EXPRESO consultó a Marcelo Icaza, defensor de Yunda, sobre las demoras, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (También puede leer. "Sinohydro: conjuez dicta sobreseimiento de 15 procesados que no fueron acusados")

Otra de las causas que ha sufrido varios retrasos en su tramitación es la del exalcalde de Quito Jorge Yunda por supuesto peculado en la compra de las pruebas para detectar COVID, en la que es uno de los procesados. El juicio se suspendió en octubre de 2021 cuando la defensa del exfuncionario recusó al juez Fabián Fabara.

La resolución del recurso tomó casi un año. Integrar nuevo tribunal, resolver excusas y otros incidentes significó varios meses. En mayo de este año, el juicio se anuló y regresó a antes de la instalación del juzgamiento. Cuatro meses después, el tribunal programó el juicio para el 1 de febrero de 2024, a las 09:00.

En la Corte de Pichincha desde hace casi un año no se instala el juicio en contra de la exjueza María Belén Domínguez, quien aceptó parcialmente una acción de protección para evitar que se concrete la destitución de Yunda.

Ella es sospechosa de posible tráfico de influencias. El primer intento fue el 23 de enero. Hubo otro en junio hasta que en octubre se volvió a fijar el juicio del 15 al 31 de enero de 2024, desde las 09:00. El cambio de abogado significó diferimiento.

En marzo, la Fiscalía cerró la instrucción fiscal por presunto cohecho en el caso que investigó, entre otros, a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de la estatal. Desde hace casi siete meses, los defensores de los procesados esperan una fecha de audiencia preparatoria de juicio.

En el caso Sinohydro, que investigó al expresidente Lenín Moreno y otros, desde septiembre está pendiente una segunda convocatoria a audiencia preparatoria. El conjuez Bayardo Espinosa aceptó seis pedidos de diferimiento de la diligencia de septiembre.