Hijas de Fernando Villavicencio saliendo de la audiencia.
Hijas de Fernando Villavicencio saliendo de la audiencia.Gustavo Guamán

Caso Villavicencio: dictan prisión preventiva para Ronny Aleaga y Daniel Salcedo

La decisión se tomó durante la audiencia de formulación de cargos instalada este 3 de septiembre

La jueza Daniela Ayala dictó prisión preventiva contra Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. La decisión se tomó durante la audiencia de formulación de cargos instalada este 3 de septiembre de 2025 en el Complejo Judicial Norte.

Argumentos de la jueza

Ayala consideró que existen elementos suficientes para formular cargos, aunque reconoció que la Fiscalía ha sustentado gran parte de la acusación en testimonios de personas privadas de libertad, como Daniel Salcedo y Lenin Vimos, exabogado de la banda Los Lobos.

Sobre este punto, la magistrada señaló:

"Evidentemente, las partes procesales pueden considerar que es un elemento débil, pero es responsabilidad de la Fiscalía recabar más pruebas".

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Decisión sobre la prisión preventiva

Respecto al pedido de la Fiscalía de ordenar prisión preventiva para los cuatro procesados, la jueza Ayala aceptó parcialmente la solicitud:

  •  Ronny Aleaga: prisión preventiva.
  •  Daniel Salcedo: prisión preventiva.
  •  Xavier Jordán: deberá presentarse una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami.
  •  José Serrano: mientras permanezca en Estados Unidos, tendrá que comparecer semanalmente en el consulado ecuatoriano. En caso de ser deportado, deberá presentarse dentro de los tres días posteriores a su llegada a Ecuador.

Sobre la vulnerabilidad de las fronteras

La jueza rechazó uno de los fundamentos presentados por la Fiscalía, que argumentó que las fronteras son vulnerables y que el SNAI no podría impedir que los procesados retiren el grillete electrónico. Ayala aclaró que ese argumento no es válido en derecho, ya que equivaldría a admitir que el Estado es incapaz de cumplir con su función básica de garantizar la seguridad.

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