¿Qué es el caso Ligados? La investigación que tiene contra las cuerdas a Verduga
Una investigación por asociación ilícita sobre la influencia de la Revolución Ciudadana en la designación de autoridades
El caso Ligados es una investigación de la Fiscalía General del Estado que involucra a exconsejeros y una consejera en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes son acusados de presunta asociación ilícita para influir en la designación de autoridades estatales. Entre los implicados está Augusto Verduga, exconsejero, quien tiene una orden de prisión preventiva desde el 6 de mayo de 2025.
La investigación del caso Ligados comenzó en enero de 2025. La Fiscalía presentó cargos el 15 de marzo de 2025 en contra de los exconsejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, así como a la actual consejera Nicole Bonifaz.
¿Quién es Augusto Verduga?
Augusto Verduga es un abogado que hizo una carrera en la Defensoría Pública y llegó al CPCCS gracias al apoyo del movimiento político Revolución Ciudadana. Fue el mismo Rafael Correa, junto con todas las figuras la Revolución Ciudadana, quienes hicieron campaña por Verduga y otros consejeros autodenominados La Liga Azul.
¿Qué se ha revelado en los primeros 50 días de instrucción fiscal?
La investigación ha revelado conversaciones en los que se hacía llamar alias Mónica Ertl y audios extraídos del teléfono de Verduga, en los que se evidencian presuntas negociaciones para designar autoridades y captar cargos públicos. Por ejemplo, en el proceso de designación para el Consejo de la Judicatura, Verduga habría ayudado a preparar la carpeta del exembajador Pablo Villagómez, por pedido del exfiscal general y correísta Galo Chiriboga.
En la designación de Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, Verduga perdió su licencia de paternidad para reconsiderar una votación que designaba a la académica Dunia Martínez y lograr que el cargo sea para Godoy. En sus audios se lamenta que luego de unos meses él ya no responda los mensajes.
Para el cargo de Contralor General del Estado, Verduga revela a su hermano Augusto Verduga, dirigente correísta en España, que Alembert Vera, expresidente del CPCCS y miembro de la Liga Azul, que beneficiaron al candidato Juan Falconí para que sea contralor y que, supo por un tercero, que hasta le entregaron las preguntas del examen.
Aunque, según su audio, a él no le consta que hayan entregado la prueba, sí cuenta cómo fue su reunión con Rafael Correa, quien le gritó por no haber manipulado el concurso desde los funcionarios de Tecnologías de Información a fin de garantizar un contralor de la Revolución Ciudadana.
Sobre el Superintendente de Bancos, Verduga tuvo conversaciones con Andrés Arauz, excandidato a la Presidencia por el correísmo, para que su candidato elegido, Raúl González Carrión, sea el titular de ese organismo de control a cambio de que entregue ciertos cargos sensibles en las direcciones como la Subdirección de Riesgos de Lavado de Activos.
En sus comunicaciones también hay otras que se refieren al pedido de favores a autoridades de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, le solicitó que empleara a allegados suyos ante su inminente salida del CPCCS. Al prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, le pidió ayuda para que su hermano Augusto Verduga reciba pauta de ese gobierno provincial en el programa de entrevistas que desarrolla en Ecuador En Directo.
Las medidas cautelares y el proceso judicial
El 15 de marzo de 2025, el conjuez nacional Marco Aguirre Torre dictó medidas cautelares contra los cuatro implicados, incluyendo la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la justicia. Tres de los procesados han cumplido con la orden del juez; solo Augusto Verduga no lo ha hecho, lo que motivó una audiencia de revisión de medidas y terminó con una orden de prisión preventiva y la notificación a Interpol para que proceda con su localización, captura y extradición.
La versión de Verduga
Augusto Verduga ha negado las acusaciones, calificándolas de "chismes" y "acusaciones sin fundamento". En sus declaraciones, ha señalado que su único delito ha sido desafiar a la banca privada y ha arremetido contra las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
Sobre las conversaciones y chats, ha dicho que son falsos, luego que son manipulados. Ha señalado que fueron hechos con Inteligencia Artificial y después que algunas sí son sus conversaciones, pero que fueron obtenidas de forma ilegal, a través de espionaje. Actualmente se considera a sí mismo como un perseguido político y recibió refugio por parte del gobierno de México, que antes también había protegido al exvicepresidente Jorge Glas, quien tiene dos sentencias por asociación ilícita y cohecho.
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