Rafael Correa está en campaña, y no precisamente electoral. A medida que el perito Roberto Meza avanza en la reconstrucción de la desaparecida tercera parte de su informe (la definitiva, la que consigna sus conclusiones sobre quién mandó a matar al general Jorge Gabela), las prioridades de comunicación del expresidente prófugo y de los “soldados digitales” que aún controla han cambiado drásticamente. De pronto, silenciar a Meza parece más urgente que coronar como presidenta a Luisa. En ese afán, el tuitero más tóxico de la red llegó a inventarse una retorcida historia de improbable peculado, negó tres veces, antes de que cantara el gallo, la versión de los hechos que venía repitiendo desde hacía ocho años y, en precipitada torpeza, se dejó coger en la mentira por el propio perito Meza. Todo en menos de 48 horas. Y no para: hasta el cierre de esta edición seguía tuiteando. En suma: está nervioso. Cuando el peritaje reconstruido sea público, el país sabrá por qué.

Lo primero que es necesario entender en torno al crimen del general Gabela es que no fue un caso de delincuencia común. Al exjefe de la Fuerza Aérea no lo mataron para robarle, como concluyó en julio de 2012 un sistema de justicia al que Rafael Correa se jactó de “meterle la mano” (son sus palabras). La simple existencia de un “tercer producto” del informe pericial de Roberto Meza, entregado el 8 de julio de 2013 al ministro de Justicia Lenin Lara y desaparecido bajo su custodia, desmiente esa versión, que es la que continúa defendiendo el correísmo. Como el mismo perito explicó ante la comisión parlamentaria conformada en 2018 para investigar el caso y como consta en un documento del propio Ministerio de Justicia sobre el contenido de la pericia, un tercer producto solo sería necesario de practicar en caso de que el segundo hubiera confirmado que el asesinato fue “un acto ajeno a delincuencia común” y se relacionó, más bien, “con la actividad laboral” de la víctima. Al general Gabela lo mandaron a matar, por eso hay un tercer producto, cuyo objetivo era determinar los nombres de los autores intelectuales. Que una nueva ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, apareciera en 2015, tras dos años de inexplicable silencio, a decir que el tercer producto concluía que el móvil del crimen fue el robo, era una contradicción insostenible y una manipulación artera. ¿Dónde quedó el informe original? Nunca se supo. Hoy, Lenin Lara y Ledy Zúñiga integran las listas de candidatos para asambleístas por Esmeraldas y Pichincha, respectivamente, situación que les proporciona una ventajosa inmunidad.

Lo de Rafael Correa frente al caso Gabela ha sido una sucesión interminable de mentiras evidentes y contradictorias, cuyo retorcido colofón es la acusación de peculado contra el perito Meza en la que él y sus trolls andan empeñados en estos días. Primero fue aquella falsedad lanzada, cómo no, en una sabatina (lugar propicio para todos los perjurios), la del 7 de febrero de 2015: “El peritaje -aseguró ahí el entonces presidente- ratifica lo que dijo la justicia: que es delincuencia común”. La siguiente gran mentira la despachó con cara de jugador de póker en la Asamblea Nacional, el 14 de agosto de 2018, cuando la comisión especial constituida para investigar el caso Gabela lo citó a declarar y él se presentó mediante conferencia electrónica desde su ático, altanero, impertinente, maltratador, con todos los aires de superioridad moral de los que es capaz, que son infinitos. Su propia representante en esa comisión, Marcela Aguiñaga, le hizo la pregunta: “¿usted recuerda un informe denominado 3 en la cual (así habla Aguiñaga: ‘el informe en la cual’) se establecía la posibilidad (de) que el móvil del asesinato del general Gabela no era la delincuencia común?”. Tres veces repitió que no el expresidente prófugo.

Mentía, y eso quedó clarísimo en el curso de las sesiones de esa misma comisión. Ahí se supo que el perito Meza presentó su informe ante el Comité Interministerial creado por el propio Correa, supuestamente para investigar el caso (en la práctica resultó que para encubrirlo), durante una sesión a la que asistieron dos delegados suyos. Los nombres de aquellos a quienes las evidencias de la pericia determinaban como presuntos autores intelectuales del asesinato fueron escuchados por todos los miembros del Comité Interministerial. Lenin Lara, José Serrano, Ledy Zúñiga, Homero Arellano, Fernando Cordero, César Navas, María Fernanda Espinosa, Diego Guzmán, Vinicio Alvarado, Christian Castillo, Paola Carrera, Geovanna Palacios y, por supuesto, Rafael Correa, que no envía delegados para que no le cuenten nada, han guardado 10 años de silencio.

La última gran mentira de Rafael Correa la despachó este viernes en un tuit y acaso es la más patética de todas, pues contradice incluso sus mentiras anteriores. El hombre que juró tres veces no conocer ningún tercer producto del perito Meza, ahora escribe: “El tercer ‘producto’ del caso Gabela SIEMPRE (las mayúsculas son suyas) ha estado en el proceso y lo han ocultado todos estos años. ¡Sinvergüenzas! ¿Meterán preso a un estafador como el ‘perito’ Meza?”. Y pone la fotografía de un documento correspondiente a un supuesto tercer producto que, como le hizo caer en cuenta Roberto Meza en un tuit de respuesta, es muy diferente a ese otro supuesto tercer producto que presentó Ledy Zúñiga al país en 2015. Porque resulta que los terceros productos falsos se reproducían como hongos en las oficinas de los ministerios de Justicia y Seguridad del correísmo. Ahora que el perito ha vuelto al país para reconstruir su trabajo y ha tenido acceso a todos los documentos que dejó (todos no, algunos se han perdido), se topó con tres de esos terceros productos, todos sin su firma, todos distintos entre sí, pero todos unánimes en su conclusión: el asesinato de Gabela fue un caso de delincuencia común. Creados para reemplazar al suyo, el verdadero, que se perdió.

Para entregarlo de nuevo ha sido recontratado el perito Meza. Así lo dispuso una sentencia de la Corte Constitucional que, invocando el derecho de acceso a la información pública (y el tercer producto de la pericia es información pública, puesto que fue pagado con dinero público), ordenó al Estado nombrar una comisión especial para que coordine el trabajo de Meza. Aquí es donde entran los correístas con su denuncia de peculado. Ya han parido al menos dos videos sobre el tema, uno de los cuales desempolva el viejo estilo de voces insidiosas que contaminó la esfera pública durante diez años de Estado de propaganda. Acusan a Meza de cobrar 380 mil dólares por entregar un informe que ya entregó (omiten decir que ellos lo perdieron) y a los integrantes de la comisión coordinadora (Jeannine Cruz, Arturo Moscoso y Sebastián Palacios) por pagarle (acusación extraña, pues ellos no han firmado contrato alguno). “Hablar de que el informe del señor perito sea realizado en este momento es hablar que ese informe no es el que corresponde en el año 2013 que se entregó como producto”, dice la abogada representante de la denuncia, Johana Suárez, quien habla muy defectuosamente el castellano. Y lee la sentencia de la Corte Constitucional en la parte que le conviene: “Que en el plazo de tres meses se entregue una copia del informe original”. Quizá por sus dificultades con el idioma no alcanzó a entender aquel otro párrafo de la sentencia en el que se establece “la obligación del Estado de reconstruir la información” si fuera necesario, dadas las “inconsistencias”, constatadas por la Corte, del “tercer producto presuntamente elaborado por el perito Meza”. En un mes acaba. Correa (él sabrá por qué) está angustiadísimo.

Saquicela no ayudó

El trabajo de coordinación con el perito Roberto Meza, que realizan Jeannine Cruz, Arturo Moscoso y Sebastián Palacios, no ha ido siempre sobre ruedas. Ellos se han encargado de facilitar al perito toda la información necesaria para la reconstrucción de su informe. Un buen archivo se hallaba en la Asamblea. Pero Virgilio Saquicela se hizo el loco. Su factótum, el secretario general, Álvaro Salazar, respondió que ahí no había nada. Solo la muerte cruzada allanó el camino. Una vez que Saquicela y su secretario abandonaron el edificio, el coordinador administrativo, Miguel Hernán Pesántez, un funcionario de carrera, entregó toda la información solicitada que el expresidente tenía bien guardada.