Caso de Alexandra Villacís: tras el hábeas data, ¿qué sigue ahora?

El escepticismo ante el Derecho es el nuevo hábito mental que las prácticas políticas han inoculado en el subconsciente de los ecuatorianos. Dada una disposición jurídica X, una sentencia o una ley, lo más prudente es suponer que no será cumplida. Si cualquier análisis realista debe partir siempre de aquello que es habitual, hay que reconocer que lo habitual, aquí y ahora, es que las autoridades se pasen la ley por el forro si lo consideran necesario para sus fines políticos.

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De ahí que, ante la resolución judicial que el lunes 23 de marzo concedió un hábeas data a Alexandra Villacís y mandó a corregir la fraudulenta inhabilidad para ocupar cargo público que el Ministerio del Trabajo de Harold Burbano le había forjado, la pregunta que surge de manera instintiva en la conversación nacional es: ¿con qué saldrán ahora? ¿Qué nueva patraña se inventarán para evitar que Villacís ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura que legítimamente le corresponde? ¿A qué trampa recurrirán esta vez para incumplir la sentencia y violar la ley?

Detalle significativo: la noticia del triunfo judicial de Alexandra Villacís sobre Harold Burbano mereció parecidos titulares en los dos noticieros de televisión que todavía pueden atribuirse un cierto grado de independencia ante el gobierno (de los otros ni siquiera vale la pena hablar). Esos titulares, que recogieron las inquietudes de la opinión pública sin procesarlas, decían, palabras más, palabras menos: continúa la pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Curiosísimo: porque si alguna pugna había en torno a la presidencia del Consejo de la Judicatura es la que provocaron los operadores judiciales del gobierno con su estrategia para bloquear a Villacís y sacársela de en medio; y esa pugna, de hecho, fue resuelta y cerrada (no abierta) por la sentencia de la jueza Viviana Pila, que concedió el hábeas data y ordenó corregir el fraudulento certificado de inhabilidad para ocupar cargo público. Inhabilidad que se sustentaba en una supuesta deuda tributaria que la sentencia desmintió (cosa que, en realidad, era innecesaria, pues ya estaba desmentida por la autoridad correspondiente: el SRI).

De modo que el titular bien pudo ser exactamente el inverso: la pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura queda superada por una sentencia judicial. Pero, lo dicho: el escepticismo ante el derecho ya es un hábito mental. A nadie le cabe la menor duda de que el gobierno hará hasta lo imposible por interpretar la sentencia de cualquier manera, con el fin de bloquear a Villacís.

Hay constitucionalistas de radio y televisión que se empeñan en analizar el caso como un problema jurídico puro, desatendiendo las motivaciones políticas que originaron el problema. Esas motivaciones políticas están clarísimas: estamos donde estamos porque el gobierno necesita un presidente de la Judicatura de bolsillo a través del cual presionar a los jueces y asustarlos con el cuco de la destitución y las sanciones, así como presionaron a la jueza Nubia Vera para que fallara en contra la vicepresidenta Verónica Abad y, en el caso más extremo, intentaron que el juez Carlos Serrano dictara sentencia a favor de un narco.

El caso es que Alexandra Villacís no se dejaba controlar, así que forjaron un impedimento falso para evitar que asumiera el cargo: una supuesta deuda con el SRI que el propio SRI no tuvo más remedio que desmentir con un certificado de cumplimiento tributario. Es aquí donde reside el escándalo de este caso: como el “documento habilitante” para asumir cargo público lo emite el Ministerio de Trabajo, no el SRI, la suerte de Villacís entró en un laberinto burocrático kafkiano del que no habría salido jamás si no fuera porque la jueza Viviana Pila le concedió el hábeas data y ordenó enderezar el tuerto.

Cualquier análisis que omita esta motivación política resulta simplemente inservible para interpretar lo que está ocurriendo y sólo se puede entender como un argumento a favor la postura del gobierno, que es la que los constitucionalistas de televisión apuntalan inadvertidamente.

¿Permitirá el gobierno que Alexandra Villacís ocupe el cargo que le corresponde?

La pregunta, ahora, es la siguiente: ¿permitirá el gobierno que Alexandra Villacís, una vez evaporado toda fraudulenta y forjada inhabilidad, ocupe el cargo que legítimamente le corresponde?

Hay varios expedientes a los que el gobierno podría recurrir para impedir la posesión de Villacís o, cuando menos, postergarla: una consulta a la Procuraduría, que sería absolutamente ridícula porque en el dictamen de un hábeas data no hay nada que consultar; la negativa del CPCCS a anular el concurso ya iniciado, aduciendo que se trata de un acto administrativo solicitado por el Consejo de la Judicatura y que no ha sido anulado; el argumento de los hechos consumados (aquello que los constitucionalistas de radio y televisión llaman, con eufemística filatería, “situaciones jurídicas consolidadas”), según el cual Damián Larco fue nombrado presidente encargado de la Judicatura hasta que el CPCCS nombre su reemplazo… Todas esas premisas tienen una cosa en común: desconocen la realidad en su elemental simpleza. Y la realidad es que Alexandra Villacís es la presidenta suplente y no tiene ningún impedimento para ocupar ese cargo.

La inseguridad jurídica (sobre todo aquella que se origina en la corrupción y el fraude de las autoridades) carcome la confianza pública. El escepticismo nacional en el caso Villacís es una muestra de cómo esa circunstancia está carcomiendo los fundamentos de la democracia.

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