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De Carondelet rumbo a los tribunales

Casi la mitad de los expresidentes han tenido que enfrentar a la justicia tras dejar el cargo. Los cuestionamientos al manejo de la ‘cosa pública’ han sido la tónica

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El expresidente Rafael Correa a la salida de la Fiscalía del Guayas tras rendir su versión por el caso Petrochina, en 2018.Archivo / EXPRESO

Situaciones similares con distintos desenlaces. Desde que el Ecuador retornó a la democracia, en 1979, seis de los 13 presidentes que han pasado por Carondelet han enfrentado procesos judiciales tras su gestión, aunque solo uno, Rafael Correa, ha sido sentenciado por los hechos por los que se le investigaron. Él, junto a otros dos exmandatarios, no dieron la cara a la justicia en ninguna etapa del proceso legal.

Durante este periodo, los cinco primeros mandatarios abandonaron el cargo sin mayores complicaciones tras cumplir su mandato, salvo Jaime Roldós que murió en el ejercicio de sus funciones. Algunos ya fallecieron y los que quedan se han dedicado a actividades académicas y personales.

El molde lo rompió Abdalá Bucaram Ortiz que fue destituido por incapacidad mental e inmediatamente se le inició un proceso por peculado tras la denuncia de que, antes de dejar el gobierno, ordenó el retiro de unos 13 mil millones de sucres de la cuenta de gastos reservados del Banco Central del Ecuador.

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Casi a la par, se lo vinculó en el caso Mochila Escolar por la adjudicación y compra irregular de útiles escolares por $ 40 millones. Esto hizo que el expresidente busque asilo en Panamá y solo regrese al país 20 años después cuando ambos casos fueron declarados prescritos por la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En la actualidad Bucaram todavía tiene problemas con la justicia.

De ahí en adelante, salvo por Rosalía Arteaga y Alfredo Palacio, todos los examandatarios se han visto involucrados en problemas legales. Fabián Alarcón presidió el país entre febrero de 1997 y agosto de 1998. Asumió el cargo con una investigación por “piponazgo” de por medio de la época en la que fue presidente del entonces Congreso, la misma que le llevó a prisión entre febrero y mayo de 1999, cuando ya había dejado la Presidencia de la República.

Un camino aún más complejo es el que todavía afronta el expresidente Jamil Mahuad el que luego de dos años fue derrocado en medio de una profunda crisis económica y social. Decretó un feriado bancario y durante su gestión se produjo un salvataje bancario millonario. Por eso se le acusó por malversación de fondos públicos y en 2014 fue condenado, en ausencia, a 12 años de prisión, que luego se bajaron a ocho, por peculado.

La defensa de Mahuad, que ahora vive en Estados Unidos, interpuso un recurso de casación en 2017 ante la Corte Nacional de Justicia, pero desde entonces no se ha celebrado la audiencia. El último intento se produjo en junio pasado, en plena pandemia.

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La renegociación de la deuda externa de Ecuador llevó, tres meses después de dejar el cargo, a Gustavo Noboa a exiliarse en República Dominicana acusado de malversación de fondos durante este proceso. A su retorno al país se le dictó orden de prisión domiciliaria en su contra y en 2007 la Asamblea Constituyente de Montecristi le amnistió, sin que se hayan probado los cargos en su contra. Su denunciante fue León Febres Cordero.

El presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, atribuye este fenómeno cada vez más recurrente a, al menos, dos factores: el auge del populismo en el país desde la época de Bucaram acompañado de la presencia de empresas “corruptoras” como Odebrecht desde hace más de 20 años.

“Cada caso en la historia tiene sus diferencias y particularidades. Lo que hemos visto en estos últimos años, los esquemas de delincuencia organizada, en parte se deben a que los órganos de fiscalización y control estuvieron subyugados al poder de turno”, señaló Rodas.

El financiamiento de las campañas electorales por parte de grupos interesados también es visto como un foco de actos de corrupción colectivos de la sociedad civil, como el Pacto Social por la Vida, que piden mayores controles a las autoridades electorales para evitar que la historia se vuelva a repetir con las elecciones generales de febrero de 2021.

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Pese a que sus detractores hicieron varias denuncias por supuesta corrupción en contra del expresidente Lucio Gutiérrez durante su mandato, al exmandatario se le abrió un proceso por “atentar contra la seguridad del Estado”. Tras ser derrocado, primero se asiló en Brasil, luego viajó a Estados Unidos y nuevamente pidió asilo en Colombia.

En octubre de 2005 retornó a Ecuador y fue trasladado al expenal García Moreno en donde estuvo recluido hasta marzo de 2006 y recuperó la libertad luego de que un juez le sobreseyera en ese caso al no haber acusación particular del Estado.

Para el exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, lo sucedido con Correa no tiene comparación con la situación que han atravesado otros exmandatarios. “En los últimos 50 años no recuerdo que a un expresidente se lo hayan procesado y sentenciado por enriquecerse a base de sobornos. En otros casos incluso ha habido un componente más político en las acusaciones”, señaló.

Ambos analistas coinciden en señalar que esto deja mal parada la imagen del país hacia los ojos del mundo, pero que es necesario que la justicia juzgue los actos de corrupción.

EN DETALLE

La Vicepresidencia no está exenta

Las dudas también han salpicado a los segundos mandatarios, especialmente en los últimos cuatro años. El exvicepresidente Jorge Glas también fue sentenciado por el delito de cohecho en el casos Sobornos, junto a Rafael Correa y otros funcionarios de alto nivel del anterior gobierno.

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En la actualidad, Glas ya cumple una pena por el delito de asociación ilícita por la trama de corrupción montada por la empresa Odebrecht en el país. La justicia le sentenció a seis años de prisión. La investigación que se inició en 2017 por este caso hizo que Glas perdiera el cargo de vicepresidente al que llegó como binomio de Lenín Moreno.

Su reemplazo fue María Alejandra Vicuña que al año de haber asumido ese cargo presentó la renuncia en medio de acusaciones de uno de sus asesores que aseguraba que les exigió el pago de aportaciones económicas en la época que se desempeñó como asambleísta de Alianza PAIS por Guayas.

En la audiencia de juicio, la Fiscalía tasó en $ 43.295 el monto que habría recibido la exfuncionaria en “contribuciones económicas ilegales”. A inicios de este 2020 fue hallada culpable del delito de concusión y sentenciada a un año de privación de la libertad y al pago de una indemnización superior a los $ 170 mil. Su defensa no apeló la sentencia y a cambio pidió la suspensión condicional de la pena, para cumplirla en libertad, recurso que le fue negado.

En 1995 el exvicepresidente Alberto Dahik buscó asilo en Costa Rica luego de que el Congreso de la época iniciara un juicio político y la Corte Suprema de Justicia un proceso penal por el supuesto delito de peculado. Dahik estuvo en el país centroamericano por 16 años hasta que en 2013 los juicios en su contra se archivaron definitivamente. El propio Correa lo calificó como un “hombre honrado”, perseguido por la política.