La exvicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, terminó el primer mes de 2020 con una sentencia: un año de prisión por concusión. Y este miércoles 5 de febrero, el Tribunal Penal de la Corte Nacional —conformado por Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán— ratificó que debe cumplir la condena. Esto luego de que la semana pasada la defensa de Vicuña solicitara la suspensión condicional de la pena.

En la audiencia, instalada a las 12:30, el fiscal subrogante Wilson Toainga se opuso a la concesión de ese recurso, señalando la gravedad de la actuación de la exfuncionaria. Asimismo, la representante de la Procuraduría pidió a los jueces que no den paso al pedido, advirtiendo que cometió el delito contra la eficiencia de la administración pública.

Vicuña, la primera en recibir una condena dentro del caso diezmos, fue procesada por solicitar contribuciones ilegales a sus excolaboradores cuando se desempeñaba como legisladora, entre 2011 y 2013.

El dinero estaba destinado al financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), al que ella pertenecía, según los afectados. Dos de ellos dijeron que pagarlo era parte de una supuesta condición para mantener sus cargos.

El jueves pasado, la Fiscalía advirtió que Vicuña recibió transferencias bancarias de tres de sus exasesores, entre ellos Ángel Sagbay, y la acusó de ser autora del delito de concusión; en la diligencia también se estableció el pago de 173.180 dólares de indemnización y el decomiso de un bien inmueble en Guayaquil.

Vicuña, quien ha dicho que las contribuciones fueron voluntarias, dejó su cargo en la Vicepresidencia en diciembre de 2018 y fue reemplazada por Otto Sonnenholzner.

• "Insistimos en mi inocencia"

"Nosotros jamás hemos aceptado una sentencia que, dicho sea de paso, es política no jurídica; nosotros insistimos en mi inocencia", dijo Vicuña tras la audiencia, en una declaración en la que también aseguró que agotará "todas las instancias que la ley y la Constitución nos ampare".