La ciudad en silencio

La imagen de una ciudad vacía, calles sin gente, comercios cerrados, luces apagadas, resume con crudeza un hecho abrumador, el Estado decide quién puede habitar el espacio público y cuándo hacerlo. Un toque de queda puede presentarse como una medida de orden público, pero, en cuanto a sus efectos surge una interrogante obvia: ¿protege a la sociedad o protege al poder?

Por “toque de queda” se entiende la prohibición general de salir al espacio público durante determinadas horas, decretada por autoridades públicas; el poder, en pocas palabras. Esa figura se diferencia de otras restricciones (cierres localizados o cuarentenas sanitarias) por su naturaleza, horario y por la severidad de la limitación de la circulación nocturna. 

El “toque de queda” reconfigura el espacio público. La calle deja de ser un lugar de encuentro ciudadano y se convierte en dominio exclusivo del Estado. Elimina la visibilidad y facilita la discrecionalidad; calles vacías significan menos testigos. En ese entorno, la actuación policial puede volverse menos transparente y los abusos más graves, sin posibilidad de demostrarlos. Así, el silencio urbano no es sólo una cuestión de orden y control; además, es un silencio que reduce la rendición de cuentas.

También, el toque de queda tiene efectos simbólicos y psicológicos. Es el recordatorio permanente de que el Estado decide cuándo puedo salir produciendo efectos disciplinarios; léase miedo, conformidad y normalización de los controles. Como advierten teóricos como Foucault, “la ocupación y el control del espacio configuran dispositivos de poder que educan a la población en la obediencia”.

En democracias con contrapesos débiles o inexistentes, las medidas excepcionales pueden extenderse y decantarse como un recurso natural de gobierno. El toque de queda deja de ser una excepción y se integra a la vida política como herramienta de control. La historia nos muestra usos autoritarios del toque de queda. 

Dictaduras latinoamericanas impusieron restricciones horarias como parte de su aparato represivo; las limitaciones a la movilidad sirvieron para invisibilizar violaciones de derechos. Ciertamente que la medida es ambigua, porque democracias han recurrido a toques de queda en varios contextos. Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, muchos países, entre ellos nosotros, aplicamos restricciones que afectaron la vida urbana. La medida puede proteger vidas y mantener el orden, pero también puede ser aprovechada para silenciar y desarticular oposición.

Para legitimar un toque de queda debe existir una justificación pública basada en evidencia (riesgo concreto, datos). La debida proporcionalidad en duración y alcance (horas, zonas, excepciones). Informes públicos sobre resultados y efectos que abonen a la debida transparencia. Protección de grupos vulnerables con garantía de acceso a servicios esenciales. Y, además, prensa independiente (algo escasa por ahora) que monitoree el evento.

En conclusión, vaciar las calles equivale a suspender, aunque sea temporalmente, la vida citadina. Por eso cada toque de queda exige una pregunta que atraviesa lo jurídico y lo político: ¿protege realmente a la sociedad o sirve para proteger al gobierno de la sociedad? La respuesta no depende del decreto sino del contexto. Solo democracias con contrapesos reales pueden transformar una medida excepcional como esta, en una herramienta legítima. Si aquellos no existen, el toque de queda corre el riesgo de convertirse en un instrumento de dominación y poder político.