Austeridad, una promesa que se cumplió a medias

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Austeridad, una promesa que se cumplió a medias

La mayoría de ahorros estatales se derivaron de la emergencia sanitaria. El decreto 135 se aplicó tarde

Moreno y Lasso
"Con respecto a si la mesa queda servida, no, no queda servida, señor presidente", dijo Moreno en la reunión.Expreso

Fue la bandera del discurso presidencial luego de descubrir que ‘la mesa no estaba servida’. Lenín Moreno aprovechó cada espacio, discurso, resolución y decreto ejecutivo para proclamar la austeridad como política de Estado. Tras cuatro años, sin embargo, el ahorro del gobierno se concretó en contados espacios y no por una política, sino por la emergencia sanitaria que puso freno a los gastos exagerados.

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La austeridad sonó por primera vez en septiembre de 2017. El primer mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 135 para ordenar que todas las entidades a su cargo reduzcan los gastos en viáticos, arriendos, horas extraordinarias, remodelaciones y hasta en contratos por seguridad privada. Ahí se cometió el primero de muchos errores: Moreno emitió el decreto pero omitió las vías de cumplimiento y verificación. Las pocas instituciones que decidieron acatar lo ordenado no publicaban sus logros. Las que no cumplían (la mayoría) aprovecharon ese vacío para mantener su ritmo de gasto.

Apenas a inicios de 2018 se unificó (tras una publicación de EXPRESO) el modelo de publicación de resultados. Se acordó que el reporte sería mensual o semestral y debería incluir otras obligaciones aún más difíciles de cumplir.

El gobierno decidió, por ejemplo, que las entidades públicas debían entregar sus autos subutilizados y sus inmuebles abandonados. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) tenía que verificar el cumplimiento, pero eso sucedió tres años después de la emisión del Decreto 135. En 2020 se reportaron 149 bienes inmuebles improductivos. Su redistribución o venta es otra historia que se concreta a paso lento.

El decreto de 2017 no fue el único guiño del gobierno al ahorro. Hasta mayo del año pasado, Moreno anunció eliminaciones de empresas, fusiones de entidades y desaparición de ministerios coordinadores. Esto último fue lo primero y más completo en cumplirse.

Tal como publicó este Diario hace dos semanas, la eliminación de empresas que generan pérdidas no se concretará porque hay trámites legales que se extenderán, con suerte, hasta septiembre de este año. Es decir, con Guillermo Lasso en Carondelet.

Los asambleístas no han tenido actividades presenciales desde el año pasado.

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Hugo Orellana, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), confirmó que unidades como Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Fabrec y la Unidad Nacional de Almacenamiento tenían propiedades sin la documentación clara y necesaria. Se tuvo que plantear búsquedas y depender de los gobiernos municipales para legalizar documentación extraviada.

Pero incluso las medidas que sí se concretaron dejan poco ahorro. En enero de este año, Petroamazonas y Petroecuador se fusionaron para crear una sola gran empresa pública de petróleos. El objetivo, según el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, era reducir gastos y aprovechar nuevas tecnologías para controlar en una sola entidad toda la cadena de producción y exportación de crudo. Hasta marzo, la primera parte del anuncio no se concretaba.

Según el reporte estadístico de la nueva Petroecuador, hasta marzo existían 10.063 empleados en la entidad. Básicamente la suma de los trabajadores de Petroecuador y Petroamazonas. Una fusión que aún no detecta la duplicidad de funciones ni la forma de ahorro.

EXPRESO consultó sobre el plan de optimización en la petrolera pero, hasta el cierre de esta edición, no hay una respuesta oficial.

Críticos de la fusión advirtieron que el ahorro sería mínimo y que el gasto sería mayor por el cambio en papelería y en la señalética que ahora deben tener los edificios donde funcionaban las dos empresas.

La falta de ahorro pese a los ofrecimientos no es el único mal que impide una verdadera austeridad. Asambleístas, empresarios y analistas coinciden en que los esfuerzos dan pocos resultados porque en el aparato estatal aún existen constantes casos de corrupción que dañan la imagen institucional y, de paso, se llevan los recursos que se pudieron optimizar.

Un ejemplo son las compras de bienes y servicios por régimen especial. En 2018, Moreno ordenó que esas adquisiciones se reduzcan al mínimo y se busquen procesos más transparentes. Lo dicho se cumplió, pero todavía saltan casos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) por irregularidades.

Inmobiliar fue parte del anuncio de cierre. Solo cambió el nombre.

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Petroecuador vuelve a ser el ejemplo. El año pasado, la entidad buscó un asegurador y optó por recibir varias ofertas en lugar de adjudicar de manera directa a Seguros Sucre (que está conformada por capital estatal). El proceso, que parecía más transparente, ahora mismo está en investigación porque se detectaron emergencias injustificadas y hasta una potencial alteración de documentos.

En la corrupción también se destaca la Contraloría General del Estado. La entidad es la encargada de vigilar el correcto uso de los fondos públicos pero, este mes, el contralor Pablo Celi fue detenido por una serie de anomalías que vuelven a alcanzar a la petrolera estatal. Petroecuador es, además del ejemplo estrella, la mayor empresa que tiene el país.

Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas confirman que la austeridad no llegó por una política sostenida de ahorro sino, como dice el asambleísta Homero Castanier (de CREO), porque la pandemia de la COVID-19 no dejó que se siga derrochando el dinero. En 2016, como muestra, la ejecución presupuestaria antes de Lenín Moreno, fue de 33.247 millones de dólares. En 2020, en cambio, el valor pagado alcanzó los 28.717 millones de dólares.

¿Pero cómo iba el ahorro prepandemia? En 2019, el gobierno de Lenín Moreno usó más de 33.056 millones de dólares para su operación. Es decir, solo hubo un ahorro de menos de 200 millones de dólares.

El grueso del gasto del gobierno de Moreno reposó en el pago de sueldos y salarios. En 2019, ese rubro superó los 9.263 millones de dólares. Al año siguiente, la remuneración a los empleados públicos bajó y se ubicó en 8.590 millones. Una caída de 673 millones por efecto de la emergencia sanitaria, principalmente.

Hugo Villacrés, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), destaca precisamente eso. El país pudo ahorrar más y hasta se eliminaron paulatinamente los subsidios a los combustibles, pero no se puede ver un efecto en la reducción de los aprietos económicos que deja Moreno a Lasso.