Liquidar empresas públicas, una tarea que hereda el gobierno de Guillermo Lasso

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Liquidar empresas públicas, una tarea que hereda el gobierno de Guillermo Lasso

La propuesta del presidente Moreno no se cumplirá totalmente. Hay trámites que serán asumidos después del 24 de mayo

Inmobiliar fue parte del anuncio de cierre. Solo cambió el nombre.
Inmobiliar fue parte del anuncio de cierre. Solo cambió el nombre.René Fraga

La intención era buena pero la ejecución resultó más compleja de lo esperado. El año pasado, como parte del plan para enfrentar la emergencia sanitaria, el presidente Lenín Moreno anunció la eliminación de ocho empresas públicas que no resultaban rentables para el Estado y estaban generando pérdidas. El último reporte de la propuesta muestra, sin embargo, que el primer mandatario dejará sus funciones sin cumplir de forma total con la promesa de reducción del gasto y la austeridad.

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Hay dos problemas que harán que el próximo gobierno decida el destino de las empresas públicas. El primero es el desorden característico del aparato estatal.

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Los liquidadores de las empresas se encontraron con documentos faltantes, escrituras sin firmas y reportes incompletos. Para evaluar pasivos y activos, dicta la ley, se deben solucionar las inconsistencias de cada entidad.

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) asegura que incluso hay problemas en los inventarios de las entidades. No se sabe que se tiene o faltan registros que acrediten y certifiquen la propiedad de los inmuebles.

Hugo Orellana, presidente de la Emco, explicó a EXPRESO que hay nudos críticos que no dependen solo del gobierno sino que incluyen a los municipios. Dichos nudos no se resolverán hasta el 24 de mayo. “Los liquidadores han tenido que levantar los catastros, registrar ante los municipios y eso toma tiempo. Se ha querido poner la casa en orden y sincerar los procesos”, resaltó.

El segundo problema es económico. Emco asegura que cumplirá con los pagos a los 3.645 trabajadores que eran parte de las empresas a liquidar. Es más, dijo Orellana, actualmente quedan unas 890 personas pendientes del pago que no supera los siete millones de dólares. Con el resto se cumplió.

Liquidar a todos los empleados generó un gasto para el Estado de 38 millones de dólares.

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El número de trabajadores que aún no son desvinculados responde, en parte, a las actividades que todavía se cumplen en las unidades empresariales que administra el Ejecutivo.

Un obstáculo adicional son los cambios sobre la marcha. Desde mayo de 2020, cuando se anunció la eliminación de las empresas, hubo modificaciones y las habituales rectificaciones de la administración de Lenín Moreno. De las ocho empresas a eliminar, Medios Públicos y Correos del Ecuador solo fueron transformadas con un nuevo giro de gasto. Tame, Ferrocarriles, Ecuador Estratégico, Unidad Nacional de Almacenamiento, Fabrec y Cementera del Ecuador si tienen un liquidador que termine la operación de eliminación.

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¿El siguiente gobierno puede echar atrás la eliminación? Orellana reconoce que el proceso de liquidación podría extenderse hasta finales de año y por eso quedará a discreción de Guillermo Lasso. El funcionario espera que cualquier decisión se tome de manera técnica y no política.