Aumento de masacres en Ecuador: bandas criminales en un panorama atomizado
Las masacres se intensifican en Ecuador por fragmentación de bandas, acceso a armas e impunidad judicial, según InSight Crime
Ecuador enfrenta un repunte alarmante de masacres en 2024, en medio de un escenario marcado por la atomización de bandas criminales, el acceso a armas de alto poder y la persistente impunidad. Según un análisis de InSight Crime, los asesinatos masivos definidos como eventos con tres o más víctimas en un mismo lugar se han extendido más allá de las cárceles, afectando zonas urbanas, rurales y mineras del país.
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Entre 2021 y 2023, Ecuador registró 18 masacres en centros penitenciarios. En 2024, aunque los enfrentamientos en cárceles han disminuido, las masacres se han trasladado al espacio público, como ocurrió en El Oro y Durán. El uso de armas automáticas ha facilitado ataques letales contra grupos rivales, incluso en zonas antes ajenas a la violencia extrema.
Impunidad y corrupción judicial
La falta de capacidad investigativa y la corrupción en el sistema judicial han contribuido a que más del 90% de los homicidios queden impunes en provincias costeras. Casos como el de Metástasis evidencian cómo redes criminales logran eludir condenas, debilitando la respuesta institucional frente al crimen organizado.
La represión militar iniciada en enero de 2024 provocó la dispersión de líderes criminales, lo que derivó en una fragmentación interna de grupos como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones. Estas facciones locales compiten por territorios y economías ilícitas como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, generando conflictos que derivan en masacres.
Violencia en zonas mineras
Provincias como Azuay, Sucumbíos y Orellana centros de minería artesanal han visto un aumento significativo de masacres. En Azuay, se reportaron siete en 2024, frente a cero en 2023. En Sucumbíos y Orellana, se registraron nueve asesinatos masivos en lo que va del año, comparado con 13 en total entre 2010 y 2023.
La fragmentación de bandas, el acceso a armas y la debilidad institucional forman parte de un escenario de violencia extendida.
La respuesta estatal enfrenta el reto de contener un fenómeno de crimen organizado que ya no se limita a las cárceles, sino que se expande por todo el territorio.
