Asamblea posesionará a los jueces del banco de elegibles de la Corte Constitucional

El Pleno de la Asamblea Nacional posesionará este martes 5 de agosto de 2025 a dos nuevos jueces constitucionales y se debatirán tres proyectos de le en las áreas de justicia constitucional, derechos humanos y ciberseguridad.

Renovación parcial en la Corte Constitucional

En cumplimiento del artículo 434 de la Constitución, la Corte Constitucional debe renovarse parcialmente cada tres años. Este proceso se ejecuta mediante concurso público de méritos y oposición, conducido por una Comisión Calificadora, que conforma un banco de elegibles a partir del cual se designa a los nuevos jueces.

Durante la sesión, la Asamblea Nacional posesionará a Edwin Aceldo Gualli y Pamela Aguirre Castro, seleccionados por la Comisión Calificadora en marzo de 2025. Con su incorporación se garantiza la continuidad institucional y la estabilidad del máximo órgano de control constitucional del país.

La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación y control constitucional en Ecuador. Su composición plural y su independencia son fundamentales para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes y la vigencia de los principios democráticos.

Sin embargo, desde ciertos medios digitales que operan como agencias de comunicación, se ha desplegado una campaña mediática con el objetivo de posicionar la idea de que la Corte Constitucional es un obstáculo o un enemigo para el gobierno, al considerar que impide la ejecución de sus reformas y leyes urgentes. Esta narrativa surge en un contexto en el que la Corte debe resolver más de veinte demandas de inconstitucionalidad presentadas contra leyes recientemente aprobadas, como la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad, entre otras.

Proyectos legislativos en agenda

Además de la posesión, el Pleno tratará tres proyectos de ley de gran trascendencia:

Ley Orgánica de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad

• Primer debate. Propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo. Busca establecer mecanismos integrales de protección, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes.

Ley de Ciberseguridad

• Primer debate. Iniciativa remitida por la Presidencia de la República. Propone un marco normativo para fortalecer la defensa digital del Estado, regular incidentes cibernéticos y proteger infraestructuras críticas.

Reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

• Segundo debate. El objetivo central de esta reforma es establecer sanciones al abuso de las acciones de protección, una herramienta constitucional cuya utilización indebida ha sido cuestionada por operadores jurídicos y sectores institucionales.

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