La mañana de este viernes 20 de octubre en la Comandancia de la Policía se reunieron el ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante de la institución César Zapata y el presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela. Hubo un pedido: trabajar de forma articulada para dar una solución oportuna a los arrestos domiciliarios a escala nacional ya que la Policía Nacional emplea 1.304 policías para el efecto.

El ministro Zapata indicó a Saquicela que en total son 326 arrestos domiciliarios en el país que custodian los uniformados. Expuso que de esa cifra, 124 son por delitos sexuales, 63 por narcotráfico, 47 por delitos contra la vida, 31 por delitos contra la propiedad, y otros menores por delincuencia organizada, porte y tenencia de armas, accidentes de tránsito y falsedad.

Según Zapata, la cantidad de gendarmes empleados en la vigilancia de los arrestos domiciliarios supera a los 1.260 efectivos asignados en el Comando Provincial de la provincia de Chimborazo para la seguridad de toda la provincia. (Lea además: "Víctor Herrera es posesionado como nuevo comandante policial de la Zona 8")

“Si bien es cierto los arrestos están bajo norma y no podemos ir contra la independencia de la decisión de los jueces sí es necesario establecer soluciones”, expresó. El ministro hizo una observación: hay peligro para los policías ya que a quienes custodian tienen alto nivel de riesgo y peligrosidad.

Sugirió que a los requisitos exigidos para recibir el arresto domiciliario (embarazo, enfermedad catastrófica, tercera edad) se podría incorporar dos informes: análisis de riesgo y capacidad operativa.

Reiteró que hay viviendas que no ofrecen las condiciones humanas adecuadas para que el policía cumpla su trabajo y sobre la capacidad operativa dijo que solo en Guayaquil se emplean 400 uniformados para los arrestos domiciliarios. (También le puede interesar: "Comando Sur de Estados Unidos financiará recompensas en Ecuador")

Mientras que el juez Byron Guillén, de la Sala Penal de la CNJ, indicó que la Corte no puede estar alejada de la realidad. Por eso, al tener entre sus competencias la de emitir resoluciones que puedan regular aspectos que en la ley no son claros, su compromiso es trabajar en una resolución que tendrá fuerza de ley. 

La misma que, si bien no solucionará todos los problemas del arresto domiciliario sí contribuirá a que el juez en un caso concreto, bajo el principio de independencia, adopte una decisión que considere no solo la vida de la persona que se somete a un arresto domiciliario, sino la vida y dignidad del policía y garantice no restar la capacidad operativa a la Policía.

Finalmente el presidente de la Corte ofreció que, luego del diagnóstico presentado por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, el pleno de la Corte se reunirá para expedir una resolución la cual permitiría solucionar en buena parte el tema. 

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