Ocho empresas extranjeras interesadas en implementar el Sistema de Vigilancia Electrónica para personas privadas de libertad (ppl) desarrollaron ayer una jornada de pruebas, en las instalaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón.

En el sitio estuvo la ministra de Justicia Ledy Zúñiga Rocha, quien explicó que los dispositivos serán una alternativa para que la población penitenciaria lleve a cabo su proceso de reinserción fuera de los centros de Rehabilitación Social (CRS).

Sin embargo, “hay un determinado grupo de personas privadas de libertad (PPL) que por su nivel de peligrosidad jamás podrá hacer uso de los dispositivos de vigilancia electrónica”, enfatizó la funcionaria.

La Secretaria de Estado informó que los dispositivos ofertados por las ocho empresas extranjeras contemplan tres alternativas: muñequera, tobillera y un dispositivo específico para uso de víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

“Las soluciones presentadas, además de garantizar su efectivo monitoreo deben guardar la mayor discreción posible y que quienes los utilicen puedan desarrollar sus actividades diarias con normalidad y que no corran el riesgo de ser estigmatizados”, añadió.

Los técnicos de las empresas provenientes de Brasil, Canadá, Israel, China, España y Estados Unidos explicaron que las configuraciones dan paso a las emisiones de alertas, por ejemplo cuando un individuo que tiene arresto domiciliario sale de su vivienda, o cuando un presunto agresor que tiene prohibición de acercamiento concurre a determinados lugares, entre otros casos en los que los dispositivos activan una alerta, que será monitoreada por el ECU 911, en coordinación con el Ministerio de Justicia.

Todos estos aparatos electrónicos pueden ser rastreados satelitalmente.

90 dólares diarios

Para el Ministerio de Justicia, la puesta en marcha de este proyecto, a más aportar en el mejoramiento del entorno familiar y reinserción social de las personas que han cometido delitos menores, representa un ahorro para el Estado.

Zúñiga explicó que actualmente por cada caso de arresto domiciliario, por ejemplo, se necesitan al menos tres policías al día para la custodia (turnos de 8 horas), esto genera un costo aproximado de 90 dólares diarios, mientras que con el uso del dispositivo ese valor se reduciría a cinco o seis dólares aproximadamente.