Ana Belén Tapia pide sanción contra concejal del correísmo: caso se trató en el TCE
La audiencia se realizó este 19 de enero de 2026 en Quito. Tiene que ver con una denuncia por violencia política de género
La asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, insistió en su acusación por presunta violencia política de género en contra del concejal de El Chaco, Bladimir Farinango, de la Revolución Ciudadana. La mañana de este 19 de enero de 2026 se desarrolló la audiencia pública en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
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Tapia señaló: “En su red social me llamó basura porque pienso diferente, porque tengo una ideología diferente y ha mencionado que en mi posición de mujer tengo que obedecer a mi amo, en este caso, el presidente de la República Daniel Noboa, según lo que él manifiesta”.
La legisladora oficialista recordó además que Farinango apareció en medios de comunicación asegurando que esa es su forma de hablar y que es quichua. Algo similar, según comentó Tapia, habría expuesto en la contestación que envió al TCE.
Tapia llegó acompañada de simpatizantes a las instalaciones del TCE, en el norte de Quito, donde se escucharon consignas a favor de la legisladora. También estuvo respaldada por compañeros de su bancada, entre ellos Xavier Ordóñez y Milton Aguas.
Este último manifestó que toda la bancada oficialista respalda a Tapia. “No podemos permitir que personas inescrupulosas sigan con la violencia política y, sobre todo, con la violencia contra la mujer”.
El origen de la denuncia
Tapia acudió al TCE el pasado 29 de octubre de 2025. El artículo 280 del Código de la Democracia tipifica la violencia política de género como una infracción electoral muy grave.
Esta conducta puede ser sancionada con multas que van desde 21 hasta 70 salarios básicos unificados y contempla, además, la destitución y/o la suspensión de los derechos de participación por un período de dos a cuatro años.
La asambleísta solicitó al TCE que sancione a Farinango, considerando la proporcionalidad de la falta. El juez a cargo de la causa deberá pronunciarse en primera instancia, aunque la decisión podría ser apelada por el denunciado, lo que llevaría el caso a ser resuelto por el Pleno del TCE.
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