Allanamiento: ¿investigación o herramienta intimidatoria en Ecuador?

Las casas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y de sus hermanos fueron nuevamente allanadas en vísperas de fiestas de la ciudad. La diferencia es que esta vez la diligencia se cumplió previo a la conmemoración de la independencia de la urbe y en 2024 ocurrió en julio, dos días antes del aniversario de su fundación.

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Mientras el año pasado se trató de una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, este año ocurrió por un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, bajo la presunción de lavado de activos. Entre los indicios recabados por Fiscalía constan cinco celulares, dos laptops y documentos.

Jurídicamente, el allanamiento sirve para buscar más evidencias en una investigación ya iniciada y que completan un caso que ya estructurado, dice el abogado penalista Xavier Andrade. Se solicita “cuando ya hay una base indiciaria mínima y suficientes elementos para una investigación”. Pero, lo que sucede en el país es que, muchas veces, allanan para construir una investigación a partir de ahí y él considera que ese es un error, porque no es una diligencia para encontrar cualquier cosa sino para ubicar algo en concreto. En muchos de los casos, “se busca darle ‘su merecido’ a una persona, porque se ataca a la dignidad humana. Más allá del bochorno social, puede ser una forma de amedrentamiento”, puntualiza.

Este es un elemento importante a tomar en cuenta porque, según el también penalista Pablo Encalada, el allanamiento es la forma de investigación más violenta y lesiva de derechos y por eso requiere de una orden de un juez. El fiscal debe explicar antes por qué es tan importante ordenarla, pero “a mí me parece que la Fiscalía, de los últimos años la ha desnaturalizado. La solicita muchas veces sin suficiente evidencia y los jueces no han hecho el debido control”. 

¿Qué pasa cuando un allanamiento no logra los resultados esperados?

En ese sentido, recuerda que la exfiscal General Diana Salazar incluso llegó a extremos como allanar el Palacio de Carondelet, sin una explicación clara en el momento de por qué decidió hacerlo. En otros casos, como el de las pruebas PCR en contra del exalcalde de Quito Jorge Yunda, Linda Guamán, Ximena Abarca y otros, tras años en tribunales, se declaró su inocencia. Encalada recuerda que hubo allanamientos incluso en contra de personas que finalmente no fueron procesadas, como Dunker Morales, exprocurador Metropolitano, quien hoy está demandando. “El abuso de las acciones judiciales puede dar cabida a reparaciones”, dice Encalada. 

Los allanamientos son prácticas de investigación completamente legales y constitucionales de acuerdo con el penalista Julio César Cueva, y por ello “el problema no es tanto el abuso del recurso porque en todos los casos se obtiene algún tipo de evidencia o se cree, al menos, que se obtiene, porque nunca salen con las manos vacías. El problema es la selectividad y la celeridad y, en algunos casos incluso el ‘timing’”.

A Cueva le llama la atención que en unos casos se “tumben puertas” incluso a vísperas de fiestas de Guayaquil y “coincidencialmente al alcalde. Pero hace no mucho tiempo se supo que una persona que tenía un patrimonio que no superaba creo que los 60 mil dólares o algo por el estilo, de la noche a la mañana saca 2 millones y medio y se compra medios de comunicación”. El jurista no discute el derecho de los dueños de vender pero considera que si una persona no tiene la capacidad económica, por lo menos deberían cuestionarle de dónde salió el dinero y se pregunta por qué la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no hace en esos casos reportes de operaciones inusuales. 

Aunque en muchos casos los allanamientos no logran probar delito alguno, en su experiencia, dice Cueva, la gente termina tan agotada física, emocional y económicamente que no demanda y es un problema porque no se sientan precedentes. Según su criterio, lo ideal sería que la gente perjudicada demande al Estado por una inadecuada administración de justicia y este le pague, “pero lo más importante para que esto no se repita es que el Estado se dé la vuelta y le cobre a cada una de las personas responsables de haber hecho esto”.

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