Aliados, acuerdos y poder: así se reconfigura la seguridad ecuatoriana

En un contexto marcado por el aumento de la violencia, la crisis institucional y los desafíos económicos, Ecuador ha intensificado su política de cooperación internacional en materia de seguridad y desarrollo.

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Las recientes alianzas con Estados Unidos, Israel y empresas privadas como Blackwater (hoy conocida como Academi y parte del conglomerado Constellis) han generado un intenso debate sobre los límites de la soberanía nacional, la legalidad de la participación de actores extranjeros y el riesgo del mercenarismo. 

A este panorama se suma el reciente acuerdo de canje de deuda con Italia, que introduce nuevas formas de cooperación financiera en medio de una crisis multidimensional. En los últimos años Ecuador ha registrado un alarmante incremento de la violencia. 

La tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 47 en 2023, ubicando al país entre los más violentos de América Latina. El narcotráfico, la corrupción institucional y la debilidad del sistema penitenciario llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un ‘conflicto armado interno’ y a buscar respaldo internacional para enfrentar lo que ha calificado como una “guerrilla urbana no convencional”.

En marzo de este año, el mandatario anunció una ‘alianza estratégica’ con Erik Prince, fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater. La compañía fue protagonista de uno de los episodios más controvertidos de la guerra de Irak, cuando sus contratistas asesinaron a 17 civiles en Bagdad en 2007.

Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el acuerdo contempla asesoría y capacitación a las fuerzas de seguridad ecuatorianas, aunque no se descarta una participación más activa. Además de Blackwater, Ecuador ha reforzado su cooperación con Estados Unidos e Israel en áreas como inteligencia, ciberseguridad y control fronterizo. Washington ha ofrecido asistencia técnica y equipamiento, mientras que Israel ha compartido su experiencia en vigilancia y lucha contra el crimen organizado. 

El analista en conflictos armados Néstor Rosanía advierte sobre los riesgos de una cooperación mal gestionada: “Cuando comenzó el Plan Colombia en 1998, había 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más de 230.000. Eso demuestra que la cooperación en seguridad, por sí sola, no es la solución. Pueden llegar millones de dólares, equipos, armamento e inteligencia, pero si no se abordan los problemas estructurales, el conflicto persiste. Como dijo el expresidente Santos: "Estamos en una bicicleta estática: pedaleamos y pedaleamos, pero no avanzamos’”.

¿Cuál es el papel de las empresas privadas de seguridad?

Rosanía también señala que detrás de estas alianzas existe un mercado lucrativo: “La seguridad es uno de los negocios más rentables. Muchas empresas privadas de esos países no solo ofrecen cooperación, sino que también venden los servicios y equipos. Son los más interesados en mantener esa dinámica”.

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La cooperación internacional no implica necesariamente una pérdida de soberanía, sostiene el experto: “El contraargumento es que, dado que Ecuador no produce armamento ni desarrolla tecnología militar, y que en la región solo Brasil tiene una industria armamentista medianamente consolidada, solicitar apoyo externo en materia de seguridad es completamente válido y necesario en este contexto”.

Por su parte, la politóloga Doménica Luzardo argumenta que “la soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones fuertes, ciudadanía activa y decisiones estratégicas que respondan al interés nacional y demuestren resultados viables a largo plazo en las operaciones”.

Aporte de la seguridad privada

Organizaciones de derechos humanos y expertos en Derecho Internacional han expresado su preocupación ante la creciente participación de empresas militares privadas en la seguridad nacional. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) advirtió que “las empresas militares privadas operan sin el control que exige el monopolio legítimo de la fuerza del Estado”.

Por su parte, Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional, señala que la cooperación internacional no debe interpretarse como una amenaza a la soberanía. “Es un despropósito decir que, por soberanía, no se puede pedir cooperación. La soberanía es un atributo del Estado, que se compone de población, territorio, poder y derecho. La soberanía es una consecuencia del poder. Solo un Estado que lo ejerce efectivamente puede aplicarla”, aseveró.

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