Alexandra Villacís exhorta a tres entidades a reconocer que sí puede presidir el CJ
Villacís alerta sobre desacato judicial y exige que se le permita asumir el cargo tras la salida de Mario Godoy
Alexandra Villacís ha pasado a la ofensiva legal. A través de un exhorto formal, la funcionaria instó al Consejo de la Judicatura (CJ), al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y a la Corte Nacional de Justicia a reconocer que no posee impedimentos para asumir la presidencia de la institución. La advertencia es clara: las entidades deben abstenerse de tomar decisiones basadas en una inhabilidad que la justicia ya calificó como un error.
El conflicto se originó el pasado 9 de febrero, cuando el Ministerio de Trabajo registró un supuesto impedimento de Villacís por deudas con el SRI. El registro activó una serie de movimientos acelerados: la Judicatura solicitó al Cpccs iniciar el concurso para reemplazar al destituido Mario Godoy, y este último pidió de inmediato una terna a la Corte Nacional, la cual ya fue remitida.
Un fallo judicial en medio del desacato
Pese a la celeridad administrativa para buscar un reemplazo, el escenario legal dio un giro el 23 de marzo. Una jueza ordenó al Ministerio de Trabajo corregir el sistema en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas a Villacís. Sin embargo, hasta la mañana de este 25 de marzo, el impedimento seguía vigente, ignorando una sentencia que ya fue formalmente notificada.
Villacís, quien como vocal suplente de Godoy reclama su derecho sucesorio a la presidencia, no ha dudado en señalar las consecuencias de este retraso. “Este desacato expone a la institución y a sus autoridades a medidas coercitivas y responsabilidades ulteriores”, enfatizó, dejando la pelota en la cancha de un Ejecutivo que aún no actualiza sus registros.
Situación jurídica en espera
El futuro de la presidencia del Consejo de la Judicatura depende ahora de la actualización del sistema del Ministerio de Trabajo. Mientras el Cpccs y la Corte Nacional de Justicia continúan con el trámite para el proceso de designación de una nueva autoridad, la vigencia del fallo judicial a favor de Villacís plantea un escenario de revisión obligatoria para las instituciones involucradas. El cumplimiento de la sentencia no solo determinará la viabilidad de su postulación, sino que también definirá la ruta legal que deberá seguir el órgano de gobierno de la Función Judicial para evitar posibles nulidades en sus resoluciones administrativas.
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