Alexandra Villacís, entre lo técnico y la disputa política

La permanencia de Alexandra Villacís Parada dentro del Consejo de la Judicatura está condicionada por el pulso político que rodea al organismo. Aunque la vocal suplente del presidente Mario Godoy tiene un perfil técnico y académico, en la práctica los méritos pesan menos que los cálculos políticos y las alianzas.

Villacís ha asumido la presidencia solo en los papeles. En los hechos, no ha tenido un rol efectivo. La propia jurista hizo público que la acción de personal que la habilitaba para ejercer el cargo le fue notificada recién a las 17:00 del viernes, con vigencia hasta el domingo 28 de diciembre; es decir, durante un fin de semana sin sesiones, resoluciones ni decisiones administrativas relevantes.

Este lunes, Godoy retomó nuevamente la presidencia del Consejo, alegando que debía asistir a una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), a la cual podía, pero no quiso, delegar la representación en Villacís.

Aunque el escenario sobre una posible salida de Mario Godoy sigue siendo incierto, el presidente Daniel Noboa le recomendó públicamente que dé un paso al costado y enfrente fuera del cargo las acusaciones en su contra. Sin embargo, al mismo tiempo, Noboa difundió una publicación de la asambleísta Jhajaira Urresta, antes del correísmo y hoy aliada de ADN, en la que denuncia un supuesto acuerdo entre el correísmo, Guillermo Lasso (Creo), el PSC y la exministra María Paula Romo (Construye).

“No he sido parte de organizaciones políticas ni he construido mi trayectoria desde espacios partidistas. Mi perfil es académico y técnico, desarrollado a lo largo de los años en la formación jurídica, la docencia y el ejercicio profesional, de manera pública y verificable”, respondió Villacís.

“A Jhajaira la conocí en la Asamblea como una persona educada, no como una difamadora. La 6 no tiene nada que ver y lo sabes. Si quieren corregir su error, háganlo y censuren a Godoy, pero sin injuriarnos”, replicó Jorge Enrique Acaiturri, del Partido Social Cristiano.

Godoy enfrenta cuestionamientos por conflictos de intereses y por presuntos intentos de influir en el trabajo del juez anticorrupción Carlos Serrano, un caso que ha reactivado el debate sobre la independencia judicial y el uso político del Consejo. Estas críticas han incrementado la presión pública, sin que hasta ahora exista una definición institucional.

Una peso político en el Consejo de la Judicatura

En este contexto, nada garantiza que Villacís pueda asumir de manera efectiva la presidencia. La experiencia reciente muestra lo contrario. Ese fue el caso de Álvaro Román (que no era de la terna de la Corte Nacional), quien debía asumir la Judicatura, pero fue bloqueado por la mayoría conformada entonces por Fausto Murillo, Maribel Barreno y José Morillo. Su titularidad solo se concretó tras un fallo judicial. Román asumió en diciembre de 2023, tras la detención de Wilman Terán, y salió el 16 de julio de 2024, cuando el presidente encargado de la Corte Nacional incluyó a Godoy en su terna.

Más allá del tablero político, Villacís ha construido una imagen pública asociada a la innovación, la transformación digital y la modernización del Derecho. Esa línea quedó plasmada en su reciente libro sobre innovación legal, donde sostiene que la profesión jurídica atraviesa una transformación acelerada impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas digitales.

En el ámbito profesional, Villacís es abogada por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo, donde fue decana entre 2018 y 2020.

En el sector público ha ocupado cargos en instituciones estratégicas: en la CNT fue asesora jurídica, auditora y directora de control interno; y en la CNEL, jefa de control interno y secretaria. Entre 2021 y 2022 ejerció como subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Desde entonces no ha vuelto a la función pública.

• El Consejo de la Judicatura es el órgano de administración de justicia encargado de nombrar, evaluar y sancionar jueces y fiscales.

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