Aguiñaga cumple agenda en Panamá mientras enfrenta señalamientos del correísmo

La prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Aguiñaga, se encuentra en Panamá como parte de una agenda internacional que incluye reuniones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organismo que financia proyectos de infraestructura para municipios y prefecturas del país. El objetivo central del encuentro es presentar una nueva operación financiera, estimada en aproximadamente $70 millones de dólares, destinada a obras estratégicas para la provincia.

Según explicó Aguiñaga, la propuesta busca fortalecer la conectividad, impulsar la productividad y promover el desarrollo territorial del Guayas, a través de proyectos que ya cuentan con estudios técnicos previos. La reunión se desarrolla con el gerente de infraestructura del CAF, área encargada de analizar la viabilidad de los proyectos presentados por los gobiernos locales.

La prefecta detalló que el acceso a financiamiento internacional requiere planificación y un banco de estudios sólido. En ese sentido, señaló que varios de los proyectos planteados corresponden a la continuidad del primer paquete de CAF que actualmente se encuentra en ejecución.

Además de este encuentro, Aguiñaga mantiene otra reunión relacionada con la mancomunidad de la cuenca del río Guayas. En este espacio, se prevé un intercambio de experiencias con representantes de El Salvador, país que implementó un canje de deuda por naturaleza para la recuperación de una cuenca hídrica “súper importante en el país de ellos”.

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Aguiñaga responde a cuestionamiento de Luisa González por el Caso Caja Chica

La prefecta del Guayas responde a las declaraciones de Luisa González, quien en una rueda de prensa transmitida la Revolución Ciudadana cuestionó que la prefecta no haya sido allanada en el marco del denominado Caso Caja Chica. En este caso, la Fiscalía General del Estado investiga una presunta recepción de recursos provenientes del gobierno de Nicolás Maduro para financiar la campaña presidencial de González en 2023, año en el que Aguiñaga se desempeñaba como presidenta del movimiento político.

Frente a este cuestionamiento, la prefecta expresó su rechazo al tono y contenido de lo expresado por la excandidata presidencial, señalando que “mientras yo estoy aquí en la búsqueda de soluciones me entero que en el país una vez más la política ha vuelto a descender al fango de las acusaciones y los allanamientos”. Indicó que desconoce las razones jurídicas específicas que motivaron las acciones de la Fiscalía y los alcances de la investigación, pero consideró inapropiado que se intente trasladar responsabilidades políticas y legales sin fundamento.

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Aguiñaga fue enfática al recordar que la legislación electoral ecuatoriana establece que la responsabilidad sobre el financiamiento de campaña recae exclusivamente en el candidato, no en el presidente del partido o movimiento. En ese contexto, calificó como “absurda” la pretensión de desconocer lo que establece el Código de la Democracia, especialmente viniendo de quien fue candidata presidencial.

La prefecta precisó que no formó parte del buró de campaña y que, por lo tanto, desconoce el origen de los recursos utilizados durante el proceso electoral. Además, recordó que presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana el 18 de octubre de 2023, "apenas tres días después de la elección". En consecuencia, "la rendición de cuentas de la campaña se realizó cuando ya no ocupaba ese cargo, por lo que no firmé, revisé, ni avalé dichos documentos". 

Finalmente, Aguiñaga rechazó la narrativa que la vincula como aliada del presidente Daniel Noboa. Recalcando que su "rol es el de prefecta del Guayas y que su responsabilidad institucional la obliga a trabajar con cualquier autoridad del Ejecutivo si eso permite atender las necesidades de la provincia". Enfatizó que esa postura no responde a intereses políticos ni a cálculos partidistas, sino a un ejercicio de responsabilidad y "madurez política" orientado a la gestión pública.

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