ADN ensaya otros caminos para rescatar leyes declaradas inconstitucionales

Después de arremeter contra la Corte Constitucional, el oficialismo en la Asamblea cambió de estrategia. ADN ahora busca mecanismos para rescatar parte de sus propuestas, anuladas por el dictamen de inconstitucionalidad que echó abajo las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional.

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Para hoy está previsto el segundo debate de la Ley de Contratación Pública. En un inicio, ese era uno de los dos temas más fuertes de la Ley de Integridad Pública, pero su aplicación quedó sin efecto tras el dictamen de inconstitucionalidad sobre ese proyecto que fue impulsado por el Gobierno y su bancada legislativa.

Teniendo en cuenta el segundo debate y lo aprobado en la Comisión de Régimen Económico -mesa que tramitó la Ley de Contratación Pública-, el correísmo emprendió una campaña para denunciar que en el informe de segundo debate se incluyeron poco más de 120 artículos ‘reciclados’ de la Ley de Integridad Pública.

Correísmo inició una cruzada contra la nueva ley

Dicha campaña incluyó la difusión en redes sociales de una imagen con diferentes frases: “Repetir lo inconstitucional no es corregir” y “lo que la Corte desechó por la puerta no vuelve por la ventana”.

Pero es importante una distinción. En el caso de la Ley de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, la Corte determinó la inconstitucionalidad por la forma. Para echar abajo las normativas, señaló que no se habían respetado los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.

En la sentencia 52-25-IN/25, sobre las demandas en contra de la Ley de Integridad Pública, la Corte dijo: “La decisión no versa sobre la conveniencia ni mérito del contenido, ni desautoriza al Ejecutivo de impulsar un marco anticorrupción”.

¿Qué dice el oficialismo?

Y justamente esa idea es la que ahora le sirve de base al oficialismo. El vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, Adrián Castro (ADN), señaló: “No declararon inconstitucional el texto como tal, sino el cómo se hizo la ley. Deja la vía expedita para que los artículos de otra materia, como contratación pública, se incluyan en las leyes que correspondan”.

La presidenta de la comisión, Nathaly Farinango, coincide en el mismo punto, pero agrega que, en el caso de la Ley de Contratación Pública, existían artículos previamente debatidos (desde 2024), incluso antes del envío de la Ley de Integridad Pública a la Asamblea.

Respecto a lo que se incluyó para el segundo debate de hoy está la introducción del concepto de “mejor valor por dinero”, la eliminación de los informes de pertinencia, la implementación de la firma electrónica, la reducción de procesos contractuales, la eliminación de las consultorías y los informes de pertinencia de la Contraloría.

Sobre los 122 artículos agregados, Farinango explicó que al menos 60 tienen que ver únicamente con una nueva numeración para ordenar ese cuerpo normativo que ha sufrido varios cambios. El resto se relaciona con lo que quedó por fuera con la Ley de Integridad Pública y se incluyeron temas nuevos como una circunscripción especial para la Amazonía.

Farinango y Castro coincidieron en algo: lo que se quedó por fuera de las leyes ahora inconstitucionales podría encontrar futuro en otras leyes en discusión en diferentes comisiones.

La posición del correísmo

El correísmo tiene reparos a la Ley por dos razones. La primera tiene que ver con que el procedimiento legislativo fue vulnerado. Entre los cuestionamientos están el no respetar el principio de publicidad y de deliberación. Por eso dicen que se repite lo ocurrido con la Ley de Integridad Pública. 

Cuestionan artículos puntuales. Uno impulsado por la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, sobre que el Sistema de Contratación Pública se financie con preasignaciones. Además de que los procesos de contratación que iniciaron con la Ley de Integridad Pública terminen con las mismas reglas, pese a que ya no están vigentes.

Con esos antecedentes se prevé que el bloque correísta vote hoy en contra de la aprobación de la ley. Sin embargo, el oficialismo necesita 77 votos para la aprobación. Hasta el momento, la mayoría que coordina no ha fallado en la misión de pasar leyes. 

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