Lo que se sabe

• . Aso Pichincha negó organizar este tipo de eventos tras la clausura de su sede en Quito el 10 de octubre.
• La AMC clausuró el establecimiento en San Antonio de Pichincha por falta de LUAE vigente para funcionar como casa de citas.
• La asociación anunció acciones legales y pidió levantar la clausura, mientras asegura que alquiló sus instalaciones a un particular.

La Asociación de Empleados del H. Consejo Provincial de Pichincha (Aso Pichincha) se pronunció tras la clausura de su sede recreacional en San Antonio de Pichincha, en Quito.

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La organización aseguró que alquiló temporalmente las instalaciones a una persona particular y anunció acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado difundido el 18 de octubre de 2026, el directorio de la asociación sostuvo que no tuvo conocimiento previo de que la actividad pudiera tener una finalidad distinta a la informada por el arrendatario. Además, señaló que cualquier actividad ajena a lo expresamente autorizado se realizó sin el conocimiento ni la aprobación de la organización.

La aclaración se produjo después de que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausurara el establecimiento el pasado 10 de octubre, durante un operativo en el que verificó presuntas irregularidades relacionadas con los permisos de funcionamiento y el desarrollo de actividades dentro del lugar.

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Aso Pichincha pide levantar la clausura de su sede recreacional

En el documento, la asociación informó que presentó sus descargos ante la AMC y solicitó el levantamiento urgente de la clausura. También anunció que mantendría una reunión con representantes de la entidad municipal este lunes 19 de octubre, con el objetivo de exponer sus argumentos y buscar una solución que permita reabrir las instalaciones.

La organización insistió en que su sede tiene un carácter particular y pertenece a los empleados, a través de su asociación. Por ello, recalcó que no es propiedad de la Prefectura de Pichincha ni forma parte de los bienes institucionales del Gobierno Provincial.

Según el comunicado, el espacio fue construido y rehabilitado con el aporte de los empleados y está destinado al bienestar de los asociados y sus familias, con fines sociales, familiares, deportivos y recreativos.

Aso Pichincha también expresó su preocupación por la difusión de versiones que, a su criterio, podrían afectar la honra de sus directivos y el buen nombre de la organización. En ese sentido, pidió que la información sobre el caso se difunda con responsabilidad y sin atribuirle actividades ajenas a su razón de ser.

¿Por qué la AMC clausuró la sede de Aso Pichincha?

La Agencia Metropolitana de Control clausuró el establecimiento el 10 de octubre durante un operativo realizado en el sector de San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito.

De acuerdo con el acta del procedimiento sancionatorio, los funcionarios verificaron que el lugar no contaba con una Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) vigente para realizar la actividad económica de casa de citas.

El documento también señala que, durante la intervención, se constató el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias sujetas a fiscalización.

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La denuncia, presentada junto con Pablo Sempértegui, señala los presuntos delitos de concusión y cohecho. Guarderas aseguró que la investigación se desarrolló durante tres meses y que existen elementos que, a su criterio, deben ser investigados por la Fiscalía para determinar las responsabilidades individuales.

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Según Guarderas, las supuestas contribuciones se habrían solicitado bajo amenazas de despido y también mediante mecanismos como rifas obligatorias. Afirmó que decenas de funcionarios han decidido dar sus testimonios y que, hasta el momento, se han conocido dos de ellos, aunque existirían más personas dispuestas a colaborar.

Chats, audios y videos entre las presuntas pruebas

Guarderas sostuvo que la denuncia incluye videos de los supuestos cobros, conversaciones de chats que revelarían la obligatoriedad de los pagos, audios, información de cuentas bancarias y datos sobre las personas que presuntamente solicitaban y recaudaban el dinero, así como los fines a los que habría sido destinado.

El representante de la Fundación Lucha Anticorrupción afirmó que los chats son auténticos y que fueron notariados. Según explicó, las conversaciones permanecen en los teléfonos de los testigos y podrán ser revisadas por la Fiscalía como parte de la investigación.

El denunciante señaló que los cobros se habrían realizado en dependencias del Municipio de Quito, de la Empresa de Pasajeros y de otras entidades municipales, incluso durante horarios laborales.

Guarderas indicó que la presunta concusión estaría relacionada con la solicitud de dinero bajo amenazas de despido a funcionarios de libre remoción. En cuanto al supuesto cohecho, sostuvo que los aportes habrían sido requeridos por funcionarios de alto nivel.

Guarderas calcula una recaudación cercana a $1 millón al año

Para dimensionar los posibles montos involucrados, Guarderas señaló que el Municipio cuenta con alrededor de 7.000 funcionarios de libre remoción. Bajo un escenario hipotético en el que se solicitó dinero a 1.000 servidores, con aportes de entre $ 60 y $ 120 y un promedio de $ 80 por persona, la recaudación alcanzaría los $ 80.000 mensuales.

Con ese cálculo, el monto anual ascendería a $ 960.000, una cifra cercana al millón de dólares.

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Guarderas afirmó que, de acuerdo con los testimonios recopilados, el dinero habría tenido como destino la campaña de Pabel Muñoz para la reelección a la Alcaldía de Quito. Indicó que la recaudación se habría realizado desde julio de 2024, aunque no descartó que las presuntas prácticas hubieran comenzado antes y continuado hasta la actualidad.

Asimismo, recordó las disposiciones del Código de la Democracia sobre el financiamiento de campañas electorales y la responsabilidad de los candidatos respecto de la licitud de los fondos utilizados.

Piden protección para los testigos

Guarderas solicitó a la Fiscalía y a la Policía que adopten medidas para proteger a las personas que han entregado sus testimonios. Aseguró que algunos testigos han recibido amenazas a través de redes sociales.

Por su parte, Pablo Sempértegui manifestó que corresponde a la Fiscalía desarrollar las investigaciones y determinar las responsabilidades. Explicó que las personas que presuntamente solicitaban los aportes administraban los chats y que entre ellas habría funcionarios vinculados con la gerencia de la Empresa de Pasajeros y otras entidades.

Sempértegui sostuvo que también se deberá establecer quién recibió los recursos y quién se habría beneficiado de ellos. Según indicó, los testimonios apuntarían a que el dinero se destinaba a la campaña electoral.

Guarderas descartó que la denuncia responda a motivaciones políticas y afirmó que la fundación ha revelado presuntos hechos de corrupción desde antes de la pandemia.

Denuncia contra un exfuncionario de la Empresa de Pasajeros

El pasado 14 de octubre de 2026, la Empresa de Pasajeros de Quito informó sobre denuncias presentadas contra un exfuncionario de la institución, identificado como Carlos Israel M., por presuntos delitos de intimidación, concusión y cohecho.

Según un comunicado de la empresa, durante 2026 se recibieron varias denuncias de distinta índole contra el entonces funcionario, lo que motivó la apertura de un procedimiento administrativo para esclarecer los hechos.

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La entidad señaló que el proceso habría generado una reacción adversa del exfuncionario, quien presuntamente respondió con amenazas e improperios contra el gerente general y su equipo.

Ante esa situación, el gerente general presentó el 27 de julio de 2026 una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de intimidación. Tres días después, se presentó otra denuncia contra el mismo exfuncionario por su presunta participación en un caso de cohecho relacionado con la contratación de un servicio de seguridad privada.

La jornada, organizada por el Municipio de Quito y la Corporación de Promoción Económica ConQuito, será gratuita y estará dirigida a personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

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Durante una rueda de prensa realizada este lunes 19 de octubre, las autoridades municipales dieron a conocer los detalles de la feria, los sectores que concentran la mayor cantidad de ofertas y las medidas logísticas y de seguridad previstas para recibir a los asistentes.

El evento se desarrollará de 09:00 a 15:00. Para participar, los interesados deben contar con un turno previamente asignado. Para esta edición se habilitaron 14.000 turnos, distribuidos por horarios, con el propósito de organizar el ingreso y evitar aglomeraciones.

¿Cuántas vacantes habrá en la Feria de Empleo ConQuito?

Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, informó que, de las 3.649 vacantes disponibles, el 46% corresponde a puestos relacionados con ventas y atención al cliente. En este grupo se incluyen cargos para vendedores, cajeros y asistentes administrativos, entre otros perfiles.

La oferta también contempla oportunidades en logística, gastronomía, educación, producción, crédito y cobranzas, así como en otras áreas de servicios.

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De acuerdo con Criollo, alrededor de 500 vacantes están destinadas a perfiles profesionales. La distribución de las plazas busca responder a las necesidades de contratación de las empresas y a las características de la estructura productiva de Quito.

El funcionario señaló que uno de los objetivos de la feria es acercar a quienes buscan empleo con las compañías que requieren personal, mediante un espacio de contacto directo entre el talento disponible y la demanda empresarial.

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Jóvenes y mujeres concentran buena parte de los inscritos

Los datos de registro presentados por ConQuito muestran que el 53% de las personas inscritas tiene entre 18 y 29 años. El siguiente grupo más numeroso corresponde a quienes tienen entre 30 y 44 años, que representan el 34%.

En cuanto al género, cerca del 51% de los inscritos son mujeres.

La formación académica también refleja distintos perfiles entre los participantes. El 40% cuenta con bachillerato, mientras que más del 55% tiene estudios de tercer nivel, formación técnica o tecnológica, o estudios de cuarto nivel y posgrado, según los datos expuestos por ConQuito.

Por lugar de residencia, la mayor cantidad de inscritos procede de las administraciones zonales Quitumbe y Eloy Alfaro, en el sur de la capital. También se registran participantes de La Delicia y Calderón, en el norte. El 6% de las personas inscritas reside fuera del Distrito Metropolitano de Quito.

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Quito registra una tasa de desempleo del 8,9% al inicio de 2026

Durante la rueda de prensa, Etzon Romo, secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Quito, señaló que la generación de oportunidades laborales es uno de los objetivos de la política económica municipal.

El funcionario indicó que la tasa de desempleo de la capital pasó del 8,2% en 2024 al 7,2% en 2025. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2026, el indicador se ubicó en el 8,9%, frente al 3,4% registrado a escala nacional, según las cifras presentadas por la autoridad.

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Por su parte, Criollo cuestionó la falta de actualización de los datos de empleo de la ciudad durante los últimos seis meses y señaló que contar con información estadística oportuna es necesario para evaluar las políticas públicas y medir el impacto de factores económicos, como los posibles efectos de los cortes de electricidad sobre las empresas.

Romo explicó que la estrategia municipal busca fortalecer las capacidades de las personas y facilitar su vinculación con las empresas. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo trabaja en tres ejes: Quito Dinamiza la Economía, Quito Potencia y Quito Innova, orientados al fortalecimiento empresarial, la infraestructura productiva, el emprendimiento, la tecnología y la preparación del talento para las nuevas demandas laborales.

Recomendaciones para asistir a la Feria de Empleo ConQuito

ConQuito difundió varias recomendaciones para facilitar el ingreso y la participación en el evento:

Las autoridades aclararon que en el lugar no se realizarán entrevistas de trabajo. Los asistentes podrán entregar sus hojas de vida a las empresas y, posteriormente, deberán esperar el contacto de las compañías para continuar con los procesos de selección.

Para organizar el ingreso, el recinto contará con señalización por horarios, vallas y carpas en las zonas de acceso. El Municipio también prevé un contingente de seguridad y puntos de hidratación habilitados por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

La jornada se desarrollará en el Centro de Exposiciones Quito, en el horario de 09:00 a 15:00, y la participación será gratuita para las personas que cuenten con su turno.

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La protesta responde a las preocupaciones de un sector del transporte comercial que considera que este convenio podría generar una competencia desigual entre los taxis legalmente autorizados y los vehículos particulares que operan mediante plataformas digitales.

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Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, cuestionó el acuerdo y aseguró que la normativa vigente establece restricciones para el uso de estas aplicaciones con vehículos particulares.

Vigencia del artículo 62 de la Ley de Tránsito

Brunis recordó que, durante el proceso de discusión de la Ley de Tránsito, iniciado en 2018 y culminado con su publicación en el Registro Oficial en 2021, los dirigentes del transporte participaron en la Asamblea Nacional para impulsar una regulación sobre las plataformas digitales.

Según explicó, el artículo 62, inciso A establece que estas herramientas tecnológicas pueden utilizarse para optimizar el servicio de transporte, con excepción de los vehículos particulares.

El dirigente sostuvo que, aunque la normativa fue reformada en octubre de 2026, el artículo mencionado no fue modificado, por lo que, dice, se mantiene la restricción.

"Ahí se genera el malestar", señaló Brunis al referirse al convenio entre la Unión de Taxistas de Pichincha y Uber. Para el dirigente, la incorporación de taxis convencionales a una plataforma que también trabaja con vehículos particulares podría generar condiciones desiguales dentro del mismo mercado.

Su principal cuestionamiento es que los taxis autorizados y los vehículos particulares están sujetos a disposiciones diferentes, por lo que considera necesario que las autoridades aclaren cómo debe aplicarse la normativa en este escenario.

Falta de socialización y transparencia

Otro de los motivos del rechazo es la falta de socialización del acuerdo. Brunis cuestionó que la decisión no se haya discutido ampliamente, incluso entre los integrantes del propio gremio.

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El dirigente también señaló que la Unión de Taxistas de Pichincha representa solo una parte del sector. Menciona que en Quito existen más de 30.000 taxistas y alrededor de 9.000 forman parte de esa organización, lo que equivale aproximadamente al 30 %.

Por ello, sostuvo que una decisión de esta naturaleza debería contar con mayor participación y diálogo entre los distintos representantes del transporte convencional.

¿Qué piden los taxistas a las autoridades?

Frente a esta situación, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha prevé realizar acercamientos con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Además, esperan dialogar con la ministra de Gobierno para solicitar que se garantice la aplicación de la ley.

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El gremio espera un pronunciamiento oficial que permita aclarar el alcance de la normativa y determinar cómo deben operar las plataformas digitales en relación con el transporte comercial autorizado.

Brunis también recordó que la ANT ha emitido dos exhortos a los municipios para que armonicen sus ordenanzas con lo dispuesto en el artículo 62, inciso A. Según indicó, esos pedidos también contemplan la realización de controles y operativos a las plataformas digitales.

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Entre los incidentes reportados está el choque de un vehículo contra el muro central de un intercambiador de la avenida Simón Bolívar, que terminó con el automotor volcado. Según el ECU 911, no se reportaron personas heridas en este hecho. 

La emergencia ocurrió la mañana de este lunes, a la altura del intercambiador de la autopista General Rumiñahui. Desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la movilización de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito para atender el incidente.

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Tras el impacto y posterior volcamiento, la circulación vehicular en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, quedó parcialmente habilitada. Las autoridades recomendaron conducir con precaución debido a las lluvias. 

Otros siniestros complicaron la movilidad en Quito

Durante la mañana de este 19 de octubre también se reportaron otros dos siniestros viales en la capital.

Uno de ellos ocurrió en Quitumbe, en las avenidas Quitumbe y Amaru Ñan. Debido a la emergencia, se dispuso el cierre del carril izquierdo en sentido norte-sur. 

Otro incidente se registró en la Loma de Puengasí, sobre la avenida Simón Bolívar, donde se reportó el cierre del carril izquierdo en ambos sentidos de circulación. A esta hora, la circulación en normal. 

Choque entre cuatro vehículos dejó tres heridos en San Carlos

A estos hechos se suma un siniestro de tránsito ocurrido la noche del domingo 18 de octubre, en San Carlos, en la avenida Mariscal Sucre y Vaca de Castro.

De acuerdo con el reporte del ECU 911, la alerta ingresó a las 21:58. La persona que se comunicó con la central informó sobre un siniestro en el que estarían involucrados cuatro vehículos y que posiblemente había personas heridas.

Desde la Sala Operativa se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito, personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Policía Nacional.

En el lugar, los equipos de respuesta confirmaron la presencia de tres personas heridas, quienes fueron valoradas por los organismos de emergencia. Agentes metropolitanos de tránsito cerraron los carriles derecho y central de la Mariscal Sucre, en sentido norte-sur.

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La decisión se tomó con 131 votos a favor, en medio de cuestionamientos y posiciones divididas entre los moradores de Churoloma y Collaquí.

El proyecto, que contempla una inversión superior a los $ 70 millones, se ubicará entre ambos sectores de la parroquia de Tumbaco. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de protestas. 

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Los habitantes que se oponen a la construcción acudieron al encuentro con carteles, pitos y megáfonos para expresar su rechazo y solicitar que la planta sea reubicada.

Moradores advierten posibles afectaciones

Entre las principales preocupaciones de quienes cuestionan el proyecto están los posibles malos olores, el ruido, la generación de biogás, el tránsito de vehículos pesados y las eventuales afectaciones ambientales.

Sostienen que más de 620 hogares resultarían afectados por la construcción y operación de la infraestructura. Por ello, piden que se considere otra ubicación antes de avanzar con el proyecto.

Pero otros vecinos consideran que la infraestructura es necesaria para mejorar el tratamiento de las aguas residuales y contribuir a la descontaminación de los ríos de Quito.

Marco Veintimilla es uno de los moradores que respalda la construcción de la PTAR Tumbaco-Cumbayá, en una comunidad donde las posiciones frente a la obra continúan divididas.

Una inversión de más de $ 70 millones

De acuerdo con Epmaps, la PTAR Tumbaco-Cumbayá permitirá tratar las aguas residuales de la parroquia y cubrir alrededor del 7,39 % del sistema de la ciudad.

Según la planificación de la empresa municipal, se prevé que la construcción comience a mediados de 2027.

La iniciativa forma parte de la Estrategia para la Descontaminación de Ríos de Quito, aprobada en julio de 2024 como una política de largo plazo para reducir la contaminación hídrica en el Distrito Metropolitano.

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El plan contempla una inversión estimada de $ 900 millones para construir 20 plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto en las zonas urbanas como rurales. También incluye la instalación de más de 500 kilómetros de interceptores, que permitirán captar las descargas directas de aguas residuales y conducirlas hacia las plantas para su tratamiento.

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Según informó el ECU 911, el vehículo pesado chocó contra un poste en la avenida Simón Bolívar y la calle María Barreto. De acuerdo con el reporte, el siniestro se produjo por una pérdida del carril de circulación.

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Tras la alerta, desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Eléctrica Quito, cuyos equipos acudieron al sitio para atender el incidente.

En un video difundido por el ECU 911 se observa que el tráiler transportaba jabas de cerveza, que quedaron sobre la vía tras el impacto.

Cierre vial en la avenida Simón Bolívar

Debido al siniestro, la AMT dispuso el cierre del carril derecho de la avenida Simón Bolívar. Sin embargo, según la información, la restricción se amplió a dos carriles, lo que afecta la circulación vehicular en este tramo.

Las autoridades no reportaron personas heridas ni fallecidas como consecuencia de la emergencia.

Otro siniestro de tránsito en la Ruta Viva

En la mañana se registró otro siniestro de tránsito en el redondel de Puembo, sobre la Ruta Viva. En este punto se cerró el carril derecho en sentido Quito-aeropuerto.

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Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y circular con precaución.

Se recomienda tomar en cuenta los cierres viales y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

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El alcalde, Pabel Muñoz, se refirió a las dificultades para organizar los eventos y vinculó el escenario a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que, según sostuvo, afectan la gestión.

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En una entrevista con radio Pichincha, Muñoz anticipó que analiza convocar al sector privado para organizar las festividades, en caso de que el Municipio no pueda llevarlas adelante en las condiciones previstas.

“Estoy por confirmar algo, porque me tocará llamar al sector privado para decirle: si no nos van a dejar hacer las Fiestas de Quito, todos debemos organizarnos para hacerlas. ¿Tendría sentido eso? No”, dijo el alcalde.

Cuestionamientos a las reformas al Cootad

Muñoz cuestionó los beneficios de las reformas al Cootad y sostuvo que las dificultades administrativas y presupuestarias tienen consecuencias sobre la ejecución de actividades municipales. 

Como ejemplo, mencionó el Verano de las Artes, la Cultura y el Deporte, y señaló que varios artistas se quedaron sin la posibilidad de generar ingresos con los que contaban a través de esos eventos.

El alcalde también afirmó que, desde el inicio de su administración, ha percibido una hostilidad que calificó como inusual por parte del Gobierno central. 

En ese contexto, defendió la inversión y aseguró que su gestión terminará con más de 3.000 obras ejecutadas. Además, sostuvo que el Municipio es uno de los principales aportantes al producto interno bruto (PIB) del país.

Muñoz denuncia dificultades para contratar y presión de auditorías

Durante la entrevista, el alcalde atribuyó parte de los problemas de gestión a los retrasos en la transferencia de recursos del Gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), así como a las dificultades para iniciar procesos de contratación.

“Ahora ya es menos, se han igualado, pero no le dejan contratar y si contratan le lanzan Contraloría”, señaló. Según Muñoz, su gestión enfrenta el triple de procesos de auditoría que las administraciones anteriores.

El alcalde también relacionó este escenario con el proceso de revocatoria de su mandato y afirmó que existe una intención de excluirlo de la papeleta electoral. 

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Agregó que el ambiente de incertidumbre afecta a los funcionarios municipales, especialmente a quienes deben asumir responsabilidades en procesos de contratación pública. Como ejemplo, relató que algunos servidores muestran resistencia a convertirse en administradores de contratos por temor a posibles consecuencias posteriores.

A su juicio, estas circunstancias provocan renuncias y retrasos en la gestión pública. “No puede ser que por persecución política le hayan generado esta parálisis al Estado”, afirmó.

¿Qué se sabe de la programación de las Fiestas de Quito?

Hasta inicios de octubre, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no registraba procesos vigentes directamente relacionados con las Fiestas de Quito. 

En tanto, la Comisión de Turismo y Fiestas del Concejo inició hace un mes y medio un proceso de fiscalización. Sus integrantes participan, a través de delegados, en mesas técnicas en las que revisan presupuestos, cronogramas y procedimientos de contratación.

La concejala Joselyn Mayorga, presidenta de esa comisión, explicó que el objetivo es detectar con anticipación posibles obstáculos y evitar que la organización de las celebraciones se concentre en las últimas semanas.

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Según la edil, existe cerca de $1 millón destinado a garantizar parte de la programación tradicional. Entre los eventos contemplados constan el Festival Chispa Quiteña, la Serenata Quiteña, el Festival de Pasacalles, el homenaje a Benítez y Valencia, los pregones y los desfiles de la Confraternidad.

El monto es menor que en 2025. Mayorga señaló que en ese año se destinaron alrededor de $3 millones para las fiestas.

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Así lo reportan los datos de monitoreo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), que sitúan las reservas de Mica, Salve Faccha, Sucus y Mogotes cerca de su capacidad máxima.

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De acuerdo con Epmaps, el embalse La Mica, en el sur, que forma parte del sistema Mica Quito Sur, registra el 99,99% de su volumen útil. Mientras tanto, en el sistema Papallacta Integrado, Salve Faccha alcanza el 99,98%, Sucus el 99,99% y Mogotes el 99,98%.

En conjunto, estas cuatro reservas tienen una capacidad útil aproximada de 38,6 millones de metros cúbicos de agua. Sus niveles actuales reflejan una disponibilidad elevada de agua almacenada para los sistemas que abastecen a distintos sectores de la ciudad.

¿Qué sectores se abastecen de estos embalses?

Los embalses Salve Faccha, Sucus y Mogotes integran el sistema Papallacta y están ubicados a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar, dentro de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. El agua de estas reservas alimenta las plantas de tratamiento Bellavista y Paluguillo, que abastecen al norte de Quito y a las parroquias orientales.

Salve Faccha, inaugurado el 22 de marzo de 2002, cuenta con una capacidad útil de almacenamiento de 14,6 millones de metros cúbicos y una conducción de 35,5 kilómetros. Los embalses Mogotes y Sucus complementan las reservas de este sistema.

En el sur, el sistema Mica recoge agua de los ríos Antisana, Jatunhuayco y Diguchi, ubicados en las faldas del volcán Antisana. Sus reservas, con una capacidad útil de 24 millones de metros cúbicos, abastecen a la planta de tratamiento El Troje, desde donde se distribuye el agua hacia distintos sectores del sur de la capital.

Los caudales de las fuentes de agua

Además del almacenamiento en los embalses, el abastecimiento depende de los caudales que aportan las fuentes superficiales. De acuerdo con los registros de la Epmaps, el sistema Pita reporta un caudal de 2.052 litros por segundo; Conducciones Occidentales-Noroccidente, 93 litros por segundo; Rumipamba, 41 litros por segundo; y Centro Occidente, 500 litros por segundo.

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La empresa señala que estos caudales permiten mantener una continuidad estable del servicio. Sin embargo, los niveles de los embalses son solo uno de los factores que intervienen en el abastecimiento, junto con la disponibilidad de agua en las fuentes, la operación de los sistemas y la capacidad de tratamiento y distribución.

Monitoreo del agua y conservación de los páramos

La Epmaps realiza controles de cantidad y calidad del agua desde las fuentes de captación. El seguimiento incluye parámetros microbiológicos, químicos e hidrológicos para verificar las condiciones del recurso antes de su tratamiento y posterior distribución.

La conservación de los páramos y de los ecosistemas que alimentan ríos y fuentes de captación también es un factor relevante para sostener el abastecimiento de la capital.

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Durante el encuentro, cada una de las aspirantes tuvo la oportunidad de compartir sus ideas y explicar las razones que las impulsan a formar parte del concurso, una etapa previa para avanzar hacia la selección de las 10 candidatas oficiales.

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La evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por profesionales de diferentes ámbitos. El panel estuvo integrado por Lady Goyes, editora de moda, especialista en fashion styling y speaker; María Caridad del Castillo, presidenta de la Fundación Reina de Quito y exreina; Nacho Merino, director general del Liceo José Ortega y Gasset; y Marcelo Fonseca, psicólogo y periodista.

Los integrantes del jurado tuvieron la tarea de escuchar las propuestas de las semifinalistas, conocer sus motivaciones y evaluar su compromiso con la ciudad, en una jornada centrada en las ideas y los proyectos que cada aspirante busca impulsar.

Próxima etapa: selección del Top 10

El cronograma del certamen establece que el 21 de octubre de 2026 se definirá el top 10 de candidatas oficiales a Reina de San Francisco de Quito 2026-2027.

Posteriormente, la gala de elección se realizará el 25 de noviembre, en el Teatro Bolívar, donde se conocerá a la nueva soberana de la capital.

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Con la defensa de sus proyectos, las 20 semifinalistas avanzan en el proceso de selección, en el que sus propuestas y motivaciones forman parte de la evaluación para representar a Quito durante el próximo período.

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Su balance señala avances técnicos y de planificación, pero advierte que la recuperación todavía está lejos de reflejarse en las condiciones del río.

El pronunciamiento fue presentado este 17 de octubre de 2026 por las organizaciones que integran Guardianas del Río Machángara, que hicieron un balance de las acciones emprendidas tras la sentencia y de los compromisos que todavía debe cumplir el Municipio de Quito.

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María Elena Rodríguez, del Cabildo Cívico de Quito, recordó que en mayo de 2024 presentaron una acción de protección en representación del río, con base en los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. 

En agosto de ese año, la justicia emitió una sentencia que reconoció al Machángara como sujeto de derechos, determinó la responsabilidad del Municipio por su contaminación y dispuso 27 medidas de reparación integral.

Lo que durante años fue una demanda de colectivos y ciudadanos se convirtió así en una obligación judicial para el Municipio.

Sin embargo, Rodríguez considera que los cambios concretos son escasos. “A dos años de la sentencia, ¿cuánto se ha traducido en cambios reales para el Machángara? Muy poco”, sostuvo.

Estudios y planes, entre los principales avances

Blanca Ríos, de Mujeres por el Agua, reconoce que el proceso ha avanzado, aunque lentamente. Explicó que cerca de un año se perdió debido a la apelación que presentó el Municipio contra la sentencia, lo que incidió en el desarrollo de las medidas de reparación.

Entre los avances, las organizaciones identifican la elaboración de un estudio sobre las fuentes contaminantes del río y la identificación de sitios prioritarios para intervenir, documentos que fueron entregados por el Cabildo.

Colectivos ciudadanos y organizaciones sociales participaron en la presentación del estudio y formularon observaciones que esperan sean consideradas en las siguientes etapas.

Otro de los compromisos es el plan especial complementario para el Machángara. Según Ríos, el Municipio ya desarrolló el diagnóstico y trabaja actualmente en la fase de propuestas. A las organizaciones les han indicado que el documento estará listo próximamente.

No obstante, estos instrumentos corresponden a etapas de diagnóstico y planificación. Para los colectivos, el reto está en traducirlos en intervenciones concretas, con responsables, plazos y recursos definidos.

Academia y organizaciones también impulsan propuestas

Mientras se desarrollan los instrumentos municipales, organizaciones sociales y representantes de la academia han promovido iniciativas para aportar a la restauración de la cuenca.

Una de ellas es un proyecto de planificación espacial para identificar y priorizar áreas que requieren acciones de conservación y recuperación. El trabajo se desarrolla mediante un proceso participativo que involucra a representantes del Municipio, la academia y la sociedad civil.

También se impulsan actividades de educación y sensibilización ambiental, así como herramientas audiovisuales para que la ciudadanía conozca el contenido de la sentencia y las obligaciones derivadas de ella.

Estas iniciativas evidencian que existen investigaciones, capacidades técnicas y espacios de colaboración que podrían contribuir a la recuperación del río, señaló Ríos. Las organizaciones, sin embargo, insisten en que estos aportes deben incorporarse de manera efectiva en las decisiones y acciones institucionales.

El problema de fondo: las aguas residuales

Para Maribel Pasquel, de Rescate del Río San Pedro, no habrá una recuperación real del Machángara mientras no se enfrente de manera decidida la contaminación de sus aguas.

La representante cuestiona el bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales de Quito. Recordó que la ciudad trata apenas el 3 % de estas aguas, mientras que el 97 % se descarga directamente en los ríos.

En este contexto, el Municipio presentó los resultados de una consultoría para diseñar un plan piloto de tratamiento de aguas residuales mediante soluciones basadas en la naturaleza, una de las medidas contempladas en la sentencia.

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Sin embargo, sostiene que el saneamiento requiere una estrategia de mayor alcance. Entre las acciones pendientes destacan la planificación e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), infraestructuras que consideran indispensables para reducir la contaminación de los ríos de Quito.

Aunque reconocen que estas obras requieren planificación a largo plazo, advierten que las decisiones deben tomarse desde ahora. Para ello, consideran necesario definir una hoja de ruta pública que detalle las intervenciones previstas, los plazos, las fuentes de financiamiento y las responsabilidades institucionales.

Las plantas de tratamiento, agregan, deben formar parte de una estrategia integral de recuperación de las cuencas hidrográficas de la capital.

Un río que sigue recibiendo descargas y basura

A dos años de la sentencia, las organizaciones advierten que el Machángara continúa soportando la presencia de basura, escombros, espuma y descargas domésticas e industriales.

Agregan que las acciones desarrolladas hasta el momento no tienen la articulación suficiente para responder a la magnitud del problema. La existencia de estudios y planes, mencionan, no sustituye la necesidad de ejecutar medidas que reduzcan la contaminación y permitan recuperar las condiciones ambientales del afluente.

¿Qué le exigen las organizaciones al Municipio?

Las Guardianas del Río Machángara piden acelerar el cumplimiento de las 27 medidas de reparación integral y fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias municipales involucradas.

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También reclaman que los aportes de las organizaciones sociales y la academia se incorporen en las decisiones, que exista un seguimiento permanente de los compromisos y que la ciudadanía pueda conocer los avances de manera transparente.

Para los colectivos, la recuperación del río no puede quedarse en diagnósticos y documentos de planificación: debe reflejarse en intervenciones concretas y en una mejora verificable de sus condiciones ambientales.

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Una de las emergencias se reportó en la avenida Simón Bolívar, cerca del camposanto Monte Olivo, donde un automóvil chocó contra una motocicleta. Según información del ECU 911, tras recibir la alerta se coordinó la movilización de los organismos de primera respuesta.

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Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que una persona se encontraba sin signos vitales. En una imagen compoartida por la entidad, se observa a la moto destrozada y el cuerpo de la víctima sobre la via.

Tres personas recibieron atención en la Ruta Viva

Otro siniestro de tránsito se registró en la mañana en la Ruta Viva, en el sector de La Cerámica. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió a tres personas afectadas y les brindó atención prehospitalaria.

Debido a la emergencia, la vía quedó parcialmente inhabilitada en sentido valles-Quito, lo que afectó la circulación vehicular en este tramo.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la precaución al circular, respetar los límites de velocidad y cumplir las normas de tránsito para reducir el riesgo de nuevos siniestros.

Motociclistas, entre los usuarios más vulnerables

Las cifras del Anuario de Seguridad Vial del Distrito Metropolitano de Quito evidencian la vulnerabilidad de quienes se movilizan en motocicleta. Según el documento, los motociclistas representan el 44 % de las personas fallecidas en siniestros de tránsito, mientras que los peatones concentran el 27 %.

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En menor proporción aparecen los ocupantes de vehículos, con el 12 %; los ocupantes de camiones, con el 3 %; y los ciclistas, con el 2 %.

Estos datos muestran los riesgos que enfrentan los usuarios más vulnerables de las vías y la importancia de reforzar las medidas de prevención, los controles y la educación vial.

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El procesado, identificado como Alfredo Gabriel, fue detenido la tarde del 14 de octubre de 2026 durante un allanamiento en la florícola donde trabajaba, en Checa, en la parroquia de Tumbaco.

Según informó la Fiscalía, durante la audiencia de formulación de cargos, la investigación comenzó el 26 de abril de 2026, a partir de un informe policial relacionado con ocho reportes CyberTip. 

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Estas alertas fueron emitidas mediante CyberTipline, el sistema del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que recibe denuncias sobre posible explotación sexual infantil en línea.

Los reportes advertían sobre la circulación de 50 imágenes y nueve videos catalogados como material de abuso sexual infantil (MASI). El contenido estaría relacionado con cuatro direcciones de correo electrónico y cuatro números telefónicos.

Un teléfono celular, entre los indicios

Durante las diligencias, la Fiscalía identificó al procesado como titular de las cuentas vinculadas con las alertas. De acuerdo con el Ministerio Público, el material digital presuntamente habría sido obtenido a través de comunidades de mensajería instantánea.

El allanamiento fue dirigido por el fiscal a cargo de la investigación, en coordinación con la Policía y con la colaboración de la organización Our Rescue.

Entre los indicios recabados consta un teléfono celular cuyo código IMEI estaría relacionado con uno de los números telefónicos y una de las direcciones de correo electrónico mencionadas en los reportes.

Con estos elementos, la Fiscalía formuló cargos contra el hombre y solicitó medidas cautelares. Al término de la audiencia, realizada el 15 de octubre, el juez dispuso la prisión preventiva y fijó en 90 días el plazo para la instrucción fiscal, etapa en la que se recabarán nuevos elementos de convicción.

¿Qué establece la ley?

El delito investigado está contemplado en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma sanciona con penas de entre 10 y 13 años de prisión a quienes, entre otras conductas, posean, transmitan, descarguen, almacenen o comercialicen pornografía en cuya elaboración se utilice a niñas, niños o adolescentes, incluso cuando se destine al uso personal o al intercambio.

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El proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal. Por tanto, la responsabilidad penal del investigado deberá determinarse dentro del proceso judicial, con respeto a la presunción de inocencia.

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La agenda comenzará en la Placita del Viajero con la obra El viaje perdido de Pishku, de la agrupación Gato Relato. La presentación, prevista de 11:00 a 12:00, combina teatro físico y danzateatro a partir de testimonios reales de madres cuyos hijos han perdido la libertad.

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Después será el turno de la música, con actuaciones que se extenderán hasta las 16:30. El público podrá pasar por distintos ritmos y propuestas, desde agrupaciones tradicionales hasta una orquesta que cerrará la jornada.

Una tarde de música en la plaza Foch

La programación musical arrancará a las 12:00 con el Grupo Yavirac. A continuación, se presentarán DJ Muy Tranquilo y una banda de pueblo, antes de dar paso a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, junto a Viviana González y Débora Riquelme.

La tarde continuará con otra presentación de Banda de Pueblo y concluirá con la Orquesta La Familia, que estará en escena de 15:10 a 16:30.

Además de las presentaciones artísticas, la jornada contempla ferias de emprendimientos y espacios para compartir en familia, con actividades pensadas para niñas, niños y adultos.

Del sur de Quito a la plaza Foch

Antes de llegar a La Mariscal, el Sucre Viajero pasó por Quitumbe y Lumbisí, donde reunió a los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre con artistas y agrupaciones invitadas.

La iniciativa busca llevar espectáculos a distintos sectores de la ciudad y acercar propuestas culturales a públicos que no siempre acuden a las salas de teatro. 

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Esta vez, la plaza Foch se convertirá en un punto de encuentro para quienes quieran combinar un paseo por la zona con música en vivo y teatro.

La cita será desde las 11:00 de este domingo 18 de octubre. Se trata de un espacio para disfrutar de la cultura en medio del movimiento habitual de uno de los sectores más concurridos de Quito.

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A través de un comunicado, representantes del gremio manifestaron su oposición a cualquier convenio que, a su criterio, perjudique la institucionalidad del transporte formal y la actividad de quienes prestan el servicio bajo las autorizaciones correspondientes.

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“Expresamos nuestro total y categórico rechazo a cualquier convenio o acuerdo que afecte la institucionalidad del sistema de transporte en la modalidad de taxis convencional y ejecutivo”, señala el pronunciamiento.

El sector también advirtió que declarará “persona no grata del taxismo” a quien establezca acuerdos con empresas que trabajen con vehículos particulares.

Cuestionamientos a las plataformas digitales

En el comunicado, el taxismo legal aseguró que alrededor de 30.000 conductores forman parte de esta actividad en el Distrito Metropolitano de Quito y que su trabajo constituye el sustento de miles de familias. Además, destacó que operan mediante compañías legalmente constituidas y cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Los representantes del sector sostienen que trabajar con plataformas digitales que, según afirman, han precarizado y afectado gravemente al taxismo formal pone en riesgo los esfuerzos de quienes cuentan con título habilitante, pagan impuestos y generan empleo formal.

En ese contexto, el gremio insistió en que las autoridades deben fortalecer los controles para impedir que vehículos particulares presten servicios de transporte de manera ilegal mediante aplicaciones digitales. Entre sus exigencias constan:

Exigen reglamento para frenar la informalidad

Otro de los pedidos del sector está dirigido al Gobierno Nacional. Los taxistas exigen la expedición inmediata del Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al considerar que este instrumento es indispensable para regular el sector y frenar la informalidad.

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El gremio anunció que mantendrá sus exigencias ante las autoridades competentes y que tiene previsto emitir un nuevo pronunciamiento este lunes 19 de octubre.

¿Qué propone Uber Taxi?

En el lanzamiento de la plataforma, Uber informó que Uber Taxi permitirá a los usuarios solicitar taxis amarillos directamente desde la misma app que utilizan para acceder a otros servicios de la empresa.

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Se explicó que, antes de iniciar el viaje, los pasajeros podrán consultar información sobre el conductor y el vehículo asignado. Según la compañía, la iniciativa busca integrar a los taxis convencionales a su sistema tecnológico y ampliar las alternativas de transporte disponibles en la capital.

Lo que debes saber

• La Empresa Eléctrica Quito realizará mantenimientos eléctricos este 17 de octubre de 2026, entre las 03:00 y las 06:00.
  
• Los trabajos se concentrarán en sectores de Sangolquí y Tumbaco, con intervenciones periódicas y emergentes.
• Los mantenimientos forman parte del plan dispuesto por el Gobierno de Daniel Noboa en 15 provincias para prevenir fallas en el suministro eléctrico.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) realizará trabajos de mantenimiento este sábado 17 de octubre de 2026, entre las 03:00 y las 06:00, en varios sectores de Pichincha. Las intervenciones forman parte de los mantenimientos de contingencia dispuestos por el Gobierno de Daniel Noboa en 15 provincias del país.

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Según el cronograma oficial, los trabajos se concentrarán en dos zonas, Sangolquí y Tumbaco, donde se ejecutarán mantenimientos periódicos y emergentes en la infraestructura eléctrica.

¿Qué sectores de Quito tendrán mantenimientos eléctricos?

En el área de cobertura de la Empresa Eléctrica Quito están previstas las siguientes intervenciones:

Ambas intervenciones están programadas de 03:00 a 06:00. El cronograma identifica las zonas de mantenimiento, pero no precisa si todos los sectores tendrán cortes de energía durante las tres horas.

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¿Por qué se realizan estos trabajos?

El presidente Daniel Noboa anunció estos mantenimientos como parte de las acciones para fortalecer las redes de transmisión y distribución eléctrica ante los efectos previstos del fenómeno de El Niño.

Según el mandatario, las "eventualidades" en estas redes aumentaron de entre 20 y 25 diarias a entre 60 y 70, lo que motivó la ejecución de trabajos de contingencia.

Los mantenimientos buscan prevenir fallas y mejorar la confiabilidad del suministro, aunque no incrementan la capacidad de generación eléctrica del país, que continúa enfrentando dificultades para cubrir la demanda nacional.

Para conocer en qué otras zonas se realizarán estas intervenciones acceda a este sitio web.

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Entre las zonas mencionadas por los ciudadanos están Solanda, Monjas, Puengasí, La Mena y Santa Isabel, en Amaguaña. Los reportes se difundieron en medio de las consultas de los usuarios sobre las causas de las interrupciones y el tiempo estimado para la restitución del servicio.

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Cortes de luz en el sur y otros sectores de Quito

En el sector de La Mena, los usuarios señalaron que habían reportado la falla eléctrica, pero que hasta ese momento no habían recibido una respuesta sobre el problema.

En Monjas, la Empresa Eléctrica Quito informó, a través de sus canales de atención, que se había registrado un daño en el sitio. Sin embargo, no se precisaron detalles adicionales sobre la causa de la interrupción ni el tiempo estimado para restablecer el suministro.

Los reportes ciudadanos también incluyeron a Solanda, Puengasí y Santa Isabel, en Amaguaña, donde los usuarios alertaron sobre la falta de electricidad.

Usuarios cuestionan la falta de avisos sobre los cortes de luz

La falta de información oportuna sobre las interrupciones del servicio generó reclamos en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que no se comunicara con anticipación si habría cortes de luz en sus viviendas ni cuánto tiempo tomaría restablecer el suministro.

Entre los comentarios estuvo el de Sophia Ibarra, quien reportó una interrupción eléctrica en Monjas, en el sector de la loma de Puengasí.

“Se fue la luz en Monjas, sector loma de Puengasí, sin aviso ni nada, restablecer lo antes posible por favor”, escribió la usuaria.

Los reclamos se centraron en la necesidad de recibir información sobre las fallas, las acciones para solucionarlas y los horarios previstos para la restitución del servicio eléctrico.

Empresa Eléctrica niega cronograma de apagones en Quito

En medio de los reportes, la Empresa Eléctrica Quito negó que exista un cronograma de apagones para la capital, luego de que esa información comenzara a difundirse en redes sociales el jueves 15 de octubre de 2026.

“Las noticias falsas generan confusión, miedo y desconfianza en la comunidad. Antes de compartir información, verifica su fuente y evita difundir contenidos que puedan perjudicar a otras personas”, escribió la entidad en sus canales digitales.

Diario Expreso consultó a la Empresa Eléctrica Quito sobre los cortes registrados este 16 de octubre, los sectores afectados y las acciones previstas para solucionar las fallas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Lo que se sabe

• Tres extranjeros fueron detenidos en La Mariscal, Quito, el 15 de octubre, tras un allanamiento policial.
• La Policía encontró una granada, un arma de fuego, municiones y droga en una vivienda intervenida tras alertas de inteligencia.
• El GIR intervino para manejar la granada, mientras las autoridades investigan los posibles vínculos de los detenidos con organizaciones delictivas.

Tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos durante un operativo policial ejecutado el 15 de octubre de 2026 en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito. 

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En el inmueble intervenido, los agentes encontraron un arma de fuego, una granada, municiones y una cantidad considerable de sustancias sujetas a fiscalización.

El mayor Carlos Morocho, jefe del circuito La Mariscal, informó que el procedimiento se realizó tras una alerta de las unidades de inteligencia, que identificaron una vivienda presuntamente ocupada por personas vinculadas con organizaciones delictivas.

Según el oficial, la intervención permitió anticiparse a posibles actividades ilícitas. Sin embargo, precisó que las identidades de los aprehendidos y sus posibles antecedentes o requerimientos judiciales todavía estaban bajo verificación.

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El GIR intervino para manejar la granada

Durante el allanamiento, los policías identificaron una granada, por lo que solicitaron la intervención del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), unidad especializada en el manejo de explosivos.

Como medida preventiva, los uniformados aislaron el perímetro de las calles Joaquín Pinto y Reina Victoria para evitar que los transeúntes y moradores estuvieran expuestos a posibles riesgos.

El personal especializado activó los protocolos de seguridad correspondientes para revisar el artefacto y gestionar su traslado a un lugar seguro.

Además del explosivo, los agentes encontraron un arma de fuego, municiones y sustancias que presuntamente estarían sujetas a fiscalización. La cantidad exacta de droga debía determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Policía investiga posibles vínculos con organizaciones delictivas

El mayor Morocho señaló que la intervención se sustentó en información recopilada por los equipos de inteligencia y ejecutada por el eje preventivo de la Policía Nacional.

El oficial indicó que el hallazgo de armas, municiones y explosivos generó sospechas sobre las posibles actividades que desarrollarían los ocupantes del inmueble. No obstante, aclaró que las investigaciones debían establecer si los detenidos tenían vínculos con algún grupo de delincuencia organizada (GDO) y cuál habría sido su propósito.

Morocho también explicó que el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización puede formar parte de las actividades de estas organizaciones. La presencia de droga en la vivienda será investigada para determinar su naturaleza y posible destino.

Hasta el momento, no se habían confirmado públicamente los antecedentes de los tres ciudadanos extranjeros ni su presunta participación en otros delitos.

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Robos, entre los delitos frecuentes en La Mariscal

El jefe del circuito policial señaló que entre los delitos más comunes reportados en La Mariscal constan los robos de oportunidad, el robo de celulares, el robo de vehículos y la sustracción de accesorios de automotores.

Según el oficial, esta problemática ha mostrado una tendencia a la baja. Sin embargo, el operativo del 15 de octubre forma parte de las acciones policiales dirigidas a identificar posibles actividades delictivas y retirar armas y otros elementos peligrosos de circulación.

Tras su aprehensión, los tres ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial. Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales y los posibles delitos relacionados con los indicios encontrados durante el allanamiento.

El lugar aprovechó una de las quebradas del volcán Ilaló para preservar la cercanía con la naturaleza y proponer un parque, de unos 200 metros cuadrados, en la parte baja de la plaza. El espacio resulta perfecto para la desconexión, a pesar de estar a escasos metros de los locales comerciales.

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El parque cuenta con juegos infantiles, un par de mesas familiares, espacios para la contemplación y una suerte de mirador hacia el paso de agua de la quebrada. Se prevé que en las próximas semanas cuente con más atracciones enfocadas a los niños.

Cuenta con oferta económica

El acceso es gratuito y se complementa con la oferta gastronómica de la plaza, que incluye mariscos, comida chilena, mexicana, húngara y japonesa. Además hay una cafetería al estilo inglés y una tienda de juguetes educativos.

El lugar se presenta como una alternativa perfecta para el fin de semana, dentro de las variadas propuestas del sector en cuanto a restaurantes al aire libre con un espacio específico para los más pequeños.

La plaza también desarrolla eventos artísticos con presentaciones musicales recurrentes y ferias de emprendimientos eventuales.

Una zona que demanda preservar sus espacios verdes 

El Valle de Tumbaco sufrió un cambio radical con la construcción de la Ruta Viva a inicios de la década anterior. La accesibilidad que brindó esta vía favoreció el crecimiento habitacional y, con ello, nació la demanda de preservar los espacios verdes.

En ese sentido, los nuevos espacios comerciales buscan relacionar sus infraestructuras con el ambiente natural que ofrece el sector.

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Discapacidad demanda alza del pasaje

• Personas con discapacidad presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el alza del pasaje en Quito.
• La tarifa preferencial subiría de 10 a 20 centavos desde enero de 2027, un incremento del 100 %.
• El Frente Nacional de Personas con Discapacidad acudió a la Corte Constitucional el 16 de octubre para cuestionar las ordenanzas 124 y 127.

El pasaje preferencial para personas con discapacidad en Quito podría duplicarse en 2027. Frente a este escenario, organizaciones acudieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que modifican las tarifas del transporte público.

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La principal preocupación de los demandantes es el aumento del pasaje preferencial para las personas con discapacidad, que pasaría de $ 0,10 a $ 0,20 desde enero de 2027. De concretarse, el valor se duplicaría, lo que representa un incremento del 100 % para este grupo de usuarios.

“Para las personas con discapacidad nos elevan el pasaje de 10 a 20 centavos, es decir, el 100 %”, denunció César Díaz, integrante del Frente Nacional de Personas con Discapacidad, durante su visita a la Corte Constitucional.

La acción busca que examinen si las disposiciones aprobadas por el Concejo Metropolitano de Quito respetan los derechos constitucionales de las personas con discapacidad y las garantías establecidas para los grupos de atención prioritaria.

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¿Por qué se cuestiona el alza del pasaje preferencial?

Díaz sostuvo que la Ordenanza 124, en su artículo 3012, establece, según su interpretación, que la tarifa preferencial para las personas con discapacidad no puede superar los $ 0,10, tanto en el transporte municipal como en el transporte urbano intracantonal convencional.

Por ello, cuestionó que la Ordenanza 127-2026 contemple un incremento que elevaría el valor a $ 0,20. El dirigente invocó el artículo 35 de la Constitución, que reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria.

“Somos un grupo de atención prioritaria y, por lo tanto, merecemos un trato preferencial”, manifestó.

Los demandantes también cuestionan el procedimiento seguido para aprobar la normativa. Según Díaz, no habría existido suficiente participación de las organizaciones de personas con discapacidad ni estudios adecuados que justifiquen los cambios en las tarifas.

Ante ello, solicitó que la Corte Constitucional requiera información sobre las reuniones en las que se discutió y aprobó la ordenanza, las organizaciones convocadas y los estudios técnicos que sirvieron de respaldo para modificar los valores.

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Personas con discapacidad advierten impacto económico

El Frente Nacional de Personas con Discapacidad sostiene que el aumento tendría consecuencias especialmente graves para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

Díaz explicó que algunos integrantes de la organización dependen del reciclaje y reciben apenas entre $ 0,25 y $ 0,30 por la venta de botellas y cartones. Con esos ingresos deben cubrir sus necesidades básicas y los desplazamientos hacia hospitales, centros de rehabilitación y otros servicios de salud.

“Imagínense lo que son 10 centavos para una persona que vive con un dólar diario”, expresó el dirigente, al cuestionar el impacto que tendría el incremento de la tarifa preferencial.

Para el Frente, el problema no se limita al costo del transporte, sino también a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad de bajos recursos para acceder a servicios esenciales. Por ello, considera que las decisiones sobre tarifas deben tomar en cuenta su situación económica y las garantías de protección especial reconocidas por la Constitución.

“ No es cuestión de lanzar una ordenanza porque sí”, insistió Díaz, al pedir que se revisen los criterios utilizados para establecer el nuevo valor del pasaje.

Otra acción cuestiona la Ordenanza 127-2026

El reclamo se suma a otras iniciativas que buscan frenar o revisar los cambios tarifarios previstos para 2027. El 21 de septiembre de 2026, el concejal Andrés Campaña, del movimiento Imparables, junto con personas con discapacidad y representantes del Cabildo Cívico de Quito, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 127-2026.

Ese recurso también cuestiona el incremento de las tarifas y los cambios relacionados con el pasaje preferencial. Uno de los argumentos expuestos por Campaña se refiere a la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba específicamente la tarifa preferencial para las personas con discapacidad.