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De acuerdo con la más reciente actualización del CBQ, emitida este 12 de agosto de 2026, ambos incendios se encuentran en fase de propagación. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para evitar que el fuego avance hacia nuevas zonas.

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Las condiciones del terreno complican las tareas de combate. Las fuertes ráfagas de viento, la topografía y la vegetación dificultan el acceso y favorecen la propagación de las llamas.

Más de 100 efectivos combaten el incendio en Rayocucho

En Rayocucho, Calacalí, el despliegue es mayor debido a la magnitud de la emergencia. El CBQ mantiene en el sitio 26 unidades de combate y abastecimiento, además de más de 100 efectivos y personal de otras instituciones municipales.

En Tanlahua, San Antonio de Pichincha, permanecen desplegados 25 efectivos y seis vehículos contraincendios.

Los equipos continuarán activados de manera ininterrumpida hasta lograr controlar las emergencias.

Como parte de la estrategia de monitoreo, el equipo de aeronaves no tripuladas realiza un seguimiento termográfico para localizar puntos calientes, medir temperaturas y determinar las acciones necesarias para contener el fuego.

36 horas de combate contra las llamas

Los bomberos acumulan 36 horas ininterrumpidas de combate y contención en las líneas de fuego activas de ambos sectores. La institución señaló que, pese a las dificultades que presenta el terreno, sus equipos permanecerán desplegados hasta controlar las emergencias.

Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan desencadenar nuevos incendios forestales.

“Los incendios forestales solo provocan dolor y apagan la vida de cientos de seres inocentes que tenían en la montaña su hogar”, señaló Cárdenas.

El comandante también alertó sobre el impacto que las llamas ya han causado en la flora y fauna de Rayocucho. La institución difundió imágenes de los daños provocados por el fuego en un solo día y pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre los riesgos de las quemas.

“Necesitamos que las personas tomen conciencia y dejen de realizar quemas indiscriminadamente”, enfatizó Cárdenas.

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EXPRESO confirmó que Tonello renunciará a la Viceprefectura para cumplir con lo establecido en el Código de la Democracia y poder postular a otra dignidad en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. La renuncia es un requisito para que pueda inscribir oficialmente su candidatura.

Tonello habló sobre su trayectoria junto a Pabón, en su espacio de entrevistas. “He hecho maestría y PhD en gestión pública. He tenido la bendición de formarme en la cosa pública con una maestra y lideresa que me ha permitido aprender”, dijo en referencia a Pabón.

La prefecta, por su parte, recordó las dudas que tuvo inicialmente sobre la conformación de la fórmula para las elecciones de 2019. “Me dijeron que es un empresario que conoce mucho de temas de riego, que estudió en el Zamorano y el tema de que venía del sector empresarial me hacían ruido. Pero estos años han sido de aprendizaje. Eres un compañero muy leal”, señaló.

El trabajo de Tonello como Viceprefecto

Pabón también recordó que, en 2018, pocos imaginaban una fórmula integrada por una empresaria y una política. Pabón destacó el trabajo en economía popular y solidaria, una lucha del padre del viceprefecto, Giuseppe Tonello Foscarini, conocido como Bepi. Es el impulsor del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. Además, en riego.

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¿En manos de quién quedará la Viceprefectura?

Tras la salida de Tonello, se conoce que habrá una terna para designar al nuevo viceprefecto. Aunque circula el nombre de André Iza, quien aún no cumple 30 años, como posible sucesor en la Viceprefectura. 

Iza es actualmente presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha (Conagopare). El economista además presidió la Junta Parroquial de La Merced.

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Juan Zapata ya ha estado en la política como exministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso y exsecretario de Seguridad del Municipio de Quito. 

La dupla plantea recorrer barrios, parroquias y cantones de la provincia con el propósito de recoger de primera mano las preocupaciones de las familias, comerciantes, trabajadores y emprendedores. 

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La inseguridad aparece como uno de los principales problemas que, según la organización, deben ser abordados desde los gobiernos locales.

¿Quién es Juan Zapata?

Zapata llega a esta nueva etapa política con una trayectoria vinculada precisamente al ámbito de la seguridad. Antes de asumir el Ministerio del Interior en septiembre de 2022, fue secretario de Seguridad del Municipio de Quito y posteriormente estuvo al frente del ECU 911. Guillermo Lasso lo designó ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo.

Su paso por el Gobierno de Lasso, sin embargo, también está marcado por un antecedente político relevante: en mayo de 2024, la Asamblea Nacional censuró a Zapata por unanimidad, tras un juicio político relacionado con la gestión de la seguridad interna durante su administración. 

La resolución incluyó una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Zapata defendió entonces su gestión y destacó resultados como decomisos de droga y armas, desarticulación de estructuras criminales y la incorporación de nuevos policías.

Ahora, el exministro vuelve a la política con la mirada puesta en Pichincha. Su candidatura estará acompañada por la de Merino, quien plantea que la recuperación de la seguridad debe partir de escuchar a los ciudadanos que enfrentan diariamente problemas como robos, extorsiones y violencia.

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Para Zapata, conocido como el “Capi Zapata”, la respuesta frente a la inseguridad debe superar las acciones aisladas de una sola institución. Su planteamiento apunta a una coordinación entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones públicas, barrios y ciudadanía.

La organización sostiene que la violencia y la extorsión no pueden convertirse en parte de la normalidad y que la construcción de soluciones debe partir de las necesidades particulares de cada territorio. Para ello, Merino y Zapata prevén iniciar recorridos por Quito y los distintos sectores de Pichincha.

Lo que debes saber

• Bomberos combaten desde hace 36 horas incendios en Calacalí y Tanlahua por focos aún activos
• Una quema de carbón habría originado el incendio en Calacalí, según Bomberos de Quito.
• El viento impide apoyo aéreo en Quito y dificulta controlar las llamas este 12 de agosto.

Los incendios forestales registrados en las parroquias de Calacalí y San Antonio de Pichincha continúan movilizando a decenas de equipos de emergencia este 12 de agosto, mientras los organismos de respuesta buscan contener los focos que permanecen activos en el noroccidente de la capital.

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El principal frente del incendio se concentra en el sector de Rayocucho, donde bomberos trabajan para sofocar las llamas y evitar una mayor expansión del fuego. 

Paralelamente, otro incendio forestal sigue siendo combatido en Tanlahua, zona en la que las tareas de control se mantienen desde el martes.

Más de 36 horas de combate contra las llamas

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, ambos incendios permanecen bajo monitoreo permanente desde un Puesto de Mando instalado en el área afectada. Las labores se han extendido por más de 36 horas de forma ininterrumpida.

Para enfrentar la emergencia se desplegaron 150 bomberos, 23 vehículos contraincendios y aproximadamente 50 personas de apoyo pertenecientes a distintas dependencias municipales.

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Vientos y vegetación dificultan el control del fuego

Las condiciones climáticas han complicado el trabajo de los equipos de emergencia. De acuerdo con los Bomberos de Quito, las fuertes ráfagas de viento, la topografía irregular y la abundante vegetación han dificultado el avance de las labores de contención.

Además, el viento ha limitado la posibilidad de utilizar apoyo aéreo para combatir los focos activos, una herramienta que suele emplearse en incendios forestales de gran magnitud.

Los equipos también han concentrado esfuerzos en impedir que las llamas avancen hacia el volcán Casitagua, una situación que habría incrementado la afectación sobre la cobertura vegetal de la zona.

Una quema de carbón es la principal hipótesis sobre el origen

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, coronel Esteban Cárdenas, señaló que una de las principales hipótesis apunta a una quema de carbón realizada en el sector como posible causa del incendio.

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Según explicó, en el área existen personas que desarrollan esta actividad y las altas temperaturas, sumadas a los fuertes vientos, habrían provocado que el fuego se propagara fuera de control hasta convertirse en un incendio forestal.

No obstante, las causas definitivas y eventuales responsabilidades serán determinadas por la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar lo ocurrido.

Además de una eventual investigación penal, la normativa municipal vigente contempla multas de hasta $36.000 para quienes provoquen incendios forestales cuando la infracción es catalogada como muy grave.

Lo que debes saber

• El Concejo aprobó monitorear durante cuatro meses el convenio entre Emseguridad y el Ministerio del Interior, además de exigir información a la empresa municipal
• El convenio incorpora policías a la Sala Situacional del COE-M y modifica la coordinación del sistema de videovigilancia de Quito, que cuenta con 632 cámaras distribuidas en la ciudad
• El ministro Reimberg cuestiona las “salas espejo”, mientras Emseguridad niega su existencia y defiende su manejo del sistema

Con 11 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 11 de agosto de 2026 una resolución para solicitar información y monitorear el Convenio Marco de Cooperación firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) y el Ministerio del Interior.

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La resolución establece que Emseguridad deberá atender los pedidos de información que realicen los concejales y los organismos de control, dentro de sus competencias. Además, dispone que el convenio sea monitoreado durante cuatro meses y que, a partir de esa revisión, se determinen las acciones administrativas y de control que correspondan.

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El Ministerio del Interior asume la videovigilancia

La decisión del Concejo se produjo un día después de que el Gobierno Nacional y Emseguridad suscribieran el convenio que modifica la forma en que se coordina el sistema de videovigilancia de Quito. El acuerdo contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), ubicada en el ECU 911.

El convenio abrió una discusión sobre quién manejará las cámaras, quién podrá acceder a sus imágenes y cómo se dividirán las responsabilidades entre el Gobierno Nacional y el Municipio.

El Ministerio del Interior anunció el 10 de agosto que asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano para integrar el sistema de videovigilancia municipal a las operaciones de la Policía Nacional.

El objetivo, según esa cartera de Estado, es fortalecer la prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente al delito. También se prevé una integración progresiva de los sistemas de videovigilancia, monitoreo y plataformas tecnológicas administradas por Emseguridad con los mecanismos coordinados por el ECU 911.

632 cámaras distribuidas en distintos sectores 

El sistema cuenta con 632 cámaras distribuidas en distintos sectores de Quito. Estas ya operan desde el entorno del ECU 911 y ahora se incorporará personal policial a la sala desde donde se monitorean.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que ese espacio no es utilizado únicamente para asuntos de seguridad. Allí también trabajan representantes de entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito, Emaseo y la Agencia Metropolitana de Control.

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Según Muñoz, las cámaras permiten detectar diferentes tipos de situaciones. Si se observa basura acumulada en una calle, por ejemplo, la alerta puede llegar a la entidad municipal correspondiente. Si se identifica un posible delito, la información se comunica al ECU 911 para coordinar la respuesta policial.

Muñoz ha insistido en que el Municipio debe mantener sus competencias sobre emergencias municipales y control del espacio público, mientras la Policía debe encargarse de las acciones que corresponden a seguridad y delitos.

La acusación al Municipio de Quito

El punto más polémico de la discusión fue la existencia de las denominadas “salas espejo”.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Centro de Cámaras municipal tendría conexiones con “cinco o seis” de estos espacios. Además, sostuvo que después de que personal policial tomó el control del Centro de Cámaras el 10 de agosto se encontraron elementos que motivaron nuevas investigaciones.

Reimberg incluso señaló que podrían existir otras instalaciones desde las cuales se habría monitoreado el sistema de vigilancia de la capital y cuestionó la forma en que el Municipio manejaba el sistema.

"No existen las salas espejo"

Pero desde Emseguridad la respuesta fue diferente. Su gerente, Gaudelia Moreira, negó ante el Concejo la existencia de las “salas espejo”. Moreira explicó que las 632 cámaras están distribuidas en las 10 administraciones zonales de Quito.

La gerente también informó que Emseguridad se encuentra en un proceso de contratación para ampliar el sistema de integración y monitoreo. Sin embargo, tras el nuevo convenio, deberá solicitar al Ministerio del Interior autorización para adquirir esa plataforma. 

Lo que dicen los concejales

El concejal Adrián Ibarra respaldó la versión de Emseguridad y rechazó que haya existido un allanamiento o una toma de control del sistema.

Aseguró que las 632 cámaras continúan en el mismo espacio del ECU 911 y que el convenio responde a disposiciones nacionales. Ibarra también sostuvo que el resguardo de los datos fue ratificado por Moreira durante la sesión del Concejo. Sin embargo, consideró pertinente que la Contraloría u otras entidades puedan revisar el proceso para garantizar transparencia.

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En cambio, el concejal Michael Aulestia planteó que la Contraloría General realice una auditoría sobre la administración y el acceso a los sistemas de videovigilancia, monitoreo y analítica de Emseguridad entre 2019 y 2026.

La revisión busca determinar quiénes han tenido acceso a los sistemas y bajo qué condiciones se ha administrado la información. La concejal Analia Ledesma planteó otra preocupación. A su criterio, la seguridad no puede convertirse en una disputa política y las cámaras deben estar al servicio de la ciudadanía.

El convenio debe tener reglas claras y transparencia

Recordó que Quito registró 264 homicidios intencionales en 2025, frente a 248 en 2024. Los homicidios relacionados con violencia criminal también aumentaron, de 179 a 204 casos. Ledesma consideró positivo que Gobierno y Municipio coordinen sus sistemas, pero señaló que el convenio debe tener reglas claras, controles y transparencia.

También recordó que el ECU 911 informó en enero de 2026 sobre la detección de 38 dispositivos de videovigilancia irregulares en el sur de Quito.

Para el experto en seguridad Max Campos, la participación de los municipios en la vigilancia de espacios públicos no es nueva. Explicó que desde administraciones anteriores se instalaron cámaras y alarmas comunitarias y que, con la creación del ECU 911 en 2012, estos sistemas comenzaron a coordinarse.

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Campos añadió que las llamadas “salas espejo” pueden funcionar como espacios municipales para vigilar parques, calles y otros espacios públicos. Cuando se detecta un problema relacionado con las competencias municipales, intervienen los agentes correspondientes; si se trata de un delito, actúa la Policía mediante el ECU 911.

Para el experto, lo importante es que la coordinación no se convierta en una disputa política y que cada institución tenga claras sus responsabilidades.

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Sustentación del recurso judicial y nueva suspensión

Durante la reinstalación de la audiencia de apelación en la capital, el ente acusador concluyó su intervención requiriendo la revocatoria de la decisión de primera instancia. La institución argumentó su solicitud basándose en los elementos presentados durante el juicio original para demostrar el perjuicio económico al Estado en el caso denominado Pruebas PCR.

Tras la exposición del Ministerio Público, los magistrados dispusieron una nueva suspensión de la diligencia judicial para establecer fecha y hora de reinstalación. Esta reprogramación del cronograma permitirá continuar con los alegatos de nueve equipos jurídicos que representan a los implicados.

Frente al desarrollo de la etapa procesal, el exburgomaestre se pronunció a través de sus canales digitales cuestionando la agilidad de la Función Judicial. Yunda detalló que el expediente acumula más de cinco años y registró tres paralizaciones durante el presente periodo. El exfuncionario aseguró que no existen nuevas evidencias en su contra.

El recurso interpuesto busca revertir la resolución adoptada el 22 de septiembre de 2025, cuando un tribunal de garantías penales determinó por unanimidad que no existían pruebas suficientes para configurar el ilícito. En dicho dictamen, la autoridad competente concluyó que no se comprobó un daño económico a las arcas municipales ni se certificó técnica o administrativamente que los insumos tipo RT-LAMP tuvieran menor calidad que las pruebas PCR requeridas inicialmente.

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Personal operativo de la EEQ llegó a la zona para realizar trabajos correctivos y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

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Entre los sectores afectados están: El Aromito, Los Eucaliptos, Pillagua, San Francisco de Churoloma, San José de Collaquí, Albán, Las Peñas, Mangahuantag, Timoteo Medrano, Teófilo Elías Carrera y la vía a Club Arrayanes, además de sus alrededores.

La empresa explicó que las condiciones de viento pueden representar un riesgo para la infraestructura eléctrica, ya que ramas, árboles u otros objetos pueden caer sobre las redes y provocar desconexiones.

Hasta el cierre de esta publicación (18:00), el servicio no llega a los barrios de Tumbaco.

Usuarios reportaron cortes desde la mañana

En horas de la mañana, alrededor de las 10:00, la EEQ informó en su cuenta de X sobre otra incidencia que afectó otros puntos de Tumbaco y sus alrededores.

Entre las zonas mencionadas estuvieron La Primavera, Rojas, El Limonar, Lumbisí, San José de Oleas, Real Alto, La Praga, La Mandarina, El Chaquiñán, Arrayanes, Manuela Sáenz, Juan Montalvo, San Blas, Santa Ana, Tola Chica 1, Villa Vega, Las Acacias, La Providencia, Buena Esperanza, Chiche, San José de Puembo y San Pedro de Chiche.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que permanecían sin energía eléctrica desde aproximadamente las 08:30.

La EEQ señaló que sus equipos operativos realizaban trabajos correctivos para identificar la causa de la interrupción y recuperar el servicio. Pasadas las 12:30, la empresa informó que la energía fue restablecida.

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La empresa recordó que durante jornadas con fuertes vientos cualquier objeto que entre en contacto con las redes eléctricas puede generar una emergencia y afectar el suministro.

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Ante este tipo de situaciones, las cuadrillas operativas se desplazan hasta los puntos afectados para identificar el origen de la falla y ejecutar las reparaciones necesarias.

La EEQ recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada de cables eléctricos caídos y reportar cualquier incidente relacionado con la infraestructura eléctrica, especialmente durante jornadas en las que las condiciones climáticas pueden aumentar el riesgo de daños en las redes.

Lo que debes saber

• El Pico y placa en Quito funciona en la mañana y en la tarde de acuerdo al último dígito del vehículo
• El incumplimiento de la restricción conlleva multas que van desde el 15% de un SBU hasta el 50%
• La medida busca disminuir la cantidad de automotores que circulan por las principales avenidas de la capital cuando hay mayor carga vehicular

Este miércoles 11 de agosto de 2026, el Pico y placa se mantiene vigente en Quito como parte de las medidas implementadas para reducir la congestión vehicular durante las horas de mayor demanda.

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La restricción aplica para autos y motocicletas cuyas placas terminan en 5 y 6, que no podrán circular dentro del perímetro establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La medida busca disminuir la cantidad de vehículos que circulan por las principales avenidas de la capital en los períodos de mayor carga vehicular.

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¿En qué horarios aplica el pico y placa?

Los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 tienen prohibido circular durante dos franjas horarias:

Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular con normalidad.

La AMT mantiene operativos en diferentes puntos de Quito para verificar el cumplimiento de la medida. Los agentes controlan la terminación de las placas, los horarios de circulación y la documentación de los automotores que cuentan con autorizaciones especiales.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

Los conductores que circulen cuando tienen restricción se exponen a sanciones económicas calculadas sobre el Salario Básico Unificado (SBU).

Las multas aumentan de acuerdo con el número de infracciones: 

Vehículos exentos de la medida

La normativa contempla excepciones para determinados vehículos y usuarios. Entre ellos están los vehículos asignados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, al alcalde de Quito, automotores del cuerpo diplomático y consular acreditado.

También las unidades pertenecientes a las agencias metropolitanas de control, vehículos conducidos por adultos mayores y de emergencia.

¿Dónde rige la restricción?

La medida se aplica dentro del perímetro urbano establecido por la AMT. En el norte, el perímetro inicia en la avenida de Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita, y se extiende hacia el sur hasta la avenida Morán Valverde.

En el eje oriental, el control comprende la avenida Simón Bolívar, en los sectores e intercambiadores establecidos por el Municipio.

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Los conductores que circulen fuera de este perímetro deben considerar las disposiciones específicas que correspondan a cada sector.

Estos son los contraflujos vigentes en Quito

Además del Pico y placa, la movilidad en Quito contempla varios contraflujos durante las horas de mayor congestión.

En la mañana funciona de lunes a viernes, de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30, desde Cuscungo hasta la avenida Pichincha, sector El Trébol. 

En la tarde el contraflujo se inicia desde las 16:30 ahasta las 19:30 desde la avenida Pichincha, sector El Trébol, hacia la Autopista General Rumiñahui, sector Cuscungo.

De 06:00 a 08:30, sentido sur-norte. De 17:00 a 19:00, sentido norte-sur.

En la mañana, de 07:00 a 08:30, desde la avenida Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar hasta la avenida 6 de Diciembre. En la tarde, de 16:00 a 19:30, desde la 6 de Diciembre y Oswaldo Guayasamín hacia la Simón Bolívar.

De 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00 desde la parada del corredor de San Diego hacia la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria. 

En la tarde, de 16:30 a 17:00, desde la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria hacia el corredor de San Diego. De 17:30 a 18:00 funciona en el mismo sentido.

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La solución comenzará a tomar forma desde este viernes 14 de agosto, cuando se inicie la construcción de la prolongación de la avenida Río Amazonas.

 La nueva conexión bordeará el parque Bicentenario y enlazará la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre con la avenida Luis Tufiño.

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¿Habrá cierres viales durante los trabajos?

De acuerdo con la planificación de la obra, no están previstos cierres viales, debido a que la intervención se ejecutará en áreas que no interfieren con la circulación vehicular existente. No obstante, se establecerá una franja de seguridad alrededor de la zona de construcción para proteger a quienes utilizan el parque.

La nueva avenida tendrá 2,21 kilómetros de longitud y demandará una inversión aproximada de  7 millones de dólares. Su construcción está prevista para 210 días, con jornadas de trabajo durante el día y la noche, por lo que la infraestructura estaría lista durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto pretende convertirse en una alternativa para descongestionar este sector del norte de Quito. Actualmente, entre 14.000 y 19.000 vehículos circulan diariamente por la zona y los estudios de tráfico estiman que la nueva conexión permitirá reducir en unos 4.000 vehículos por día la carga en las intersecciones de las avenidas La Prensa y Tufiño.

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¿Cómo cambiará la circulación en esta zona de Quito?

La prolongación de la avenida Río Amazonas funcionará en doble sentido y tendrá una velocidad máxima de 50 km/h. Contará con cuatro carriles, dos por cada sentido, además de paradas para transporte público.

La vía tendrá conexiones en tres puntos:

Estas intersecciones fueron contempladas para facilitar la circulación y distribuir de mejor manera el flujo vehicular.

El proyecto también incorpora espacios para peatones y ciclistas. Junto al parque Bicentenario se construirá una ciclovía de 2,50 metros de ancho, mientras que en el lado opuesto se habilitará una acera de cinco metros.

En total, la nueva vía tendrá 36,80 metros de ancho e incluirá un bulevar de 8,20 metros para integrar la infraestructura con el entorno del parque.

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Por ahora, la planificación no contempla desvíos generales de tránsito ni rutas alternas obligatorias para los conductores.

La obra se ejecutará con pavimento rígido de hormigón, cuya vida útil estimada es de 20 años. 

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El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó la tarde de este 11 de agosto que mantiene un amplio operativo para combatir el incendio y evitar que continúe avanzando. 11 cuadrillas, 19 unidades de combate y cerca de 70 efectivos se encuentran desplegados en la zona.

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Los equipos realizan ataques directos al fuego con agua a presión y herramientas manuales, mientras se monitorea el comportamiento de las llamas y las condiciones del terreno.

La emergencia también obligó a activar el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el Puesto de Comando (PC), desde donde se coordinan las operaciones y se toman decisiones sobre el despliegue de los equipos en el terreno.

El viento dificulta el combate

Las labores de los bomberos se desarrollan bajo condiciones complejas. Las ráfagas de viento, que cambian constantemente de dirección, dificultan el control del incendio y pueden favorecer la propagación de las llamas.

A esto se suman la topografía del terreno y el tipo de vegetación, factores que complican el acceso de los equipos y las tareas de extinción.

El viento también ha provocado que los efectos del incendio se extiendan más allá de la zona donde se concentra el fuego. El CBQ informó que humo y residuos de combustión están llegando a sectores del norte de Quito. Frente a ello, el CBQ emitió algunas recomendaciones:

El personal del CBQ permanece desplegado en el sector y trabaja de manera directa en el combate y control del fuego.

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La evolución del incendio dependerá, entre otros factores, del comportamiento del viento y de las condiciones del terreno. Por ello, los equipos mantienen vigilancia para atender a posibles cambios en la dirección de las llamas.

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En el documento, Muñoz señala que la solicitud se ampara en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y en el artículo 30 de su reglamento. El alcalde explicó que se trata de días de descanso y trámites personales.

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“He puesto esto en conocimiento. Me acojo a días de descanso”, señaló Muñoz durante la sesión del Concejo.

¿Quién se queda al frente de la Alcaldía?

Durante el período de ausencia, la Alcaldía será subrogada por la vicealcaldesa María Fernanda Racines, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El tratamiento de este punto fue solicitado para la próxima sesión del Concejo.

La salida ocurre en medio de la disputa por las cámaras

El anuncio de la ausencia temporal de Muñoz ocurre cuando el Gobierno Nacional informó sobre el manejo de las cámaras de videovigilancia de la capital.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el Gobierno asumirá el control de más de 600 cámaras del Centro de Comando Estratégico del Municipio de Quito que operan a través del ECU 911.

Reimberg cuestionó el funcionamiento del sistema y sostuvo que “durante demasiado tiempo el centro de cámaras a cargo del Municipio de Quito no ha dado respuestas”. Según el ministro, el Estado no puede permitir que una herramienta de seguridad permanezca subutilizada y señaló que las cámaras serán integradas al trabajo operativo de la Policía.

Muñoz niega allanamiento y uso indebido de cámaras

Muñoz rechazó que se haya realizado un allanamiento en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano.

También negó que alguna entidad de la Corporación Municipal haya utilizado de manera indebida las cámaras de videovigilancia. Recordó que estos equipos operan en coordinación con el ECU 911.

La posición del Municipio contrasta con la del Gobierno, que sostiene que el sistema debe estar plenamente integrado a la estrategia nacional de seguridad y bajo una operación que permita una respuesta efectiva de la Policía.

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La AMT informó que la situación es ajena a su gestión y que la interrupción afecta la disponibilidad de determinadas plataformas tecnológicas alojadas en la infraestructura proporcionada por la empresa pública de telecomunicaciones.

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De acuerdo con la entidad, los equipos técnicos ya trabajan para restablecer completamente los sistemas y garantizar que los servicios vuelvan a operar con normalidad en el menor tiempo posible.

¿Qué pasó en el centro de datos de CNT?

CNT EP confirmó que los servicios alojados en su centro de datos registraron una caída temporal debido a un fallo técnico fortuito en el sistema eléctrico central de la infraestructura.

La empresa señaló que sus especialistas realizan labores técnicas de manera ininterrumpida para recuperar los servicios afectados. Además, indicó que se coordinan acciones con distintas instituciones públicas para sumar esfuerzos y acelerar el restablecimiento de las plataformas.

CNT aseguró que sus protocolos de contingencia fueron activados y que estos permiten mantener el control permanente de la infraestructura y evitar una afectación mayor.

AMT, entre las entidades afectadas

La falla en la infraestructura tecnológica de CNT no afecta únicamente a la AMT. Según la empresa, existen varias instituciones públicas cuyos servicios se encuentran alojados en el centro de datos que presentó el inconveniente.

Entre las entidades que podrían registrar afectaciones se encuentran la Presidencia de la República, Registro Civil, Corporación Eléctrica del Ecuador, los ministerios de Educación, Deporte y Cultura y del Interior, así como el Aeropuerto, la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial UDAF-EOD y la Unidad de Registro Social.

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También se encuentran entre las instituciones mencionadas los municipios de Quito y Rumiñahui.

La Agencia reiteró que el inconveniente se origina en la infraestructura tecnológica provista por CNT EP y que los equipos correspondientes trabajan para recuperar la operación completa de las plataformas.

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La entidad recordó que, antes de solicitar un turno, los usuarios deben cancelar todos los valores correspondientes al proceso. Entre ellos constan la matrícula, la revisión técnica, el adhesivo de la RTV, el impuesto al rodaje, las tasas de la Prefectura y, de ser el caso, las infracciones de tránsito pendientes.

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Una vez realizados los pagos, el propietario debe agendar una cita para la Revisión Técnica Vehicular y matriculación a través de los canales habilitados por la AMT.

La RTV es un proceso anual que verifica las condiciones mecánicas, de seguridad y de emisiones de los automotores. La normativa establece que la revisión incluye controles mecánicos, de seguridad, emisiones contaminantes y ruido.

Más de 354.000 vehículos han pasado por la RTV en 2026

Según la AMT, en lo que va de 2026 se han realizado 354.781 revisiones técnicas vehiculares.

De ese total, 255.717 vehículos aprobaron la inspección, mientras que 99.064 automotores fueron rechazados y deberán presentarse nuevamente dentro de un plazo máximo de 45 días.

En la segunda revisión únicamente se verifican las partes del vehículo que fueron observadas durante el primer proceso.

Además, la AMT informó que 255.061 vehículos ya fueron matriculados en Quito durante 2026.

¿Qué se necesita para matricular un vehículo en Quito?

Los propietarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

¿Cómo agendar la cita para la RTV en Quito?

Antes de solicitar el turno, los usuarios deben verificar si tienen multas o convenios de pago pendientes. Esta consulta se puede realizar en los canales oficiales de la AMT.

Después deben generar la orden de pago y cancelar los valores correspondientes a la RTV, el Impuesto al Rodaje y el adhesivo de la revisión, cuyo costo es de $ 5.

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Una vez completados los pagos, el propietario debe ingresar al sistema de la AMT, seleccionar la opción “Agendar cita” y escoger el trámite “Revisión Técnica Vehicular”.

El día asignado deberá acudir al Centro de Revisión Técnica Vehicular seleccionado y presentar la documentación requerida.

Si el vehículo aprueba la inspección, el propietario recibirá el adhesivo correspondiente. Si no supera la revisión, recibirá un certificado con los defectos u observaciones detectados para que sean corregidos.

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Este 11 de agosto, en su cuenta de X, el CBQ informó que seis cuadrillas realizan ataques directos al incendio con el objetivo de controlar y extinguir los focos activos. 

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De manera paralela, el CBQ mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del fuego mediante aeronaves no tripuladas (drones), una herramienta que permite identificar cambios en la dirección o intensidad de las llamas y orientar las labores de los equipos en tierra.

Una quema de desechos terminó en una emergencia

La reciente emergencia ocurre en un contexto de preocupación por el incremento de quemas en distintos puntos de Quito. En los últimos días, se han atendido varios casos que, aunque inicialmente pueden parecer controlables, pueden convertirse rápidamente en incendios de mayor magnitud.

El pasado 8 de agosto, el CBQ atendió un incendio en el sector de El Trébol, relacionado con la quema de desechos. Un equipo de bomberos se desplazó hasta el lugar para realizar las labores de control y extinción.

Bomberos de Quito recordó que las quemas están prohibidas y advirtió que el fuego puede propagarse rápidamente, especialmente en zonas con vegetación seca, viento o condiciones favorables para la propagación de las llamas.

Como parte de sus patrullajes preventivos, las autoridades identificaron el 10 de agosto dos quemas al interior de predios privados: una en el barrio San Francisco, en la parroquia de Puengasí, y otra en el sector de Carcelén Bajo.

Tras estas intervenciones, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició los procedimientos sancionatorios correspondientes.

Multas pueden superar los $36.000

El Municipio recordó que provocar quemas no solo representa un riesgo para el entorno y la población, sino que también puede generar sanciones económicas.

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De acuerdo con la AMC, realizar quemas puede ser sancionado con multas superiores a los $ 36.000, dependiendo de las circunstancias y de la infracción cometida.

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Tras los movimientos telúricos, el alcalde, Pabel Muñoz, anunció que solicitó a la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos organizar un simulacro de terremoto en Quito. El objetivo será evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones, revisar los protocolos existentes y detectar posibles fallas antes de que ocurra una emergencia real.

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La fecha del ejercicio todavía está por definirse.

Fallas geológicas en Quito

Muñoz recordó que Quito está asentada sobre un territorio con fallas geológicas activas y, por tanto, mantiene una exposición permanente a la amenaza sísmica. “Debajo de Quito hay tres fallas geológicas”, señaló el alcalde al explicar la decisión de impulsar el ejercicio preventivo.

La preocupación no es nueva. Estudios científicos han identificado al sistema de fallas de Quito como una de las principales fuentes de amenaza sísmica para la ciudad. Investigaciones sobre el peligro geológico de la capital señalan que un terremoto asociado a este sistema podría producir niveles de sacudimiento capaces de generar daños importantes.

Quito tiene capacidad, pero persisten vulnerabilidades

El Municipio sostiene que la ciudad cuenta con un plan de contingencia para responder ante una emergencia de estas características. Sin embargo, el propio anuncio del simulacro evidencia la necesidad de revisar y actualizar esos protocolos.

Por ello, uno de los retos será determinar qué tan rápido pueden actuar las instituciones si un terremoto afecta simultáneamente a distintos sectores de Quito.

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“Ecuador tiene capacidad técnica e institucional para reaccionar, pero no está preparado para garantizar una respuesta homogénea y eficaz frente a un terremoto de alto impacto”, sostiene David Benavides, docente de Gestión de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

En un escenario de gran magnitud, la emergencia podría superar rápidamente la capacidad de respuesta de los servicios públicos. El colapso o daño de edificaciones podría ocurrir al mismo tiempo que se registran interrupciones viales, fallas en las telecomunicaciones, afectaciones en hospitales y cortes de agua y energía.

La consecuencia sería una cadena de emergencias: sistemas de rescate saturados, dificultades para trasladar heridos, desplazamientos de población y problemas para garantizar alimentos, agua y otros productos básicos.

Lo que debes saber

• EmSeguridad respondió este 10 de agosto al anuncio sobre el control de cámaras de Quito.
• El Ministerio del Interior incorporará a la Policía Nacional al Centro de Cámaras del COE Metropolitano.
• EmSeguridad defendió el sistema municipal y negó restricciones de acceso o uso distinto a la seguridad.

La Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EmSeguridad) respondió al anuncio del Ministerio del Interior de asumir el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano de Quito. 

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La entidad municipal defendió el funcionamiento del sistema y rechazó afirmaciones sobre un supuesto uso de las cámaras para fines ajenos a la seguridad ciudadana.

El pronunciamiento se conoció este martes 11 de agosto de 2026, después de que el ministro del Interior, John Reimberg, anunciara que el Gobierno incorporará directamente el sistema de videovigilancia municipal a las operaciones de la Policía Nacional.

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EmSeguridad defiende el funcionamiento de las cámaras de Quito

En un comunicado difundido, EmSeguridad informó que esa misma mañana mantuvo una reunión de trabajo con el Ministerio del Interior y la Secretaría de Seguridad para revisar el contenido del convenio marco de cooperación suscrito entre las instituciones.

Según la empresa municipal, el convenio fue firmado alrededor de las 11:00 y contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del COE Metropolitano, que funciona en el ECU 911.

El objetivo, de acuerdo con EmSeguridad, es fortalecer la articulación operativa y tecnológica entre las instituciones. La empresa sostiene que a las capacidades municipales en prevención, investigación e inteligencia se sumarán las competencias de la Policía Nacional.

¿Qué pasará con las cámaras del Municipio de Quito?

EmSeguridad señaló que el convenio mantiene la interoperabilidad con el sistema del ECU 911 de las cámaras administradas por la empresa municipal y adquiridas entre 2016 y 2020.

La entidad también sostuvo que ha actuado dentro de sus competencias y del marco legal vigente.

En el comunicado, EmSeguridad rechazó que las cámaras municipales hayan sido utilizadas para tareas distintas a la seguridad ciudadana, la gestión de la ciudad o la atención de emergencias.

Asimismo, negó que existan restricciones de acceso no autorizadas y aseguró que los instrumentos suscritos establecen que estos sistemas son públicos.

EmSeguridad cuestiona el anuncio sobre el control del sistema

La respuesta municipal también hace referencia directa al anuncio del Ministerio del Interior.

EmSeguridad señaló que puede entender que la entidad rectora de la seguridad nacional tenga reparos respecto a la interoperabilidad de las cámaras. Sin embargo, cuestionó que el servicio sea prestado por una empresa pública nacional cuando, según su posición, existe una alternativa privada.

La empresa municipal afirmó que el último estudio de mercado estableció un valor superior al doble frente a las propuestas de competidores del sector.

En ese contexto, calificó como llamativas algunas afirmaciones realizadas durante el anuncio del convenio y rechazó categóricamente que el ECU 911 estuviera siendo intervenido, que las cámaras municipales hubieran sido utilizadas para tareas distintas a la seguridad ciudadana o que existieran restricciones de acceso.

El anuncio del Ministerio del Interior sobre las cámaras

El pronunciamiento de EmSeguridad se produce después de que John Reimberg anunciara que el Ministerio del Interior asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano de Quito.

El ministro argumentó que la decisión busca incorporar esta tecnología de manera directa a las operaciones de la Policía Nacional y fortalecer la respuesta frente a la inseguridad.

Reimberg cuestionó el funcionamiento que ha tenido hasta ahora el sistema de videovigilancia administrado por el Municipio de Quito y sostuvo que, durante demasiado tiempo, el Centro de Cámaras no habría brindado la respuesta que los ciudadanos necesitan.

La decisión abre una nueva etapa de coordinación entre el Gobierno nacional y el Municipio de Quito en torno al manejo de la videovigilancia y el intercambio de información para enfrentar delitos.

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Municipio y Gobierno mantendrán coordinación

Pese a las diferencias expuestas, EmSeguridad aseguró que continuará colaborando con las entidades nacionales responsables de combatir la delincuencia.

La empresa municipal sostuvo que la coordinación entre instituciones es necesaria para mejorar los resultados en seguridad y afirmó que la ciudadanía demanda acciones conjuntas frente a la inseguridad en Quito.

El convenio, por tanto, plantea una mayor participación de la Policía Nacional en la Sala Situacional del COE Metropolitano, mientras continúa el debate sobre el manejo, interoperabilidad y control de las cámaras de videovigilancia instaladas en la capital.

Lo que debes saber 

• Pabel Muñoz negó el 10 de agosto un allanamiento al COE Metropolitano de Quito.
• Quito y Ministerio del Interior firmaron un convenio para coordinar 632 cámaras de seguridad.
• La Policía Nacional tendrá personal en la Sala Situacional del COE para reforzar la seguridad.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, negó que haya existido un allanamiento al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano y aclaró las condiciones del convenio de cooperación firmado este 10 de agosto de 2026 entre la Empresa Pública de Seguridad de Quito y el Ministerio del Interior.

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La aclaración surge en medio de versiones sobre una supuesta intervención en las instalaciones relacionadas con el sistema de videovigilancia que opera en coordinación con el ECU 911.

Según Muñoz, la Secretaría Metropolitana de Seguridad y Gestión de Riesgos y la Empresa Pública de Seguridad de Quito fueron convocadas por el Ministerio del Interior a una reunión de trabajo a las 09:00 del 10 de agosto, horas antes de la firma del Convenio Marco de Cooperación.

El alcalde señaló que el acuerdo se sustenta en decretos ejecutivos previos y en el Acuerdo Ministerial MDI-DMI-2026-0080, emitido el 5 de agosto de 2026. Esta normativa, según su explicación, busca fortalecer la coordinación e interoperabilidad entre el ente rector de la seguridad ciudadana y las entidades de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados.

¿Qué cambia con el convenio entre Quito y el Ministerio del Interior?

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la coordinación de las cámaras de videovigilancia administradas por el Municipio de Quito. Muñoz precisó que las 632 cámaras que maneja el COE Metropolitano ya interoperaban con el ECU 911 y que el convenio busca profundizar esa coordinación.

Además, el acuerdo contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del COE Metropolitano. El objetivo es que los agentes puedan utilizar esta infraestructura para fortalecer tareas relacionadas con prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente al delito.

El Municipio plantea que las cámaras tengan dos usos principales: apoyar a la Policía Nacional en el combate contra la inseguridad y el crimen organizado, y permitir a la Corporación Municipal atender emergencias, controlar el espacio público y apoyar la seguridad ciudadana.

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Muñoz niega allanamiento al COE Metropolitano

En su pronunciamiento, el alcalde rechazó de manera expresa que se haya realizado un allanamiento en el COE Metropolitano. También negó que alguna entidad de la Corporación Municipal haya utilizado de manera indebida las cámaras de videovigilancia. Muñoz recordó que estos equipos operan en coordinación con el ECU 911.

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La aclaración del alcalde también aborda la discusión sobre quién debe prestar el servicio de interoperabilidad de las cámaras. Según Muñoz, el Municipio comprende que el Gobierno nacional busque que este servicio sea administrado por una empresa pública por razones estratégicas de seguridad.

Sin embargo, cuestionó el costo de esa alternativa. Afirmó que la empresa pública nacional que presentó una propuesta en el último estudio de mercado planteó un valor superior al doble del ofrecido por competidores privados.

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Quito ha destinado $12,8 millones a seguridad

Muñoz defendió además el papel del Municipio en materia de seguridad y recordó que la administración municipal ha destinado $12,8 millones provenientes de la tasa de seguridad para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional.

El alcalde sostuvo que la seguridad es una responsabilidad del Estado en su conjunto y que las competencias del Gobierno nacional y de los gobiernos locales deben ser complementarias.

El convenio firmado con el Ministerio del Interior se produce en un contexto de mayor coordinación entre las instituciones nacionales y municipales para el uso de sistemas de videovigilancia y atención de emergencias en Quito.

Lo que debes saber:

• ADN mueve a sus candidatos en Quito mientras Daniel Noboa anuncia obras, seguridad y la posible extensión del Metro.
• Burbano y Ubidia buscan presencia en barrios, ligas deportivas y acuden a eventos en parroquias de Quito antes de las elecciones seccionales de noviembre.
• Analistas y dirigentes cuestionan si los anuncios del Gobierno responden a una estrategia electoral para recuperar espacio en Quito.

En el mundo político circula la versión de que ADN competirá por la alcaldía de Quito con un candidato, que no irá con su casillero. Y que el exministro Harold Burbano es una ficha de relleno. Pero, el presidente Daniel Noboa no parece haber dado por perdida esta plaza.

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Al menos así lo sugieren sus recientes anuncios sobre seguridad y obra pública, difundidos desde finales de julio del 2026. Otra vez, el mandatario se refirió a la posible extensión del Metro hasta Calderón y planteó la construcción de un nuevo Estadio Olímpico Atahualpa, a cargo de la firma que levantó el Santiago Bernabéu en Madrid.

A esto se suma el denominado Plan Protección de Quito, que contempla el despliegue de 2.000 militares y 2.000 policías, etc. La pregunta inevitable es: ¿puro cálculo electoral?

Michael Aulestia, concejal que busca la reelección por esa tienda, rechaza esa idea. Sostiene que el plan de seguridad no responde a una coyuntura electoral, sino a una estrategia sostenida. Un antecedente, dice, fue la decisión de trasladar la sede de Gobierno a Latacunga, en septiembre 2025, en medio del paro, para “proteger a la urbe”.

En el caso del metro, cree que una eventual intervención del Gobierno podría viabilizar el proyecto. Sobre la propuesta de un nuevo estadio Atahualpa, afirma que se trata de una obra símbolo para el país.

Los movimientos de Harold Burbano y Giovanna Ubidida, como candidatos

Mientras Noboa hace anuncios, sus candidatos buscan visibilidad. Burbano y Giovanna Ubidia (quien inicialmente fue la candidata a la Alcaldía y luego reubicada en la carrera por la Prefectura) han intensificado su presencia en barrios, mercados y fiestas populares. En redes sociales, ambos aparecen en eventos de Gobierno, como el relanzamiento de Jóvenes en Acción.

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Sin embargo, ese despliegue aún no logra consolidarse. Pablo Buitrón, del Frente de Defensa del Centro Histórico, señala que supo que Ubidia, cuando terciaba por la alcaldía, llegó a los mercados San Roque y San Francisco, de forma sorpresiva. 

Además contó que en julio en dos ocasiones, él y otros dirigentes fueron invitados a reunirse con ADN, por un vecino cercano a ese movimiento, pero no aceptaron.

En sus redes sociales ambos candidatos aparecen en el Paseo del Chagra de Machachi; y en Calderón, por los 129 años de parroquialización. Junto a la ministra Nataly Morillo, así como con Emilia Reece Holguín, directora provincial de ADN.

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Al respecto, el concejal correísta Adrián Ibarra, quien nació en esa parroquia, dice que la ciudadanía diferencia entre quien “solo hace turismo” o quién va a trabajar, con una agenda concreta. 

También, él critica que “por cuarta vez”, Noboa hable del metro, mientras llevan dos años esperando por la autorización del Ministerio de Economía para cerrar el acuerdo con los multilaterales. Afirma que el posible cierre del Hospital de Calderón preocupa; sirve al norte y a otras provincias.

Asimismo, Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, opina que los anuncios del Ejecutivo forman parte de una estrategia para reposicionarse políticamente en la capital, en donde sus números no son los mejores. 

Pero cree que no ataca problemas estructurales (como el desempleo, el estado de los hospitales o la falta de presupuesto, efecto de la reforma al Cootad y deudas con alcaldías) como factores que podrían pesar más que las promesas.

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Otra es la visión de Iván Gordón, presidente de la Asociación de Ligas Rurales, que mueve a más de cien mil deportistas. Consultado sobre el video en el que sale junto a más directivos y Burbano, dice que les interesa su propuesta como la de otros candidatos, menos la del alcalde Pabel Muñoz.

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En la comunicación, Pabel Muñoz señala que hará uso de permiso con cargo a vacaciones por el periodo comprendido entre el domingo 16 al domingo 30 de agosto de 2026.

Muñoz sustentó su pedido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 30 de su Reglamento General. Durante su ausencia, la vicealcaldesa, María Fernanda Racines, subrogará el cargo de alcaldesa metropolitana, de acuerdo con las normas citadas en la comunicación.

El alcalde solicitó que el permiso sea incluido como punto del orden del día de la próxima sesión ordinaria del Concejo Metropolitano para su conocimiento, es decir el martes 11, desde las 09:00. No hay temas polémicos.

Muñoz no se ha pronunciado sobre toma de las cámaras de Quito y acusación de "espionaje"

La ausencia de Muñoz se produce cuatro días después de que inscribiera su candidatura para la reelección como alcalde de Quito, de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El jueves 6 de agosto, Muñoz registró su candidatura mediante una alianza entre Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano, debido a que la organización política con la que llegó a la Alcaldía no cuenta actualmente con un casillero electoral habilitado para auspiciar su postulación. La candidatura todavía debe superar el proceso de calificación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La salida temporal de Muñoz también coincide con una nueva confrontación entre el Municipio de Quito y el Gobierno de Daniel Noboa por el sistema de videovigilancia de la capital.

El Ejecutivo anunció este lunes 10 de agosto que asumirá el control de alrededor de 800 cámaras del Centro de Comando Estratégico del Municipio de Quito que operan a través del ECU 911. Hasta las 13:33, la Secretaría de Seguridad del Municipio no había emitido un pronunciamiento sobre la decisión, aunque anunció que lo haría en breve.

El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la medida al cuestionar el funcionamiento del centro de cámaras municipal. Según dijo, "durante demasiado tiempo el centro de cámaras a cargo del Municipio de Quito no ha dado respuestas".

Reimberg sostuvo que el Estado no puede permitir que una herramienta de seguridad permanezca subutilizada y anunció que el Gobierno asumirá el control del centro para integrarlo al trabajo operativo de la Policía Nacional. En la rueda de prensa se observa a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Municipio.

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El ministro también cuestionó la ubicación del data center. Afirmó que este no se encontraría en el edificio del ECU 911 en el Itchimbía y mencionó que en otros casos eso ha dado lugar a la existencia de "salas espejo", que, según dijo, ya han sido observadas en otras ocasiones.

Muñoz no se ha pronunciado públicamente, hasta el momento, sobre la decisión del Gobierno. El concejal de la RC, Adrián Ibarra, cuestionó la medida.

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La marca se alcanzó el 9 de agosto en el Centro de Eventos Bicentenario, durante la jornada central del festival. La cifra superó ampliamente la meta planteada por los organizadores, que buscaban comercializar más de 4.000 platos. El resultado fue certificado por Guinness World Records mediante una conexión internacional.

Una muestra de la gastronomía ecuatoriana

El récord fue el principal desafío del Hueca Fest desde su planificación, pero la jornada también reunió una amplia representación de la cocina tradicional del país.

En total, participaron 150 huecas y 70 emprendimientos gastronómicos provenientes de distintas provincias de Ecuador. Sus propuestas permitieron reunir en un mismo espacio preparaciones tradicionales y productos vinculados con las diferentes regiones del país.

La cantidad de platos vendidos durante las 12 horas convirtió al festival en un escaparate para la gastronomía ecuatoriana y en una plataforma para los negocios que mantienen vivas recetas y tradiciones culinarias.

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El récord busca impulsar el turismo

Además de las actividades gastronómicas, el Hueca Fest incluyó espacios culturales y de entretenimiento. El evento contó con la participación del Municipio, a través de Quito Turismo, y de actores privados vinculados con su organización.

La iniciativa se enmarca en la búsqueda de nuevas experiencias para residentes y visitantes y en la promoción de la gastronomía como un atractivo turístico.

Con el reconocimiento internacional, el festival suma una nueva vitrina para la cocina ecuatoriana y posiciona a este tipo de encuentros como espacios capaces de generar convocatoria, movimiento económico y promoción de los emprendimientos gastronómicos.

El récord alcanzado durante la edición 2026 también deja una cifra que resume la magnitud de la jornada: 19.000 platos tradicionales vendidos en 12 horas.