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Los inconvenientes, según los usuarios, se registran desde el lunes 6 de abril de 2026 con retrasos en la llegada de trenes en horas de mayor demanda.

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En la red social X, varios usuarios expresaron su malestar. “Dos días seguidos de problemas en el Metro de Quito, paradas llenas y trenes cada 8 minutos en horas pico, retienen gente en las boleterías. ¿Qué pasa?”, escribió Christian Páez (@chrisrpaez) este 9 de abril.

Otro usuario, Luis Alberto Sánchez Salazar (@nobysuker), también cuestionó el servicio: “El Metro de Quito es todo un caos en hora pico, empezando por la falta de personal en ventanilla, un desastre total”, publicó junto a imágenes en las que se observa a decenas de personas esperando abordar.

Las escenas difundidas muestran aglomeraciones tanto en accesos como en andenes, lo que provocó malestar por los tiempos de espera y las condiciones del servicio en momentos de alta demanda.

La Empresa Metro de Quito se pronunció

Frente a estas alertas, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito se pronunció este 9 de abril a través de un comunicado. La entidad explicó que como parte del mantenimiento preventivo programado, se ejecutan trabajos especializados de perfilamiento de ruedas de los trenes, posteriores al reciente reperfilamiento de la vía.

Según la empresa, este tipo de labores son habituales en sistemas de metro a nivel mundial y resultan necesarias para garantizar la seguridad, el confort y la confiabilidad del servicio.

Sin embargo, reconoció que durante la ejecución de estos trabajos pueden presentarse variaciones temporales en la frecuencia de los trenes, sobre todo en horas de mayor demanda.

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La empresa aseguró que se implementó una estrategia operativa enfocada en el manejo del flujo de pasajeros, con medidas para organizar accesos, controlar los andenes y reducir las afectaciones en la experiencia de viaje.

La entidad insistió en que se trata de una situación temporal y pidió a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación mientras se completan los trabajos de mantenimiento.

Las claves del caso

• Un operativo en Tumbaco dejó a un joven de 24 años detenido con 19 celulares que no pudo justificar su procedencia
• La aprehensión se dio luego de que la Policía detectó a un hombre que intentó evadir los controles rutinarios, lo que levantó sospechas

Un operativo en Tumbaco terminó con la detención de un joven de nacionalidad extranjera que vendía accesorios para celulares y que no pudo explicar la procedencia de 19 teléfonos móviles que tenía en su poder.

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La Policía detalló que el hecho ocurrió el 8 de abril de 2026 en las calles Juan Montalvo y Oswaldo Guayasamín. Agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), que realizaban controles preventivos en la zona, detectaron a un hombre que intentó evadirlos, lo que levantó sospechas.

Quito

Centro de privación de libertad en Quito: analizan tres opciones para su reubicación

SARA OÑATE

Al revisar el sitio donde trabajaba como comerciante ambulante, los uniformados encontraron los dispositivos móviles. Tras verificar los códigos IMEI en el sistema de Arcotel, se confirmó que uno de los teléfonos estaba reportado como robado.

Las evicencias que se encontraron 

El resto de equipos tampoco pudo ser respaldado con documentación que justifique su origen, por lo que los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso, de 24 años.

En total, se incautaron 19 celulares: uno con reporte de robo y 18 de dudosa procedencia.

El joven fue informado de sus derechos y su situación fue comunicada a las autoridades consulares correspondientes. 

Posteriormente, junto con los indicios, fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde quedó a disposición de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial.

Lo que debes saber

• El centro de privación de libertad número tres funciona en Chillogallo, en el sur de Quito, desde el 2014. Para lo moradores es un vecino incómodo y piden su salida
• El predio pertenece al Municipio de la capital y se entregó en comodato al Snai. Un informe de la Administración Zonal Quitumbe dice que el uso del suelo no es compatible

Luego de meses de reclamos por parte de moradores de Chillogallo, en el sur de Quito, la permanencia de la Casa de Confianza (centro de privación de libertad N.° 3) entra en una fase de definición. La Administración Zonal Quitumbe aseguró que se analizan tres posibles lugares para una eventual reubicación.

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La situación del predio fue tratada el 8 de abril de 2026 en la Comisión de Seguridad del Municipio de Quito, donde compareció Fernando Altamirano, delegado de la Administración Zonal Quitumbe. 

Durante su intervención, explicó que el predio donde actualmente funciona el centro es de propiedad municipal y fue entregado en comodato en 2007, acuerdo que finalizó en 2017 sin que se haya formalizado su continuidad o cierre mediante un acto administrativo.

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Altamirano señaló que los informes jurídicos y ambientales levantados por la Administración Zonal son desfavorables para la renovación del comodato. Entre los principales argumentos consta la incompatibilidad del uso de suelo, ya que el sector está catalogado como zona habitable y residencial, según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM).

Tres alternativas sobre la mesa

“Existe un conflicto social evidente”, afirmó el funcionario, al detallar que la presencia de la Casa de Confianza en el sector ha generado tensiones con la comunidad. Añadió que actualmente se coordinan acciones con la Dirección de Bienes Inmuebles del Municipio para resolver la situación del predio.

En ese contexto, se conoció que dicha dependencia municipal ya mantuvo acercamientos con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada de estos espacios en el país, con el fin de identificar alternativas de reubicación. Como resultado preliminar, se han definido tres posibles espacios, aunque aún se espera una confirmación oficial.

Altamirano advirtió que una eventual salida inmediata del centro enfrenta un obstáculo logístico: “Si en este momento les piden que salgan, no tienen dónde reubicarse”. Por ello, aseguró que el proceso continúa en seguimiento mientras se concreta una solución viable.

Protestas de los vecinos

Los moradores de Chillogallo sostienen que la presencia de la Casa de Confianza ha deteriorado la seguridad del sector. Yolanda Guaña, residente del barrio, afirmó que la situación se agravó desde el 2014.

“Esto se volvió un punto rojo. Hay asaltos, venta de sustancias ilícitas, la inseguridad es constante”, denunció. Según su testimonio, el problema se intensificó en 2019, tras el traslado de personas privadas de libertad desde la cárcel de Cotopaxi hacia estas instalaciones.

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Los vecinos han realizado protestas para exigir el retiro del centro. En enero pasado organizaron un plantón como medida de presión ante la falta de respuestas concretas.

Mónica Pastrano, integrante del Frente Ciudadano por la Seguridad y la Paz Sur de Quito, señaló que los habitantes “ya esperaron lo suficiente” y demandan que las autoridades actúen en función de los informes técnicos de la Administración Zonal.

Lo que debes saber

• La muerte de un paciente en un clínica dental en el norte de Quito tras una intervención derivó en la investigación por una posible negligencia médica.
• El padre de la víctima aseguró que se habría aplicado anestesia general, cuando en este tipo de procedimientos se usa anestesia local.

La muerte de Luis Alarcón, de 37 años, ocurrida el pasado 2 de abril de 2026 en una clínica dental del norte de Quito, derivó en cuestionamientos sobre la responsabilidad penal de los profesionales de la salud y el alcance de la ley en casos de presunta negligencia médica.

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Según relataron sus familiares a medios de comunicación, Alarcón acudió al establecimiento para someterse a un tratamiento de endodoncia y a la colocación de un implante dental. 

Sin embargo, durante el procedimiento se habría producido una emergencia que terminó con su fallecimiento. El hecho fue alertado a la Policía, que acudió al sitio, mientras personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo.

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Uno de los elementos dentro de la investigación es el uso de anestesia general. De acuerdo con el testimonio del padre del paciente, esta habría sido aplicada durante la intervención, pese a que en el consentimiento informado se establece que este tipo de procedimientos, por lo general, se realizan con anestesia local. Esta decisión es ahora parte central de las indagaciones.

Ante estos hechos, se analiza la posible responsabilidad penal de los médicos involucrados, en un proceso que busca determinar si existió negligencia, impericia o imprudencia.

¿Qué establece la ley?

La Ley Orgánica de Salud dispone en su artículo 199 que la autoridad sanitaria debe investigar y sancionar cualquier práctica ilegal o actuación marcada por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia en el ejercicio de profesiones de la salud, sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse en la justicia ordinaria.

Por su parte, el artículo 202 define como infracción todo acto injustificado que cause daño al paciente y que derive de la inobservancia de normas, falta de conocimientos técnicos, omisión del cuidado exigible o demoras injustificadas en la atención profesional.

Sanciones establecidas en el COIP

En el ámbito penal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones cuando se comprueba negligencia médica. Si un profesional incumple el deber objetivo de cuidado y esto provoca la muerte de un paciente, la pena puede ir de uno a tres años de prisión.

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Pero, si el fallecimiento ocurre como consecuencia de acciones consideradas innecesarias, peligrosas o ilegítimas, la sanción se agrava y puede alcanzar entre tres y cinco años de privación de libertad. Además, la posibilidad de que el profesional vuelva a ejercer quedará sujeta a lo que determinen las disposiciones legales correspondientes.

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Lo que debes saber

• El río Guambi, ubicado en el oriente de Quito, evidencia los efectos de la contaminación por descargas domésticas e industriales sin tratamiento, lo que ha deteriorado su calidad de agua y afectado a parroquias como Puembo, Tababela, Pifo y Yaruquí.

La contaminación de los ríos en Ecuador ya no es una alerta abstracta, sino una realidad que se puede medir, ubicar y entender con precisión. En la provincia de Pichincha, investigaciones lideradas por la Universidad San Francisco de Quito han evidenciado el impacto de las descargas sin tratamiento en los sistemas hídricos. Uno de los casos más representativos es el del río Guambi, donde un proyecto desarrollado entre 2022 y 2025 ha permitido dimensionar el daño ambiental y sus implicaciones para la salud pública.

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Contaminación de ríos compromete salud y biodiversidad

Ubicado en el margen oriental de la parroquia de Puembo, el río Guambi nace en la vertiente occidental de los Andes orientales, al este de Pifo, bordea Tababela y la zona del aeropuerto de Quito, y desemboca en el río Guayabamba. A lo largo de su recorrido, recibe residuos vertidos directamente desde barrios residenciales que no siempre cuentan con sistemas de alcantarillado, así como descargas de empresas de mediano y alto impacto ubicadas en la microcuenca.

“Las descargas presentan altas concentraciones de materia orgánica, coliformes totales y fecales, así como metales pesados”, explica Valeria Ochoa-Herrera, investigadora de la USFQ, al referirse a los factores que deterioran la calidad de los ríos en la zona. Estos contaminantes, señala, tienen origen tanto natural como antrópico y afectan directamente la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos.

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A esta visión se suma el investigador António Machado, del Instituto de Microbiología de la USFQ, quien advierte sobre el componente microbiológico del problema: “Uno de los aspectos más relevantes es la elevada carga de microorganismos de origen fecal que se introduce en los ríos”. La presencia de Escherichia coli y otros patógenos convierte a estos cuerpos de agua en reservorios activos de contaminación con impacto sanitario.

Ríos ecuatorianos: los efectos en varios parroquias

El proyecto en el río Guambi no solo ha permitido identificar estas amenazas, sino también construir una línea base de mapeo geográfico de riesgos, vegetación y calidad del agua. Este levantamiento científico facilita evaluar la magnitud del daño ambiental y proponer acciones concretas para su recuperación, enfocadas en la protección de la vida silvestre y la rehabilitación de espacios de recreación para miles de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.

Las conclusiones del estudio tienen un alcance directo en las parroquias de Puembo, Tababela, Pifo y Yaruquí. Allí, el análisis físico-químico, microbiológico y biológico del agua permite identificar fuentes de contaminación, evaluar riesgos para la salud y generar información clave para la toma de decisiones. “Existe un potencial real de transmisión de infecciones entéricas”, advierten los investigadores, al destacar que el problema trasciende lo ambiental y se convierte en una amenaza para la salud pública.

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Ríos contaminados evidencian falta de control ambiental

Además, el impacto del proyecto se extiende a la gestión local. Los resultados sirven como herramienta para que autoridades y comunidades implementen medidas de conservación, control y educación ambiental. Esto incluye promover el uso responsable del agua en actividades domésticas y agrícolas, así como fortalecer la gobernanza ambiental frente a los desafíos del crecimiento urbano y el cambio climático.

Frente a este escenario, Ochoa-Herrera enfatiza la necesidad de soluciones estructurales: “Es indispensable que las descargas de aguas residuales sean tratadas adecuadamente antes de su liberación al ambiente”. En esa línea, destaca iniciativas como la planta de tratamiento de la USFQ, que procesa la mayoría de sus aguas servidas y cumple con la normativa ecuatoriana.

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Por su parte, Machado subraya la importancia de un monitoreo constante y basado en evidencia científica. “Es prioritario evaluar la calidad sanitaria del agua mediante herramientas que permitan detectar patógenos y marcadores de resistencia”, sostiene, al plantear una gestión integral que conecte la salud ambiental, humana y productiva.

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Lo que debes saber

• Un siniestro ocurrió a las 04:00 en la av. 10 de Agosto y El Inca, en el norte de Quito. Se registran cuatro personas heridas, una de gravedad
• La emergencia involucró a una patrulla policial que trasladaba a un aprehendido desde la Unidad de Flagrancia hasta Pomasqui

En la madrugada de este 9 de abril de 2026, un siniestro de tránsito involucró a una patrulla policial que trasladaba a un detenido en el norte de la ciudad. 

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:00 en la avenida 10 de Agosto y El Inca, donde se registró un choque lateral angular que derivó en la pérdida de carril de circulación.

Según información de los agentes en el sitio, la patrulla se impactó contra un poste de alumbrado público y luego se volcó. En el automotor se movilizaban cuatro tres policías y el aprehendido, quienes resultaron afectados.

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Equipos de emergencia acudieron al sitio. Los heridos recibieron asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a distintas casas de salud. 

Un  herido de gravedad

Entre los ocupantes se encontraba un ciudadano aprehendido, quien era trasladado desde la Unidad de Flagrancia hasta Pomasqui.

De acuerdo con los reportes, uno de los uniformados presentó heridas de gravedad, mientras que los otros tres ocupantes registraron contusiones. 

Debido al siniestro, las autoridades cerraron completamente el perímetro de la intersección para facilitar las labores de socorro y levantamiento de indicios. 

Investigación en curso

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para iniciar las pericias correspondientes y determinar las causas del hecho.

Los agentes señalaron el medio televisivo TVC que la intersección cuenta con semáforos y que se recopilarán videos de seguridad que serán entregados a las autoridades competentes.

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Asimismo, se practicaron pruebas de alcoholemia a los involucrados, cuyos resultados fueron negativos.

En la zona, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron la atención de los heridos y efectuaron tareas de limpieza de la calzada. La vía fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular pasadas las 06:30.

Entretenimiento

El Chocó Andino llega a Quito con una exposición sensorial e interactiva

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Bajo el nombre Yaku Cinema: edición especial de anfibios y ranas, el museo abre su auditorio a un ciclo de documentales y cortos animados que invitan a descubrir la vida de estas especies. Las funciones se realizarán los domingos 19 y 26 de abril, en horarios de 11:30 y 14:30

Un país biodiverso

La propuesta se complementa con A palabrear con las guaguas, un conversatorio pensado para que niñas, niños y sus familias se acerquen al mundo de los anfibios desde la curiosidad. A través de preguntas simples —qué comen, por qué viven cerca del agua o qué ocurre si su hábitat desaparece—, la actividad busca despertar una relación más cercana entre los pequeños y el entorno natural.

Sociedad

Tres ranas nuevas revelan secretos y urgencias del sur del Ecuador

Gabriel Enrique Cornejo Espinoza

En Ecuador, esta reflexión resulta urgente. El país alberga alrededor de 600 especies de anfibios, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor diversidad en el mundo.

Sin embargo, muchas de estas especies enfrentan distintos niveles de amenaza, lo que convierte a las ranas en indicadores clave del estado de los ecosistemas.

Las actividades tienen una duración aproximada de 40 minutos y están incluidas con la entrada al museo: $4 para adultos, $2 para estudiantes y  para niñas y niños de 3 a 11 años. 

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Flora nativa de Guayaquil: proyecto universitario impulsa educación ambiental

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Personas mayores, con discapacidad e infantes menores de 3 años no pagan. Tras la actividad, los visitantes pueden recorrer los otros espacios expositivos del museo.

Lo que debes saber

• Corte Constitucional admite demanda del concejal Andrés Campaña contra reforma al COOTAD este 8 de abril en Quito.
• Acción busca frenar cambios que priorizan 70% obra pública y afectan financiamiento de programas sociales de GAD.

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite una acción pública de inconstitucionalidad presentada por el concejal Andrés Campaña en contra de la reforma a la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la asignación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

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A través de su cuenta en la red social X, el edil informó que la causa fue aceptada y que la Corte otorgó un plazo de 15 días a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas para que emitan sus respectivos pronunciamientos.

Corte Constitucional admite la demanda, pero niega medidas cautelares

La jueza constitucional Claudia Salgado dio paso al trámite de la demanda, que busca frenar la aplicación de las reformas al COOTAD. Estas modificaciones establecen la obligatoriedad de destinar el 70% del presupuesto de los GAD a obra pública y el 30% a gasto corriente.

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Sin embargo, la magistrada negó las medidas cautelares solicitadas por el accionante, por lo que la reforma continuará vigente mientras se sustancia el proceso en la Corte Constitucional.

De manera paralela, el máximo organismo de control constitucional solicitó a la Asamblea Nacional remitir el expediente completo junto con su pronunciamiento dentro del mismo plazo de 15 días. Las demás instituciones del Ejecutivo también podrán presentar sus argumentos en ese tiempo.

Acción de inconstitucionalidad contra la reforma al COOTAD

La acción fue presentada el pasado 23 de febrero de 2026 y cuestiona tanto la forma como el fondo de varios artículos de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, específicamente los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como sus disposiciones transitorias primera, segunda y tercera.

Según Campaña, la reforma —que busca mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto público— podría tener efectos contraproducentes en la gestión local, especialmente en el financiamiento de programas sociales.

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“No todo es cemento”: críticas a la distribución del presupuesto

El concejal sostiene que la nueva normativa prioriza la inversión en infraestructura por encima de los servicios sociales. A su criterio, esto podría afectar directamente a sectores vulnerables, en particular a los adultos mayores.

Campaña explicó que, bajo el esquema actual, varios programas sociales se registran como gasto de inversión, lo que permite su financiamiento. Entre ellos se incluyen iniciativas de salud mental, atención a adultos mayores y servicios relacionados con fauna urbana.

Con la reforma, estos proyectos pasarían a ser considerados gasto corriente, lo que limitaría su ejecución presupuestaria.

Entre los programas que podrían verse afectados mencionó “60 y Piquito”, así como el pago a talleristas comunitarios y los salarios de profesionales en salud mental.

“El cemento por sí solo no sana ni cuida. Si solo se considera inversión al cemento y no al talento humano, no estamos entendiendo cómo funcionan las instituciones del Estado”, cuestionó el concejal.

Quito alerta por reforma a la LOOTUGS:

• Municipio y concejales advierten riesgo de expansión urbana en suelos rurales y pérdida de autonomía en planificación territorial
• Nueva ley de ordenamiento territorial genera tensión en Quito por posibles cambios sin consulta y sanciones millonarias

Las reglas que hoy ordenan cómo crece Quito -desde la altura de sus edificios hasta la protección de sus suelos rurales- podrían dejar de ser definitivas. 

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Reforma LOOTUGS pone en alerta Quito

Ordenanzas que durante años han delimitado barrios, frenado la expansión urbana o protegido zonas ecológicas ahora enfrentan un escenario incierto: una reforma legal que, según autoridades locales, abre la puerta a que decisiones externas reconfiguren el territorio de la capital sin pasar por su planificación.

Ese es el punto de tensión que se instaló en el Distrito Metropolitano tras la aprobación, el 30 de marzo de 2026, de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Mientras desde el nivel nacional se presenta como una modernización necesaria, en Quito las alertas apuntan a un posible quiebre en la autonomía municipal y en la vigencia de sus propias normas urbanísticas.

El alcalde Pabel Muñoz fue uno de los primeros en reaccionar y menciona que la reforma no solo careció de consulta con los municipios, sino que, a su juicio, responde a intereses que podrían imponerse sobre la planificación técnica. 

“El uso del suelo debe definirse desde las ciudades y en función de sus ciudadanos”, advirtió, al tiempo que cuestionó que se habiliten decisiones que -según dijo- podrían favorecer al sector inmobiliario por encima del interés colectivo.

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Desde el Concejo Metropolitano, la preocupación se traduce en aspectos concretos. El concejal Adrián Ibarra y presidente de la Comisión de Uso de Suelo, sostiene que la reforma “abre una ventana” para que entidades del Ejecutivo puedan modificar el uso del suelo sin pasar por los gobiernos locales. En un territorio como Quito, donde más de 90 mil hectáreas están destinadas a protección ecológica o uso agrícola, el riesgo -según su lectura- no es menor.

Ibarra advierte que proyectos de vivienda, incluso bajo la figura de interés social, podrían emplazarse en suelos rurales si son considerados estratégicos. Esto, afirma, tensiona el modelo de desarrollo urbano que el municipio ha intentado sostener frente a fenómenos como el cambio climático. “Las lluvias intensas, los incendios o los deslaves no son ajenos al desarrollo inmobiliario indiscriminado”, señala, sugiriendo que la reforma podría profundizar esos problemas al flexibilizar los controles.

Otro de los puntos críticos es el impacto directo sobre las ordenanzas vigentes. El concejal sostiene que la ley podría vulnerar el Plan de Uso y Gestión del Suelo, un instrumento que, por normativa, solo puede modificarse bajo condiciones estrictas y en plazos definidos. Con la reforma, esos límites podrían diluirse, generando -según su criterio- inseguridad jurídica. A esto se suma un elemento que ha encendido las alarmas: el régimen sancionador.

Elemento sancionador preocupa a Quito autoridades

La posibilidad de que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial imponga multas de hasta el 3% del presupuesto municipal es vista por las autoridades locales como desproporcionada. En el caso de Quito, esto representaría montos millonarios. Ibarra va más allá y cuestiona el modelo: “Se crea un incentivo perverso donde a más multas, más presupuesto para la entidad de control”.

Por su parte el edil Wilson Merino explica que la nueva ley de ordenamiento territorial genera preocupación, especialmente para ciudades como la capital. Aunque reconoce que tiene aspectos positivos -como impulsar la inversión privada y mejorar el control del espacio público- considera que es insuficiente.

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Su principal preocupación es que la ley podría fomentar la expansión desordenada de la ciudad hacia la periferia, promoviendo proyectos inmobiliarios sin una adecuada planificación. Señala que no basta con construir más viviendas, sino que es clave definir dónde se construye, asegurando acceso a servicios básicos, vías y condiciones adecuadas.

También advierte que la ley prioriza el enfoque financiero y privado, dejando de lado una visión más social, especialmente para garantizar vivienda a los grupos vulnerables. Además, teme que el gobierno nacional pueda cambiar planes urbanos ya definidos por el municipio.

Sin embargo, fuera del municipio, la lectura no es completamente homogénea.

Proyectos estratégicos dinamizarían zonas deprimidas Quito

“La reforma puede responder al déficit de vivienda, pero no todo crecimiento urbano es justificableHernán Orbea, urbanista 

El urbanista Hernán Orbea introduce un matiz: si bien reconoce que la reforma resta competencias a los municipios, también sostiene que estas no han sido plenamente aprovechadas en la última década. Según su análisis, herramientas como los planes especiales o los mecanismos de captura de valor del suelo han tenido una aplicación limitada.

Desde esa perspectiva, la intervención del Ejecutivo respondería a una necesidad práctica: enfrentar el déficit habitacional. Orbea pone como ejemplo predios estatales subutilizados en ejes estratégicos de la ciudad que podrían convertirse en proyectos de vivienda social. En su visión, la figura de “proyectos estratégicos” podría activar zonas deprimidas y dinamizar sectores urbanos sin uso.

No obstante, el propio urbanista traza una línea de advertencia. Si bien considera viable el uso de esta herramienta para fines sociales, cuestiona cualquier intento de habilitar suelo rural con fines especulativos. “No todo crecimiento urbano es justificable”, sugiere, marcando distancia con una aplicación indiscriminada de la norma.

¿Habrá seguridad jurídica? 

La reforma genera tensiones en la autonomía municipal, pero también introduce elementos de seguridad jurídica.Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local EC

Una posición intermedia plantea Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local EC, quien reconoce que la reforma introduce tensiones en la autonomía municipal, pero también resalta elementos que podrían fortalecer la seguridad jurídica. Entre ellos, la protección de derechos adquiridos para proyectos inmobiliarios ya aprobados.

Este punto, que para los municipios representa una “atadura de manos”, es visto por Cevallos como una garantía necesaria para los inversionistas. “Un proyecto no puede cambiar de reglas a mitad de camino”, explica. Sin embargo, admite que la ampliación de atribuciones de la Superintendencia -incluida la posibilidad de emitir licencias- es un cambio inédito que podría alterar el equilibrio entre niveles de gobierno.

Lo que debe saber 

• La Ruta Viva sigue sin intervención integral mientras avanza lento su ampliación, pese al deterioro y quejas de miles de usuarios diarios.
• El proyecto para ampliar la Ruta Viva se retrasa, mientras el mal estado de la vía genera pérdidas y riesgos para conductores

A más de un año de que el Concejo Metropolitano declarara de interés público la rehabilitación y extensión de la Ruta Viva bajo la figura de una alianza público-privada (APP), el proyecto continúa, aunque avanza lento.

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¿Qué pasó con el plan de ampliación vial? 

La iniciativa fue presentada como un hito para atraer inversión privada a la capital. El plan contempla una intervención integral de la vía que conecta Quito con el valle de Tumbaco y el Aeropuerto Mariscal Sucre, así como la construcción del tramo 3, que unirá el redondel de Puembo con el conector Alpachaca. Esta ampliación permitiría optimizar el acceso a la terminal aérea y mejorar la movilidad hacia las parroquias rurales del sector.

Sin embargo, mientras el proceso sigue a paso lento, el estado de la vía es cada vez más crítico. Por la Ruta Viva circulan más de 90.000 vehículos a diario, pero desde su inauguración, en 2014, no ha recibido una intervención integral. Los trabajos se han limitado a bacheos que, según denuncian los usuarios, son temporales e insuficientes.

“Se hacen arreglos y en dos meses vuelven los huecos. Es una vía importantísima que conduce al aeropuerto; si no hay presupuesto para mantenerla, sería mejor que la administre un privado, dice María Eugenia Peñaherrera, quien vive en Puembo.

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Las afectaciones también se reflejan en la economía. Andrés Proaño, quien recorre esta vía al menos cuatro veces al día por trabajo, asegura que el deterioro del asfalto le ha generado gastos considerables. “Perdí una llanta y tuve que cambiar dos mesas. Gasté más de $ 200 por el mal estado”, relata. Considera que el material utilizado en los bacheos se desprende con rapidez, lo que agrava el problema.

Las alertas sobre la condición estructural de la Ruta Viva no son nuevas. En 2021, un estudio contratado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) determinó que tanto la carpeta asfáltica como los cimientos de la vía presentaban un “colapso prematuro y acelerado”, lo que evidenciaba la necesidad de una intervención profunda.

Pese a este diagnóstico y a la declaratoria de interés público, la APP no termina de concretarse, ni siquiera en una primera fase. El concejal Michael Aulestia advierte que el proceso ha sufrido retrasos desde su etapa inicial, debido a demoras en la inscripción de la iniciativa ante la Secretaría de Alianzas Público-Privadas del Gobierno, un paso esencial para su desarrollo.

Posteriormente, el Concejo aprobó una prórroga para que la empresa interesada presentara los estudios de prefactibilidad y factibilidad. No obstante, ese plazo venció el 13 de marzo y, según Aulestia, no existe claridad sobre si dichos estudios fueron entregados.

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El edil afirma que ha solicitado información a la Secretaría de Movilidad, pero la respuesta fue que en sus registros no consta si existe o no la etapa de prefactibilidad. “Cuando se oculta información a un concejal, algo está pasando”, sostiene.

Aulestia también cuestiona que, mientras se espera una eventual inversión privada, el Municipio no haya implementado un plan de mantenimiento más efectivo. “No se puede mantener a la ciudad a la expectativa de que un tercero decida si participa o no. Al menos debería existir un mantenimiento contingente adecuado en estas vías rápidas”, enfatiza.

Cuando se oculta información a un concejal, algo está pasandoMichael Aulestia, concejal

El alcalde, Pabel Muñoz ha reconocido la complejidad del proyecto. El pasado 19 de marzo señaló que concretar la alianza público-privada será un reto y que los primeros resultados obligan a replantear algunos aspectos. También indicó que la empresa interesada expresó preocupaciones respecto a posibles incrementos en los costos, lo que requeriría un análisis adicional.

Por su parte, Álex Pérez, secretario de Movilidad, aseguró que el proceso avanza conforme a los plazos establecidos en la ley. Explicó que el proponente privado ya entregó los estudios de prefactibilidad, los cuales actualmente son evaluados por una comisión técnica integrada por varias dependencias del Municipio.

Según Pérez, este análisis permitirá contar con un panorama más claro sobre la viabilidad del proyecto. “Una vez concluida esta revisión, estaremos en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la alianza público-privada”, puntualizó.

Fe de erratas: En el título de la publicación inicial se indicó que el proceso de concesión está estancado. Aclaramos que el proceso sigue en marcha, tal como se detalla en la nota. Ofrecemos disculpas a los lectores.

Lo que debes saber

• La vía Nayón–Cumbayá sigue inconclusa tras 7 meses; el polvo y los baches afectan a conductores diariamente.
• Prefectura atribuye retraso en Nayón–Cumbayá a problemas de Petroecuador en entrega de asfalto.

La vía que conecta a Nayón con Cumbayá, en Quito, acumula cerca de siete meses en mantenimiento sin una conclusión clara. 

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El polvo constante, los tramos irregulares y el deterioro de la calzada han provocado molestias entre los usuarios que transitan diariamente por esta importante conexión vial.

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SARA OÑATE

Conductores denuncian que las condiciones actuales representan un peligro. Galo Venegas expresó su preocupación: “Seguimos con problemas en la vía que une Nayón y Cumbayá. Los trabajos están abandonados, lo que ocasiona un riesgo para quienes utilizamos a diario esta carretera. ¿Quién responde por este tema?”.

A esta inconformidad se suma Juan Carlos Machuca, quien cuestionó el exceso de polvo y el estado general de la vía, señalando que la situación afecta tanto a vehículos como a la seguridad de los conductores.

Avance parcial y problemas con el suministro de asfalto

Según información proporcionada por la Prefectura de Pichincha al medio Expreso, la obra tiene una extensión total de 1,4 kilómetros y contempla dos frentes de trabajo.

En el primer tramo, de 600 metros, ya se realizaron intervenciones iniciales. Sin embargo, el asfaltado se ha visto paralizado durante ocho semanas debido a la falta de suministro de asfalto. Este insumo depende de la Refinería de Esmeraldas, operada por Petroecuador, que actualmente enfrenta problemas internos que han limitado la entrega del material.

Pese a esta situación, se logró un avance parcial utilizando remanentes de asfalto disponibles en el stock del contratista.

Por otro lado, aún quedan 800 metros sin intervención, lo que evidencia el retraso general del proyecto.

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Cronograma incierto y factor externo clave

La Prefectura informó que el avance global de la obra alcanza aproximadamente el 40%. Para su finalización, se estima un plazo de cuatro meses adicionales, contados desde que se normalice la entrega de asfalto.

No obstante, recalcaron que este retraso responde a un factor externo, ya que la Refinería de Esmeraldas es la única proveedora de asfalto a nivel nacional, tanto para proyectos públicos como privados.

Lo que debes saber

• El Municipio de Quito suspendió la Feria Internacional del Libro de Quito 2026 (FILQ) debido a las recientes reformas al Cootad, que prioriza el gasto de inversión
• Tras la decisión, la Cámara del Libro asumió la organización, con el apoyo del Viceministerio de Cultura. También se impuso un valor a la entrada

El cobro de entrada a la Feria Internacional del Libro de Quito 2026 (FILQ), que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito, genera cuestionamientos por parte de las librerías independientes.

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La feria, que este año será gestionada por la Cámara Ecuatoriana del Libro, con el respaldo del Viceministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ya no estará bajo la administración directa del Municipio de Quito.

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Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, justificó el cobro señalando que “la gratuidad limita el crecimiento de la feria” y citó como referencia otros eventos similares en la región que aplican un costo de ingreso. Además, los stands comerciales que superen los nueve metros cuadrados tendrán un valor adicional.

Alerta por privatización de la FILQ

Sin embargo, la medida ha sido criticada por la Asamblea del Libro, que agrupa a 124 librerías de todo el país. En un comunicado se advierte sobre los riesgos de transformar la feria en un evento exclusivo para quienes puedan pagar. 

“El acceso al libro es un derecho, no un privilegio”, señalaron en sus redes sociales, añadiendo que la restricción de público podría afectar las ventas y la sostenibilidad de librerías, editoriales y autores.

Pamela Ríos, presidenta de la Asamblea, cuestionó además la falta de socialización de decisiones importantes, como la fecha del evento (un mes antes de las elecciones), el cobro de entrada y la elección de un lugar menos accesible de la ciudad. 

La Asamblea defiende una feria pública, abierta y accesible, que fomente la diversidad de actores del ecosistema del libro. “No a la privatización. Sí al acceso libre y a la biodiversidad cultural”, se lee en el comunicado.

El acceso al libro es un derecho. Cobrar entrada y alejar la feria del centro urbano limita la participación

Ríos agrega que, después de cinco años de trabajo constante con la Secretaría de Cultura del Municipio, durante los cuales se organizaron mesas técnicas que fomentaron una participación más equitativa, “ahora se está empezando de cero en la conceptualización de la feria, a pesar de todo ese esfuerzo sostenido”.

• Jorge Yunda tiene 60 años, fue alcalde de la capital entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021, durante dos años y cuatro meses.  
• Yunda, dueño de radios como Canela, enfrentó un proceso judicial por la supuesta compra de pruebas para detectar COVID-19. Esos cuestionamientos hicieron que no complete su período.
• En septiembre del 2025 fue absuelto de los cargos en su contra, según resalta. Por eso dice que quiere completar el proyecto que tenía para la ciudad.

El exburgomaestre de Quito, Jorge Yunda, otra vez está en la carrera por la Alcaldía porque según dice, "su proyecto de ciudad quedó trunco", tras gobernar entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. En ese marco, como precandidato, confirma que ha mantenido diálogos con Centro Democrático para terciar por esa organización.

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En entrevista con EXPRESO, Yunda señaló: “(Centro Democrático) es una agrupación política en la cual no se me ha exigido nada. Cuando hay condiciones o favores que pagar, sufre la ciudad. Tienen dirigentes que piensan en la ciudad y me han dado la libertad y así estamos conversando para ver cómo cumplimos con la ley para poder ser candidato de esa agrupación”.

Entonces, ¿es un hecho que Yunda iría con la camiseta de Centro Democrático? Respondió: "Hemos hablado pero depende de una serie de procesos, que comienzan con las primarias y con todo eso, voy a correr las primarias y espero salir siempre avante con esa decisión”.

Yunda asegura tener "capital político propio", por lo que llegará otra vez a la papeleta, sin ser militante de una agrupación. Negó tener un diálogo al respecto con el presidente Daniel Noboa, para correr por ADN, pese a que no se muestra crítico con su Gobierno.

La carrera política de Yunda

En febrero del 2017, con la popularidad que ganó como radiodifusor y como expresidente del club deportivo El Nacional, llegó a la Asamblea Nacional, con el auspicio del correísmo.    

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Entonces también actuó como un diplomático al referirse a la división entre correístas y quienes defendían a Lenín Moreno. Dijo que se sentía como hijo de padres divorciados.

Dejó esa curul y ganó la alcaldía con el respaldo del movimiento del exfiscal General del Estado, Washington Pesántez, Unión Ecuatoriana. No hizo carrera en ese movimiento.  

También en las pasadas elecciones buscó la reelección, para eso contó con el casillero de Pachakutik. Logró que cuatro de los ediles que promovió llegaran al Concejo Metropolitano: Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña, Joselyn Mayorga y Juan Báez. Aunque ellos se alinearon a la Revolución Ciudadana, de Pabel Muñoz. Jorge Yunda comentó que no siguieron su línea.

La Fiscalía General del Estado abrió una instrucción fiscal por robo agravado, etapa procesal que se extenderá por 30 días. Durante este tiempo, se realizarán las pericias técnicas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los señalados en el violento suceso.

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Armamento y antecedentes en la escena

La captura de Lara no fue aislada. El exjugador de El Nacional cayó junto a tres individuos que portaban un peligroso arsenal: dos armas industriales y un fusil artesanal. Según los registros policiales, tres de los aprehendidos ya cuentan con un historial delictivo por robo y tenencia de armas, a diferencia de Lara, quien no registra antecedentes previos.

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Enfrentamiento armado en El Recreo

El escenario del crimen fue un local de tecnología en el sector de El Recreo, al sur de la ciudad. Allí, la Policía Nacional frustró el asalto en plena ejecución. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados para evitar la captura y proteger un botín en equipos electrónicos valorado en 9.000 dólares.

Ante el ataque, los agentes repelieron la agresión haciendo uso legítimo de la fuerza. En el sitio se decomisaron casquillos de bala, celulares y laptops que ya habían sido sustraídos por la agrupación.

Las claves del caso

• El Municipio fue sancionado con $ 15.795 por incumplimientos en la actualización y envío de información catastral al sistema nacional
  
• El proceso de actualización incluye nueva cartografía con el IGM y migración a plataforma solicitada por el Miduvi

El Municipio de Quito inició un proceso de actualización del catastro que se extenderá por aproximadamente 10 meses, hasta febrero de 2027, tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) por incumplimientos en el manejo de esa información.

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El alcalde, Pabel Muñoz, informó que mantuvo una reunión con la SOT para definir una hoja de ruta que permita corregir las observaciones. Como parte de este plan, se ejecuta el levantamiento de nueva cartografía en coordinación con el Instituto Geográfico Militar (IGM), entidad rectora en materia cartográfica en el país.

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Según explicó, este componente técnico es el más extenso del proceso y busca mejorar la precisión de la información territorial, incluyendo una mejor adaptación a las características del terreno y sus accidentes geográficos.

Migración a otra plataforma

El proyecto contempla también actualización alfanumérica del catastro y la migración de la plataforma histórica del Municipio hacia un nuevo sistema requerido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo.

Motivos de la sanción al Municipio

La intervención se produce luego de que la SOT determinara que el Municipio incurrió en una infracción grave al no cumplir con la actualización ni el envío completo de datos al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. El informe técnico y jurídico estableció que el cabildo incumplió el 18,75 % de los parámetros técnicos exigidos por la normativa nacional.

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Entre las principales observaciones constan la omisión de 21 parámetros en las bases catastrales, la falta de implementación del sistema SIGCAL, con 11 parámetros no verificados, e inconsistencias en la estructura de la clave catastral. Como resultado, se impuso una multa de $ 15.795.

Impacto en las finanzas del Cabildo

El informe también advierte sobre el impacto económico de estas falencias. Según estimaciones basadas en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citadas por la SOT, Quito no está percibiendo cerca de $ 189 millones anuales debido a la desactualización del catastro, dado su rol en la determinación de tributos locales.

Lo que debes saber

• Pabel Muñoz evita confrontación electoral y asegura que no caerá en el  “política del insulto”, priorizando su gestión y obras en Quito
• Jorye Yunda, quien confirmó su candidatura, señaló que no hay un liderazgo para enfrentar la inseguridad y otros problemas que enfrenta la capital 

En un contexto político marcado por la incertidumbre y el adelanto de las elecciones seccionales a noviembre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó que no entrará en dinámicas de confrontación ni en lo que calificó como “la política mediocre del insulto”, al referirse a las críticas de sus adversarios.

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Durante una entrevista en Ecuavisa este 8 de abril de 2026, Muñoz subrayó que su prioridad actual es la gestión municipal y la ejecución de obras en la capital. 

“La mejor campaña es una buena gestión”, sostuvo, dejando claro que su estrategia política se centrará en resultados concretos antes que en polémicas.

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Las declaraciones del alcalde se producen luego de cuestionamientos a su administración por parte de Jorge Yunda, quien anunció formalmente su intención de postular nuevamente a la Alcaldía de Quito.

Frente a ello, Muñoz marcó distancia: “Yo hablo con la gestión y las obras, no entro a esta política mediocre donde el insulto es la forma de captar votos”.

Para el burgomaestre, el debate público en el país está deteriorado. “La política ecuatoriana se ha deteriorado terriblemente porque algunos creen que hacer política es decir que el otro es malo, feo o no sabe. Yo no me voy a poner a contestar al uno o al otro”, afirmó.

La mejor campaña es una buena gestión. Debo demostrar porqué estoy capacitado para administrar la ciudad cuatro años más
Pabel Muñoz, alcalde de Quito

En ese sentido, insistió en que su enfoque está en demostrar su capacidad para continuar al frente de la ciudad. “Debo demostrar por qué estoy capacitado para administrar Quito cuatro años más”, señaló.

¿Se va a desafiliar de la Revolución Ciudadana?

Muñoz también habló sobre el escenario previo a las elecciones al que calificó como “complejo” y “enrarecido”, marcado por la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) y las dificultades que, según dijo, enfrenta esa organización política para participar en los comicios. 

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El alcalde señaló que, de ser necesario, consideraría desafiliarse del partido; sin embargo, antes daría un paso previo: verificar si, en su caso, efectivamente consta como registrado en una organización política. Añadió que uno de los problemas del CNE radica en que si su base de datos está correctamente consolidada.

Lo que debes saber

• ‘¿Q+ve?’ llega a Quito: la app que ayuda a adolescentes y jóvenes a manejar emociones y conectarse con apoyo psicológico al instante.
• La aplicación ‘¿Q+ve?’ está disponible de forma gratuita y puede descargarse fácilmente desde las tiendas oficiales de App Store (para dispositivos iOS) y Google Play (para Android).

El Municipio de Quito presentó ‘¿Q+ve?’, una innovadora aplicación móvil diseñada para promover la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 25 años. 

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La herramienta digital se distingue por ser creada por y para los jóvenes, quienes participaron activamente en todas las etapas de desarrollo, desde la conceptualización hasta la validación final.

“Es una herramienta pensada por ellos, testeada por ellos y validada por ellos”, destacó el alcalde Pabel Muñoz, durante el evento de lanzamiento de la app.

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Una app cercana y juvenil

‘¿Q+ve?’ utiliza un lenguaje cotidiano y juvenil, elegido por los mismos participantes del proceso, lo que refuerza su identidad como una herramienta atractiva y accesible para el público joven. Según el secretario de Salud, Carlos Carvajal, el nombre de la app surgió tras validaciones con estudiantes de colegios y universidades, asegurando que la plataforma refleje las necesidades y preferencias de quienes la usarán.

El alcalde Muñoz agregó que los jóvenes validaron que la infografía, los videos y la experiencia de uso fueran “chéveres”, garantizando así un uso más frecuente y efectivo.

Funcionalidades interactivas para el bienestar emocional

La aplicación permite a los usuarios realizar autoevaluaciones emocionales mediante un cuestionario diseñado por expertos. Según los resultados, se activan planes personalizados según el nivel de malestar emocional:

Cada plan incluye actividades gamificadas, juegos, videos y recomendaciones para manejar situaciones de estrés, ansiedad o malestar emocional. En total, la app cuenta con 25 actividades interactivas diseñadas para fortalecer el bienestar emocional de los jóvenes.

Además, ‘¿Q+ve?’ conecta a los usuarios con servicios profesionales de salud mental, permitiendo agendar citas psicológicas a través del 101 (opción 9) o contactar al ECU 911 en casos de crisis.

Una herramienta frente a la crisis de salud mental juvenil

La iniciativa surge en un contexto preocupante: 1 de cada 7 adolescentes en el mundo enfrenta un trastorno mental. En Quito, el alcalde Muñoz resaltó la gravedad del problema: “Una de las principales causas de muerte en mujeres de 10 a 19 años es el suicidio, y la segunda en hombres del mismo grupo etario”.

Gracias a políticas municipales innovadoras, como la inclusión de psicólogos en el ECU 911, Quito ha logrado una reducción del 26% en los casos de suicidio: de 244 en 2024 a 181 en 2025, según datos de la DINASED.

Inversión en salud mental

El Municipio de Quito ha destinado cerca de $ 7 millones para fortalecer la atención en salud mental, incluyendo la contratación de 109 psicólogos, la implementación de teleconsultas y atención permanente vía ECU 911.

Lo que debes saber

• Vuelos en el Aeropuerto Mariscal Sucre se suspenderán en sábados de 2026 por mantenimiento preventivo de la pista.
• Aeropuerto de Quito informa cierres de pista en fechas específicas; pasajeros deben consultar sus vuelos con las aerolíneas.

La Corporación Quiport, concesionaria del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, anunció este martes que las operaciones aéreas se suspenderán en varias fechas de 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista.

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Fechas y horarios de cierre de pista

El objetivo de estas intervenciones es garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas, evitando cierres imprevistos por mantenimiento correctivo de emergencia, y minimizando las afectaciones a pasajeros y aerolíneas.

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Los cierres se realizarán en horarios estratégicos, principalmente durante la madrugada, para reducir el impacto en los vuelos. Las fechas programadas son:

Desde las 02:00 hasta las 14:00:

Desde las 06:00 hasta las 14:00:

Se escogieron los sábados porque son los días con menor tráfico aéreo y no se planificaron cierres en julio y agosto, meses de temporada alta de verano.

Coordinación y notificaciones oficiales

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) autorizó la programación de cierres, y las aerolíneas han sido notificadas mediante reuniones de trabajo y NOTAM, la comunicación oficial para operaciones de aviación.

Los pasajeros deben contactar directamente a su aerolínea para confirmar cambios de itinerario, reprogramaciones o cancelaciones. La información actualizada está disponible en: Aeropuerto de Quito - Aerolíneas

Lo que debes saber

• Moradores de Palugo cerraron un tramo de la vía E35, en Quito- Papallacta tras la muerte de una mujer que fue atropellada por un tráiler
  
• Los habitantes exigen a las autoridades la construcción de un puente peatonal, de lo contrario seguirán con la medida de protesta

La muerte de una mujer de 70 años, atropellada por un tráiler el pasado 6 de abril, provocó la protesta de los habitantes de Palugo, en el nororiente de Quito, quienes este 8 de abril de 2026 bloquearon la vía Quito-Papallacta, en la E35, para exigir medidas de seguridad vial.

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Desde aproximadamente las 04:00, los moradores cerraron completamente el tránsito vehicular colocando llantas y palos sobre la calzada. 

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SARA OÑATE

Según reportó Teleamazonas, la protesta surge como respuesta al siniestro que cobró la vida de la adulta mayor de forma inmediata y que, según denuncian los residentes, evidencia la falta de infraestructura peatonal en la zona.

¿Cuál es el pedido de los moradores?

Por ello, los habitantes reclaman la construcción urgente de un puente peatonal que permita cruzar la vía con seguridad. Señalan que en ese mismo punto, más de diez personas han fallecido en circunstancias similares, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales.

El cierre provocó una fuerte congestión vehicular y dejó varados a decenas de conductores que se dirigían hacia Quito desde el norte del país y la región amazónica. 

La afectación continúa pasadas las 09:00 generando malestar entre los usuarios de esta importante arteria vial.

Pasadas las 08:00, tras diálogos entre los manifestantes y las autoridades, se logró habilitar parcialmente la circulación con la apertura de un carril. Sin embargo, la situación se mantiene debido al alto flujo vehicular en la zona.

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En el lugar se desplegó personal de la Policía Nacional, que busca mediar con los moradores para restablecer completamente el tránsito y evitar nuevos incidentes.

Mientras, los habitantes de Palugo insisten en que no levantarán del todo la medida hasta obtener compromisos concretos que garanticen la seguridad de quienes transitan a diario por este tramo.

Lo que dedes conocer

• Una investigación permitió identificar al sospechoso, quien presuntamente producía y almacenaba material de abuso sexual infantil desde sus cuentas
  
• Durante los allanamientos en Quito se incautaron varios dispositivos electrónicos y se logró identificar a una víctima menor de edad vinculada al caso

Una investigación que se extendió durante varios meses terminó con la captura de un hombre señalado por producir y almacenar material de abuso sexual infantil. 

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El operativo, denominado Fénix 0168-Orión 4, se ejecutó el 7 de abril de 2026 y reveló una actividad delictiva que operaba desde cuentas personales en plataformas digitales.

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Detrás del caso estuvo la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía, que trabajó junto a la Fiscalía especializada en crimen organizado, además de organismos internacionales como Homeland Security Investigations y la organización Our Rescue. 

Se identificó una una víctima menor de edad

De acuerdo con la Policía, el seguimiento incluyó rastreo técnico, análisis de archivos y monitoreo de actividad en línea, hasta identificar al sospechoso.

Según las indagaciones, el ahora detenido no solo almacenaba archivos ilegales, sino que también los producía. En el proceso investigativo, además, se logró identificar a una víctima menor de edad, lo que agrava la dimensión del caso.

Las evidencias que se encontraron 

El allanamiento se realizó en en norte de Quito. Durante los operativos, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos que ahora forman parte de la evidencia: 

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, que definirán su situación legal en los próximos días.

Tras la detención, la Policía aseguró que seguirá fortaleciendo las acciones de prevención, investigación e inteligencia para debilitar, desorganizar y afectar a quienes utilicen medios digitales para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Las claves del caso

• Un operativo en Tumbaco dejó a un joven de 24 años detenido con 19 celulares que no pudo justificar su procedencia
• La aprehensión se dio luego de que la Policía detectó a un hombre que intentó evadir los controles rutinarios, lo que levantó sospechas

Un operativo en Tumbaco terminó con la detención de un joven de nacionalidad extranjera que vendía accesorios para celulares y que no pudo explicar la procedencia de 19 teléfonos móviles que tenía en su poder.

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La Policía detalló que el hecho ocurrió el 8 de abril de 2026 en las calles Juan Montalvo y Oswaldo Guayasamín. Agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), que realizaban controles preventivos en la zona, detectaron a un hombre que intentó evadirlos, lo que levantó sospechas.

Quito

Centro de privación de libertad en Quito: analizan tres opciones para su reubicación

SARA OÑATE

Al revisar el sitio donde trabajaba como comerciante ambulante, los uniformados encontraron los dispositivos móviles. Tras verificar los códigos IMEI en el sistema de Arcotel, se confirmó que uno de los teléfonos estaba reportado como robado.

Las evicencias que se encontraron 

El resto de equipos tampoco pudo ser respaldado con documentación que justifique su origen, por lo que los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso, de 24 años.

En total, se incautaron 19 celulares: uno con reporte de robo y 18 de dudosa procedencia.

El joven fue informado de sus derechos y su situación fue comunicada a las autoridades consulares correspondientes. 

Posteriormente, junto con los indicios, fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde quedó a disposición de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial.

Lo que debes saber

• El centro de privación de libertad número tres funciona en Chillogallo, en el sur de Quito, desde el 2014. Para lo moradores es un vecino incómodo y piden su salida
• El predio pertenece al Municipio de la capital y se entregó en comodato al Snai. Un informe de la Administración Zonal Quitumbe dice que el uso del suelo no es compatible

Luego de meses de reclamos por parte de moradores de Chillogallo, en el sur de Quito, la permanencia de la Casa de Confianza (centro de privación de libertad N.° 3) entra en una fase de definición. La Administración Zonal Quitumbe aseguró que se analizan tres posibles lugares para una eventual reubicación.

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La situación del predio fue tratada el 8 de abril de 2026 en la Comisión de Seguridad del Municipio de Quito, donde compareció Fernando Altamirano, delegado de la Administración Zonal Quitumbe. 

Durante su intervención, explicó que el predio donde actualmente funciona el centro es de propiedad municipal y fue entregado en comodato en 2007, acuerdo que finalizó en 2017 sin que se haya formalizado su continuidad o cierre mediante un acto administrativo.

Quito

En Quito, las casas patrimoniales ceden ante la humedad y el abandono

SARA OÑATE

Altamirano señaló que los informes jurídicos y ambientales levantados por la Administración Zonal son desfavorables para la renovación del comodato. Entre los principales argumentos consta la incompatibilidad del uso de suelo, ya que el sector está catalogado como zona habitable y residencial, según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM).

Tres alternativas sobre la mesa

“Existe un conflicto social evidente”, afirmó el funcionario, al detallar que la presencia de la Casa de Confianza en el sector ha generado tensiones con la comunidad. Añadió que actualmente se coordinan acciones con la Dirección de Bienes Inmuebles del Municipio para resolver la situación del predio.

En ese contexto, se conoció que dicha dependencia municipal ya mantuvo acercamientos con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada de estos espacios en el país, con el fin de identificar alternativas de reubicación. Como resultado preliminar, se han definido tres posibles espacios, aunque aún se espera una confirmación oficial.

Altamirano advirtió que una eventual salida inmediata del centro enfrenta un obstáculo logístico: “Si en este momento les piden que salgan, no tienen dónde reubicarse”. Por ello, aseguró que el proceso continúa en seguimiento mientras se concreta una solución viable.

Protestas de los vecinos

Los moradores de Chillogallo sostienen que la presencia de la Casa de Confianza ha deteriorado la seguridad del sector. Yolanda Guaña, residente del barrio, afirmó que la situación se agravó desde el 2014.

“Esto se volvió un punto rojo. Hay asaltos, venta de sustancias ilícitas, la inseguridad es constante”, denunció. Según su testimonio, el problema se intensificó en 2019, tras el traslado de personas privadas de libertad desde la cárcel de Cotopaxi hacia estas instalaciones.

Quito

Marchas contra la reforma al Cootad en Quito: usuarios de Casas Somos se movilizaron

SARA OÑATE

Los vecinos han realizado protestas para exigir el retiro del centro. En enero pasado organizaron un plantón como medida de presión ante la falta de respuestas concretas.

Mónica Pastrano, integrante del Frente Ciudadano por la Seguridad y la Paz Sur de Quito, señaló que los habitantes “ya esperaron lo suficiente” y demandan que las autoridades actúen en función de los informes técnicos de la Administración Zonal.

Lo que debes saber

• La muerte de un paciente en un clínica dental en el norte de Quito tras una intervención derivó en la investigación por una posible negligencia médica.
• El padre de la víctima aseguró que se habría aplicado anestesia general, cuando en este tipo de procedimientos se usa anestesia local.

La muerte de Luis Alarcón, de 37 años, ocurrida el pasado 2 de abril de 2026 en una clínica dental del norte de Quito, derivó en cuestionamientos sobre la responsabilidad penal de los profesionales de la salud y el alcance de la ley en casos de presunta negligencia médica.

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Según relataron sus familiares a medios de comunicación, Alarcón acudió al establecimiento para someterse a un tratamiento de endodoncia y a la colocación de un implante dental. 

Sin embargo, durante el procedimiento se habría producido una emergencia que terminó con su fallecimiento. El hecho fue alertado a la Policía, que acudió al sitio, mientras personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo.

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SARA OÑATE

Uno de los elementos dentro de la investigación es el uso de anestesia general. De acuerdo con el testimonio del padre del paciente, esta habría sido aplicada durante la intervención, pese a que en el consentimiento informado se establece que este tipo de procedimientos, por lo general, se realizan con anestesia local. Esta decisión es ahora parte central de las indagaciones.

Ante estos hechos, se analiza la posible responsabilidad penal de los médicos involucrados, en un proceso que busca determinar si existió negligencia, impericia o imprudencia.

¿Qué establece la ley?

La Ley Orgánica de Salud dispone en su artículo 199 que la autoridad sanitaria debe investigar y sancionar cualquier práctica ilegal o actuación marcada por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia en el ejercicio de profesiones de la salud, sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse en la justicia ordinaria.

Por su parte, el artículo 202 define como infracción todo acto injustificado que cause daño al paciente y que derive de la inobservancia de normas, falta de conocimientos técnicos, omisión del cuidado exigible o demoras injustificadas en la atención profesional.

Sanciones establecidas en el COIP

En el ámbito penal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones cuando se comprueba negligencia médica. Si un profesional incumple el deber objetivo de cuidado y esto provoca la muerte de un paciente, la pena puede ir de uno a tres años de prisión.

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Pero, si el fallecimiento ocurre como consecuencia de acciones consideradas innecesarias, peligrosas o ilegítimas, la sanción se agrava y puede alcanzar entre tres y cinco años de privación de libertad. Además, la posibilidad de que el profesional vuelva a ejercer quedará sujeta a lo que determinen las disposiciones legales correspondientes.

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Lo que debes saber

• El río Guambi, ubicado en el oriente de Quito, evidencia los efectos de la contaminación por descargas domésticas e industriales sin tratamiento, lo que ha deteriorado su calidad de agua y afectado a parroquias como Puembo, Tababela, Pifo y Yaruquí.

La contaminación de los ríos en Ecuador ya no es una alerta abstracta, sino una realidad que se puede medir, ubicar y entender con precisión. En la provincia de Pichincha, investigaciones lideradas por la Universidad San Francisco de Quito han evidenciado el impacto de las descargas sin tratamiento en los sistemas hídricos. Uno de los casos más representativos es el del río Guambi, donde un proyecto desarrollado entre 2022 y 2025 ha permitido dimensionar el daño ambiental y sus implicaciones para la salud pública.

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Contaminación de ríos compromete salud y biodiversidad

Ubicado en el margen oriental de la parroquia de Puembo, el río Guambi nace en la vertiente occidental de los Andes orientales, al este de Pifo, bordea Tababela y la zona del aeropuerto de Quito, y desemboca en el río Guayabamba. A lo largo de su recorrido, recibe residuos vertidos directamente desde barrios residenciales que no siempre cuentan con sistemas de alcantarillado, así como descargas de empresas de mediano y alto impacto ubicadas en la microcuenca.

“Las descargas presentan altas concentraciones de materia orgánica, coliformes totales y fecales, así como metales pesados”, explica Valeria Ochoa-Herrera, investigadora de la USFQ, al referirse a los factores que deterioran la calidad de los ríos en la zona. Estos contaminantes, señala, tienen origen tanto natural como antrópico y afectan directamente la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos hídricos.

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A esta visión se suma el investigador António Machado, del Instituto de Microbiología de la USFQ, quien advierte sobre el componente microbiológico del problema: “Uno de los aspectos más relevantes es la elevada carga de microorganismos de origen fecal que se introduce en los ríos”. La presencia de Escherichia coli y otros patógenos convierte a estos cuerpos de agua en reservorios activos de contaminación con impacto sanitario.

Ríos ecuatorianos: los efectos en varios parroquias

El proyecto en el río Guambi no solo ha permitido identificar estas amenazas, sino también construir una línea base de mapeo geográfico de riesgos, vegetación y calidad del agua. Este levantamiento científico facilita evaluar la magnitud del daño ambiental y proponer acciones concretas para su recuperación, enfocadas en la protección de la vida silvestre y la rehabilitación de espacios de recreación para miles de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.

Las conclusiones del estudio tienen un alcance directo en las parroquias de Puembo, Tababela, Pifo y Yaruquí. Allí, el análisis físico-químico, microbiológico y biológico del agua permite identificar fuentes de contaminación, evaluar riesgos para la salud y generar información clave para la toma de decisiones. “Existe un potencial real de transmisión de infecciones entéricas”, advierten los investigadores, al destacar que el problema trasciende lo ambiental y se convierte en una amenaza para la salud pública.

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Además, el impacto del proyecto se extiende a la gestión local. Los resultados sirven como herramienta para que autoridades y comunidades implementen medidas de conservación, control y educación ambiental. Esto incluye promover el uso responsable del agua en actividades domésticas y agrícolas, así como fortalecer la gobernanza ambiental frente a los desafíos del crecimiento urbano y el cambio climático.

Frente a este escenario, Ochoa-Herrera enfatiza la necesidad de soluciones estructurales: “Es indispensable que las descargas de aguas residuales sean tratadas adecuadamente antes de su liberación al ambiente”. En esa línea, destaca iniciativas como la planta de tratamiento de la USFQ, que procesa la mayoría de sus aguas servidas y cumple con la normativa ecuatoriana.

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Por su parte, Machado subraya la importancia de un monitoreo constante y basado en evidencia científica. “Es prioritario evaluar la calidad sanitaria del agua mediante herramientas que permitan detectar patógenos y marcadores de resistencia”, sostiene, al plantear una gestión integral que conecte la salud ambiental, humana y productiva.

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Lo que debes saber

• Un siniestro ocurrió a las 04:00 en la av. 10 de Agosto y El Inca, en el norte de Quito. Se registran cuatro personas heridas, una de gravedad
• La emergencia involucró a una patrulla policial que trasladaba a un aprehendido desde la Unidad de Flagrancia hasta Pomasqui

En la madrugada de este 9 de abril de 2026, un siniestro de tránsito involucró a una patrulla policial que trasladaba a un detenido en el norte de la ciudad. 

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:00 en la avenida 10 de Agosto y El Inca, donde se registró un choque lateral angular que derivó en la pérdida de carril de circulación.

Según información de los agentes en el sitio, la patrulla se impactó contra un poste de alumbrado público y luego se volcó. En el automotor se movilizaban cuatro tres policías y el aprehendido, quienes resultaron afectados.

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Equipos de emergencia acudieron al sitio. Los heridos recibieron asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a distintas casas de salud. 

Un  herido de gravedad

Entre los ocupantes se encontraba un ciudadano aprehendido, quien era trasladado desde la Unidad de Flagrancia hasta Pomasqui.

De acuerdo con los reportes, uno de los uniformados presentó heridas de gravedad, mientras que los otros tres ocupantes registraron contusiones. 

Debido al siniestro, las autoridades cerraron completamente el perímetro de la intersección para facilitar las labores de socorro y levantamiento de indicios. 

Investigación en curso

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para iniciar las pericias correspondientes y determinar las causas del hecho.

Los agentes señalaron el medio televisivo TVC que la intersección cuenta con semáforos y que se recopilarán videos de seguridad que serán entregados a las autoridades competentes.

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Asimismo, se practicaron pruebas de alcoholemia a los involucrados, cuyos resultados fueron negativos.

En la zona, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron la atención de los heridos y efectuaron tareas de limpieza de la calzada. La vía fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular pasadas las 06:30.

Lo que debes saber

• El incidente: Luis Alarcón falleció el 2 de abril de 2026 durante un procedimiento de endodoncia e implante dental en la Av. 6 de Diciembre.
  
• La irregularidad: Policías reportaron que abogadas del centro médico destruyeron manualmente la historia clínica del fallecido antes de su recolección.

Dos personas vinculadas a clínica dental, en el norte de Quito, intentaron destruir la historia clínica de Luis Alarcón, un paciente que acababa de fallecer en el establecimiento, según el parte policial. Los uniformados identifican a esas personas como dos mujeres, que se habían presentado como abogadas, y quienes "rasgaron y rompieron" los expedientes médicos frente a los uniformados. Los agentes aseguran que tuvieron que intervenir físicamente para quitarles los papeles y preservarlos como evidencia de la muerte ocurrida la tarde del 2 de abril.

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El incidente se registró en un centro odontológico ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Checoslovaquia, en el sector de Iñaquito. Los agentes que acudieron a la emergencia encontraron a la víctima, identificada como Luis Alarcón, tendida en el piso del consultorio bajo una colcha gris y con manchas de sangre en el sitio de la intervención quirúrgica.

Manipulación de evidencias

El reporte oficial señala que las juristas hicieron caso omiso a las advertencias verbales de la autoridad y continuaron con la eliminación de los folios. Tras la recuperación de los documentos, el personal de Criminalística realizó la fijación de los indicios para determinar si la información eliminada era vital para establecer las causas de la muerte.

La fiscal de turno ordenó de inmediato la cadena de custodia para todos los expedientes y videos de seguridad del local.

Irregularidades y clausura del centro

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó una inspección técnica tras el suceso y detectó que el establecimiento operaba con presuntas irregularidades administrativas. Las autoridades emitieron un acta sancionatoria por el mal uso de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), ya que el sitio realizaba servicios de radiología sin contar con la autorización legal correspondiente. Ante estas faltas, los funcionarios procedieron a la clausura inmediata del inmueble.

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El fallecido acudió a la cita para una endodoncia y la colocación de un implante dental, proceso en el cual participaron dos anestesiólogas. Aunque un paramédico del Ministerio de Salud realizó maniobras de reanimación, el hombre ya no tenía signos vitales. Por el momento, la Fiscalía General del Estado espera los resultados de la autopsia mientras se investiga.

Complicaciones médicas y causa del deceso

Durante la intervención, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio,  indicaron los familiares a la Policía. Según el certificado de defunción al que tuvo acceso la familia, la causa oficial del fallecimiento incluye un infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria aguda. Estos hallazgos forman parte del expediente de investigación. 

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COIP: homicidio culposo por mala práctica profesional

En Ecuador, la mala práctica profesional, incluyendo la médica, está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). A diferencia de otros delitos, este se enfoca en el homicidio culposo, es decir, aquel que ocurre sin intención de matar, pero por falta de cuidado o pericia.

El Artículo 146 del COIP es la norma central. Establece que la persona que, al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Lo que debes saber

• Corte Constitucional admite demanda del concejal Andrés Campaña contra reforma al COOTAD este 8 de abril en Quito.
• Acción busca frenar cambios que priorizan 70% obra pública y afectan financiamiento de programas sociales de GAD.

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite una acción pública de inconstitucionalidad presentada por el concejal Andrés Campaña en contra de la reforma a la Ley Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la asignación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

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A través de su cuenta en la red social X, el edil informó que la causa fue aceptada y que la Corte otorgó un plazo de 15 días a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas para que emitan sus respectivos pronunciamientos.

Corte Constitucional admite la demanda, pero niega medidas cautelares

La jueza constitucional Claudia Salgado dio paso al trámite de la demanda, que busca frenar la aplicación de las reformas al COOTAD. Estas modificaciones establecen la obligatoriedad de destinar el 70% del presupuesto de los GAD a obra pública y el 30% a gasto corriente.

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Sin embargo, la magistrada negó las medidas cautelares solicitadas por el accionante, por lo que la reforma continuará vigente mientras se sustancia el proceso en la Corte Constitucional.

De manera paralela, el máximo organismo de control constitucional solicitó a la Asamblea Nacional remitir el expediente completo junto con su pronunciamiento dentro del mismo plazo de 15 días. Las demás instituciones del Ejecutivo también podrán presentar sus argumentos en ese tiempo.

Acción de inconstitucionalidad contra la reforma al COOTAD

La acción fue presentada el pasado 23 de febrero de 2026 y cuestiona tanto la forma como el fondo de varios artículos de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD, específicamente los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como sus disposiciones transitorias primera, segunda y tercera.

Según Campaña, la reforma —que busca mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto público— podría tener efectos contraproducentes en la gestión local, especialmente en el financiamiento de programas sociales.

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“No todo es cemento”: críticas a la distribución del presupuesto

El concejal sostiene que la nueva normativa prioriza la inversión en infraestructura por encima de los servicios sociales. A su criterio, esto podría afectar directamente a sectores vulnerables, en particular a los adultos mayores.

Campaña explicó que, bajo el esquema actual, varios programas sociales se registran como gasto de inversión, lo que permite su financiamiento. Entre ellos se incluyen iniciativas de salud mental, atención a adultos mayores y servicios relacionados con fauna urbana.

Con la reforma, estos proyectos pasarían a ser considerados gasto corriente, lo que limitaría su ejecución presupuestaria.

Entre los programas que podrían verse afectados mencionó “60 y Piquito”, así como el pago a talleristas comunitarios y los salarios de profesionales en salud mental.

“El cemento por sí solo no sana ni cuida. Si solo se considera inversión al cemento y no al talento humano, no estamos entendiendo cómo funcionan las instituciones del Estado”, cuestionó el concejal.

• Jorge Yunda tiene 60 años, fue alcalde de la capital entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021, durante dos años y cuatro meses.  
• Yunda, dueño de radios como Canela, enfrentó un proceso judicial por la supuesta compra de pruebas para detectar COVID-19. Esos cuestionamientos hicieron que no complete su período.
• En septiembre del 2025 fue absuelto de los cargos en su contra, según resalta. Por eso dice que quiere completar el proyecto que tenía para la ciudad.

El exburgomaestre de Quito, Jorge Yunda, otra vez está en la carrera por la Alcaldía porque según dice, "su proyecto de ciudad quedó trunco", tras gobernar entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. En ese marco, como precandidato, confirma que ha mantenido diálogos con Centro Democrático para terciar por esa organización.

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En entrevista con EXPRESO, Yunda señaló: “(Centro Democrático) es una agrupación política en la cual no se me ha exigido nada. Cuando hay condiciones o favores que pagar, sufre la ciudad. Tienen dirigentes que piensan en la ciudad y me han dado la libertad y así estamos conversando para ver cómo cumplimos con la ley para poder ser candidato de esa agrupación”.

Entonces, ¿es un hecho que Yunda iría con la camiseta de Centro Democrático? Respondió: "Hemos hablado pero depende de una serie de procesos, que comienzan con las primarias y con todo eso, voy a correr las primarias y espero salir siempre avante con esa decisión”.

Yunda asegura tener "capital político propio", por lo que llegará otra vez a la papeleta, sin ser militante de una agrupación. Negó tener un diálogo al respecto con el presidente Daniel Noboa, para correr por ADN, pese a que no se muestra crítico con su Gobierno.

La carrera política de Yunda

En febrero del 2017, con la popularidad que ganó como radiodifusor y como expresidente del club deportivo El Nacional, llegó a la Asamblea Nacional, con el auspicio del correísmo.    

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Entonces también actuó como un diplomático al referirse a la división entre correístas y quienes defendían a Lenín Moreno. Dijo que se sentía como hijo de padres divorciados.

Dejó esa curul y ganó la alcaldía con el respaldo del movimiento del exfiscal General del Estado, Washington Pesántez, Unión Ecuatoriana. No hizo carrera en ese movimiento.  

También en las pasadas elecciones buscó la reelección, para eso contó con el casillero de Pachakutik. Logró que cuatro de los ediles que promovió llegaran al Concejo Metropolitano: Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña, Joselyn Mayorga y Juan Báez. Aunque ellos se alinearon a la Revolución Ciudadana, de Pabel Muñoz. Jorge Yunda comentó que no siguieron su línea.

Lo que debes saber

• La muerte de un paciente en un clínica dental en el norte de Quito tras una intervención derivó en la investigación por una posible negligencia médica.
• El padre de la víctima aseguró que se habría aplicado anestesia general, cuando en este tipo de procedimientos se usa anestesia local.

La muerte de Luis Alarcón, de 37 años, ocurrida el pasado 2 de abril de 2026 en una clínica dental del norte de Quito, derivó en cuestionamientos sobre la responsabilidad penal de los profesionales de la salud y el alcance de la ley en casos de presunta negligencia médica.

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Según relataron sus familiares a medios de comunicación, Alarcón acudió al establecimiento para someterse a un tratamiento de endodoncia y a la colocación de un implante dental. 

Sin embargo, durante el procedimiento se habría producido una emergencia que terminó con su fallecimiento. El hecho fue alertado a la Policía, que acudió al sitio, mientras personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo.

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Uno de los elementos dentro de la investigación es el uso de anestesia general. De acuerdo con el testimonio del padre del paciente, esta habría sido aplicada durante la intervención, pese a que en el consentimiento informado se establece que este tipo de procedimientos, por lo general, se realizan con anestesia local. Esta decisión es ahora parte central de las indagaciones.

Ante estos hechos, se analiza la posible responsabilidad penal de los médicos involucrados, en un proceso que busca determinar si existió negligencia, impericia o imprudencia.

¿Qué establece la ley?

La Ley Orgánica de Salud dispone en su artículo 199 que la autoridad sanitaria debe investigar y sancionar cualquier práctica ilegal o actuación marcada por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia en el ejercicio de profesiones de la salud, sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse en la justicia ordinaria.

Por su parte, el artículo 202 define como infracción todo acto injustificado que cause daño al paciente y que derive de la inobservancia de normas, falta de conocimientos técnicos, omisión del cuidado exigible o demoras injustificadas en la atención profesional.

Sanciones establecidas en el COIP

En el ámbito penal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones cuando se comprueba negligencia médica. Si un profesional incumple el deber objetivo de cuidado y esto provoca la muerte de un paciente, la pena puede ir de uno a tres años de prisión.

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Pero, si el fallecimiento ocurre como consecuencia de acciones consideradas innecesarias, peligrosas o ilegítimas, la sanción se agrava y puede alcanzar entre tres y cinco años de privación de libertad. Además, la posibilidad de que el profesional vuelva a ejercer quedará sujeta a lo que determinen las disposiciones legales correspondientes.

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Lo que debe saber 

• La Ruta Viva sigue sin intervención integral mientras avanza lento su ampliación, pese al deterioro y quejas de miles de usuarios diarios.
• El proyecto para ampliar la Ruta Viva se retrasa, mientras el mal estado de la vía genera pérdidas y riesgos para conductores

A más de un año de que el Concejo Metropolitano declarara de interés público la rehabilitación y extensión de la Ruta Viva bajo la figura de una alianza público-privada (APP), el proyecto continúa, aunque avanza lento.

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¿Qué pasó con el plan de ampliación vial? 

La iniciativa fue presentada como un hito para atraer inversión privada a la capital. El plan contempla una intervención integral de la vía que conecta Quito con el valle de Tumbaco y el Aeropuerto Mariscal Sucre, así como la construcción del tramo 3, que unirá el redondel de Puembo con el conector Alpachaca. Esta ampliación permitiría optimizar el acceso a la terminal aérea y mejorar la movilidad hacia las parroquias rurales del sector.

Sin embargo, mientras el proceso sigue a paso lento, el estado de la vía es cada vez más crítico. Por la Ruta Viva circulan más de 90.000 vehículos a diario, pero desde su inauguración, en 2014, no ha recibido una intervención integral. Los trabajos se han limitado a bacheos que, según denuncian los usuarios, son temporales e insuficientes.

“Se hacen arreglos y en dos meses vuelven los huecos. Es una vía importantísima que conduce al aeropuerto; si no hay presupuesto para mantenerla, sería mejor que la administre un privado, dice María Eugenia Peñaherrera, quien vive en Puembo.

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Las afectaciones también se reflejan en la economía. Andrés Proaño, quien recorre esta vía al menos cuatro veces al día por trabajo, asegura que el deterioro del asfalto le ha generado gastos considerables. “Perdí una llanta y tuve que cambiar dos mesas. Gasté más de $ 200 por el mal estado”, relata. Considera que el material utilizado en los bacheos se desprende con rapidez, lo que agrava el problema.

Las alertas sobre la condición estructural de la Ruta Viva no son nuevas. En 2021, un estudio contratado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) determinó que tanto la carpeta asfáltica como los cimientos de la vía presentaban un “colapso prematuro y acelerado”, lo que evidenciaba la necesidad de una intervención profunda.

Pese a este diagnóstico y a la declaratoria de interés público, la APP no termina de concretarse, ni siquiera en una primera fase. El concejal Michael Aulestia advierte que el proceso ha sufrido retrasos desde su etapa inicial, debido a demoras en la inscripción de la iniciativa ante la Secretaría de Alianzas Público-Privadas del Gobierno, un paso esencial para su desarrollo.

Posteriormente, el Concejo aprobó una prórroga para que la empresa interesada presentara los estudios de prefactibilidad y factibilidad. No obstante, ese plazo venció el 13 de marzo y, según Aulestia, no existe claridad sobre si dichos estudios fueron entregados.

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El edil afirma que ha solicitado información a la Secretaría de Movilidad, pero la respuesta fue que en sus registros no consta si existe o no la etapa de prefactibilidad. “Cuando se oculta información a un concejal, algo está pasando”, sostiene.

Aulestia también cuestiona que, mientras se espera una eventual inversión privada, el Municipio no haya implementado un plan de mantenimiento más efectivo. “No se puede mantener a la ciudad a la expectativa de que un tercero decida si participa o no. Al menos debería existir un mantenimiento contingente adecuado en estas vías rápidas”, enfatiza.

Cuando se oculta información a un concejal, algo está pasandoMichael Aulestia, concejal

El alcalde, Pabel Muñoz ha reconocido la complejidad del proyecto. El pasado 19 de marzo señaló que concretar la alianza público-privada será un reto y que los primeros resultados obligan a replantear algunos aspectos. También indicó que la empresa interesada expresó preocupaciones respecto a posibles incrementos en los costos, lo que requeriría un análisis adicional.

Por su parte, Álex Pérez, secretario de Movilidad, aseguró que el proceso avanza conforme a los plazos establecidos en la ley. Explicó que el proponente privado ya entregó los estudios de prefactibilidad, los cuales actualmente son evaluados por una comisión técnica integrada por varias dependencias del Municipio.

Según Pérez, este análisis permitirá contar con un panorama más claro sobre la viabilidad del proyecto. “Una vez concluida esta revisión, estaremos en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la alianza público-privada”, puntualizó.

Fe de erratas: En el título de la publicación inicial se indicó que el proceso de concesión está estancado. Aclaramos que el proceso sigue en marcha, tal como se detalla en la nota. Ofrecemos disculpas a los lectores.