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La Policía detalló que el hallazgo se dio el 27 de abril de 2026 durante controles en el área de equipajes, como parte de los operativos Cubana 1 y Cubano 2. 

Quito

Tasa de basura en Quito: Municipio tiene 15 días para justificar el cobro ante la Defensoría

SARA OÑATE

Fue el can detector “Bamby” el que marcó de forma insistente dos valijas pertenecientes a pasajeros extranjeros que tenían previsto volar en la ruta Quito-La Habana.

Dos detenidos en el operativo

Al revisar el contenido, los agentes encontraron varias bolsas plásticas con cajas de tintes y productos para el cuidado del cabello. Dentro de estos artículos, sin embargo, se ocultaba una sustancia blanquecina. Las pruebas preliminares confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

En total, se decomisaron 21.023 dosis. Según estimaciones policiales, el cargamento tendría un valor cercano a los $ 4.783 en el mercado local, pero superaría los $ 84.000 una vez colocado en el extranjero.

El operativo terminó con la detención de dos personas extranjeras, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades para el proceso judicial correspondiente.

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De acuerdo con lineamientos adelantados en declaraciones públicas oficiales, los pasajeros con vuelos programados dentro del horario de restricción podrán trasladarse sin inconvenientes, siempre que porten los siguientes documentos:

La medida también contempla a quienes deban movilizarse para transportar o recoger viajeros. En estos casos, se permitirá la circulación durante el toque de queda, siempre que se justifique el trayecto mediante la presentación del pase de abordar o boleto del pasajero.

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Paralización del Metro Quito: Cabildo Cívico pide auditoría independiente en sistemas críticos

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A la espera del decreto ejecutivo

No obstante, se aclaró que estos procedimientos quedarán plenamente definidos una vez que el Ejecutivo emita el decreto correspondiente que formalice la medida.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus traslados hacia la terminal aérea, portar toda la documentación requerida y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos.

Tome en cuenta que quienes incumplan el toque de queda sin una justificación válida pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal.

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La Defensoría del Pueblo notificó su respuesta dentro del proceso impulsado por el concejal Wilson Merino y otorgó al Municipio de Quito un plazo de 15 días para presentar su posición técnica y jurídica que sustente la legalidad y pertinencia de este cobro.

El pronunciamiento llega un mes y medio después de que el edil solicitara su incorporación formal al proceso, con el objetivo de aportar información técnica y jurídica sobre las observaciones planteadas a la medida, vigente desde febrero de este año. 

Quito

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La tasa fue incorporada en la planilla de agua en aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 109-2025.

Según informó Merino, la respuesta de la Defensoría fue emitida el 27 de abril de 2026. A partir de esta notificación, el Municipio deberá justificar los criterios utilizados para implementar la tasa, en medio de cuestionamientos sobre su impacto económico y social.

“El Municipio o no previó el impacto de esta medida o, si lo hizo, decidió ignorarlo”, señaló el concejal, quien aseguró que miles de quejas han sido presentadas ante la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y Emaseo. 

Los reclamos, dijo, reflejan perjuicios económicos que van desde los $ 300 hasta los $ 1.500, sin que hasta el momento exista una solución concreta.

¿Error en la fórmula de cálculo?

El análisis técnico realizado por el despacho de Merino identificó posibles inconsistencias en la fórmula de cálculo de la tasa. Entre los principales cuestionamientos figuran eventuales vulneraciones a los principios de proporcionalidad y equivalencia, lo que estaría derivando en valores considerados excesivos por los usuarios.

Uno de los aspectos más criticados es que el cobro se base en el consumo de agua potable. Para el concejal, este parámetro no guarda relación directa con la generación de residuos sólidos en los hogares, lo que pone en duda la validez técnica del modelo.

Además, advirtió que, de no existir una correspondencia clara entre el servicio prestado y el monto cobrado, la tasa podría convertirse en un “impuesto encubierto”, lo que abriría un debate jurídico sobre la competencia del Municipio para establecer este tipo de cargas.

La postura del alcalde de Quito

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha defendido la ordenanza, asegurando que fue elaborada con sustento técnico y que el mecanismo de cobro es legal. 

No obstante, en marzo pasado anunció la aplicación de cuatro ajustes, enfocados principalmente en los medidores de agua comunitarios y compartidos, donde se han registrado los valores más elevados y el mayor número de reclamos ciudadanos.

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La inversión bordea los 2 millones de dólares y apunta a transformar la gestión del tránsito en las principales vías de la ciudad.

Intervención en avenidas clave

Los trabajos, que ya están en marcha, se ejecutarán en un plazo de 150 días. La intervención se concentrará en arterias de alta carga vehicular como: 

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Sistema del Metro bajo críticas, tras las fallas técnicas y nuevos informes

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Según el cronograma oficial, la instalación de los dispositivos comenzará en la segunda semana de mayo. El despliegue iniciará en los puntos con mayor congestión y avanzará progresivamente hasta cubrir toda la red priorizada.

Tecnología con inteligencia artificial

El sistema incorporará herramientas de aprendizaje profundo (deep learning), capaces de analizar en tiempo real el comportamiento del tránsito. Estas cámaras podrán detectar automáticamente filas de congestión, atascos y flujo peatonal, generando datos clave para una gestión más eficiente.

La información recopilada permitirá optimizar la operación de los semáforos, reducir los tiempos de espera y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en zonas de alto riesgo.

Menos tráfico y mayor seguridad

Con esta implementación, el Municipio busca no solo aliviar la congestión en horas pico, sino también fortalecer la seguridad vial y hacer más ágiles los desplazamientos diarios. Se realizará un monitoreo constante en intersecciones estratégicas. 

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Protesta vecinal por señalética vial

La medida, implementada por el Municipio de Quito, ha generado malestar en la comunidad, que asegura no haber sido consultada previamente.

La protesta se desarrolló en una de las arterias principales del sector, por donde circula transporte público y se concentra una importante actividad comercial. Los moradores advierten que la eliminación de espacios de estacionamiento afectará directamente a los negocios locales y a la movilidad de los residentes.

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Daniela Pavón, presidenta del barrio San Marcos, explicó que el principal reclamo es la falta de diálogo con las autoridades. “Nunca socializaron este proyecto con nosotros. Llegan de madrugada e imponen señalética sin considerar a quienes vivimos y trabajamos aquí”, señaló en declaraciones recogidas durante la protesta.

Según Pavón, la intervención coincide con obras viales en zonas cercanas, lo que habría implicado la eliminación de la Zona Azul sin una planificación integral. “Por arreglar las calles quitaron los espacios de estacionamiento, pero esta es una vía amplia donde sí se podría mantener. No tiene sentido”, afirmó.

Los vecinos también cuestionan la ausencia de alternativas para el transporte público. “Si no podemos estacionar y tampoco hay paradas de bus definidas, ¿cómo nos movilizamos?”, reclamó la dirigente barrial.

El tramo afectado se extiende desde el sector de San Francisco hacia la parte baja de la calle, donde operan diversos locales comerciales que dependen del acceso vehicular de clientes. 

Comerciantes aseguran que la medida podría provocar el cierre de negocios y la salida de arrendatarios. “Esto puede convertir a Cumbayá en un lugar sin vida comercial”, advirtieron.

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Vecinos exigen diálogo con autoridades

Además, señalan que situaciones similares en calles aledañas se han extendido más allá de los plazos inicialmente anunciados. “Dijeron que sería temporal, pero ya van casi tres meses y no hay cambios”, indicaron.

Frente a esta situación, los moradores organizan vigilias nocturnas para evitar la instalación de más señalética. Durante la madrugada, personal municipal logró colocar algunos letreros, lo que intensificó la reacción de la comunidad.

Los habitantes exigen la presencia de autoridades municipales para establecer un diálogo directo y revisar la medida. Mientras tanto, no descartan nuevas movilizaciones si no obtienen respuestas.

EXPRESO solicitó información a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y se encuentra a la espera de una respuesta.

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El pasado 16 de abril, del contrato de mantenimiento al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, apenas cuatro días antes de la falla.

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Alerta por el sistema de ventilación

Un informe técnico emitido por la empresa fabricante de los trenes, CAF, encendió las alarmas sobre el sistema de ventilación. El documento recomienda, con carácter de urgente, una limpieza integral de los túneles debido a la acumulación de contaminación.

Según el análisis, la alta concentración de polvo y partículas en el ambiente subterráneo está provocando una saturación prematura de los filtros de aire, diseñados para operar en condiciones menos exigentes.

En condiciones normales, estos filtros deben reemplazarse cada 90 días. Sin embargo, las revisiones evidencian obstrucciones recurrentes antes de ese plazo. Este fenómeno reduce la circulación de aire dentro de los trenes, obliga a los ventiladores a operar con mayor esfuerzo y genera sobrecargas que pueden activar sistemas de protección eléctrica, afectando la continuidad del servicio.

Menos trenes en operación 

Para veedores y concejales, el problema no es aislado. Guido Páez, quien participó en los procesos de vigilancia ciudadana del sistema, sostiene que la raíz de las fallas es estructural. A su criterio, la ausencia prolongada de un contrato de mantenimiento desde el inicio de operaciones generó un desgaste acelerado. 

“Ningún sistema en el mundo funciona sin mantenimiento desde el primer día. Con menos trenes operativos, los que quedan recorren más kilómetros y adelantan su desgaste”, explicó.

Esta situación coincide con reportes que indican que solo 11 de los 18 trenes estaban en funcionamiento en días recientes. La reducción de la flota operativa no solo incrementa la carga sobre las unidades activas, sino que también altera la frecuencia del servicio y aumenta los tiempos de espera para los usuarios.

Sin auditoría internacional

Desde el Concejo Metropolitano, las críticas apuntan a la gestión institucional. El concejal Wilson Merino considera que las fallas responden a una falta de planificación y control. “Esto no es casualidad. Es el resultado de la ineficiencia y de no contar con soporte técnico ni vigencia tecnológica durante meses”, afirmó. Además, cuestionó la ausencia de una auditoría internacional prometida años atrás y denunció posibles irregularidades en la contratación, incluyendo sobreprecios.

Hemos advertido fallas técnicas graves que afectan la seguridad y operación del metro de Quito actualmente
Darío Paladines, veedor del Metro

Otro punto crítico es el sistema de comunicaciones Tetra, considerado la columna vertebral de la operación. Este sistema coordina señalización, velocidades y rutas. Según el ex veedor, el sistema de radiocomunicaciones TETRA fue donado por la constructora ACCIONA al Metro de Quito para su implementación como eje de la operación. Sin embargo, enfatizó que, al igual que cualquier otro componente del sistema, estos equipos requerían mantenimiento permanente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la operación integral del Metro.

Darío Paladines, veedor ciudadano, advierte que la falta de articulación entre los subsistemas ha desnaturalizado el funcionamiento del metro. “Los trenes se detienen, hay esperas prolongadas y fallas en el sistema de recaudo. Todo esto afecta la experiencia del usuario y pone en duda la seguridad”, analizó. También criticó la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a solicitudes de información técnica.

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En la misma línea, el concejal Andrés Campaña cuestionó la calidad de los informes emitidos por la empresa operadora. Según indicó, estos documentos son generales y no detallan el estado real de los procesos. “La realidad ha desmentido a las autoridades. No existe mantenimiento preventivo ni correctivo efectivo, y las consecuencias están a la vista”, declaró.

Gerente admite desgaste en rieles y ruedas

Desde la administración del sistema, el gerente Juan Carlos Parra reconoció, en la sesión del Concejo del 21 de abril, el desgaste en rieles y ruedas como uno de los principales problemas operativos. 

Detalló que se ejecutan trabajos de reperfilado para mitigar el deterioro, y señaló un punto crítico en el sector de Quitumbe, donde una curva cerrada obliga a reducir la velocidad de los trenes y acelera el desgaste de los componentes. Esta situación ha derivado en el retiro temporal de varias unidades para revisión técnica, lo que impacta directamente en la disponibilidad de la flota.

Esto no es casualidad, es el resultado de una gestión ineficiente, sin planificación técnica adecuada
Andrés Campaña, concejal

En paralelo, los usuarios continúan reportando demoras, variaciones en la frecuencia y extensas filas en estaciones de alta demanda. Para Paladines, la suma de fallas técnicas, decisiones administrativas y la falta de mantenimiento oportuno configura un escenario complejo que, lejos de estabilizarse, evidencia signos de agravamiento.

Este medio solicitó una versión oficial a la Empresa Metro de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Lo que debes saber

• El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio en Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado.
• El dinero fue reclamado por Elit Corporation. El monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.
• Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia.

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio del norte de Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Esta etapa, de carácter reservado dentro del sistema penal ecuatoriano, tiene como objetivo determinar qué ocurrió y si existen elementos para iniciar una causa penal.

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El dinero fue encontrado el 20 de marzo de 2026 durante un operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos en el sector de La Mariscal, en un inmueble ubicado en la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo del edificio, los agentes hallaron una caja fuerte que contenía $992.560 en efectivo.

Según la información policial, el operativo se enmarcaba en una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, en el lugar no se encontraron drogas ni se reportaron personas detenidas, lo que dejó el hallazgo del dinero como el principal elemento dentro del procedimiento.

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Empresa reclama el dinero

En las primeras horas no se identificó a un propietario de los fondos. Posteriormente, la sociedad civil Elit Corporation presentó un reclamo sobre el dinero. Su defensa pública sostuvo que el monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló en declaraciones públicas que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

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Investigación previa por millón de dólares en Quito

Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia, según expertos.

En paralelo, las autoridades recaban información para establecer el contexto del hallazgo, como las condiciones en que fue encontrado el dinero, quién tenía acceso al lugar y la documentación que respalda su origen.

Días atrás, EXPRESO solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre los procedimientos aplicables en este tipo de casos. La entidad respondió que, conforme a la normativa vigente, las investigaciones previas son reservadas, por lo que no es posible proporcionar detalles adicionales sobre el caso ni sobre las diligencias en curso.

Quito

Vandalizan el parque Cumandá en Quito; autoridades identifican a responsables

SARA OÑATE

Las esculturas fueron dañadas; les mutilaron las manos, informó el Municipio de Quito. El acto de "vadalismo" generó indignación entre vecinos y visitantes que consideran este espacio como un punto de encuentro y memoria colectiva, dijo la entidad. No se detalló si existen cámaras de vigilancia y si se apresó a los responsables.

La Empresa de Obras Públicas dispuso el retiro técnico inmediato de las esculturas para ejecutar un proceso de restauración especializada. Una vez concluidos los trabajos, las obras serán reinstaladas en el parque bajo condiciones que garanticen su conservación y seguridad, se indicó.

Desde la administración se recordó que este tipo de ataques no solo afectan a los bienes materiales, sino también a la historia, la identidad y el patrimonio cultural de la capital. También se pidió a la ciudadanía cuidar los espacios públicos, denunciar actos vandálicos y contribuir a la protección de estos símbolos que forman parte de la memoria de Quito.

El 17 de abril, el parque Urbano Cumandá, sufrió actos de vandalismo. Entonces se dijo que tenían identificados a los agresores.

Detalles sobre el Parque Julio Andrade

¿A quiénes representan las esculturas?

Son cinco bronce que representan a personajes que lucharon junto a Eloy Alfaro: Alejandro Cárdenas, Roberto Andrade, Julio Andrade, Carlos Concha y Ulpiano Páez.

Otras destrucciones de esculturas:

En mayo del 2024, el monumento de Eloy Alfaro, que se encontraba en el parque El Ejido, sufrió la mutilación del brazo derecho que portaba la antorcha y además le sacaron la espada.

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A través de su cuenta en la red social X, el burgomaestre manifestó su respaldo a la organización política y a su militancia. “Mi solidaridad con Unidad Popular y su militancia. Cuando se elimina a esta y otras organizaciones del proceso electoral, se limita el derecho de la gente a elegir”, escribió este 27 de abril de 2026.

Quito

Paralización del Metro Quito: Cabildo Cívico pide auditoría independiente en sistemas críticos

SARA OÑATE

Muñoz insistió en que la democracia debe fortalecerse con mayor participación ciudadana, reglas claras y diversidad de voces, en un contexto marcado por la polémica decisión electoral.

Una sesión marcada por tensiones

La resolución del CNE se ratificó el 26 de abril, en una sesión marcada por tensiones internas y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita. 

El pleno confirmó la sanción contra Unidad Popular y Construye tras acoger informes de áreas técnicas que determinaron el incumplimiento de requisitos legales.

Política

Foro por la Democracia rechaza cancelación de UP y Construye y alerta riesgo democrático

Flor Layedra Torres

Según el organismo electoral, el movimiento incurrió en lo establecido en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia, que contempla la cancelación del registro cuando el número de afiliados o adherentes permanentes cae por debajo del 50 % del mínimo exigido para su inscripción.

Tras conocerse la decisión, Unidad Popular anunció que, una vez notificada oficialmente, activará tres vías legales de forma simultánea: una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una demanda en la Corte Constitucional del Ecuador y una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La Mesa de Movilidad del Cabildo Cívico de Quito, a través de un comunicado este 27 de abril de 2026, solicitó de manera urgente la realización de una auditoría técnica independiente a los sistemas críticos del Metro.

Según el pronunciamiento, el incidente no es un hecho aislado, sino la evidencia de “vulnerabilidades estructurales” que requieren atención inmediata. 

Quito

Cantonización de Tumbaco: ¿Cómo avanza el proyecto impulsado hace siete años?

SARA OÑATE

El documento señala que un análisis técnico apunta a que la interrupción se originó por la avería de un switch de red en la estación Quitumbe, lo que provocó una saturación del tráfico de datos y dejó sin control al sistema. La falta de rutas alternas, mencionaron, evidencia una falla grave en la redundancia operativa.

La Mesa recordó que el Municipio tiene la responsabilidad indelegable de supervisar y fiscalizar a las empresas encargadas de operar servicios públicos estratégicos. En este sentido, subrayó que la millonaria inversión pública en el Metro (más de $ 2.000 millones), una de las más importantes en la historia de la ciudad, debe resguardarse mediante una gestión técnica rigurosa y transparente.

Un sistema sin mantenimiento especializado

Otro de los puntos mencionados es la falta de mantenimiento especializado. De acuerdo con el escrito, el sistema operó sin un contrato específico para el mantenimiento de componentes críticos desde finales de 2023, lo que habría debilitado la capacidad de respuesta ante fallas complejas.

Ante este escenario, la Mesa de Movilidad exige que la auditoría técnica cuente con la participación de universidades e institutos especializados, con el fin de garantizar independencia, transparencia y solvencia técnica. Asimismo, solicitó una fiscalización estricta al contrato de mantenimiento adjudicado en abril de 2026, con énfasis en un enfoque preventivo.

Devolver la confianza en el Metro

Entre las recomendaciones, también se plantea que la dirección del sistema esté en manos de profesionales con formación en ingeniería aplicada al transporte, alineados con estándares internacionales, así como la implementación urgente de un Sistema de Gestión de Calidad basado en normas ISO para identificar causas raíz y asegurar la mejora continua.

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“El Metro de Quito no es solo infraestructura, es un servicio esencial que debe operar bajo los más altos estándares de seguridad”, señala el documento. La ciudadanía, agregan, demanda no solo explicaciones, sino acciones concretas que devuelvan la confianza en el sistema.

La Mesa de Movilidad anunció que mantendrá una vigilancia activa sobre la gestión del Metro, insistiendo en que la transparencia, el control institucional y la capacidad técnica serán claves para garantizar un servicio seguro, eficiente y confiable para todos los usuarios.

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En el lugar, una vivienda albergaba a 18 canes en condiciones de hacinamiento, lo que generó la intervención conjunta con la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito.

Condiciones críticas: hacinamiento, exposición al clima y falta de cuidados

Durante la inspección, las autoridades constataron que varios de los animales permanecían en una pequeña terraza, sin condiciones adecuadas de habitabilidad. Los canes estaban expuestos tanto al sol intenso como a fuertes lluvias, lo que agravaba su estado de vulnerabilidad.

Además, algunos presentaban signos visibles de deterioro físico, posible desnutrición y carecían de atención veterinaria básica, incluyendo vacunación y esterilización, elementos fundamentales para el control responsable de fauna urbana.

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IVONNE MANTILLA

Entrega voluntaria y atención veterinaria 

Ante la verificación de las condiciones inadecuadas, la ciudadana involucrada realizó la entrega voluntaria de los 18 animales a las autoridades competentes.

Según informó la AMC, los canes fueron trasladados para recibir evaluación veterinaria, tratamiento y seguimiento especializado, con el objetivo de estabilizar su estado de salud.

Posteriormente, los animales podrán ser puestos en procesos de adopción responsable, garantizando una nueva oportunidad de vida en entornos adecuados.

“Estos canes merecen una segunda oportunidad y una vida digna”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

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Posibles sanciones por mal manejo de fauna urbana

De acuerdo con el Código Municipal vigente, la responsable del caso podría enfrentar multas que en conjunto alcanzan aproximadamente los 1.500 dólares, debido a infracciones graves relacionadas con el manejo de animales de compañía.

Entre las faltas se incluyen:

Las autoridades municipales han reforzado los controles en lo que va de 2025. Según datos oficiales, la AMC ha emitido 439 resoluciones sancionatorias, lo que representa un incremento del 75 % en comparación con 2024.

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Entre las infracciones más frecuentes destacan:

En los casos más graves se registran situaciones de maltrato, encadenamiento y hacinamiento extremo, lo que ha motivado una mayor intervención institucional.

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Las tres emergencias viales consecutivas se registraron en distintos puntos de la vía Panamericana Norte, según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El primer siniestro ocurrió cerca del desvío al aeropuerto Mariscal Sucre, a las 07:49, donde un vehículo se volcó y dejó dos personas heridas. 

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Minutos después, a las 07:59, un motociclista se volcó antes de llegar al puente de Guayllabamba, en sentido sur-norte. De acuerdo con el ECU 911, dos personas presentaron heridas leves, quienes fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos Quito. 

Poco después, a las 08:08, otro siniestro involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado a unos cuatro kilómetros del redondel de la parroquia. En este último caso, una persona fue atendida en el sitio.

Equipos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y ambulancias de apoyo se desplegaron para atender las emergencias, mientras el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante varias horas.

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Dos fallecidos en la misma zona

El sábado 25 de abril ocurrió el siniestro más grave en la misma zona. Ese día, un bus escolar que trasladaba a un grupo de catequesis se impactó contra un camión que transportaba pintura. 

La emergencia dejó dos personas fallecidas y 42 afectadas, algunas trasladadas a casas de salud.

El siniestro movilizó un amplio contingente de emergencia, con al menos diez ambulancias de distintas instituciones, entre ellas Panavial, Cruz Roja e IESS. 

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El hallazgo se dio el 25 de abril de 2026, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional, a través de sus unidades antidrogas. 

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Tras labores de inteligencia, los agentes ubicaron los paquetes que contenían una sustancia vegetal verdosa que, en pruebas preliminares, dio positivo para marihuana.

En total, se decomisaron 18 kilos con 839 gramos, lo que equivale a 37.679 dosis que, presuntamente, iban a ser comercializadas en distintos puntos de la capital.

La sustancia pertenecería a Los Lobos

De acuerdo con las primeras investigaciones, la droga estaría vinculada a la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras señaladas por las autoridades por su participación en el tráfico de sustancias ilícitas a escala nacional.

El cargamento, según estimaciones policiales, tendría un valor cercano a los $ 14.600 en el mercado interno, lo que representa un golpe económico para estas redes ilegales.

Aunque no se reportaron detenidos en este operativo, denominado “Hn-Finix”, las autoridades sostienen que la incautación evita que miles de dosis lleguen a las calles de Quito, en medio de una creciente preocupación por el microtráfico en barrios urbanos.

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El hecho ocurrió durante un macrooperativo, coordinado por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, que se desplegó la noche del sábado 25 y se extendió hasta la madrugada del domingo 26 de abril de 2026 en el sur de la ciudad. 

Resultados del operativo

En Chilibulo, los agentes ingresaron a un local que operaba con fachada legal, pero que en realidad funcionaba como un bar improvisado en la parte posterior. Allí, en medio del consumo de alcohol, estaba la menor.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, se activaron protocolos para protegerla y garantizar su integridad. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento por incumplir las normas de funcionamiento.

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Controles, decomisos y clausuras 

En total, 123 funcionarios participaron en controles simultáneos en zonas como Eloy Alfaro, Quitumbe y La Delicia (norte). El balance del fin de semana dejó 52 establecimientos intervenidos y cinco clausuras, entre ellas bares sin permisos, una picantería que funcionaba como cantina y una tienda con manejo inseguro de gas.

También se decomisaron cientos de cajetillas de cigarrillos de contrabando y litros de licor sin registro. A esto se suman controles a ciudadanos y vehículos, con registros, verificaciones en sistemas policiales y decenas de citaciones de tránsito.

Lo que debe saber 

• Quito inicia rehabilitación vial en La Floresta desde el 30 de abril con cierres y desvíos en calles clave.
• Municipio interviene 15 km de vías para mejorar movilidad de más de 39 mil residentes en La Floresta.
• Obras en Vizcaya y Madrid incluyen cierres, rutas alternas y renovación de redes para mayor durabilidad.

El tradicional barrio La Floresta, en Quito, se alista para una transformación urbana de gran escala. A partir del próximo 30 de abril, el sector será intervenido con un plan integral de rehabilitación vial que contempla la reconstrucción de 15 kilómetros de calles distribuidas en 25 arterias estratégicas.

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Este proyecto no se limita a una simple repavimentación. Se trata de una renovación estructural desde la base, diseñada para garantizar mayor durabilidad y estándares modernos de calidad. 

La obra beneficiará directamente a más de 39.000 residentes, además de miles de usuarios que transitan diariamente por esta zona emblemática de la capital.

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Intervenciones clave: Vizcaya y Madrid

Los trabajos arrancarán de forma simultánea en las calles Vizcaya y Madrid, ejes fundamentales que conectan la parte alta y baja del barrio.

En la calle Vizcaya, la intervención incluirá la modernización de redes de agua potable en coordinación con la EPMAPS. Esta acción preventiva busca evitar futuras afectaciones al nuevo asfalto. La obra tendrá una duración estimada de 55 días y se ejecutará con cierres totales por tramos.

Por su parte, la calle Madrid será intervenida a lo largo de 1.102 metros, en un proceso que se extenderá por aproximadamente 155 días. 

En este caso, la ejecución será parcial, manteniendo habilitado un carril para la circulación vehicular. 

El transporte pesado y público será redirigido por las calles Toledo, Ladrón de Guevara y La Coruña, bajo la supervisión de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

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IVONNE MANTILLA

Obras con enfoque técnico y duradero

Según el Municipio, el plan contempla un proceso técnico completo que incluye fresado del asfalto existente, excavación, mejoramiento del terreno y colocación de base granular antes de instalar la nueva carpeta asfáltica. 

Este enfoque garantiza vías más resistentes, diseñadas para soportar el alto flujo vehicular del sector, dejando atrás soluciones temporales que históricamente han afectado la movilidad en la zona.

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La propuesta plantea la creación de un nuevo cantón integrado por Tumbaco, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Puembo, Cumbayá y Nayón. “No perdemos la esperanza de consolidar este proyecto”, afirma Juan Fernando Serrano, quien lidera el proceso ciudadano.

Según sus impulsores, el Valle de Tumbaco supera los 200.000 habitantes y representa cerca del 8% de la población del Distrito Metropolitano de Quito. No obstante, sostienen que existe un desequilibrio entre el aporte económico y el acceso a servicios e infraestructura.

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Hacia un municipio moderno

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un gobierno autónomo con un modelo de gestión más ágil. La propuesta contempla un municipio con estructura administrativa mínima, enfoque tecnológico y menor carga burocrática.

“Queremos empezar desde cero, con una burocracia mínima, apostando por la automatización y evitando la tramitología”, explica Serrano. Desde la Junta Cívica consideran que este modelo permitiría optimizar recursos y mejorar la atención a las necesidades locales.

Además, argumentan que la descentralización contribuiría a aliviar la carga administrativa del DMQ, cuya extensión territorial, señalan, dificulta una gestión equitativa en todas sus parroquias.

Incidencia en el escenario político

El avance del proyecto también empieza a reflejarse en el ámbito político. La Junta Cívica ha condicionado su respaldo electoral a candidatos que incluyan la autonomía parroquial en sus propuestas.

“El número de votantes en estas zonas es significativo y podría inclinar resultados, pero necesitamos candidatos convencidos de que este es un camino viable”, advierte Serrano.

Hasta ahora, el colectivo ha dialogado con dos organizaciones políticas: una fue descartada, mientras que la otra ha mostrado apertura para analizar la iniciativa.

Nueva medición de apoyo ciudadano

Como parte del proceso, la Junta Cívica realiza actualmente una encuesta en las nueve parroquias para medir el respaldo ciudadano a la cantonización. Los resultados se esperan a finales de este mes.

Aunque existe un antecedente de consulta previa (mencionado por sus promotores), el objetivo es actualizar los datos y fortalecer el sustento social del proyecto. “Estamos seguros de que habrá apoyo mayoritario, porque es un beneficio tanto para el valle como para Quito”, sostienen.

Debate jurídico en marcha

En paralelo, la propuesta ya ha sido presentada ante la Presidencia de la República. Sin embargo, persiste un debate legal sobre quién debe impulsar formalmente la cantonización.

Un informe solicitado por la Prefectura de Pichincha a la Procuraduría General del Estado señala que la iniciativa debería partir de las juntas parroquiales. Desde la Junta Cívica del Ilaló no comparten ese criterio.

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“En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización se establecen los requisitos, y los derechos de participación ciudadana nos permiten impulsar estos procesos”, argumenta Serrano. 

A su juicio, la postura de la Procuraduría responde a precedentes específicos, como la creación del cantón Borbón, y no necesariamente a una limitación legal general.

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La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa el pasado 20 de abril, incluye a la provincia de Pichincha —donde se encuentra Quito—, así como a otras zonas del país con restricciones de movilidad nocturna.

Operación en riesgo por limitaciones logísticas

En una entrevista radial este lunes 27 de abril, Diego Dávila, director de Operaciones de Emaseo, advirtió que la aplicación del toque de queda representa un desafío operativo significativo.

Uno de los principales problemas es el traslado de cerca de 280 trabajadores que inician sus jornadas a las 03:00. Esta limitación podría afectar tareas clave como el barrido y el hidrolavado, especialmente en zonas sensibles como el Centro Histórico.

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Posible caos vial en el hipercentro

Dávila también alertó que restringir la operación nocturna obligaría a trasladar gran parte de la recolección al día, lo que podría generar congestión vehicular en sectores críticos como el hipercentro de Quito.

“El sistema está diseñado para operar en horarios escalonados. Alterarlo podría saturar las vías con camiones recolectores”, explicó.

Actualmente, el servicio funciona en tres franjas horarias:

Alrededor del 40% de la operación se concentra en horarios nocturnos y de madrugada, lo que evidencia la dependencia del sistema en estas franjas.

Más de 850 toneladas de residuos en juego

El funcionario subrayó que impedir la operación habitual afectaría la recolección de aproximadamente 850 toneladas diarias de desechos, impactando directamente a más de un millón de habitantes.

Además, recordó que ni siquiera durante la pandemia se suspendió el servicio, debido a su carácter esencial para la salud pública y el orden urbano.

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La recolección de residuos en Quito opera de forma continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este modelo ha permitido sostener estándares de limpieza en una ciudad en constante crecimiento.

Desde Emaseo se insiste en la necesidad de que las autoridades nacionales contemplen excepciones o mecanismos que permitan mantener la operación nocturna, considerando su impacto logístico y social.

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¿Cómo ocurrió el intento de asalto?

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el incidente se produjo al interior de la tienda de la estación de servicio. Varios sujetos armados habrían ingresado con la intención de cometer un robo, pero la situación derivó en un enfrentamiento armado.

Durante el cruce de disparos, uno de los presuntos implicados resultó herido. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo más personas lesionadas o si existen detenidos vinculados al hecho.

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Atención de emergencia y operativo policial

Tras la alerta, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria al herido. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia policial a una casa de salud, donde permanece con pronóstico reservado.

En paralelo, agentes desplegaron un operativo en el sector para recabar evidencias y dar con posibles cómplices. Como parte de las investigaciones, se están revisando cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Inseguridad en sectores comerciales de Quito

Este nuevo hecho violento se suma a una serie de incidentes delictivos reportados recientemente en la capital ecuatoriana, especialmente en zonas comerciales y de alta circulación.

Los robos a establecimientos y usuarios continúan siendo una preocupación constante para los ciudadanos, quienes demandan mayor presencia policial y estrategias efectivas de seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas acciones en las próximas horas para esclarecer el caso.

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Intervenciones en discotecas 

Las intervenciones se desarrollaron en licorerías, bares, night clubs, tiendas, restaurantes y hostales, donde se detectaron múltiples irregularidades.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó cinco clausuras: una licorería que operaba como bar y billar clandestino, dos bares sin permisos, una picantería que funcionaba como cantina y una tienda que almacenaba gas licuado de petróleo (GLP) de forma insegura.

Además, se iniciaron siete procesos administrativos por el mal uso o la falta de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), así como por la comercialización de licor sin registro sanitario.

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Operativos nocturnos en el sur de Quito

Entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de abril, las acciones se concentraron en las administraciones zonales Eloy Alfaro y Quitumbe. En este operativo participaron 123 funcionarios de distintas entidades municipales, junto con la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas.

Como resultado, se ejecutaron tres clausuras adicionales: una licorería ilegal, un bar sin permisos y una tienda con almacenamiento riesgoso de GLP. También se abrieron cuatro nuevos procesos administrativos por irregularidades en licencias y venta de alcohol sin registro.

Resultados del control metropolitano

Los operativos dejaron cifras relevantes en materia de control y seguridad:

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En total, más de 190 funcionarios y uniformados participaron en estas acciones coordinadas que forman parte de una estrategia integral del Municipio para fortalecer el control, prevenir delitos y garantizar la convivencia ciudadana.

Las autoridades señalaron que estos macrooperativos continuarán de forma periódica en distintos puntos de la ciudad, priorizando zonas con alta actividad comercial y nocturna. El objetivo es reducir riesgos, combatir la informalidad y asegurar que los establecimientos cumplan con la normativa vigente.

Lo que debes saber

• Compensación estatal termina en abril y pone en riesgo la operación del transporte urbano en Quito.
  
  
• Transportistas advierten recortes desde mayo si Municipio y Gobierno no definen medidas.
  
  
• Municipio analizará tarifas entre el 1 y 15 de mayo pese al aumento de costos del diésel.
  
  

A pocos días de que termine la compensación estatal al transporte urbano tras la eliminación del subsidio al diésel, el sistema de movilidad en Quito atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre. Mientras el gremio advierte posibles afectaciones en la operación, el Municipio aún no define una hoja de ruta sobre tarifas ni sostenibilidad financiera.

Compensación al transporte vence en abril sin una decisión clara

El decreto del Gobierno estableció un período de ocho meses de compensaciones, plazo que concluye en abril. 

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Sin embargo, a una semana de ese vencimiento, no existe una definición oficial sobre su ampliación. 

Aunque desde el Ejecutivo se ha mencionado la posibilidad de extenderla uno o dos meses, los transportistas aseguran que no cuentan con una confirmación formal.

Gremio advierte reducción gradual del servicio

Representantes del sector han alertado que, sin una solución conjunta entre el Gobierno central y el Municipio, la operación podría disminuir.

Luis Haro, presidente del Corredor Norte, explicó que el sistema genera en promedio 200 kilómetros diarios de circulación, cifra que podría reducirse si no hay respuestas. 

Esto implicaría dosificar flotas y ampliar intervalos entre unidades.

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Costos operativos presionan al sistema de transporte

El aumento sostenido de los costos agrava el panorama. El combustible representa entre el 9% y el 11% de los gastos operativos, mientras que el salario de los conductores pasó de $566 a $740 desde la última revisión tarifaria en 2019. 

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A ello se suma el encarecimiento de repuestos e insumos, influido por las tensiones comerciales con Colombia. Transporte descarta paralización, pero anticipa impacto desde mayo.

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señaló que a partir del 15 de mayo no se trataría de una paralización, sino de la imposibilidad de cubrir el 100% del servicio.

Asegura que el objetivo no es trasladar el impacto al usuario, sino avanzar hacia una tarifa técnicamente sostenible y socialmente justa, con posibles mecanismos de compensación municipal.

Municipio posterga decisiones hasta mediados de mayo

Pese a la urgencia planteada por el gremio, el Municipio mantiene una postura cautelosa. 

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El alcalde Pabel Muñoz indicó que el análisis interno se realizará entre el 1 y el 15 de mayo, y que recién después se retomarán conversaciones sobre tarifas, calidad del servicio y la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR).

Este cronograma abre la posibilidad de que las decisiones finales se posterguen hasta finales de mayo, período en el que, según el gremio, se sentirá el impacto real del retiro de la compensación.

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Debate se traslada al modelo de gestión del transporte

Desde la Secretaría de Movilidad, Álex Pérez señaló que el debate no debe centrarse únicamente en el alza del pasaje, sino en la transformación del modelo de gestión del transporte público.

La propuesta apunta a un esquema financieramente sostenible, con mayor eficiencia y transparencia, apoyado en el recaudo electrónico.

Ordenanza vigente plantea cambios que no se aplican

El Observatorio de Movilidad recuerda que desde 2020 está vigente una ordenanza que crea un fondo para financiar el transporte público y propone pagar a los operadores según estándares de servicio, kilómetros recorridos y número de pasajeros. 

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Sin embargo, este modelo no ha sido implementado en más de cinco años, un retraso que, según expertos, responde más a decisiones políticas que a limitaciones técnicas.

Mientras tanto, el corto plazo sigue siendo el mayor desafío: los transportistas advierten que a partir de la segunda quincena de mayo el sistema podría no contar con los recursos suficientes para operar con normalidad.

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De acuerdo con lineamientos adelantados en declaraciones públicas oficiales, los pasajeros con vuelos programados dentro del horario de restricción podrán trasladarse sin inconvenientes, siempre que porten los siguientes documentos:

La medida también contempla a quienes deban movilizarse para transportar o recoger viajeros. En estos casos, se permitirá la circulación durante el toque de queda, siempre que se justifique el trayecto mediante la presentación del pase de abordar o boleto del pasajero.

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A la espera del decreto ejecutivo

No obstante, se aclaró que estos procedimientos quedarán plenamente definidos una vez que el Ejecutivo emita el decreto correspondiente que formalice la medida.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus traslados hacia la terminal aérea, portar toda la documentación requerida y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos.

Tome en cuenta que quienes incumplan el toque de queda sin una justificación válida pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal.

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La Defensoría del Pueblo notificó su respuesta dentro del proceso impulsado por el concejal Wilson Merino y otorgó al Municipio de Quito un plazo de 15 días para presentar su posición técnica y jurídica que sustente la legalidad y pertinencia de este cobro.

El pronunciamiento llega un mes y medio después de que el edil solicitara su incorporación formal al proceso, con el objetivo de aportar información técnica y jurídica sobre las observaciones planteadas a la medida, vigente desde febrero de este año. 

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La tasa fue incorporada en la planilla de agua en aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 109-2025.

Según informó Merino, la respuesta de la Defensoría fue emitida el 27 de abril de 2026. A partir de esta notificación, el Municipio deberá justificar los criterios utilizados para implementar la tasa, en medio de cuestionamientos sobre su impacto económico y social.

“El Municipio o no previó el impacto de esta medida o, si lo hizo, decidió ignorarlo”, señaló el concejal, quien aseguró que miles de quejas han sido presentadas ante la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y Emaseo. 

Los reclamos, dijo, reflejan perjuicios económicos que van desde los $ 300 hasta los $ 1.500, sin que hasta el momento exista una solución concreta.

¿Error en la fórmula de cálculo?

El análisis técnico realizado por el despacho de Merino identificó posibles inconsistencias en la fórmula de cálculo de la tasa. Entre los principales cuestionamientos figuran eventuales vulneraciones a los principios de proporcionalidad y equivalencia, lo que estaría derivando en valores considerados excesivos por los usuarios.

Uno de los aspectos más criticados es que el cobro se base en el consumo de agua potable. Para el concejal, este parámetro no guarda relación directa con la generación de residuos sólidos en los hogares, lo que pone en duda la validez técnica del modelo.

Además, advirtió que, de no existir una correspondencia clara entre el servicio prestado y el monto cobrado, la tasa podría convertirse en un “impuesto encubierto”, lo que abriría un debate jurídico sobre la competencia del Municipio para establecer este tipo de cargas.

La postura del alcalde de Quito

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha defendido la ordenanza, asegurando que fue elaborada con sustento técnico y que el mecanismo de cobro es legal. 

No obstante, en marzo pasado anunció la aplicación de cuatro ajustes, enfocados principalmente en los medidores de agua comunitarios y compartidos, donde se han registrado los valores más elevados y el mayor número de reclamos ciudadanos.

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La inversión bordea los 2 millones de dólares y apunta a transformar la gestión del tránsito en las principales vías de la ciudad.

Intervención en avenidas clave

Los trabajos, que ya están en marcha, se ejecutarán en un plazo de 150 días. La intervención se concentrará en arterias de alta carga vehicular como: 

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Según el cronograma oficial, la instalación de los dispositivos comenzará en la segunda semana de mayo. El despliegue iniciará en los puntos con mayor congestión y avanzará progresivamente hasta cubrir toda la red priorizada.

Tecnología con inteligencia artificial

El sistema incorporará herramientas de aprendizaje profundo (deep learning), capaces de analizar en tiempo real el comportamiento del tránsito. Estas cámaras podrán detectar automáticamente filas de congestión, atascos y flujo peatonal, generando datos clave para una gestión más eficiente.

La información recopilada permitirá optimizar la operación de los semáforos, reducir los tiempos de espera y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en zonas de alto riesgo.

Menos tráfico y mayor seguridad

Con esta implementación, el Municipio busca no solo aliviar la congestión en horas pico, sino también fortalecer la seguridad vial y hacer más ágiles los desplazamientos diarios. Se realizará un monitoreo constante en intersecciones estratégicas. 

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Protesta vecinal por señalética vial

La medida, implementada por el Municipio de Quito, ha generado malestar en la comunidad, que asegura no haber sido consultada previamente.

La protesta se desarrolló en una de las arterias principales del sector, por donde circula transporte público y se concentra una importante actividad comercial. Los moradores advierten que la eliminación de espacios de estacionamiento afectará directamente a los negocios locales y a la movilidad de los residentes.

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Daniela Pavón, presidenta del barrio San Marcos, explicó que el principal reclamo es la falta de diálogo con las autoridades. “Nunca socializaron este proyecto con nosotros. Llegan de madrugada e imponen señalética sin considerar a quienes vivimos y trabajamos aquí”, señaló en declaraciones recogidas durante la protesta.

Según Pavón, la intervención coincide con obras viales en zonas cercanas, lo que habría implicado la eliminación de la Zona Azul sin una planificación integral. “Por arreglar las calles quitaron los espacios de estacionamiento, pero esta es una vía amplia donde sí se podría mantener. No tiene sentido”, afirmó.

Los vecinos también cuestionan la ausencia de alternativas para el transporte público. “Si no podemos estacionar y tampoco hay paradas de bus definidas, ¿cómo nos movilizamos?”, reclamó la dirigente barrial.

El tramo afectado se extiende desde el sector de San Francisco hacia la parte baja de la calle, donde operan diversos locales comerciales que dependen del acceso vehicular de clientes. 

Comerciantes aseguran que la medida podría provocar el cierre de negocios y la salida de arrendatarios. “Esto puede convertir a Cumbayá en un lugar sin vida comercial”, advirtieron.

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Vecinos exigen diálogo con autoridades

Además, señalan que situaciones similares en calles aledañas se han extendido más allá de los plazos inicialmente anunciados. “Dijeron que sería temporal, pero ya van casi tres meses y no hay cambios”, indicaron.

Frente a esta situación, los moradores organizan vigilias nocturnas para evitar la instalación de más señalética. Durante la madrugada, personal municipal logró colocar algunos letreros, lo que intensificó la reacción de la comunidad.

Los habitantes exigen la presencia de autoridades municipales para establecer un diálogo directo y revisar la medida. Mientras tanto, no descartan nuevas movilizaciones si no obtienen respuestas.

EXPRESO solicitó información a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y se encuentra a la espera de una respuesta.

Lo que debes saber

• El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio en Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado.
• El dinero fue reclamado por Elit Corporation. El monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.
• Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia.

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio del norte de Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Esta etapa, de carácter reservado dentro del sistema penal ecuatoriano, tiene como objetivo determinar qué ocurrió y si existen elementos para iniciar una causa penal.

(Te puede interesar: ¿Qué es el plan de recompensas?: alerta permitió hallar $ 1 millón en Quito)

El dinero fue encontrado el 20 de marzo de 2026 durante un operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos en el sector de La Mariscal, en un inmueble ubicado en la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo del edificio, los agentes hallaron una caja fuerte que contenía $992.560 en efectivo.

Según la información policial, el operativo se enmarcaba en una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, en el lugar no se encontraron drogas ni se reportaron personas detenidas, lo que dejó el hallazgo del dinero como el principal elemento dentro del procedimiento.

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Empresa reclama el dinero

En las primeras horas no se identificó a un propietario de los fondos. Posteriormente, la sociedad civil Elit Corporation presentó un reclamo sobre el dinero. Su defensa pública sostuvo que el monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló en declaraciones públicas que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

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Investigación previa por millón de dólares en Quito

Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia, según expertos.

En paralelo, las autoridades recaban información para establecer el contexto del hallazgo, como las condiciones en que fue encontrado el dinero, quién tenía acceso al lugar y la documentación que respalda su origen.

Días atrás, EXPRESO solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre los procedimientos aplicables en este tipo de casos. La entidad respondió que, conforme a la normativa vigente, las investigaciones previas son reservadas, por lo que no es posible proporcionar detalles adicionales sobre el caso ni sobre las diligencias en curso.

Te invitamos a leer: Policía halla caja fuerte con dinero en la bodega de un edificio del norte de Quito

La intervención se realizó en el subsuelo de un edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre y Luis Cordero, tras una alerta que advertía sobre un supuesto encaletamiento de droga en el inmueble.

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El operativo fue liderado por la Jefatura Antidrogas del Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General. Los agentes ingresaron hasta el subsuelo 3 del edificio, donde intervinieron una bodega cerrada.

En el interior, los uniformados encontraron una caja fuerte que contenía fajos de dinero en efectivo. Tras el conteo, las autoridades determinaron que el monto bordea el millón de dólares y que, hasta el momento, no ha sido justificado.

Luis Fernando Zambonino, jefe de Operaciones de la Jefatura Antinarcóticos de Quito, detalló que durante el procedimiento hubo resistencia para permitir el ingreso al edificio y a la bodega, lo que retrasó la intervención.

Ese lapso, explicó, pudo se aprovechado para retirar o esconder posibles sustancias ilícitas, ya que la denuncia inicial alertaba sobre la presencia de droga en el lugar.

Otro elemento que complica las investigaciones es la ausencia de cámaras de seguridad en el área del subsuelo, lo que dificulta reconstruir los movimientos dentro de la bodega donde se encontró el dinero.

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Hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Sin embargo, la Fiscalía inició una investigación previa para determinar el origen de los recursos y establecer posibles responsabilidades penales.

¿Qué es el plan de recompensas?

El plan de recompensas 131 tiene como objetivo abrir un canal directo con la ciudadanía. La idea es que cualquier persona pueda aportar información y convertirse en una pieza clave en la lucha contra la inseguridad, sin intermediarios y de forma accesible.

En 2025, según el Ministerio de Defensa, más de 31.000 llamadas han llegado a la línea 131. La mayoría de estos reportes provienen de provincias como Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, donde la ciudadanía ha optado por denunciar de forma anónima.

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A través del plan de recompensas, de acuerdo con la institución, se ha logrado ubicar y detener a objetivos considerados de alto valor, entre ellos alias El Gringo, vinculado al Frente Oliver Sinisterra; alias Colón Pico y alias Negro Barrei, señalados como cabecillas de Los Lobos; además de alias Chabalo y alias Pistola, relacionados con estructuras criminales que operan en la región.

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Lo que debes saber

• El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio en Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado.
• El dinero fue reclamado por Elit Corporation. El monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.
• Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia.

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio del norte de Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Esta etapa, de carácter reservado dentro del sistema penal ecuatoriano, tiene como objetivo determinar qué ocurrió y si existen elementos para iniciar una causa penal.

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El dinero fue encontrado el 20 de marzo de 2026 durante un operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos en el sector de La Mariscal, en un inmueble ubicado en la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo del edificio, los agentes hallaron una caja fuerte que contenía $992.560 en efectivo.

Según la información policial, el operativo se enmarcaba en una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, en el lugar no se encontraron drogas ni se reportaron personas detenidas, lo que dejó el hallazgo del dinero como el principal elemento dentro del procedimiento.

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En las primeras horas no se identificó a un propietario de los fondos. Posteriormente, la sociedad civil Elit Corporation presentó un reclamo sobre el dinero. Su defensa pública sostuvo que el monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló en declaraciones públicas que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

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Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia, según expertos.

En paralelo, las autoridades recaban información para establecer el contexto del hallazgo, como las condiciones en que fue encontrado el dinero, quién tenía acceso al lugar y la documentación que respalda su origen.

Días atrás, EXPRESO solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre los procedimientos aplicables en este tipo de casos. La entidad respondió que, conforme a la normativa vigente, las investigaciones previas son reservadas, por lo que no es posible proporcionar detalles adicionales sobre el caso ni sobre las diligencias en curso.

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El pasado 16 de abril, del contrato de mantenimiento al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, apenas cuatro días antes de la falla.

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Alerta por el sistema de ventilación

Un informe técnico emitido por la empresa fabricante de los trenes, CAF, encendió las alarmas sobre el sistema de ventilación. El documento recomienda, con carácter de urgente, una limpieza integral de los túneles debido a la acumulación de contaminación.

Según el análisis, la alta concentración de polvo y partículas en el ambiente subterráneo está provocando una saturación prematura de los filtros de aire, diseñados para operar en condiciones menos exigentes.

En condiciones normales, estos filtros deben reemplazarse cada 90 días. Sin embargo, las revisiones evidencian obstrucciones recurrentes antes de ese plazo. Este fenómeno reduce la circulación de aire dentro de los trenes, obliga a los ventiladores a operar con mayor esfuerzo y genera sobrecargas que pueden activar sistemas de protección eléctrica, afectando la continuidad del servicio.

Menos trenes en operación 

Para veedores y concejales, el problema no es aislado. Guido Páez, quien participó en los procesos de vigilancia ciudadana del sistema, sostiene que la raíz de las fallas es estructural. A su criterio, la ausencia prolongada de un contrato de mantenimiento desde el inicio de operaciones generó un desgaste acelerado. 

“Ningún sistema en el mundo funciona sin mantenimiento desde el primer día. Con menos trenes operativos, los que quedan recorren más kilómetros y adelantan su desgaste”, explicó.

Esta situación coincide con reportes que indican que solo 11 de los 18 trenes estaban en funcionamiento en días recientes. La reducción de la flota operativa no solo incrementa la carga sobre las unidades activas, sino que también altera la frecuencia del servicio y aumenta los tiempos de espera para los usuarios.

Sin auditoría internacional

Desde el Concejo Metropolitano, las críticas apuntan a la gestión institucional. El concejal Wilson Merino considera que las fallas responden a una falta de planificación y control. “Esto no es casualidad. Es el resultado de la ineficiencia y de no contar con soporte técnico ni vigencia tecnológica durante meses”, afirmó. Además, cuestionó la ausencia de una auditoría internacional prometida años atrás y denunció posibles irregularidades en la contratación, incluyendo sobreprecios.

Hemos advertido fallas técnicas graves que afectan la seguridad y operación del metro de Quito actualmente
Darío Paladines, veedor del Metro

Otro punto crítico es el sistema de comunicaciones Tetra, considerado la columna vertebral de la operación. Este sistema coordina señalización, velocidades y rutas. Según el ex veedor, el sistema de radiocomunicaciones TETRA fue donado por la constructora ACCIONA al Metro de Quito para su implementación como eje de la operación. Sin embargo, enfatizó que, al igual que cualquier otro componente del sistema, estos equipos requerían mantenimiento permanente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la operación integral del Metro.

Darío Paladines, veedor ciudadano, advierte que la falta de articulación entre los subsistemas ha desnaturalizado el funcionamiento del metro. “Los trenes se detienen, hay esperas prolongadas y fallas en el sistema de recaudo. Todo esto afecta la experiencia del usuario y pone en duda la seguridad”, analizó. También criticó la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a solicitudes de información técnica.

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En la misma línea, el concejal Andrés Campaña cuestionó la calidad de los informes emitidos por la empresa operadora. Según indicó, estos documentos son generales y no detallan el estado real de los procesos. “La realidad ha desmentido a las autoridades. No existe mantenimiento preventivo ni correctivo efectivo, y las consecuencias están a la vista”, declaró.

Gerente admite desgaste en rieles y ruedas

Desde la administración del sistema, el gerente Juan Carlos Parra reconoció, en la sesión del Concejo del 21 de abril, el desgaste en rieles y ruedas como uno de los principales problemas operativos. 

Detalló que se ejecutan trabajos de reperfilado para mitigar el deterioro, y señaló un punto crítico en el sector de Quitumbe, donde una curva cerrada obliga a reducir la velocidad de los trenes y acelera el desgaste de los componentes. Esta situación ha derivado en el retiro temporal de varias unidades para revisión técnica, lo que impacta directamente en la disponibilidad de la flota.

Esto no es casualidad, es el resultado de una gestión ineficiente, sin planificación técnica adecuada
Andrés Campaña, concejal

En paralelo, los usuarios continúan reportando demoras, variaciones en la frecuencia y extensas filas en estaciones de alta demanda. Para Paladines, la suma de fallas técnicas, decisiones administrativas y la falta de mantenimiento oportuno configura un escenario complejo que, lejos de estabilizarse, evidencia signos de agravamiento.

Este medio solicitó una versión oficial a la Empresa Metro de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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Protesta vecinal por señalética vial

La medida, implementada por el Municipio de Quito, ha generado malestar en la comunidad, que asegura no haber sido consultada previamente.

La protesta se desarrolló en una de las arterias principales del sector, por donde circula transporte público y se concentra una importante actividad comercial. Los moradores advierten que la eliminación de espacios de estacionamiento afectará directamente a los negocios locales y a la movilidad de los residentes.

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Daniela Pavón, presidenta del barrio San Marcos, explicó que el principal reclamo es la falta de diálogo con las autoridades. “Nunca socializaron este proyecto con nosotros. Llegan de madrugada e imponen señalética sin considerar a quienes vivimos y trabajamos aquí”, señaló en declaraciones recogidas durante la protesta.

Según Pavón, la intervención coincide con obras viales en zonas cercanas, lo que habría implicado la eliminación de la Zona Azul sin una planificación integral. “Por arreglar las calles quitaron los espacios de estacionamiento, pero esta es una vía amplia donde sí se podría mantener. No tiene sentido”, afirmó.

Los vecinos también cuestionan la ausencia de alternativas para el transporte público. “Si no podemos estacionar y tampoco hay paradas de bus definidas, ¿cómo nos movilizamos?”, reclamó la dirigente barrial.

El tramo afectado se extiende desde el sector de San Francisco hacia la parte baja de la calle, donde operan diversos locales comerciales que dependen del acceso vehicular de clientes. 

Comerciantes aseguran que la medida podría provocar el cierre de negocios y la salida de arrendatarios. “Esto puede convertir a Cumbayá en un lugar sin vida comercial”, advirtieron.

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Además, señalan que situaciones similares en calles aledañas se han extendido más allá de los plazos inicialmente anunciados. “Dijeron que sería temporal, pero ya van casi tres meses y no hay cambios”, indicaron.

Frente a esta situación, los moradores organizan vigilias nocturnas para evitar la instalación de más señalética. Durante la madrugada, personal municipal logró colocar algunos letreros, lo que intensificó la reacción de la comunidad.

Los habitantes exigen la presencia de autoridades municipales para establecer un diálogo directo y revisar la medida. Mientras tanto, no descartan nuevas movilizaciones si no obtienen respuestas.

EXPRESO solicitó información a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y se encuentra a la espera de una respuesta.

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La Mesa de Movilidad del Cabildo Cívico de Quito, a través de un comunicado este 27 de abril de 2026, solicitó de manera urgente la realización de una auditoría técnica independiente a los sistemas críticos del Metro.

Según el pronunciamiento, el incidente no es un hecho aislado, sino la evidencia de “vulnerabilidades estructurales” que requieren atención inmediata. 

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El documento señala que un análisis técnico apunta a que la interrupción se originó por la avería de un switch de red en la estación Quitumbe, lo que provocó una saturación del tráfico de datos y dejó sin control al sistema. La falta de rutas alternas, mencionaron, evidencia una falla grave en la redundancia operativa.

La Mesa recordó que el Municipio tiene la responsabilidad indelegable de supervisar y fiscalizar a las empresas encargadas de operar servicios públicos estratégicos. En este sentido, subrayó que la millonaria inversión pública en el Metro (más de $ 2.000 millones), una de las más importantes en la historia de la ciudad, debe resguardarse mediante una gestión técnica rigurosa y transparente.

Un sistema sin mantenimiento especializado

Otro de los puntos mencionados es la falta de mantenimiento especializado. De acuerdo con el escrito, el sistema operó sin un contrato específico para el mantenimiento de componentes críticos desde finales de 2023, lo que habría debilitado la capacidad de respuesta ante fallas complejas.

Ante este escenario, la Mesa de Movilidad exige que la auditoría técnica cuente con la participación de universidades e institutos especializados, con el fin de garantizar independencia, transparencia y solvencia técnica. Asimismo, solicitó una fiscalización estricta al contrato de mantenimiento adjudicado en abril de 2026, con énfasis en un enfoque preventivo.

Devolver la confianza en el Metro

Entre las recomendaciones, también se plantea que la dirección del sistema esté en manos de profesionales con formación en ingeniería aplicada al transporte, alineados con estándares internacionales, así como la implementación urgente de un Sistema de Gestión de Calidad basado en normas ISO para identificar causas raíz y asegurar la mejora continua.

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“El Metro de Quito no es solo infraestructura, es un servicio esencial que debe operar bajo los más altos estándares de seguridad”, señala el documento. La ciudadanía, agregan, demanda no solo explicaciones, sino acciones concretas que devuelvan la confianza en el sistema.

La Mesa de Movilidad anunció que mantendrá una vigilancia activa sobre la gestión del Metro, insistiendo en que la transparencia, el control institucional y la capacidad técnica serán claves para garantizar un servicio seguro, eficiente y confiable para todos los usuarios.