Lo que debes saber:

• El Concejo de Quito debate subir el pasaje de bus a $ 0,40 este 8 de septiembre.
• Representantes ciudadanos tildan de "paquetazo" la medida por falta de calidad.
• El Municipio destinará $ 23 millones en compensaciones para los transportistas.

Con la presencia de 18 ediles, este martes 8 de septiembre de 2026 comenzó en el Concejo Metropolitano el debate del proyecto de ordenanza que plantea incrementar el pasaje del transporte público convencional de 35 a 40 centavos y establecer una compensación de 23 millones de dólares para los transportistas.

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El debate se desarrolla luego de siete mesas de trabajo, según explicó Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad. El funcionario detalló que 23 personas se acreditaron para intervenir bajo la figura de la silla vacía, entre usuarios, transportistas, estudiantes y académicos. Durante la sesión de este martes, ocho de ellas solicitaron la palabra.

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La propuesta busca, entre otros objetivos, mejorar la cobertura, la integración y la calidad del servicio de transporte público. El proyecto también contempla obligaciones para los operadores, entre ellas la implementación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), el Sistema de Información al Usuario (SIU) y el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en las unidades.

Críticas al incremento del pasaje

Durante el debate surgieron cuestionamientos al proyecto. Alejandro Aguayo, uno de los representantes acreditados por la silla vacía, sostuvo que la iniciativa nació como respuesta a la presión ejercida por los transportistas.

A su criterio, el incremento no se justifica debido a que la calidad del servicio no ha mejorado. Aguayo calificó la propuesta como un "paquetazo" y cuestionó que los usuarios tengan que asumir un mayor costo por un servicio que, según dijo, es deficiente.

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Jhony Hernández, también acreditado a la silla vacía, advirtió sobre lo que considera una falta estructural en el proyecto, particularmente respecto de las personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Hernández señaló que el transporte debe garantizar seguridad y accesibilidad para todos los usuarios y cuestionó la ausencia de mayores mecanismos tecnológicos. También planteó la necesidad de establecer indicadores claros de calidad, universalidad y sostenibilidad.

¿De dónde saldrán los $ 23 millones?

Uno de los puntos clave del debate fue el origen de los recursos destinados a la compensación de los transportistas.

El concejal Michael Aulestia preguntó al secretario de Movilidad, Alex Pérez, de dónde saldrán los $ 23 millones y bajo qué mecanismos se distribuirán.

Pérez explicó que, dentro de la propuesta analizada, la entrega de la compensación no implica dejar de ejecutar ninguna obra. Señaló que, debido a problemas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el proceso correspondiente a la solución vial Rumihurco fue dado de baja.

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Según el secretario, estos recursos serán trasladados a la Secretaría de Movilidad y se prevé entregar la compensación a los transportistas bajo el cumplimiento de determinados requisitos.

El mecanismo y las condiciones para acceder a estos fondos forman parte de los aspectos que deberán definirse durante el tratamiento de la ordenanza.

Por su parte, el concejal Bernardo Abad adelantó que votará en contra del proyecto de ordenanza. En su intervención afirmó que desde que se incrementó la tarifa en 2021 no se ha cumplido ningún parámetro de calidad.

Para que la ordenanza se apruebe en el Concejo se necesita el voto favorable de 12 ediles.

Lo que debes saber

• Los Lobos usaban falsos deliverys para distribuir droga en Quito, según la Policía.
• Un allanamiento en Bicentenario dejó tres detenidos y 59 kilos de droga decomisados.
• El operativo del 7 de septiembre retiró unas 590.000 dosis del mercado nacional.

Los falsos deliverys se convirtieron en una de las modalidades utilizadas por una célula de Los Lobos para distribuir droga en Quito. La Policía Nacional desarticuló parte de esta operación tras allanar una vivienda que funcionaba como centro de acopio en el sector Bicentenario, en el norte de la capital.

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El operativo se ejecutó el 7 de septiembre de 2026, luego de que agentes de la Unidad Antinarcóticos detectaran movimientos relacionados con el almacenamiento y comercialización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Durante la intervención fueron detenidas tres personas, entre ellas Cristina, de 40 años, quien registra un antecedente policial por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2026.

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Así funcionaban los falsos deliverys

De acuerdo con la coronel Beatriz Benavides, subcomandante subrogante de la Zona 9, la organización utilizaba motocicletas para aparentar actividades de entrega a domicilio y, bajo esa modalidad, movilizar y comercializar la droga.

Los recorridos se concentraban en distintos sectores del norte de Quito, entre ellos La Delicia, Comité del Pueblo y La Kennedy, aunque la investigación apunta a que la actividad podía extenderse a otras zonas.

La modalidad permitía a los integrantes de la organización movilizarse por la ciudad con mayor facilidad y, al mismo tiempo, mantener una apariencia de servicio de entrega.

Policía incauta 59 kilos de droga en Quito

En el inmueble allanado, los agentes encontraron 59 paquetes con un total de 59 kilos de droga.

Según las estimaciones policiales, el cargamento decomisado equivaldría aproximadamente a 590.000 dosis que fueron retiradas del mercado antes de llegar a los consumidores.

El golpe también representa una afectación económica para la organización delictiva. Las autoridades calculan que la droga tendría un valor aproximado de $66.375 en el mercado nacional, mientras que en el mercado internacional su valor ascendería a $885.000.

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Una casa era utilizada como centro de acopio

La vivienda intervenida era utilizada como un punto para almacenar el cargamento antes de su distribución. Desde allí, según la información proporcionada por la Policía, la droga era movilizada mediante motocicletas bajo la modalidad de falsos repartidores.

La operación permitió detener a tres personas y retirar del mercado un importante cargamento de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer si existen más integrantes de esta estructura vinculados con la distribución de droga en Quito.

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Además, de acuerdo con un balance del CBQ, durante esos mismos tres meses se contabilizaron 1.410 quemas de desechos, con una afectación estimada de 47,04 hectáreas.

Agosto fue el mes que concentró la mayor cantidad de estos eventos, con 781 casos, mientras que en julio se registraron 594. La cifra refleja el incremento de las quemas durante los meses de menor humedad y mayor presencia de material vegetal seco.

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Ante este escenario, los controles en territorio se intensificaron. Bomberos, junto con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito (CACMQ), realizaron 206 patrullajes preventivos en zonas consideradas de riesgo.

Los operativos también dejaron sanciones. 212 personas fueron sancionadas por realizar quemas a cielo abierto, mientras que siete casos fueron denunciados ante la Fiscalía. En uno de ellos se dictó prisión preventiva.

Más controles en zonas de riesgo

La prevención también se ha concentrado en sectores donde existe una mayor posibilidad de propagación del fuego. Bomberos implementó 16 circuitos de prevención y colocó 12 gabinetes contraincendios forestales en zonas priorizadas como Guápulo, Conocoto, Pomasqui, Parque Metropolitano Sur, Chaupi Molino, Mastodontes, Cocotog, Zámbiza, Nayón, el Parque Itchimbía y Gonzáles Suárez.

Además, promotores comunitarios han trabajado con 6.450 personas para alertar sobre los riesgos de las quemas y las condiciones que pueden favorecer la propagación de un incendio.

Según el CBQ, parte del trabajo se ha concentrado en reducir el material vegetal disponible para alimentar el fuego. En sectores considerados vulnerables se han intervenido 63.341,60 metros cuadrados de cobertura vegetal y se han habilitado 27.346 metros cuadrados de líneas de control.

La lógica es reducir la cantidad de combustible vegetal antes de que ocurra una emergencia y dificultar el avance de las llamas cuando se produce un incendio.

Más de 1.000 servidores preparados para la temporada

Para responder a las emergencias, Bomberos Quito dispone de 1.102 servidores destinados a las operaciones contra incendios forestales. El contingente incluye personal operativo, bomberos forestales de temporada, conductores, personal de apoyo y equipos de soporte.

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A ellos se suman 114 vehículos operativos, entre unidades contraincendios, vehículos de abastecimiento y camionetas forestales. El dispositivo también incluye un helicóptero y 10 drones, utilizados para monitorear zonas de riesgo y apoyar las labores de control.

La nueva batalla de los scooters

• Accidentes con scooters y motos eléctricas aumentaron 68 % en Quito entre 2024 y septiembre de 2026.
• La Asamblea aprobó nuevas reglas para vehículos de micromovilidad, pero faltan reglamento y normas técnicas.
• Expertos piden límites de velocidad y clasificación según el tipo de scooter o moto eléctrica.

“Creo importante que exista esta ley, pero no creo que nos deban satanizar”. La frase de Camila Andrade, usuaria de scooter, resume parte del debate que se abrió tras el atropellamiento de un hombre por un vehículo eléctrico el 1 de septiembre, en la avenida Naciones Unidas y Shyris.

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El hecho volvió a poner bajo la lupa a los scooters y motos eléctricas que circulan por las calles. Mientras sus usuarios defienden estos medios como una alternativa de movilidad, el aumento de los siniestros evidencia que su expansión también plantea nuevos riesgos para peatones, ciclistas y conductores.

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Accidentes con scooters y motos eléctricas aumentan en Quito

Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestran la dimensión del problema. Entre 2024 y 2026, los accidentes que involucran scooters y motos eléctricas se incrementaron un 68 %.

En 2024 se registraron 22 siniestros, con dos fallecidos y 21 heridos. En 2025 fueron 34 accidentes, con cinco muertos y 30 heridos. Y solo entre enero y el 1 de septiembre de 2026 ya se contabilizan 37 accidentes, con dos víctimas mortales y 45 heridos.

El incremento ocurre justo cuando la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Tránsito que incorpora por primera vez un marco nacional para los vehículos de micromovilidad y las motos eléctricas.

La nueva Ley de Tránsito incorpora reglas para la micromovilidad

La norma establece que estos medios deberán utilizarse principalmente para desplazamientos urbanos de corta distancia y baja velocidad. Sin embargo, varios detalles todavía deberán definirse mediante el reglamento y las normas técnicas.

El punto de discusión está ahora en cómo diferenciar un scooter ligero de una moto eléctrica capaz de alcanzar velocidades mucho mayores. Para los especialistas consultados, no todos estos vehículos pueden recibir el mismo tratamiento, porque la velocidad y el peso cambian de manera importante el nivel de riesgo.

Álvaro Guzmán, consultor sénior de la Alianza Global por la Seguridad Vial, considera que la reforma incorpora avances importantes en seguridad. Entre ellos destaca la exigencia de cascos certificados, los sistemas de retención infantil, medidas para proteger a los peatones y un Plan Nacional de Fiscalización que contempla aspectos como el cinturón de seguridad, el alcohol, el casco y la velocidad.

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Expertos cuestionan la falta de límites de velocidad

Pero el especialista identifica una deuda que considera fundamental. La reforma no establece límites de velocidad seguros como los que se habían planteado durante la discusión.

Para Guzmán, la velocidad es uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales y debería ser abordada como una política transversal.

En esa misma línea, Sofía Gordón, experta en movilidad, plantea que la clasificación debe considerar las características de cada vehículo. Explica que algunas motos eléctricas pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, y que aquellas que superen los 30 kilómetros por hora y tengan un peso considerable deberían recibir un tratamiento similar al de una motocicleta convencional.

“Esas motos que sí superan los 30 kilómetros por hora y son pesadas pueden provocar un siniestro vial más importante o al mismo nivel de cualquier otra moto tradicional”, sostiene Gordón.

Por ello, considera necesario que sus conductores cuenten con licencia, matriculación y revisión vehicular.

El siguiente paso es reformar el COIP, establecer las sanciones frente a estos comportamientos no deseados y armonizar las normas con el reglamento correspondiente.
Sofía Gordón, experta en movilidad

Scooters de baja velocidad tendrían un tratamiento diferente

La situación sería diferente para los scooters de menor velocidad. La experta considera que aquellos que no superen los 25 kilómetros por hora podrían circular por ciclovías, siempre que cuenten con las medidas de seguridad necesarias y sus usuarios asuman una mayor responsabilidad en la vía.

La nueva legislación también establece que los vehículos de micromovilidad deberán circular únicamente por las vías, áreas o infraestructuras habilitadas de acuerdo con su naturaleza y nivel de riesgo.

Además, tendrán que respetar al peatón y no podrán circular por la red vial estatal, autopistas, vías perimetrales ni otros tramos que sean restringidos por razones de seguridad.

Quito deberá ajustar su regulación de scooters

En este punto aparece un desafío para la capital. La nueva normativa nacional deberá convivir con las reglas que el Municipio ha intentado desarrollar durante los últimos años.

La iniciativa también contempla el uso obligatorio de casco, chaleco reflectivo durante la noche y un sistema de identificación mediante código QR.

Sin embargo, el proyecto pasó el primer debate en julio de 2024 y continúa pendiente el segundo debate.

Para Gordón, antes de aplicar cualquier nueva regulación será necesario esperar que la reforma nacional sea aprobada definitivamente, publicada en el Registro Oficial y acompañada de su reglamento. Ese documento será el que determine buena parte de las especificidades que permitirán aplicar la ley.

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El reto será controlar y sancionar el incumplimiento

El reto no será únicamente establecer prohibiciones. También será necesario definir quién controla, cómo se sanciona y qué condiciones deben cumplir los usuarios. La experiencia con las motocicletas muestra la magnitud de esa tarea.

La edil Analía Ledesma considera que las nuevas reglas nacionales deben complementarse con la regulación local de scooters. A su criterio, el Municipio debe establecer con claridad qué vehículos podrán circular y bajo qué condiciones.

También plantea definir límites de velocidad y potencia acordes con las características de cada vehículo. La normativa deberá precisar por dónde podrán movilizarse y qué elementos de seguridad serán obligatorios.

Regular los scooters no significa prohibirlos. Significa ordenar su uso, proteger a quienes los utilizan y proteger también a los peatones y al resto de actores viales.
Analía Ledesma, concejal metropolitana 

Francis Aguaysa, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad Segura, opina que la reforma aún deja vacíos sobre los vehículos eléctricos ligeros y su regulación.

A su criterio, nuevamente se delega a los gobiernos autónomos descentralizados la tarea de establecer reglas, sin una directriz nacional suficientemente clara.

El problema, advierte, no será solo registrar a los usuarios, sino lograr que las nuevas disposiciones tengan consecuencias cuando no se cumplan.

Lo que se sabe

• Ejército decomisó 500 kilos de marihuana durante un operativo en Ascázubi este lunes 7 de septiembre.
• El conductor huyó al detectar a los militares y abandonó la camioneta con el cargamento.
• La droga, valorada en $1,5 millones, presuntamente provenía de Colombia y era trasladada hacia la Costa.

Las Fuerzas Armadas decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana, equivalentes a media tonelada, durante una operación militar ejecutada la madrugada de este lunes 7 de septiembre en el sector de Ascázubi, en el límite entre los cantones Cayambe y Quito.

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El operativo fue ejecutado por efectivos del Ejército Ecuatoriano, como parte de las operaciones militares de ámbito interno. Durante la intervención, los uniformados localizaron una camioneta que transportaba el cargamento de droga.

Según informó Jhon Miño, comandante general del Ejército Ecuatoriano, al advertir la presencia de los militares, el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar. El cargamento quedó en poder de las autoridades.

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Marihuana habría llegado desde Colombia

De acuerdo con el análisis de inteligencia militar, la marihuana presuntamente tendría como origen los departamentos colombianos de Cauca y Nariño.

El cargamento habría ingresado a Ecuador por el sector fronterizo de La Pintada–Julio Andrade para posteriormente movilizarse por el eje vial E-35–Pichincha–Santo Domingo–Babahoyo–Guayaquil.

La operación permitió, según las Fuerzas Armadas, interrumpir un presunto corredor logístico utilizado para el traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Decomiso de marihuana representa $1,5 millones

Las autoridades estiman que la droga incautada tendría un valor aproximado de $1,5 millones en el mercado ecuatoriano. Este monto podría incrementarse significativamente si el cargamento hubiera llegado a mercados internacionales.

El Ejército señaló que el decomiso representa una afectación a la capacidad logística y económica de las estructuras dedicadas al narcotráfico, al impedir que la droga llegue a su destino y sea incorporada a circuitos de distribución y financiamiento de organizaciones criminales.

Evidencias quedaron en manos de las autoridades

Según el análisis de inteligencia militar, entre las organizaciones que presuntamente estarían relacionadas con este tipo de operaciones se encuentra el GAO Los Lobos.

Tras el operativo, las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para que se realicen los procedimientos legales correspondientes.

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La propuesta también incluye la entrega de una compensación de $ 23 millones para los transportistas. Para que la ordenanza sea aprobada se necesitan al menos 12 votos de los integrantes del Concejo.

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El proyecto ya superó una de las etapas previas. La Comisión de Movilidad aprobó el informe para segundo debate con cuatro votos a favor: Cristina López, Ángel Vega, Héctor Cueva y Diego Garrido. La concejala Joselyn Mayorga se abstuvo.

Más de 12 mesas de trabajo

La discusión de la tarifa se extendió durante más de una docena de mesas de trabajo, en las que participaron concejales y ciudadanos acreditados a silla vacía, entre ellos usuarios y representantes del sector del transporte.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por los usuarios fue que un aumento del pasaje no garantiza por sí mismo una mejora en el servicio.

En las mesas se expusieron problemas que los pasajeros enfrentan a diario: incumplimiento de estándares de calidad, buses que no respetan las paradas, correteos para captar pasajeros y siniestros de tránsito relacionados con exceso de velocidad, irrespeto a los semáforos y conducción bajo los efectos del alcohol.

Ese es uno de los puntos que marcará el debate de este martes: qué recibirá el usuario a cambio de pagar cinco centavos más.

Transportistas defienden el incremento

Jorge Yánez, representante del gremio del transporte, menciona que el texto que llegará al pleno recoge las observaciones planteadas durante las mesas de trabajo por concejales, ciudadanos, usuarios, estudiantes y transportistas.

Según Yánez, el objetivo es elevar las condiciones del transporte de superficie hasta acercarlas al nivel de servicio que actualmente ofrece el Metro de Quito.

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Para el dirigente, el incremento debe estar acompañado de mecanismos que permitan mantener la continuidad del servicio y mejorar su control.

Uno de esos mecanismos es la incorporación de tecnología para fiscalizar y monitorear a las unidades. Además, el proyecto establece un plazo de ocho meses para que las operadoras implementen el Sistema Integrado de Recaudo.

La expectativa del sector transportista es que estas medidas permitan que el usuario perciba mejoras en el servicio y que el incremento tarifario esté vinculado a cambios concretos en la operación.

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Con curaduría de María del Carmen Carrión, la muestra plantea el atlas como un proyecto necesariamente inacabado, en el que las imágenes adquieren nuevos significados a partir de las relaciones que establecen entre ellas.

En ese ejercicio, la memoria no aparece como algo que debe permanecer inmóvil, sino como un territorio que puede modificarse cada vez que se vuelve sobre él. 

Territorios palpables

La geografía ocupa también un lugar dentro de esta exploración. Quito, Ostia (Italia), México y Nueva York aparecen conectados mediante una cartografía que no responde necesariamente a distancias físicas o recorridos lineales. 

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Son los recuerdos y afectos los que trazan los vínculos entre estos lugares, mientras determinados objetos funcionan como dispositivos capaces de activar la memoria. Más que preservar acontecimientos de forma objetiva, la propuesta indaga en aquello que permanece de las experiencias y en las formas que adquiere al ser recordado.

Fabiano Kueva ha desarrollado su trabajo entre espacios museísticos, proyectos comunitarios, intervenciones en el espacio público y distintos medios de transmisión. Ha formado parte de colectivos como Películas La Divina, Centro Experimental Oído Salvaje y Laboratorio Solanda, y ha participado en encuentros como las bienales de La Habana, Montevideo y Venecia. 

En 2024 recibió la Artist Research Fellowship del Cisneros Institute del MoMA. 

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¿Cuándo se lanza la exposición?

Deseo de atlas de deseo abrirá sus puertas el miércoles 16 de septiembre a las 17:00 en N24 Galería de Arte, ubicada en Isabel La Católica N24-274 y Francisco Galavis, en Quito. 

La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 8 de octubre y podrá visitarse de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:30, y los sábados, de 11:00 a 15:00. El ingreso es libre. 

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Horas después, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) precisó que se trató de una quema de desechos. El fuego fue controlado y los equipos permanecen en el lugar para realizar labores de enfriamiento.

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La alerta ingresó al ECU 911 a las 12:47. Tras el reporte se movilizaron equipos del CBQ y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Durante la emergencia, Bomberos también utilizó un helicóptero para realizar descargas de agua desde el aire y apoyar las tareas de control.

Aunque el fuego no provocó mayores daños, la emergencia recordó el riesgo de realizar quemas de basura, vegetación o residuos en zonas cercanas a viviendas y áreas verdes.

Quema de residuos puede generar multas

En Quito, las personas que provoquen incendios o realicen actividades que puedan desencadenarlos se exponen a sanciones económicas, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Entre las infracciones consideradas leves están fumar en zonas susceptibles a incendios forestales, impedir el acceso del personal municipal, utilizar fuego sin autorización para quemas de predios o provocar conatos de incendios.

Estas conductas pueden ser sancionadas con multas de entre $482 y $1.205.

Las infracciones graves contemplan, entre otras acciones, la quema de residuos de vegetación en vías y espacios públicos, así como el uso no autorizado del fuego en áreas de protección ecológica o zonas susceptibles a incendios. En estos casos, las multas van de $1.446 a $2.169.

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La sanción aumenta considerablemente cuando se trata de infracciones muy graves. Provocar incendios forestales mediante pirotecnia en zonas de protección ecológica o en áreas donde la vegetación está próxima a viviendas puede generar multas de entre $2.410 y $36.150.

También se consideran muy graves los incendios provocados en ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas, zonas de protección ecológica, espacios contemplados en el Plan de Uso y Gestión del Suelo y espacios verdes urbanos.

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La alerta ingresó al ECU 911 a las 12:47. Tras la emergencia, se coordinó el desplazamiento de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Los equipos de primera respuesta confirmaron que se trataba de un incendio forestal. Efectivos del CBQ se encuentran en el lugar realizando labores para controlar las llamas y evitar que el fuego avance hacia otras zonas.

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Mientras continúan las labores, el sistema de videovigilancia mantiene monitoreado el sector para seguir la evolución del incendio.

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La emergencia ocurre un día después de otro incendio forestal registrado el 6 de septiembre en el sector de Mastodontes, en el norte de Quito.

En ese caso, el trabajo de los equipos de emergencia por aire y tierra permitió controlar el fuego. Posteriormente se ejecutaron labores de liquidación y enfriamiento para evitar que se reavivaran las llamas.

Los equipos permanecieron en la zona para realizar monitoreo y verificar que no existieran nuevos focos.

Las autoridades recuerdan que provocar un incendio forestal puede generar sanciones económicas de más de $36.000.

Otra emergencia similar ocurrió en Tumbaco, en San Juan de Chuspiyacu. El fuego fue controlado luego de tres horas de trabajo.

Lo que se sabe

• CAF aprobó  $ 100.000 para revisar los estudios de la extensión del Metro de Quito hacia La Ofelia.
• Expertos internacionales evaluarán infraestructura, túneles, geotecnia y sistemas ferroviarios del proyecto.
• [La revisión busca fortalecer los estudios definitivos del tramo de 5,6 kilómetros y cuatro nuevas estaciones.

El proyecto de extensión del Metro de Quito hacia La Ofelia será sometido a una revisión técnica externa con expertos internacionales, como parte de una cooperación no reembolsable de $ 100.000 aprobada por la CAF.

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La evaluación busca determinar si los estudios de ingeniería definitiva cumplen con los requerimientos técnicos y, a partir de ese análisis, plantear recomendaciones que permitan fortalecer el proyecto antes de avanzar hacia su construcción.

Bruno León, gerente de Operaciones del Metro de Quito, explicó en entrevista con MQ Radio que esta revisión permitirá contar con una mirada especializada e independiente sobre el proyecto de ampliación hacia el norte de la capital.

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Expertos revisarán los estudios del Metro de Quito

El análisis estará a cargo de especialistas internacionales con experiencia en proyectos ferroviarios y sistemas de transporte metropolitano. Entre las áreas que serán evaluadas están la infraestructura ferroviaria, túneles y obras subterráneas, geotecnia y sistemas ferroviarios.

La revisión se enfocará en los estudios definitivos de la extensión del Metro de Quito hacia La Ofelia. La intención es identificar posibles aspectos que puedan ser reforzados y generar recomendaciones técnicas antes de que el proyecto entre en una nueva etapa.

Esta evaluación toma relevancia debido a la complejidad de las obras que requiere una ampliación subterránea. Los especialistas analizarán los componentes técnicos desarrollados para determinar su solidez y plantear ajustes, de ser necesarios.

¿Cómo será la extensión del Metro hacia La Ofelia?

Los estudios definitivos fueron elaborados por la empresa internacional TYPSA y contemplan la ingeniería y arquitectura final de un tramo de aproximadamente 5,6 kilómetros.

La ampliación partirá desde la estación El Labrador y sumará cuatro nuevas paradas al sistema:

Con estas estaciones, el proyecto busca extender el servicio del Metro hacia el norte de Quito y conectar nuevos sectores de la ciudad con la actual línea en funcionamiento.

La revisión de la CAF llega mientras el proyecto avanza en la consolidación de sus estudios técnicos. En días recientes, Nicolás Estupiñán, director de Transporte y Logística de CAF, recorrió los sectores donde están previstas las nuevas estaciones.

Durante la visita, representantes de la CAF y equipos técnicos del Metro de Quito revisaron los avances de los estudios y los componentes de la futura ampliación.

CAF ya comprometió $ 80 millones para la obra

La cooperación técnica no es el único respaldo de CAF para esta extensión. En diciembre de 2025, el organismo aprobó un financiamiento de $ 80 millones destinado a la construcción del tramo hacia La Ofelia.

Así, los $ 100.000 de cooperación no reembolsable permitirán financiar una revisión especializada de los estudios, mientras que el crédito de        $ 80 millones está destinado a la ejecución de la obra.

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Julián Tucumbi, director subrogante de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Municipio, explicó que el ejercicio no responde únicamente a los sismos registrados recientemente en Colombia y Venezuela, sino que forma parte de un proceso recurrente de preparación de la ciudad frente a este tipo de amenazas.

El objetivo para este año es ampliar el área de cobertura y llegar a más sectores de Quito. En 2025, más de 200.000 personas participaron en el simulacro que se realizó en las plataformas gubernamentales del norte y sur de la ciudad. 

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Como parte de la preparación, el Municipio ha desarrollado ferias ciudadanas, jornadas de sensibilización, conformación de comités de gestión de riesgos y procesos de activación, validación y ajuste de protocolos con las diferentes entidades municipales.

Más de 400 entidades ya están registradas

Para el simulacro de 2026, el Municipio habilitó un código QR para que instituciones, empresas y organizaciones puedan registrarse y, con esa información, establecer el alcance que tendrá el ejercicio.

Hasta inicios de septiembre, según Tucumbi, se registraron 412 entidades, entre ellas:

El registro permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre de 2026. Posteriormente comenzará una etapa de socialización en la que se explicarán las medidas de autoprotección, los procedimientos y la metodología que se aplicará durante el simulacro.

El ejercicio tendrá dos componentes. El primero estará relacionado con la evacuación de las instituciones participantes. El segundo corresponde a la activación de procedimientos y protocolos de respuesta dentro de las entidades que forman parte de la estructura municipal.

Una hoja de ruta para evaluar las estructuras

Más allá de la evacuación, el Municipio busca que los simulacros permitan identificar las debilidades que todavía existen en la capacidad de respuesta.

Tucumbi explica que uno de los trabajos que está en marcha es una hoja de ruta con Constructores Positivos para establecer una metodología que permita evaluar las estructuras antes de un sismo y determinar si requieren reforzamiento.

La propuesta también contempla qué hacer después de un evento. La intención es contar con una clasificación o semaforización de las edificaciones, que permita determinar cuáles presentan afectaciones, cuáles pueden seguir utilizadas, cuáles requieren intervención o reforzamiento y cuáles, eventualmente, no podrían volver a utilizarse.

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“Lo importante después de un sismo es saber qué edificaciones sí pueden ser utilizadas y cuáles no”, recalca Tucumbi.

La metodología tendrá como referencia los procedimientos establecidos a escala nacional, pero deberá adaptarse a las características y necesidades particulares de Quito.

Hospitales, escuelas y plantas de agua, entre las estructuras prioritarias

La evaluación no comenzaría únicamente después de ocurrido un terremoto. Según la planificación, antes de un evento es necesario identificar las infraestructuras estratégicas que deberían ser evaluadas para garantizar su funcionamiento.

Entre ellas están centros de salud, unidades educativas, coliseos y plantas de tratamiento de agua, entre otras instalaciones consideradas esenciales para mantener los servicios básicos y la atención a la población.

En caso de un sismo de mayor magnitud, también sería necesario contar con apoyo externo. Tucumbi señaló que, ante un evento que supere los 5,3 grados, se requeriría la participación de ingenieros civiles y arquitectos capacitados para aplicar la metodología de evaluación.

La metodología se probaría en el simulacro

El Municipio prevé finalizar y aprobar esta metodología antes de mediados de octubre, para posteriormente ponerla a prueba durante el simulacro del 29 de octubre.

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El objetivo es que el ejercicio no sea solamente una práctica de evacuación, sino también una oportunidad para identificar qué procedimientos funcionan, cuáles presentan dificultades y qué aspectos deben corregirse.

Después del simulacro se realizará una evaluación para determinar si la metodología requiere ajustes antes de su aplicación definitiva.

Lo que se sabe

• El sargento y su exconviviente fueron hallados muertos el 6 de septiembre en Quitumbe, sur de Quito.
• La Policía investiga un posible femicidio seguido de suicidio dentro de una vivienda en el barrio Villa Solidaridad.
• Una boleta de alejamiento contra el sargento es parte de las investigaciones sobre las circunstancias del caso.

Un sargento primero de la Policía Nacional y su exconviviente fueron encontrados muertos dentro de una vivienda en Quitumbe, al sur de Quito, la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026. El caso es investigado bajo la hipótesis preliminar de un femicidio seguido de suicidio.

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¿Quién era el policía encontrado muerto en Quitumbe?

La víctima fue identificada como Galo Armando Maldonado Gualpa, de 44 años, quien era sargento primero de la Policía Nacional y permanecía en servicio activo.

El uniformado fue encontrado sin signos vitales dentro del inmueble ubicado en el barrio Villa Solidaridad, en el sector El Conde, junto a su exconviviente, María Eugenia Ávila Zambrano, de 43 años.

Según información preliminar recabada durante las primeras diligencias, Maldonado habría acudido hasta el domicilio de Ávila y, presuntamente, le habría disparado. Posteriormente, habría utilizado el arma para quitarse la vida.

La pareja llevaba aproximadamente ocho meses separada, de acuerdo con los reportes iniciales del caso.

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¿Qué ocurrió con la exconviviente del sargento?

María Eugenia Ávila Zambrano también fue hallada muerta dentro de la vivienda. Uno de los elementos que será analizado durante la investigación es que la mujer habría tenido vigente una boleta de alejamiento contra Maldonado.

Este antecedente será incorporado a las diligencias para establecer si existieron episodios previos de violencia y determinar las circunstancias que llevaron al desenlace ocurrido este domingo.

La información disponible hasta ahora es preliminar. Por ello, las autoridades deberán establecer mediante pericias y testimonios qué ocurrió antes de las detonaciones y cuál fue la secuencia exacta de los hechos.

¿Cómo fueron encontrados los cuerpos en el sur de Quito?

La alerta ingresó al ECU 911 cerca de las 14:10 del domingo 6 de septiembre, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en el barrio Villa Solidaridad, sector El Conde.

Agentes del circuito Quitumbe acudieron al sitio y localizaron a las dos personas sin signos vitales dentro del inmueble. La Policía Nacional calificó el lugar como una escena cerrada y primaria.

Ante la gravedad del hecho, se desplegaron unidades especializadas para preservar el lugar y recopilar evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido.

¿Qué unidades investigan la muerte del sargento y su exconviviente?

Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) realizó las diligencias en la vivienda.

Los agentes efectuaron el levantamiento de los cuerpos y recogieron indicios que serán analizados como parte de la investigación. Posteriormente, ambos cadáveres fueron trasladados a la morgue para las autopsias correspondientes.

Durante el procedimiento también se realizaron cierres parciales de vías en el sector, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos especializados.

¿Cuál es la hipótesis sobre el caso ocurrido en Quitumbe?

La hipótesis inicial que manejan las autoridades es la de un femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, esta línea investigativa todavía debe ser confirmada mediante los resultados de las autopsias, el análisis de la escena, los indicios recopilados y otras diligencias.

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La diligencia fue convocada por la Fiscalía General para el domingo 6 de septiembre de 2026.

En esta ocasión, según Freddy Ron, abogado de la familia Bunshi, la suspensión estaría relacionada con un nuevo cambio en la versión entregada por Christian Gonzalo, quien cumple prisión preventiva y es considerado el principal sospechoso dentro de la investigación.

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De acuerdo con el abogado, el nuevo relato incorporaría detalles distintos a los expuestos anteriormente. Entre ellos estaría la utilización de una vía diferente para ingresar al sector donde habrían ocurrido los hechos y un cambio en la posición en la que, según la versión del procesado, se encontraba Lizeth.

La modificación de estos elementos obligaría a replantear la diligencia. La defensa de la familia Bunshi sostiene que ahora se requiere la intervención de equipos técnicos especializados que permitan establecer con precisión el perímetro, los desplazamientos y las condiciones del lugar que serán recreadas durante el procedimiento.

La reconstrucción deberá ser convocada nuevamente por la Fiscalía.

Una primera reconstrucción tampoco se realizó

Una primera diligencia estaba prevista el domingo 30 de agosto de 2026, en el sector de Cumandá, en el centro de Quito. Sin embargo, la reconstrucción no se realizó.

Hasta el lugar acudieron familiares y amigos que exigían justicia por Lizeth. La concentración generó dificultades para establecer las condiciones necesarias para desarrollar el procedimiento.

Las partes involucradas ofrecieron distintas explicaciones sobre aquella suspensión. Edgar Fraga, abogado de Cristian Gonzalo, sostuvo que la diligencia no contaba con las garantías necesarias para ejecutarse debido a la presencia de personas en los alrededores del sitio.

La defensa de la familia Bunshi planteó otra explicación. Freddy Ron señaló que el principal inconveniente fue la falta de personal de tránsito para ejecutar los cierres viales que, según explicó, eran necesarios para recrear los movimientos que habrían realizado Cristian y Lizeth antes de la caída.

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Las víctimas fueron identificadas como Galo Armando Maldonado Gualpa, de 44 años, sargento primero de la Policía Nacional en servicio activo, y María Eugenia Ávila Zambrano, de 43 años, su exconviviente.

Información preliminar de la Policía

De acuerdo con los reportes iniciales, un familiar del uniformado señaló que el hombre habría disparado contra Ávila y posteriormente contra sí mismo. La pareja llevaba aproximadamente ocho meses separada, y la mujer tenía vigente una boleta de alejamiento en contra de Maldonado.

El cuerpo de Ávila fue hallado en la cocina del domicilio, mientras que el del uniformado quedó en el ingreso de la vivienda. En la escena se levantaron siete restos de bala y un arma de fuego.

Procedimiento en la escena

La Policía Nacional calificó el inmueble como una escena cerrada y primaria. Unidades de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) realizaron el levantamiento de los cuerpos y recogieron indicios.

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Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para las autopsias correspondientes. El operativo incluyó cierres parciales de vías en el sector para facilitar las diligencias.

Investigación en curso

La hipótesis inicial es la de un femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias deberán ser confirmadas mediante las pericias. La Policía informó que continuará con las investigaciones para establecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.

Lo que debes saber

• En cuanto a seguridad, el Municipio deberá reforzar iluminación, videovigilancia y recuperación de espacios públicos
  
• Sobre movilidad, el tráfico y los largos tiempos de viaje exigen integrar el Metro, Trolebús, Ecovía y buses convencionales, además de reorganizar rutas y frecuencias
• Otro problema es la expansión hacia los valles y periferias, que encarece los servicios. Quito necesita definir dónde crecer y aprovechar zonas consolidadas

La capital llegará a las elecciones de noviembre de 2026 con problemas que no son nuevos, pero sí más complejos. Según los expertos consultados por EXPRESO, inseguridad, movilidad, expansión urbana, servicios e infraestructura, y empleo forman parte de una misma crisis: una ciudad que ha crecido más rápido que su capacidad para planificar y responder. La próxima administración deberá dejar de apagar incendios y construir una hoja de ruta.

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El primer desafío será la seguridad. Aunque la rectoría sobre el delito corresponde al Estado, el Municipio tiene herramientas para prevenirlo: iluminación, recuperación de parques, mantenimiento del espacio público, videovigilancia y programas comunitarios. 

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El reto será fortalecer la coordinación con la Policía y el Gobierno central, además de intervenir zonas donde el abandono urbano aumenta la vulnerabilidad. Una calle oscura o un parque deteriorado también pueden convertirse en factores de riesgo.

El segundo frente es la movilidad. El histórico e interminable tráfico y los extensos tiempos de traslado afectan la calidad de vida de los quiteños. Los especialistas plantean consolidar un sistema integrado, con el Metro como eje y una mejor conexión con Trolebús, Ecovía y buses convencionales. 

Reorganizar rutas y frecuencias, mejorar semáforos y resolver puntos críticos será fundamental. Más vías, por sí solas, no solucionarán la congestión si el transporte público no resulta rápido, seguro y competitivo.

El reto de ordenar el crecimiento

El tercer problema está relacionado con cómo crece Quito. La expansión hacia los valles y periferias encarece la provisión de agua, alcantarillado, transporte y otros servicios. Por eso, la próxima gestión tendrá que definir dónde y cómo crecer, aprovechar zonas consolidadas y evitar decisiones urbanísticas que comprometan recursos durante décadas. La planificación territorial será clave para ordenar el futuro de la capital.

El cuarto desafío corresponde a servicios, infraestructura y ambiente. Agua potable, alcantarillado, vías, drenaje, quebradas y prevención de inundaciones requieren planificación y continuidad. También el manejo de residuos debe cambiar: reducir, separar, reciclar y aprovechar materiales, además de proteger ríos y fuentes hídricas. Los proyectos que ya están en marcha no deberían reiniciarse cada cuatro años.

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Finalmente, está el empleo y la economía. El desempleo, subempleo e informalidad también impactan la seguridad y la calidad de vida. Quito necesita atraer inversión, facilitar emprendimientos, reducir trámites y generar condiciones estables para crear puestos de trabajo. Una economía activa fortalece, además, los ingresos que permiten financiar obras y servicios.

Este diagnóstico no nace únicamente de los expertos. Los cinco problemas ya han sido abordados en reportajes anteriores de este Diario y aparecen una y otra vez en conversaciones con ciudadanos de distintos sectores. 

Inseguridad, tráfico, servicios deficientes, deterioro ambiental y falta de oportunidades son reclamos que la capital arrastra. El próximo alcalde, entonces, no recibirá una agenda desconocida. Recibirá una ciudad que lleva años señalando lo que necesita. La verdadera prueba será decidir si continúa la política de respuestas coyunturales o si Quito, finalmente, apuesta por planificación, continuidad, presupuesto y resultados.

La inseguridad se mantiene entre las mayores preocupaciones ciudadanas y representa uno de los desafíos más complejos para la siguiente administración. Los expertos advierten que el problema no puede reducirse a la acción policial, porque también tiene una dimensión urbana. 

Calles sin iluminación, parques abandonados, espacios deteriorados y barrios con poca presencia institucional pueden favorecer condiciones de vulnerabilidad. A esto se suma la dificultad de coordinar acciones entre el Municipio, la Policía y el Gobierno central. 

La seguridad debe abordarse como una política permanente y coordinada, no solo como una tarea policial. Los expertos plantean recuperar espacios públicos deteriorados, mejorar la iluminación, activar parques y fortalecer la presencia institucional en los barrios. 

El Municipio también debe trabajar de manera articulada con la Policía y el Gobierno central para definir acciones preventivas y respuestas frente a los delitos. La recuperación territorial debe acompañarse de programas de convivencia y prevención, especialmente en zonas vulnerables. La propuesta es que la seguridad forme parte de la planificación urbana, con objetivos medibles y acciones sostenidas. Así, calles, parques y barrios pueden convertirse en entornos más seguros y con mayor presencia institucional, en lugar de limitarse a operativos aislados.

Los extensos tiempos de desplazamiento se han convertido en parte de la rutina de los habitantes. El problema no radica únicamente en la cantidad de vehículos, sino en la falta de integración entre los distintos sistemas de transporte. El Metro, Trolebús, Ecovía y buses convencionales todavía necesitan funcionar como una red articulada. 

Los especialistas también identifican deficiencias en rutas, frecuencias, conexiones e infraestructura vial. El resultado es una ciudad donde movilizarse consume tiempo, afecta la productividad y empuja a más personas hacia el automóvil particular. La expansión de vías, por sí sola, no resolverá el problema si el transporte público continúa perdiendo competitividad.

Los expertos plantean convertir al Metro en el eje de una red integrada de transporte público, articulada con el Trolebús, la Ecovía y los buses convencionales. Para ello, se requiere reorganizar rutas, frecuencias y conexiones, además de mejorar la infraestructura vial y los puntos de intercambio. La propuesta también contempla modernizar la gestión del tránsito mediante semáforos inteligentes y atender intersecciones críticas, sin apostar únicamente por nuevas vías. 

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El objetivo es que el transporte público gane competitividad, reduzca los tiempos de viaje y ofrezca conexiones eficientes. Una movilidad integrada permitiría disminuir la dependencia del automóvil particular y mejorar la productividad y calidad de vida de los quiteños de Quito.

El crecimiento hacia periferias y valles plantea un desafío que va más allá de construir nuevas viviendas. Cada nuevo asentamiento exige agua, alcantarillado, transporte, seguridad y otros servicios, lo que aumenta la presión sobre las finanzas municipales. La concejal Analía Ledesma advierte que la expansión desmedida hacia los valles obliga a construir soluciones viales cada vez más lejos y genera mayores gastos para el Municipio. A esto se suma la pérdida de suelos agrícolas y áreas de protección ambiental. El urbanista Hernán Orbea también cuestiona una expansión guiada por intereses fragmentarios. Para la próxima administración, el desafío será definir cómo crecer sin comprometer recursos durante décadas.

Los expertos plantean ordenar el crecimiento urbano y priorizar la consolidación de las zonas ya urbanizadas, antes que extender la ciudad hacia nuevas periferias. Hernán Orbea propone una gestión inteligente del suelo que permita definir dónde crecer y bajo qué condiciones. La planificación debe considerar el costo de dotar agua, alcantarillado, transporte, seguridad y servicios a cada nuevo sector.

También se requiere proteger suelos agrícolas y áreas ambientales. La próxima administración deberá actualizar sus instrumentos de planificación y establecer un modelo de ciudad compacto y conectado, que aproveche la infraestructura existente, reduzca costos y oriente el desarrollo hacia zonas con servicios disponibles y menor presión fiscal.

La falta de oportunidades laborales es un desafío para la próxima administración. En Quito, el subempleo llegó al 14,7% durante el primer trimestre de 2025, un aumento de 3,2 puntos frente al mismo período de 2024. Esta realidad también favorece el comercio informal y eleva la vulnerabilidad de los hogares. Los expertos plantean que el Municipio debe generar condiciones para atraer inversión, impulsar emprendimientos y crear puestos estables. Para ello se requieren reglas claras, menos trámites y una planificación que conecte el desarrollo urbano con la actividad productiva. La construcción aparece como uno de los sectores dinamizadores. Una mayor inversión permitiría generar empleo, aumentar la recaudación y financiar nuevos proyectos para la ciudad.

La propuesta es convertir a Quito en una ciudad atractiva para invertir, emprender y generar empleo. Para ello, se plantea crear una Agencia Metropolitana de Inversiones, Innovación y Empleo que funcione como ventanilla única, reduzca trámites y facilite la relación con empresarios. Se requieren incentivos para inversiones estratégicas, promoción de la ciudad y programas de capacitación según las necesidades empresariales. La planificación urbana debe acompañar este proceso y ofrecer reglas claras y estables para quienes decidan invertir. La construcción puede ser uno de los sectores impulsores. Con más actividad económica, Quito generaría empleo, elevaría la recaudación y reinvertiría esos recursos en proyectos y servicios.

La contaminación de los ríos y quebradas es uno de los problemas ambientales más visibles de Quito. El río Machángara concentra parte de esta preocupación, mientras varias quebradas continúan afectadas por descargas, residuos y deterioro de sus ecosistemas. La próxima administración deberá dar continuidad a los procesos de recuperación y saneamiento, con acciones que vayan más allá de intervenciones puntuales. Los especialistas plantean mantener los proyectos ambientales ya encaminados y fortalecer el tratamiento de aguas residuales, la protección de fuentes hídricas y la recuperación de ríos y quebradas. El desafío será sostener estas acciones en el tiempo y evitar que cada administración empiece nuevamente desde cero, dejando inconclusos procesos que requieren planificación.

La recuperación ambiental debe convertirse en una política de largo plazo. Diego Cevallos, de Gobernanza Local, plantea mantener los avances en la recuperación de quebradas y ríos, así como ejecutar proyectos de saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Entre las iniciativas pendientes, menciona acciones vinculadas al plan del río Monjas y otros proyectos planteados para recuperar los cauces de la ciudad. El reto es asegurar los recursos necesarios para ejecutar estas obras y ajustar su alcance cuando sea necesario para hacerlas viables.

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Cevallos advierte que cada nueva administración no debe “refundar” la ciudad, sino retomar lo que ya está encaminado, cumplir los compromisos ambientales y sostener las acciones que permitan recuperar los ecosistemas urbanos.

Lo que debes saber

• Por los trabajos en la Ruta Viva, los usuarios reportan demoras de hasta 30 minutos y trayectos de una hora entre Cumbayá y el aeropuerto
• La vía soporta más de 90.000 vehículos diarios y, desde su operación, en 2014, no ha tenido una rehabilitación integral
• La Epmmop interviene cinco kilómetros con una nueva carpeta asfáltica de cuatro pulgadas, además de drenaje y señalización

La circulación por la Ruta Viva se ha vuelto más lenta para quienes utilizan esta vía para trasladarse entre Quito, Cumbayá, Tumbaco, Puembo y el aeropuerto Mariscal Sucre. Los trabajos de rehabilitación obligan a implementar contraflujos y cierres parciales, una situación que provoca un incremento en los tiempos de viaje.

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Tatiana Vinueza es una de las usuarias que ha experimentado este aumento. Desde Cumbayá hasta la terminal aérea puede tardar alrededor de una hora, asegura. 

La Ruta Viva es una de las principales arterias que conecta Quito con el valle de Tumbaco y el aeropuerto. Por esta vía circulan más de 90.000 vehículos cada día. Sin embargo, desde su inauguración, en 2014, no ha recibido una intervención integral de sus 13 kilómetros.

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Durante estos años, las labores se han concentrado en mantenimientos puntuales y bacheos. Para algunos usuarios, esas reparaciones han sido insuficientes y de corta duración. “Se hacen arreglos y en dos meses vuelven los huecos. Es una vía importantísima que conduce al aeropuerto. Esperemos que estos nuevos trabajos duren”, señala María Eugenia Peñaherrera, quien vive en Puembo.

El deterioro de la calzada no solo genera incomodidad para los conductores, sino también gastos adicionales. Andrés Proaño recorre la Ruta Viva al menos cuatro veces al día por motivos laborales y asegura que el mal estado del asfalto le ha ocasionado afectaciones económicas. “Perdí una llanta y tuve que cambiar dos mesas. Gasté más de $200 por el mal estado”, dice.

Proaño considera que los materiales utilizados para los bacheos se desprenden con rapidez y espera que la actual intervención tenga una mayor duración. A esto se suma el impacto de los trabajos en los tiempos de desplazamiento. Calcula que sus viajes desde Carcelén hasta el aeropuerto han aumentado entre 20 y 30 minutos.

Epmmop interviene tras fallido proceso de concesión

La rehabilitación de la Ruta Viva comenzó después de que se cayó el proceso de concesión a un privado, quien se encargaría de la intervención integral. Frente a ello, la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) asumió los trabajos y estableció cinco tramos prioritarios.

Actualmente, las labores se ejecutan en el tramo 2, en el sector de Cochapamba, desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos. Posteriormente se intervendrá el tramo 3, desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco. El 4 comprenderá la av. Eloy Alfaro y el Escalón Lumbisí, mientras que el último frente estará ubicado en la zona del puente El Chiche.

Patricio Calle, director de Rehabilitación Vial de la Epmmop, explica que los trabajos corresponden a una “puesta a punto”, es decir, un mantenimiento mayor que se realiza por primera vez en esta vía.

“Lo que hacemos es retirar el asfalto que está dañado hasta una cierta profundidad y colocar una nueva carpeta asfáltica totalmente nueva con un espesor de cuatro pulgadas”, explica Calle.

La intervención contempla trabajos en los dos sentidos de circulación, tanto Quito-aeropuerto como aeropuerto-Quito.

Además del cambio de la carpeta asfáltica, las labores incluyen señalización y limpieza de los sistemas de drenaje, entre ellos cunetas y sumideros. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en los cinco sectores intervenidos.

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Mientras avanzan las obras, la vía no está completamente cerrada y se mantiene la circulación con la habilitación de un carril en el mismo sentido y otro en contraflujo, mientras los restantes permanecen ocupados por los trabajos.

Esto, dice Calle, permite mantener el paso de vehículos, pero reduce la capacidad habitual de la vía y provoca mayores tiempos de traslado, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Intervención en los 13 km de la vía

Sobre la inversión, solo en los tres primeros tramos, en ambos sentidos, se han destinado $ 870.000. El costo de los otros dos todavía no se define.

De acuerdo con la Epmmop, la vida útil estimada de esta puesta a punto sería entre tres y cinco años. La entidad aclara que esta intervención no implica la rehabilitación integral de los 13 kilómetros de la Ruta Viva.

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Las obras que actualmente se ejecutan buscan atender cinco tramos que fueron priorizados, entre otros criterios, por la cantidad de siniestros registrados. En total, estos sectores representan cinco kilómetros.

El objetivo posterior es reparar la totalidad de la Ruta Viva. Para ello, se trabaja en los estudios técnicos que estarán listos en 2027. Esta fase contemplará la rehabilitación de las capas que se encuentran debajo de la estructura del pavimento.

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Una alerta ciudadana fue clave para conocer su paradero. En un comunicado publicado por la organización mexicana Desinformémonos, se detalló que una persona que tuvo información sobre dónde se encontraba Kalindy dio aviso luego de que su desaparición fuera denunciada públicamente y el caso comenzara a difundirse.

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El hallazgo puso fin a dos semanas de búsqueda en las que familiares, compañeras de la academia, organizaciones sociales, redes de apoyo y medios de comunicación mantuvieron la presión para que las autoridades activaran los mecanismos correspondientes.

Kalindy, de nacionalidad ecuatoriana, es estudiante del Doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Yucatán. También es defensora de derechos humanos y activista por los derechos de las mujeres.

Una búsqueda que movilizó a varias redes

El comunicado agrega que durante los 14 días de búsqueda, familiares y organizaciones solicitaron a la Fiscalía de Ciudad de México y a la Comisión de Búsqueda de la capital mexicana que actuaran con un enfoque que tomara en cuenta las circunstancias particulares de Kalindy.

Entre los pedidos estuvo la aplicación de protocolos con perspectiva de género, así como mecanismos adecuados para atender casos de personas extranjeras en situación de movilidad y con condiciones psicosociales que pueden aumentar su vulnerabilidad.

La localización con vida de Kalindy genera alivio entre sus familiares y las personas que participaron en su búsqueda. Sin embargo, el caso también deja una discusión abierta sobre la forma en que las autoridades responden ante desapariciones que involucran circunstancias particulares.

Quienes acompañaron el proceso consideran que todavía existen vacíos en los mecanismos de búsqueda e investigación, especialmente cuando se trata de personas extranjeras o de quienes requieren atención especializada.

El alivio no borra la crisis de desaparecidos

El documento señala que el hallazgo de Kalindy ocurre en medio de una crisis de desapariciones que afecta a México. Más de 135.000 personas constan como desaparecidas o no localizadas en el país, de acuerdo con el registro citado por las organizaciones que acompañaron el caso.

Para las familias que continúan buscando a sus seres queridos, cada cifra representa una historia que sigue sin respuesta.

Por eso, quienes participaron en la búsqueda de Kalindy sostienen que su localización no debería cerrar la discusión. Al contrario, señalan que el caso evidencia la necesidad de fortalecer y especializar los mecanismos de búsqueda e investigación.

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Según el ministro del Interior, John Reimberg, en la zona se identificaron problemas relacionados con escándalos en la vía pública y otras irregularidades. 

Uno de los resultados que dejó el operativo fue la retención de 20 ciudadanos extranjeros por su situación migratoria irregular, informó el Ministerio del Interior. Se trata de personas de nacionalidad colombiana y venezolana que fueron identificadas durante los controles en la zona.

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La revisión del estatus migratorio estuvo a cargo del personal de Migración, como parte del despliegue conjunto realizado en La Michelena.

El operativo se ejecutó con la participación de 200 integrantes de distintas instituciones. Policía Nacional y Fuerzas Armadas participaron en los controles, junto con personal de Migración, la Intendencia de Policía de Pichincha, entidades municipales y otras instituciones estatales.

Controles en locales y en la calle

Durante el recorrido también se inspeccionaron establecimientos comerciales y nocturnos. De acuerdo con el reporte, varios locales presentaban irregularidades o estaban relacionados con situaciones que afectaban el orden público.

Como resultado, siete establecimientos fueron clausurados y a otros seis les suspendieron las actividades. Los controles estuvieron dirigidos tanto a los negocios como a las personas que permanecían en los alrededores.

Además de los controles migratorios, se registraron nueve aprehensiones por presunta posesión de sustancias sujetas a fiscalización.

Entre lo decomisado constan 2.616 gramos de cocaína y 500 gramos de marihuana. Las sustancias fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales.

Motos, armas blancas y licor adulterado

El despliegue también dejó resultados relacionados con otros delitos e infracciones detectadas durante los controles.

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Siete motocicletas reportadas como robadas fueron localizadas durante el operativo, mientras que otras nueve fueron retenidas. También se  decomisaron 49 armas blancas y nueve litros de licor adulterado. A esto se sumó el retiro de terminales móviles.

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El Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) informó que sus equipos atendieron la emergencia y que los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una de las personas involucradas. Además, los organismos de socorro en el lugar confirmaron el fallecimiento de una persona.

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Un video que circula en redes sociales muestra que el vehículo involucrado se impactó de frente contra el muro de una vivienda de la zona. Las circunstancias exactas que provocaron el siniestro deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a los afectados.

Otro fallecido en la avenida Manuel Córdova Galarza

Este hecho se suma a otro siniestro ocurrido la madrugada del sábado 5 de septiembre en la avenida Manuel Córdova Galarza, cerca de un colegio de la zona.

Cuando los organismos de respuesta llegaron al sitio, encontraron a tres personas heridas, quienes recibieron atención. No obstante, una cuarta persona fue localizada sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

Debido a la gravedad del siniestro, se activaron unidades especializadas de la Policía Nacional y del CBQ para realizar los procedimientos correspondientes y recabar información que permita establecer cómo ocurrió el hecho.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las precauciones, respetar los límites de velocidad y cumplir las normas de tránsito para prevenir nuevos siniestros.

Lo que debes saber

• Entre 2004 y 2024, la temperatura media anual de Quito pasó de 14 °C a 14,7 °C. Además, las noches se han vuelto más cálidas, en parte por el efecto de isla de calor urbana
• Los periodos secos pueden extenderse hasta 13 o 15 días y, en casos extremos, superar las tres semanas. En 2024 hubo 29 días sin lluvias
• Las precipitaciones también aumentaron cerca del 30%, pero ahora tienden a concentrarse en lapsos más cortos

Quito mantiene su habitual ciclo climático, marcado por una época seca y otra lluviosa. Sin embargo, los registros de las últimas dos décadas muestran que ese patrón está cambiando en intensidad y frecuencia. 

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Así, el aumento de la temperatura y de las precipitaciones empieza a tener efectos sobre los ecosistemas, la infraestructura y las condiciones de vida.

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Dos décadas de datos muestran un cambio en el clima

Carlos Gonzaga, director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente del Municipio, explica que para identificar modificaciones sostenidas en el clima se requiere analizar series de datos de largo plazo. Los expertos recomiendan al menos 10 años de información y, para obtener resultados más robustos, hasta 30 años.

En Quito, los estudios de riesgos climáticos realizados en 2024 y 2025 utilizaron información hidrometeorológica de la Red Metropolitana que administra el Municipio. Según Gonzaga, esta es la red más robusta del país y permite disponer de registros precisos y prolongados de variables como temperatura y precipitación.

El análisis, que se hizo de 2004 a 2024, revela un incremento en ambas variables. En el caso de la temperatura, la media anual pasó de 14 °C a 14,7 °C, un aumento de 0,7 °C. Aunque puede parecer pequeño, sus efectos ambientales son importantes.

Más calor y mayor riesgo de incendios

Una de las consecuencias es el incremento de las olas de calor. Debido a las condiciones geográficas de Quito, se considera una ola de calor cuando la temperatura máxima supera los 23 °C durante al menos dos días consecutivos. Estos episodios reducen la humedad de la vegetación y pueden generar condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

El 2024 fue una muestra de esa situación. Quito atravesó una de las sequías más prolongadas desde 1982: hubo 29 días consecutivos sin precipitaciones. El periodo estuvo acompañado por temperaturas elevadas y terminó contribuyendo a que más de 2.400 hectáreas resultaran afectadas por incendios.

Llueve más, pero en periodos más cortos

Pero el fenómeno no es solo el calor. Los registros también evidencian un incremento de alrededor del 30% en las precipitaciones durante las últimas décadas.

La particularidad está en cómo se distribuye esa lluvia: los eventos son más intensos y se concentran en periodos más cortos. Es decir, si antes llovía durante un mes, ahora puede concentrarse en una semana.

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Así, una mayor cantidad de agua en poco tiempo aumenta la presión sobre los sistemas de drenaje y puede causar inundaciones, deslizamientos y afectaciones a infraestructura vial y otros servicios esenciales, señala Gonzaga.

Las épocas marcadas permanecen

El cambio climático, por tanto, no necesariamente elimina las estaciones que históricamente ha tenido Quito. La época lluviosa continúa concentrándose entre octubre y mediados de abril o mayo y posteriormente llega el periodo seco. Lo que cambia es la intensidad de los eventos.

Según Gonzaga, periodos secos que anteriormente podían durar siete días ahora pueden extenderse entre 13 y 15 días e incluso superar las tres semanas, como ocurrió en 2024. Del mismo modo, las precipitaciones tienden a concentrarse en lapsos más breves.

Menos árboles, más calor en la ciudad

El incremento de las temperaturas puede observarse con mayor claridad en sectores desprovistos de vegetación. Por ejemplo, el aeropuerto de Quito, debido a la extensa superficie de su pista, es uno de los puntos donde se concentra el calor. Calderón es otro sector identificado por su escasa cobertura de arbolado urbano.

La presencia de árboles cumple, en este contexto, una función que va más allá del ornato. El arbolado urbano ayuda a regular la temperatura, reduce la radiación solar directa sobre el asfalto y contribuye a mejorar las condiciones ambientales y la biodiversidad.

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El Niño y el riesgo de nuevos periodos secos

El escenario también está relacionado con fenómenos climáticos de gran escala. Gonzaga explica que se ha analizado el comportamiento de El Niño de 1983, 1997 y 2016. En Quito, el evento se asocia con periodos de sequía.

Por ello, ante la llegada del fenómeno, las previsiones apuntan a que la capital podría enfrentar nuevamente condiciones secas, con consecuencias sobre la disponibilidad de agua y el riesgo de incendios forestales.

Las proyecciones climáticas, además, alertan que los eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos.