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Ordóñez ha sido la cara más visible del intento de fiscalización al Municipio de Quito en medio del proceso electoral para las seccionales de 2026. 

Encabezó la investigación sobre la compra de trolebuses eléctricos durante la administración del correísta Pabel Muñoz y ahora ha centrado sus esfuerzos en el Metro de Quito.

Este jueves expuso el oficio remitido a la Contraloría General del Estado, con fecha 2 de junio de 2026, en el que solicita un “examen especial inmediato de la etapa preparatoria y precontractual, previo a que la empresa Metro de Quito firme un contrato de mantenimiento”.

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El documento especifica: “en atención a la relevancia económica, estratégica y operativa del procedimiento de contratación denominado ‘Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Infraestructura, Superestructura, Electromecánicos y Telecomunicaciones de la Primera Línea del Metro de Quito’, impulsado por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, me permito acudir ante usted con la finalidad de solicitar que, dentro del ámbito de competencias de la Contraloría, se disponga la práctica de un examen especial”.

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Según Ordóñez, el monto referencial del contrato asciende a 73.948.651,50 dólares. De acuerdo con lo señalado por el legislador en el oficio remitido al ente de control, se trata de una contratación pública de alta relevancia económica e institucional.

“La pertinencia de un examen especial sobre dichas fases se justifica, además, en la necesidad de verificar de manera técnica y especializada la observancia de principios constitucionales y legales que rigen la contratación pública, particularmente aquellos relacionados con legalidad, transparencia, publicidad”, se señala en el documento.

Finalmente, el asambleísta de ADN manifestó: “Seguro, si todo esta bien, ni la empresa pública ni el consorcio adjudicado tendrán inconveniente”.

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El Concejo Metropolitano conoció en primer debate la propuesta para prolongar las avenidas Amazonas, Real Audiencia y Rafael Aulestia, una intervención que pretende conectar sectores separados por la antigua infraestructura aeroportuaria.

La iniciativa plantea abrir nuevas conexiones viales alrededor del parque y generar un anillo de circulación continua en una zona que durante décadas estuvo fragmentada por la presencia del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre.

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Según explicó Andrés Murillo, delegado de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la terminal aérea dejó una barrera física de más de tres kilómetros en el norte de la ciudad, interrumpiendo la continuidad de varias arterias viales.

"El objetivo es romper el aislamiento del parque e integrarlo de forma fluida con las vías circundantes", señaló durante la presentación del proyecto.

¿Cómo serán las nuevas conexiones?

La propuesta contempla dos ejes principales:

En este caso, la prolongación de la avenida Real Audiencia tendrá una extensión de 0,92 km, mientras que el nuevo tramo de la avenida Rafael Aulestia alcanzará 1,55 kilómetros.

Cuatro carriles, ciclovía y espacios peatonales

El proyecto incorpora una sección vial diseñada para combinar movilidad vehicular y espacio público.

Entre los elementos previstos constan un parterre central, cuatro carriles de circulación vehicular, bahías de estacionamiento, ciclovía integrada junto al parque Bicentenario, bulevares y caminerías peatonales, además de ejes para micromovilidad.

La propuesta también incluye el soterramiento de cables, nuevas redes de drenaje para aguas lluvias y la instalación de iluminación pública.

Un anillo vial alrededor del parque Bicentenario

De acuerdo con Murillo, con la obra no se sacrifica el espacio público, sino que actúan como vías de acceso directo al parque Bicentenario, con la generación de un anillo vial continuo que bordea y pacifica el tránsito.

El presidente de la Comisión de Uso de Suelo, Adrián Ibarra, señaló que la intervención busca concretar una transformación urbana que ha sido anunciada durante varias administraciones sin llegar a ejecutarse plenamente. 

En un mes se espera la aprobación

Agregó que el proyecto volverá a la Comisión para atender las observaciones planteadas y se espera que en un mes regrese el pleno del Concejo para la aprobación. 

La inversión destinada únicamente a la prolongación de la avenida Amazonas asciende a 7 millones de dólares.

Lo que debes saber 

• El siniestro de tránsito ocurrió en la avenida Mariscal Sucre, a la altura del sector de Ninallacta, en La Ecuatoriana
• Personal de Cuerpo de Bomberos acudió al sitio y desplegó labores de rescate para liberar al ocupante del automotor
• El 3 de junio se registró otro siniestro en la av. Simón Bolívar. Cuatro personas recibieron atención prehospitalaria

Una persona quedó atrapada dentro de un vehículo luego de un siniestro de tránsito registrado la mañana de este 4 de junio de 2026 en el sur de Quito.

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La emergencia ocurrió en la avenida Mariscal Sucre, a la altura del sector de Ninallacta, donde personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) desplegó labores de rescate para liberar al ocupante del automotor.

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Según informó la entidad en su cuenta de X, una vez que la víctima fue extraída del vehículo recibió atención prehospitalaria en el sitio. Posteriormente, tras ser estabilizada, fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica especializada.

Debido a la emergencia, la circulación vehicular en la avenida Mariscal Sucre fue suspendida temporalmente en sentido sur-norte mientras se desarrollaban las labores de atención y remoción de los vehículos involucrados.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes coordinaron el control de la circulación y la seguridad en la zona.

Segundo rescate en menos de 24 horas

El hecho se produjo apenas un día después de otro siniestro de tránsito que requirió la intervención de equipos de rescate en Quito.

La tarde del 3 de junio, tres vehículos estuvieron involucrados en un choque en la avenida Simón Bolívar, antes de llegar al intercambiador de la avenida Oswaldo Guayasamín.

En esa emergencia, los bomberos también realizaron maniobras para liberar a una persona que quedó atrapada dentro de uno de los automotores afectados.

Como resultado del siniestro, cuatro personas recibieron atención prehospitalaria por parte de los equipos de emergencia.

La magnitud del incidente obligó a cerrar temporalmente la circulación en la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, mientras se atendía a los afectados y se retiraban los vehículos de la calzada.

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Se trata de un impuesto que habilita el ejercicio de actividades comerciales, profesionales o de servicios dentro del Distrito Metropolitano.

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Este tributo aplica a quienes tienen un Registro Único de Contribuyentes (RUC) domiciliado en la capital, incluso si durante el año no registraron ingresos o si su negocio se encuentra temporalmente inactivo.

Patente municipal con pago unificado 

Tras la aprobación de una ordenanza municipal, los contribuyentes deberán cancelar una tarifa única de $ 15 por concepto de patente municipal.

La medida reemplaza el esquema anterior, en el que el valor variaba según el tamaño y volumen de actividad económica de cada contribuyente. El nuevo monto se aplicará automáticamente y es calculado por el sistema tributario municipal con base en la información registrada en el RUC.

¿Cómo sacar la patente municipal por primera vez?

Para sacar por primera vez, el contribuyente tiene que realizar la inscripción de la patente en cualquiera de los balcones de servicios del Municipio de Quito.

Una vez completo el trámite, el contribuyente recibirá en su correo electrónico una clave de acceso para ingresar al sistema municipal y gestionar futuras obligaciones tributarias.

Cómo pagar la patente municipal

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera presencial o a través de internet.

Pago presencial

Pago en línea

Para cancelar la obligación desde casa, se debe seguir este procedimiento:

Calendario de pago según el último dígito del RUC

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben cumplir con el pago de acuerdo con el último dígito de su RUC:

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El retraso genera intereses

El Municipio recordó que el incumplimiento de esta obligación tributaria dentro de los plazos establecidos genera intereses y recargos.

Por ello, recomienda a los contribuyentes realizar el pago oportunamente para evitar multas y mantener al día su actividad económica dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

Lo que debes saber

• La Empresa de Pasajeros reaccionó a una publicación sobre una licencia del antivirus vencida y el proceso de contratación de un nuevo sistema de ciberseguridad 
• La entidad explicó que el proceso para adquirir estas nuevas herramientas está dirigido a fortalecer su red administrativa interna y no afecta al sistema de recaudo
• Se aseguró que los datos de quienes utilizan el Trolebús y la Ecovía cuentan con las medidas de protección necesarias

La Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros respondió a inquietudes generadas tras la difusión de información sobre la búsqueda de un nuevo sistema de ciberseguridad para fortalecer la protección de sus equipos informáticos, un proceso que se inició en abril de 2026 en medio de un "contexto de amenazas cibernéticas".

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A través de un comunicado emitido el 3 de junio de 2026, la institución aseguró que la operación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), utilizado por miles de usuarios del Trolebús y la Ecovía, funciona con normalidad y que la información de los pasajeros se encuentra plenamente protegida.

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La aclaración se produjo luego de que un medio de comunicación publicara información sobre una supuesta afectación relacionada con una licencia antivirus. Según la entidad, esa interpretación no corresponde a la realidad operativa del sistema de recaudo.

"La información difundida confunde un recurso de carácter administrativo, como una licencia de antivirus, con la plataforma tecnológica que permite la gestión diaria del Sistema Integrado de Recaudo", señaló la empresa.

Planes de contingencia vigentes

Según la explicación, el SIR opera sobre una infraestructura tecnológica y de seguridad independiente de la red administrativa institucional, por lo que cualquier proceso relacionado con la protección de computadoras de oficina o sistemas corporativos no tiene impacto sobre el funcionamiento del sistema que registra y procesa los pagos de los usuarios.

La empresa también informó que mantiene activos planes de contingencia y mecanismos avanzados de seguridad informática para resguardar la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad del servicio, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre protección de datos.

Proceso en el Sercop

Respecto al proceso contractual registrado en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la entidad explicó que se trata de una herramienta destinada a fortalecer la seguridad de su red administrativa interna, incluyendo equipos de escritorio y sistemas corporativos, con el objetivo de prevenir ataques de software malicioso.

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Según la Empresa de Pasajeros, este proceso no guarda relación con la operación del Sistema Integrado de Recaudo ni compromete la información de los usuarios.

La entidad insistió en que los datos de quienes utilizan el Trolebús y la Ecovía cuentan con las medidas de protección necesarias y que no existe afectación a la operación del sistema de recaudo.

Lo que debes saber

• Quevedo: detienen a sospechoso del asalto que dejó un trabajador muerto en Quito.
• Policía capturó a un joven de 19 años por robo en supermercado de El Inca.
• Investigan a seis implicados en el asalto ocurrido el 31 de mayo en Quito.

Un sospechoso del asalto armado a un supermercado ubicado en el sector de El Inca, en el norte de Quito, fue detenido durante un operativo policial ejecutado en la ciudad de Quevedo.

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Según las autoridades, la aprehensión fue posible gracias a información reservada y técnicas investigativas desarrolladas tras el violento hecho ocurrido la noche del 31 de mayo.

El detenido fue identificado como Jandri, de 19 años, quien estaría relacionado con el robo que terminó con la muerte de un empleado del establecimiento. De acuerdo con las investigaciones, el joven se encontraba oculto en una vivienda ubicada en el sector conocido como El Pantano, en Quevedo.

Durante la intervención policial en el inmueble donde fue localizado el sospechoso, los agentes encontraron sustancias sujetas a fiscalización, según la información difundida por las autoridades. Tras su captura, fue puesto a órdenes de las instancias judiciales competentes para el desarrollo del proceso correspondiente.

Investigan vínculo con Los Lobos

Las indagaciones preliminares señalan que el detenido tendría presuntos nexos con la organización criminal Los Lobos, que mantiene presencia en distintas zonas del país, incluida Quito.

Hasta el momento, se trata del primer sospechoso capturado por este caso. Las autoridades sostienen que al menos seis personas habrían participado en el asalto, de acuerdo con los registros obtenidos de las cámaras de seguridad del local comercial.

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El asalto dejó un trabajador fallecido

El robo ocurrió la noche del 31 de mayo en un supermercado situado en la avenida 6 de Diciembre, en el sector de El Inca. Las investigaciones apuntan a que varios hombres armados ingresaron al establecimiento con la intención de apoderarse del dinero almacenado en una caja de seguridad.

Durante el asalto se registraron agresiones contra trabajadores y clientes. Un empleado recibió un disparo y falleció a consecuencia de las heridas, mientras las autoridades iniciaron una búsqueda para identificar y localizar al resto de involucrados.

Las claves que debes saber

• Zona azul SERT en Tumbaco, Quito, divide a moradores y comerciantes por impacto en ventas y movilidad.
• Comerciantes denuncian que, desde su aplicación reciente, existe caída de ventas de hasta el 70% y multas inmediatas sin tolerancia.
• Municipio de Quito busca ordenar estacionamiento en centro comercial, pero vecinos exigen ajustes y alternativas viales.

La reciente implementación del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado (SERT), conocido como zona azul, en el centro de Tumbaco, ha generado criterios divididos entre moradores, comerciantes y usuarios de ese sector del valle del nororiente de Quito.

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El concepto de la zona azul es ordenar el tránsito y democratizar el uso del espacio público, en este caso en un sector altamente comercial.

Para la comunidad, el proyecto fue concebido durante más de una década como una alternativa para enfrentar los problemas de estacionamiento que han afectado a esta parroquia del valle. 

Su objetivo principal es evitar que los vehículos permanezcan por largas horas ocupando espacios públicos y facilitar la rotación, para beneficio de residentes, comerciantes y visitantes. Sin embargo, la ejecución de la medida ha motivado cuestionamientos entre quienes consideran que la realidad del sector no fue tomada en cuenta.

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Comerciantes reportan pérdidas

Carlos Pérez, morador y propietario de un negocio en la calle Gonzalo Pizarro, sostiene que la implementación de la zona azul en el centro de la parroquia y la prohibición de estacionar en esa vía no fueron socializadas adecuadamente con los comerciantes. 

Según explica, la preocupación principal gira en torno a las afectaciones económicas que, afirma, ya empiezan a evidenciarse. “Nos van a hacer lo mismo que pasó en la avenida 10 de Agosto, donde pusieron ‘prohibido estacionarse’ y afectaron el comercio”, dice. 

Pérez menciona que en la Gonzalo Pizarro existen más de 300 establecimientos con licencias de funcionamiento y que la decisión se tomó sin considerar las dinámicas comerciales de la zona.

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Asegura que las ventas de algunos negocios han disminuido entre un 60 % y 70 % desde la aplicación de las restricciones. También cuestiona los controles de tránsito, al considerar que las sanciones se emiten de manera inmediata. “Los clientes se detienen un minuto y ya reciben una multa”, reclama.

Falta de estacionamientos persiste

Pero también reconoce que la regulación del estacionamiento es necesaria para evitar que ciertos vehículos ocupen espacios durante cinco o seis horas consecutivas. El problema, advierte, es que la medida se implementó sin ofrecer alternativas suficientes.

“El estacionamiento no ha mejorado. En Tumbaco sigue sin haber donde estacionarse y ahora tampoco se puede hacerlo en la Gonzalo Pizarro. Solo trasladaron el problema a otras calles del centro”, comenta.

Propuestas para reducir impacto de la zona azul

Como alternativa, Pérez plantea mantener la prohibición de estacionar, pero permitir un tiempo de gracia de hasta 15 minutos para quienes realizan gestiones rápidas o compras breves. Según su propuesta, los vigilantes seguros podrían controlar el cumplimiento de ese plazo.

También sugiere reorganizar la circulación del transporte público. Propone que los buses podrían ingresar por la calle Eugenio Espejo y salir por la Gonzalo Pizarro, reduciendo así la carga vehicular en esta última vía, que es estrecha y de alta circulación.

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Empero, no todos comparten esa visión. Mercy Barreiro, transportista, opina que las propuestas planteadas por los comerciantes generarían nuevos problemas de movilidad.

A su criterio, controlar un tiempo máximo de estacionamiento de 15 minutos sería complejo y podría derivar en mayores niveles de congestión. Además, recuerda que la Gonzalo Pizarro es una vía de doble sentido con importante circulación de vehículos particulares, buses y transportes escolares.

Existe desorden en vías de Tumbaco

Respecto a la idea de redireccionar los buses por la Eugenio Espejo, Barreiro considera que tampoco sería viable. Explica que esa calle ya cuenta con espacios de zona azul a ambos costados y enfrenta problemas de comercio informal que reducen aún más la capacidad vial.

“Hay ventas ambulantes, incluso con parasoles ubicados en sectores críticos. Eso ya genera dificultades para la circulación”, advierte.

Las inquietudes sobre las sanciones también son compartidas por algunos comerciantes. Thalía Migues, propietaria de un negocio de costura en la calle Eugenio Espejo, asegura que varios de sus clientes se han quejado por la falta de un margen de tolerancia. “Hay personas que solo se bajan a retirar un trabajo o hacer una entrega rápida y son multadas”, recalca.

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Pese a las críticas, otros habitantes consideran que la implementación de la zona azul era una medida necesaria para recuperar el orden en el centro de la parroquia.

Daniela Naranjo, residente de Pifo que frecuentemente realiza trámites en Tumbaco, ve aspectos positivos en el sistema. Dice que anteriormente era común encontrar vehículos estacionados de forma indebida, incluso ocupando parte de la calzada. Coincide en que se podría analizar un tiempo de gracia para quienes realizan gestiones breves.

Moradores defienden la zona azul

Una opinión similar tiene Daniel Aymacaña, propietario de un negocio en la Juan Montalvo. Para él, el principal beneficio de la zona azul es la democratización del espacio público.

“No es justo que un vehículo permanezca estacionado cinco o seis horas ocupando un espacio que debería estar disponible para todos”, sostiene. Relata que frente a su local permanecían durante gran parte del día vehículos de personas de instituciones cercanas, limitando el acceso de potenciales clientes.

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Por su parte, Pérez insiste en que es necesario revisar la medida. Agrega que los dueños de los negocios de la Gonzalo Pizarro mantienen la expectativa por una reunión entre la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y otras entidades municipales. “No queremos más mesas de trabajo, queremos soluciones. De lo contrario, vamos a tomarnos la Gonzalo Pizarro”, anuncia.

EXPRESO solicitó información a la Epmmop sobre las reuniones con los moradores y comerciantes de Tumbaco, pero se indicó que se emitirá un pronunciamiento una vez que concluyan las mesas de trabajo que mantienen con los vecinos.

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Lo que debes saber

• Corte Constitucional admite demanda contra tasa de basura en Quito por presuntos cobros excesivos desde enero.
• Ciudadanos y concejal denuncian incrementos en planillas de agua en Quito usados para calcular tasa de basura.
• Reclamos superan miles en Quito mientras se cuestiona el método de cobro y la ordenanza municipal vigente.

La controversia por la tasa de recolección de basura en Quito escaló a un nuevo escenario judicial. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos contra el cobro que, desde enero, se aplica a través de la planilla de agua potable.

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La decisión abre un proceso de revisión sobre una ordenanza que ha generado miles de reclamos por presuntos cobros excesivos.

Sin embargo, esta no es la única acción legal impulsada contra la medida. Hace tres meses, el concejal Michael Aulestia también presentó formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura, donde cuestiona el mecanismo utilizado para calcular el valor que pagan los usuarios.

Reclamos se multiplican en distintos sectores de Quito

Mientras esas acciones avanzan, a cuatro meses de la entrada en vigencia del nuevo esquema, las quejas aún se acumulan. Los usuarios no solo denuncian incrementos considerables en la tasa de basura, sino también la aparición de otros rubros en las planillas de agua, cuyos conceptos y valores, aseguran, no han sido explicados con claridad por las autoridades municipales.

Uno de esos casos es el de Roselena Morales, habitante de Alangasí, quien acudió este miércoles a las oficinas municipales para solicitar explicaciones por los montos registrados en su factura.

Según relató, hace dos meses recibió una planilla con una deuda superior a los 160 dólares. Tras presentar un reclamo y llenar un formulario de revisión, obtuvo una rebaja y terminó pagando 61,10 dólares.

Posteriormente, el mes pasado canceló alrededor de nueve dólares, monto que aseguró era el valor habitual de su consumo. No obstante, en la factura más reciente volvió a registrarse un incremento inesperado. “Ahora nuevamente me sale una deuda de 160 dólares. Me acerqué a consultar y me dicen que tengo que pagar 70 dólares, pero no me dan una explicación clara sobre el motivo de estos cobros”, manifestó.

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La usuaria explicó que en su vivienda habitan cuatro personas, pero durante gran parte del día el inmueble permanece vacío debido a las actividades laborales y académicas de la familia. Por ello considera que los valores facturados no corresponden al consumo real de agua.

Las denuncias como esta se han repetido en distintos sectores del Distrito Metropolitano. El origen de la polémica radica en que la tasa de basura ahora se calcula tomando como referencia el consumo de metros cúbicos de agua, un mecanismo que ha sido cuestionado por concejales, dirigentes barriales y ciudadanos.

Concejal cuestiona metodología de cálculo de la ordenanza

El concejal Wilson Merino señaló que la admisión de la demanda por parte de la Corte representaría un primer paso para revisar una ordenanza que, a su criterio, utiliza un método de cuantificación que no guarda relación entre el consumo de agua y la generación de residuos.

“Los vecinos siguen viendo con desesperación cómo llegan las planillas. Han existido medidas parche, pero no una solución definitiva”, afirmó.

Según el edil, más de 60.000 reclamos han sido registrados en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y en la Empresa Metropolitana de Aseo. Además, sostuvo que más de 420.000 usuarios pagan actualmente valores superiores a los del año pasado.

Merino aseguró que los problemas se presentan tanto en parroquias rurales como Alangasí, La Merced, Píntag, Calderón, Perucho y San José de Minas, donde los ciudadanos cuestionan pagar montos elevados pese a recibir servicios de recolección limitados. También mencionó casos en barrios antiguos de la ciudad donde fugas o daños en tuberías habrían provocado consumos elevados que terminan impactando directamente en el cálculo.

A estas denuncias se suman nuevos reclamos por otros rubros reflejados en las planillas. El concejal indicó que durante los procesos de fiscalización se han detectado presuntas inconsistencias, entre ellas, descuentos que no se aplican a adultos mayores y valores que no tendrían relación con el consumo registrado.

Este Diario buscó la versión de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) respecto a los rubros que aparecen en las planillas y sobre la demanda de inconstitucionalidad admitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial.

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Mientras tanto, el plazo para que el Municipio presente una reforma a la ordenanza sigue avanzando sin resultados concretos.

Entre marzo y abril, el Concejo Metropolitano mantuvo reuniones con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para analizar la posibilidad de que la tasa vuelva a cobrarse mediante la planilla de luz. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente estableció condiciones técnicas y sociales que hasta ahora no se han materializado, aseguró Merino.

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En los últimos días, una persona fue sancionada en el valle de Los Chillos tras ser identificada realizando una quema no autorizada de residuos, una práctica prohibida por la normativa municipal debido al peligro que implica para la población y el ambiente.

Riesgos en época seca 

El caso se registra en un período considerado crítico para la capital, donde las altas temperaturas, la vegetación seca y los vientos favorecen la propagación de incendios forestales. Ante este escenario, se han reforzado los operativos de vigilancia en distintos sectores del Distrito Metropolitano.

Las acciones de control se concentran en zonas urbano-forestales, quebradas, laderas, áreas de protección ecológica y sectores donde en años anteriores se reportaron incendios, conatos o quemas ilegales. Entre julio y octubre, tres patrullas recorrerán diariamente puntos considerados de riesgo para detectar actividades que puedan derivar en emergencias.

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De acuerdo con la normativa vigente sobre el uso del fuego, las sanciones alcanzan distintos niveles según la gravedad de la infracción. Las multas parten desde 241 dólares por incinerar basura, papeles o envases a cielo abierto y pueden llegar hasta 36.150 dólares en casos relacionados con incendios forestales o daños de gran magnitud.

Las estadísticas reflejan que el problema persiste. Durante 2025 se emitieron 207 sanciones vinculadas con infracciones propias de la época seca. De ese total, 185 correspondieron a quemas a cielo abierto y 22 al manejo inadecuado del fuego, conductas que incrementan significativamente el riesgo de incendios en zonas urbanas y rurales.

Especialistas en gestión de riesgos advierten que una quema aparentemente controlada puede salirse de control en cuestión de minutos cuando las condiciones climáticas son adversas. 

Además de afectar la cobertura vegetal, estos eventos generan contaminación del aire, ponen en peligro viviendas cercanas. Las autoridades mantienen el llamado a que la ciudadanía que reporte de manera oportuna quemas sospechosas.  

Lo que debes saber

• La restricción limita la circulación de vehículos y motocicletas en Quito de acuerdo al último dígito de la placa
• Incumplir el Pico y placa implica multas progresivas que van del 15 al 50% de un salario básico unificado
• La AMT realiza controles en distintos sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida

Con el objetivo de reducir la congestión en las principales vías de la ciudad, Quito mantiene vigente el sistema de restricción Pico y placa. 

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La medida se aplica de acuerdo con el último dígito de la placa. Este jueves 4 de junio de 2026, la medida es para los vehículos y motocicletas cuyas placas terminan en 7 y 8.

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Como ocurre de lunes a viernes, la prohibición de circular rige en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Durante esos períodos, los automotores no podrán movilizarse dentro de la zona de control establecida por las autoridades.

Operativos en distintos sectores

Para verificar el cumplimiento de la medida, agentes de tránsito realizan controles en puntos estratégicos de la capital. En los operativos se revisa la terminación de las placas y la documentación de los vehículos que cuentan con permisos o exenciones especiales.

Las autoridades recuerdan que la normativa se aplica tanto a automóviles como a motocicletas que circulan dentro del perímetro urbano regulado.

Zona donde aplica el Pico y placa

La restricción se mantiene en gran parte del área urbana del Distrito Metropolitano. Hacia el norte, el perímetro se extiende hasta la calle Casitagua; al sur llega a la avenida Guayanay Ñan; al occidente comprende la avenida Mariscal Sucre y al oriente la avenida Simón Bolívar.

Sanciones por incumplir la medida

Los conductores que circulen durante los horarios restringidos deberán asumir multas económicas que aumentan de acuerdo con la reincidencia.

¿Quiénes pueden circular sin restricción?

La normativa contempla excepciones para determinados grupos y servicios. Entre ellos se encuentran los vehículos de emergencia, los destinados al transporte de personas con discapacidad y aquellos conducidos por adultos mayores.

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También están exentos los automotores asignados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, al alcalde de Quito, al cuerpo diplomático acreditado y a entidades metropolitanas de control.

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Aquí te contamos cuáles son las tarifas vigentes, los horarios de operación, las estaciones y cómo obtener y recargar la tarjeta.

¿Cuánto cuesta viajar en el Metro de Quito en 2026?

Las autoridades mantienen las tarifas diferenciadas para distintos grupos de usuarios:

Además, dentro del sistema integrado de transporte municipal se mantienen tarifas diferenciadas para los usuarios registrados con beneficios especiales.

Horarios del Metro de Quito

Tras el fin de las restricciones temporales por el toque de queda, el Metro retomó sus horarios habituales:

Las frecuencias varían según la demanda y las horas pico, permitiendo movilizar a más de 100.000 pasajeros diarios.

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Estas son las 15 estaciones del Metro de Quito

La Línea 1 conecta el sur y norte de la ciudad a través de 15 estaciones:

El recorrido completo atraviesa la ciudad de sur a norte en aproximadamente 30 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

¿Cómo obtener la Tarjeta Ciudad?

Desde marzo de 2026, el Municipio inició la entrega masiva de la Tarjeta Ciudad, que permite pagar el Metro, el Trolebús y la Ecovía con un solo medio de acceso.

Para obtenerla es necesario:

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¿Cómo recargar la Tarjeta Ciudad?

Los usuarios tienen varias alternativas para cargar saldo:

Las autoridades también anunciaron la ampliación progresiva de puntos de recarga en tiendas, farmacias y establecimientos comerciales de la ciudad.

Otros medios para ingresar al Metro

La Tarjeta Ciudad no es el único mecanismo de acceso. Los usuarios también pueden utilizar:

Con la integración del sistema de recaudo, el Municipio busca facilitar la movilidad de miles de quiteños mediante un único mecanismo de pago para el transporte público municipal.

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El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 en la intersección de las calles Flavio Alfaro y Hernando Soto, una zona de alta circulación vehicular y peatonal durante las primeras horas del día.

El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que varios pasajeros viajaban en condiciones de riesgo, algunos incluso ubicados en los estribos y accesos del bus debido a un aparente exceso de ocupación.

Según testigos, en medio del recorrido, un pasajero que viajaba en la puerta perdió el equilibrio al llegar a la intersección vial y cayó violentamente sobre la calzada, mientras la unidad continuaba su marcha.

En las grabaciones se observa que el ciudadano quedó cerca de las llantas del vehículo y fue golpeado y arrastrado por varios metros, aunque se salvó de ser atropellado.

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al afectado. Posteriormente, el hombre fue trasladado a una casa de salud para una evaluación médica y determinar la gravedad de sus lesiones.

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¿Qué pasó con el conductor? 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que agentes civiles de tránsito llegaron al lugar para realizar el procedimiento correspondiente y recopilar información sobre el hecho. Sin embargo, en el reporte preliminar se indicó que el conductor del bus involucrado no fue localizado tras el incidente.

El siniestro se registra en un momento clave para el transporte público de Quito, cuando se discute el incremento de la tarifa a $ 0,40 desde 2027. 

La propuesta municipal está condicionada al cumplimiento de estándares de calidad y seguridad por parte de los operadores. No obstante, este nuevo accidente vuelve a poner sobre la mesa las recurrentes preocupaciones ciudadanas sobre el servicio y la seguridad en las unidades de transporte público.

Lo que debes saber

• Un perro detector alertó sobre una encomienda sospechosa en el aeropuerto de Quito
• En su interior se hallaron 533,50 gramos de cocaína distribuidos en 35 fundas plásticas de distintos colores
• La sustancia tenía como destino Estados Unidos. De haber llegado a ese país, su valor habría alcanzado aproximadamente los $ 16.000

Un cargamento de cocaína oculto en una encomienda fue detectado en el aeropuerto de Quito el 1 de junio de 2026 antes de que sea enviado a Estados Unidos. El hallazgo se produjo durante controles rutinarios a paquetes y correspondencia que salen del Ecuador.

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De acuerdo con la Policía, la alerta fue dada por "Messi", un perro especializado en la detección de sustancias ilícitas, que señaló una caja de cartón durante una inspección antinarcóticos. 

Al revisar el contenido, los agentes encontraron 35 fundas plásticas de distintos colores y con diferentes logotipos.

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Tras realizar pruebas químicas preliminares, las autoridades determinaron que la sustancia correspondía a cocaína. En total se decomisaron 533,50 gramos de droga, equivalentes a aproximadamente 5.333 dosis.

El costo en el mercado internacional

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la sustancia tendría un valor cercano a los $ 1.213 en el mercado local. Pero, si llegaba a Estados Unidos, su precio habría ascendido hasta unos $ 16.000, detalló la Policía.

La intervención se ejecutó en el marco del operativo denominado "Sobres", desarrollado por unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico en terminales aéreas.

La institución destacó el papel de los canes detectores, cuyo olfato permite identificar sustancias ocultas en equipajes, paquetes y otros medios de transporte que podrían pasar desapercibidos en una inspección convencional.

Mientras, las investigaciones continúan para determinar el origen de la encomienda y posibles responsables del intento de envío internacional de la sustancia.

Lo que debe saber

• Corte Constitucional admite demanda contra tasa de basura en Quito por presuntos cobros excesivos en 2026.
• Ciudadanos y Wilson Merino cuestionan la ordenanza municipal por vincular consumo de agua con generación de basura.
• Municipio y Procuraduría deberán responder ante la Corte tras reclamo por planillas elevadas de recolección de basura.

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos en contra de la tasa de recolección de basura en Quito, tras meses de reclamos por su presunto cobro excesivo y desproporcionado.

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La decisión, confirmada por el concejal Wilson Merino, marca un precedente en el debate sobre la ordenanza metropolitana que regula este cobro, que ahora será revisada en la más alta instancia constitucional del país.

Según el edil, la admisión de la acción demuestra que existen vías legales para cuestionar decisiones municipales cuando no responden a las necesidades de la ciudadanía. Con ello, el caso trasciende el debate del Concejo Metropolitano y entra en una fase judicial en la que el Municipio y la Procuraduría deberán presentar sus argumentos.

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Cuestionamientos al modelo de cobro

El origen del conflicto se centra en el método de cálculo de la tasa, que según los demandantes vincula el consumo de agua potable con la generación de basura, un criterio que consideran “sin sustento técnico suficiente” y que ha provocado incrementos significativos en las planillas de los usuarios.

Merino, junto a cerca de 50 dirigentes barriales, acudió previamente a la Corte para presentar tres acciones legales contra el Municipio de Quito, argumentando que el sistema vigente desde el 1 de febrero de 2026 ha generado afectaciones económicas en distintos sectores.

Reclamos ciudadanos por cobros elevados

Los usuarios denuncian que el cambio del cobro —antes incluido en la planilla de energía eléctrica y ahora en la de agua potable— ha derivado en valores considerados impagables. Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con fugas de agua, habitantes de condominios y sectores de barrios irregulares.

Según los demandantes, incluso se han registrado casos de suspensión del acceso al agua por la imposibilidad de pago.

Pedido de reforma y posibles compensaciones

Desde el Concejo, los promotores de la acción sostienen que el objetivo no solo es la revisión de la norma, sino también la elaboración de una nueva ordenanza con estudios de impacto económico y social más precisos.

Además, plantean que los valores cobrados en exceso podrían convertirse en notas de crédito para los usuarios afectados, como una medida de reparación.

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Lo que viene en el proceso

Con la admisión de la demanda, las partes involucradas deberán presentar sus descargos ante la Corte Constitucional. Posteriormente, el organismo definirá si el modelo de cobro vigente se ajusta o no a la Constitución, lo que podría derivar en cambios estructurales en la tasa de recolección de basura en la capital.

Lo que debes saber

• El proyecto de ordenanza fue presentado por el alcalde Pabel Muñoz a la Comisión de Movilidad que deberá analizar el texto.
• La propuesta contempla un aumento de la tarida de $ 0,35 a $ 0,40 a partir del 1 de enero de 2027.
• En el Concejo se necesitan 12 votos para la aprobación de la ordenanza. Ediles cuestionan el proyecto.

La Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano analizará este jueves 4 de junio de 2026 el proyecto de ordenanza presentado por el alcalde Pabel Muñoz que plantea incrementar la tarifa del transporte público de $ 0,35 a $ 0,40 a partir del 1 de enero de 2027.

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La iniciativa fue entregada por el alcalde para su tratamiento en la comisión presidida por el concejal Diego Garrido. Según el secretario de Movilidad, Álex Pérez, la propuesta busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y mantener una tarifa que considere las condiciones económicas de los usuarios.

El concejal Adrián Ibarra adelantó que la propuesta atravesará un amplio proceso de análisis técnico y social antes de llegar al pleno del Concejo Metropolitano.

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“Vamos a tener un importante periodo de análisis técnico y social, y se realizarán los ajustes que sean necesarios”, dijo a Teleamazonas.

Una vez que la comisión emita su informe, el proyecto deberá pasar a primer debate en el Concejo, donde requerirá al menos 12 votos para su aprobación.

Cuestionamientos a la propuesta

Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas. El concejal Andrés Campaña cuestionó que la ordenanza elimine los indicadores de calidad del servicio como requisito previo para la aplicación del incremento tarifario.

Según explicó, la propuesta concede a los transportistas un plazo de ocho meses para implementar el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), pese a que varias de esas obligaciones debían cumplirse desde el 2020.

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Campaña también expresó preocupación por la regulación del transporte en parroquias rurales. A su criterio, aunque se establece una tarifa base de $ 0,40 para el transporte urbano-rural, la propuesta no define mecanismos claros para regular las tarifas variables entre parroquias.

Además, señaló que el texto elimina disposiciones que garantizan una tarifa preferencial de $ 0,10 para personas con discapacidad.

Para el edil, un incremento del pasaje no puede aprobarse sin garantías de mejoras concretas en la calidad del servicio.

Municipio defiende controles y sanciones

Por su parte, el secretario de Movilidad aseguró que la calidad del servicio constituye uno de los ejes centrales de la propuesta.

Pérez explicó que la ordenanza establece inspecciones obligatorias y permanentes sobre las condiciones de seguridad de las unidades, incluyendo la revisión de frenos, neumáticos, mantenimiento mecánico y otros componentes operativos.

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Asimismo, indicó que el proyecto contempla un régimen de sanciones para los operadores que incumplan las obligaciones establecidas, que podría ir desde medidas administrativas hasta la terminación de contratos.

“La calidad del servicio no es negociable”, sostuvo el funcionario.

Dudas sobre compensaciones a transportistas

El concejal Michael Aulestia cuestionó las compensaciones económicas contempladas para los operadores privados de transporte.

La propuesta prevé incentivos de hasta $ 8.000 por unidad. Sin embargo, el edil considera que no existen suficientes garantías de cumplimiento ni mecanismos claros para recuperar esos recursos en caso de que los operadores incumplan las condiciones establecidas.

Según Aulestia, el proyecto podría generar un escenario en el que los usuarios asuman un incremento inmediato en la tarifa, mientras las exigencias y verificaciones a los transportistas quedarían sujetas a procesos posteriores.

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La suspensión temporal del servicio forma parte de una intervención ejecutada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), que contempla el mantenimiento de 16 válvulas del sistema de distribución.

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Según la entidad municipal, estas labores tienen como objetivo garantizar la operatividad de la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio en los sectores abastecidos por esta red.

¿Cuándo volverá el agua?

Inicialmente se informó que el servicio retornaría progresivamente entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio. Sin embargo, el Municipio de Quito precisó que el proceso de restablecimiento comenzó desde este mismo 2 de junio y se extenderá de manera gradual hasta la madrugada del viernes 5 de junio.

La Epmaps explicó que la recuperación no será inmediata, ya que primero se debe completar el llenado de la línea de transmisión, seguido de la potabilización del agua y su posterior distribución hacia los distintos sectores afectados.

“Una vez concluidos los trabajos, el agua debe recorrer nuevamente toda la red de conducción, distribución y almacenamiento antes de llegar a los hogares”, indicó la empresa.

Barrios afectados

En la parroquia de Alangasí, los sectores afectados son: San Gabriel, Mirasierra, El Tingo y San Antonio.

En Amaguaña, el corte alcanza a los barrios Santo Domingo, La Baquería, El Rosario, San Luis, Peluche, El Ejido, El Blanqueado, San Juan, Cuendina, Centro Poblado, Carapungo, Yanahuaico, La Balvina, La Providencia, Chillo Jijón, Santa Isabel, Chaupitena, Miranda, Tena y Miranda Grande.

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En Conocoto, la suspensión del servicio incluye a San Lorenzo, INNFA, La Hospitalaria, Los Retoños, Cornejo, San Virgilio, La Armenia I, La Armenia II, San Juan de La Armenia y La Rivera.

Mientras tanto, en Guangopolo, los sectores afectados son Centro Poblado, Cruzloma, Rumiloma, Sorialoma y La Toglla.

Abastecimiento mediante tanqueros

Durante la interrupción del servicio, la Epmaps mantiene un operativo de abastecimiento mediante 25 tanqueros distribuidos en las cuatro parroquias afectadas.

La prioridad de atención está dirigida a unidades educativas, centros de salud, espacios destinados a personas adultas mayores y mercados, con el fin de reducir el impacto de la suspensión temporal.

Lo que debes saber 

• 13 años tras cierre del aeropuerto, Parque Bicentenario de Quito sigue sin consolidarse como gran espacio urbano en el norte.
• Concejo Metropolitano de Quito debate prolongación de Amazonas, Real Audiencia y Rafael Aulestia para mejorar conectividad del Bicentenario.
• Proyecto vial de Epmmop genera críticas por posible afectación de 17 hectáreas del Parque Bicentenario y alerta ambiental ciudadana.

Trece años después del cierre del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, el parque Bicentenario continúa lejos de consolidarse como el gran espacio urbano que sucesivas administraciones municipales prometieron para el norte de Quito. 

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Parque Bicentenario sigue sin consolidarse como eje urbano en Quito

Aunque en la actualidad se están ejecutando intervenciones puntuales dentro de esa área, amplios sectores permanecen sin uso definido y la integración con los barrios aledaños se mantiene como una tarea pendiente.

Con ese escenario, el Concejo Metropolitano conoció ayer, en primer debate, el proyecto de trazado vial para prolongar las avenidas Amazonas, Real Audiencia y Rafael Aulestia. La propuesta apunta a conectar sectores separados por la infraestructura aeroportuaria y abrir nuevas posibilidades de desarrollo urbano alrededor del parque.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Uso de Suelo, Adrián Ibarra, señaló que el proyecto busca corregir una deuda pendiente con el sector. “El desarrollo de esta zona ha sido anunciado por varias administraciones, pero los resultados han sido limitados. Esta intervención pretende generar las condiciones para que finalmente se concrete”, explicó.

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Andrés Murillo, delegado de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), explicó que la antigua pista y las instalaciones aeroportuarias funcionaron durante décadas como una barrera urbana de más de tres kilómetros. Agregó que la falta de conexiones directas entre las vías que rodean el parque ha dificultado tanto la movilidad como el desarrollo del entorno.

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La propuesta, que no tiene previstas expropiaciones, contempla dos ejes principales. El primero plantea extender la Amazonas desde el Centro de Convenciones hasta la calle Luis Tufiño, en un tramo de 2,21 kilómetros.

El segundo incluye la prolongación de las avenidas Real Audiencia y Rafael Aulestia para conectar la avenida Galo Plaza Lasso con la Luis Tufiño.

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El proyecto incluye cuatro carriles, ciclovías, áreas peatonales tipo bulevar, estacionamientos, iluminación pública, sistemas de drenaje y redes soterradas. La intención es conformar un anillo vial alrededor del parque, de forma que facilite la movilidad y mejore los accesos al espacio público.

Todas las vías tienen bulevares de acceso al parque. Las reformas están dentro de ese espacio y no se afecta a los predios privados. Así podemos avanzar.
Adrián Ibarra,  concejal 

Sin embargo, la propuesta tuvo cuestionamientos relacionados con la preservación de áreas verdes. El concejal Andrés Campaña expresó su preocupación por el impacto ambiental del proyecto y advirtió que las nuevas vías podrían afectar aproximadamente 17 hectáreas del parque, equivalentes al 16,5 % de su superficie total, que es de 103 ha.

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No se pueden reemplazar los espacios verdes por cemento. Hay que encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental.
Andrés Campaña, concejal 

También le llaman la atención los cronogramas previamente difundidos por la Epmmop. En enero de 2026 la entidad dijo a EXPRESO que el proyecto fue subido al portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) en diciembre de 2025 y que se esperaba adjudicarlo en mayo de 2026, con una inversión estimada de $7 millones únicamente para la prolongación de la Amazonas. Recordó que el Concejo es la institución que aprueba los trazados viales y ayer recién se dio el primer debate.

Cuestionan cronograma y planificación del proyecto vial 

Las dudas también fueron planteadas por el concejal Bernardo Abad, quien solicitó revisar la compatibilidad del proyecto con ordenanzas anteriores que contemplaban conexiones internas en sentido oriente-occidente dentro del antiguo aeropuerto.

Desde la sociedad civil también hubo críticas. Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico, rechazó la posibilidad de que las nuevas vías ocupen parte del parque. A su juicio, la intervención reduciría áreas verdes en un momento en que las principales ciudades del mundo buscan precisamente ampliar y proteger estos espacios.

Ibarra señaló que las observaciones plateadas serán revisadas en la Comisión en los próximos días y se prevé que en un mes se presente el documento para la aprobación. 

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La medida regirá del 2 al 5 de junio de 2025 y se aplicará en planteles fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales ubicados en estos sectores.

Corte de agua en Quito impacta a más de 30 mil estudiantes

La decisión fue adoptada de manera excepcional y preventiva para salvaguardar la salud de la comunidad educativa. Según la Subsecretaría de Educación, Deporte y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, la modalidad no presencial busca evitar la exposición a riesgos sanitarios derivados de la falta del servicio básico de agua.

En total, la disposición afecta a 30.709 estudiantes y 2.371 docentes, quienes deberán continuar con sus actividades académicas bajo modalidad virtual o a distancia durante los días establecidos.

La resolución del Ministerio de Educación responde a los trabajos de mantenimiento que ejecuta la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) en la Línea de Transmisión Tesalia, infraestructura clave que abastece a gran parte del valle de Los Chillos y sectores del centro de Quito.

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Retorno a clases presenciales dependerá del restablecimiento del servicio

Las labores técnicas buscan restablecer y mejorar el sistema de distribución, aunque han generado interrupciones temporales del servicio en varias zonas del Distrito Metropolitano.

Las autoridades educativas recalcaron que la medida se adopta para proteger el bienestar de los estudiantes y docentes mientras duren las restricciones del suministro.

En las próximas horas, se espera la actualización del cronograma de retorno a la presencialidad, dependiendo del avance de los trabajos de la empresa responsable del servicio.

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Para este 3 de junio, los conductores de vehículos cuyas placas finalizan en 5 y 6 no podrán circular debido a la aplicación de la medida de restricción vehicular en la capital.

La normativa está vigente durante los horarios de mayor demanda de tráfico en la capital: entre las 06:00 y las 09:30, y desde las 16:00 hasta las 20:00. Durante esa jornada, los automotores no podrán circular dentro del perímetro establecido por las autoridades metropolitanas.

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Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene operativos de control en distintos sectores de la ciudad. 

Los agentes verificarán la terminación de las placas, los horarios de circulación y la documentación de los vehículos que cuentan con autorizaciones especiales.

Multas por incumplimiento

Las personas que incumplan la medida se exponen a sanciones económicas que se calculan en función del Salario Básico Unificado (SBU) vigente.

Las multas aumentan de manera progresiva según el número de infracciones registradas:  

Zonas donde se aplica la restricción

El Pico y placa rige dentro de los límites urbanos definidos por la Secretaría de Movilidad. Hacia el norte, el perímetro se extiende hasta la calle Casitagua; al sur llega a la avenida Guayanay Ñan; al occidente comprende la avenida Mariscal Sucre y al oriente la avenida Simón Bolívar.

Aunque esta última vía se encuentra habilitada para la circulación sin restricciones, las autoridades recuerdan que los conductores que abandonen la Simón Bolívar para ingresar hacia sectores urbanos o los valles podrían ser objeto de controles.

¿Qué vehículos están exentos de la medida?

La normativa contempla excepciones para determinados grupos de usuarios y servicios. Entre ellos se encuentran: 

También están exentos los automotores conducidos por adultos mayores, los vehículos de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad.

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La recomendación a los conductores es verificar con anticipación la terminación de sus placas y planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos y sanciones durante la restricción.

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El edil argumentó que la propuesta obliga a los ciudadanos a pagar más por un servicio que, según indicó, aún no cuenta con las mejoras prometidas ni con mecanismos suficientes de control y transparencia.

Concejal cuestiona incremento de la tarifa del transporte público

A través de un comunicado oficial, el concejal señaló que el aumento representaría un incremento del 14,3% en el valor del pasaje y afectaría directamente a más del 70% de los quiteños que utilizan el transporte público como principal medio de movilización.

Según el pronunciamiento, varios componentes considerados fundamentales para mejorar la calidad del servicio todavía no se encuentran operativos. Entre ellos mencionó el Sistema Integrado de Recaudo, los mecanismos de control de flota y las herramientas de información para los usuarios.

Para Aulestia, aprobar el incremento tarifario antes de que estas mejoras entren en funcionamiento significaría trasladar el costo a la ciudadanía sin garantizar resultados concretos en la calidad del servicio.

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Preocupación por compensaciones a operadores privados

Otro de los puntos cuestionados por el concejal está relacionado con las compensaciones económicas contempladas en la ordenanza para los operadores privados de transporte.

De acuerdo con el comunicado, la propuesta prevé la entrega de recursos públicos de hasta $ 8.000 por unidad, mientras que, según su criterio, no existirían suficientes garantías de cumplimiento ni mecanismos claros para recuperar esos recursos en caso de incumplimientos por parte de los operadores.

Aulestia sostuvo que la medida plantea un escenario en el que los usuarios asumirían un mayor costo de manera inmediata, mientras que las obligaciones y verificaciones a los operadores quedarían sujetas a procesos posteriores.

Solicita transparencia en los estudios técnicos

El concejal también expresó preocupación por la falta de publicación del estudio técnico que sustenta el incremento tarifario.

En su comunicado, señaló que una medida que impacta directamente en la economía de miles de familias debe contar con información técnica y financiera accesible para la ciudadanía.

Por ello, pidió que los estudios sean publicados de manera inmediata y que el debate sobre el ajuste tarifario se realice con total transparencia.

Tarifas preferenciales y mecanismos de control

Otro aspecto señalado por el edil es la incertidumbre sobre la continuidad de las tarifas preferenciales para personas con discapacidad y otros grupos prioritarios.

Además, cuestionó que la propuesta no contemple mecanismos específicos para revisar o revertir el incremento en caso de que los operadores incumplan los compromisos adquiridos o si las condiciones económicas cambian en el futuro.

A criterio del concejal, cualquier aumento debe estar acompañado de indicadores verificables de calidad, mecanismos de control y garantías que protejan los recursos públicos y los derechos de los usuarios.

Concejal exige mejoras antes de aprobar el alza

Aulestia aseguró que su postura no representa una oposición al transporte público, sino al momento en que se plantea el incremento de la tarifa.

“El voto no es contra el transporte público, sino contra una ordenanza que pretende cobrar más a los quiteños antes de garantizar un mejor servicio”, manifestó.

El concejal reiteró que, antes de discutir un ajuste tarifario, deben implementarse las mejoras comprometidas, establecerse mecanismos de control efectivos y ofrecer garantías claras para los usuarios del sistema de transporte de Quito.