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El Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos a favor el incremento de la tarifa y, además, una compensación de $23 millones para los transportistas. La medida también contempla nuevos valores para las rutas rurales, donde las tarifas dependen de la distancia y el destino.

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Uno de los mayores incrementos se registra en la ruta Mercado de San Roque-El Quinche, cuyo pasaje pasará de $1,90 a $ 2,40. Es decir, los usuarios pagarán $0,50 adicionales por el recorrido.

Otro de los aumentos importantes corresponde a la ruta El Quinche-avenida Río Coca y Las Palmeras, que pasará de $1,20 a $1,60, con un incremento de $ 0,40.

Estos son los recorridos que más subirán

Entre las rutas rurales cuyos valores se incrementarán están:

Las largas distancias, uno de los argumentos

El Observatorio de Movilidad recordó que el transporte rural tiene características diferentes al servicio urbano. Las rutas recorren mayores distancias y, en algunos casos, enfrentan condiciones más exigentes de las vías, lo que implica mayores costos de combustible, mantenimiento y operación.

Sin embargo, el organismo considera necesario que los criterios técnicos utilizados para determinar las nuevas tarifas sean transparentes y puedan ser conocidos por los usuarios.

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Un debate que viene desde 2022

Los valores que estaban vigentes en varias rutas rurales fueron establecidos en 2022, a partir de la Ordenanza 017-2020. En ese momento, la modificación de las tarifas generó malestar entre los habitantes de varias parroquias rurales e incluso provocó protestas, como ocurrió en Tumbaco.

Por ejemplo, un viaje desde la estación Río Coca hasta Tumbaco tenía un costo de $0,40; hasta Collaquí, $0,70; y hasta El Quinche, $1,20.

Ahora, con la nueva estructura tarifaria, los usuarios de las parroquias rurales deberán asumir nuevos costos que, dependiendo del recorrido, pueden superar ampliamente el incremento de cinco centavos anunciado para la tarifa urbana.

Lo que debes saber

• Quito aumentará el pasaje urbano de $0,35 a $0,40 desde el 1 de enero de 2027.
• Las rutas rurales y combinadas tendrán tarifas diferenciadas según la distancia de cada recorrido.
• El Concejo Metropolitano aprobó el incremento para financiar el transporte, con tarifas rurales de hasta $2,40.

El Concejo Metropolitano aprobó el incremento de la tarifa del transporte convencional. Las rutas rurales y combinadas tendrán valores diferenciados según la distancia.

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El costo del transporte público en Quito cambiará desde el 1 de enero de 2027. El Concejo Metropolitano aprobó este martes 8 de septiembre la ordenanza que establece el incremento de la tarifa del transporte convencional y del Metrobús-Q, que pasará de $0,35 a $0,40.

La nueva ordenanza también contempla una tarifa de $0,45 para buses eléctricos y otras tecnologías de bajas emisiones, siempre que las unidades sean calificadas técnicamente.

Pero el valor de $0,40 no será la única tarifa que pagarán los usuarios. Para los servicios de transporte intracantonal combinado y rural, el Municipio estableció una estructura tarifaria diferenciada de acuerdo con la distancia de cada recorrido.

El documento con las tarifas calculadas para 2027 detalla valores que van desde $0,70 hasta $2,40 en la tarifa única propuesta. También establece tarifas preferenciales o reducidas para los distintos tramos.

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¿Cuánto costará viajar desde Quito hacia los valles?

Las tarifas más altas corresponden a recorridos que conectan sectores rurales y parroquias con Quito.

Por ejemplo, en la ruta Marín-Píntag-San Alfonso, el tramo Marín-Píntag tendría una tarifa de $1,10, mientras que Marín-San Alfonso costaría $1,20. Para pasajeros con tarifa preferencial, esos valores serían de $0,55 y $0,60, respectivamente.

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IVONNE MANTILLA

¿Y cuánto costarán los recorridos hacia el norte?

También se establecieron valores diferenciados para las rutas entre El Quinche, Calderón, Carapungo, Carcelén y La Ofelia.

Por ejemplo, El Quinche-La Ofelia tendría una tarifa de $1,45, mientras que El Quinche-Carcelén costaría $1,30 y El Quinche-Carapungo, $1,20.

Uno de los valores más altos del anexo corresponde al recorrido Mercado de San Roque-El Quinche, con una tarifa propuesta de $2,40 y una tarifa preferencial de $1,20. Guayllabamba-Mercado San Roque tendría un valor de $1,70.

Las rutas más cortas mantendrán valores menores

No todos los recorridos rurales tendrán tarifas elevadas. En varios tramos cortos, la tarifa propuesta es de $0,70, con una tarifa preferencial de $0,35.

Es el caso de recorridos como Marín-Yanahuayco, Marín-Santa Isabel, Girón-El Dean Bajo, Girón-San Miguel y Marín-San Francisco.

En el documento también aparecen recorridos con tarifas de $0,80, $0,90, $1,00 y superiores, de acuerdo con la distancia.

¿Qué pasará con los transportistas?

La ordenanza aprobada incluye además un mecanismo temporal de compensación económica de hasta $8.000 por cada unidad de transporte convencional, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Lo que debes saber

• Las sanciones a clubes nocturnos en Quito aumentaron 73% entre enero y agosto de 2026.
• La AMC inició 52 procedimientos contra clubes nocturnos por operar sin permisos y otras irregularidades.
• Quito registró 47 clausuras a clubes nocturnos hasta agosto, 68% más que durante todo 2025.

Los controles a los clubes nocturnos en Quito se intensificaron en 2026. En apenas ocho meses, los procedimientos sancionadores por irregularidades ya superaron en 73% a todos los registrados durante 2025.

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Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 52 procedimientos sancionadores contra clubes nocturnos, frente a los 30 registrados durante todo el año pasado. Las clausuras también aumentaron: en lo que va de este año se ejecutaron 47, un 68% más que las 28 de 2025.

El incremento ocurre en medio de controles a establecimientos que funcionan como night clubs, cabarés, casas de citas y prostíbulos en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

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Clubes nocturnos funcionan en zonas residenciales

Una de las irregularidades detectadas durante los controles es que varios establecimientos operaban en inmuebles residenciales, pese a que las actividades que desarrollaban no estaban autorizadas para ese tipo de sector.

Los controles tampoco se limitan a la revisión de permisos. En intervenciones realizadas en casas de citas clandestinas que se promocionaban a través de internet y redes sociales, se identificaron casos de menores de edad, personas que presuntamente permanecían retenidas contra su voluntad y espacios con condiciones de extrema insalubridad.

Cuando los funcionarios encuentran situaciones que pueden constituir delitos, como armas, sustancias sujetas a fiscalización, personas retenidas o ciudadanos requeridos por la justicia, los hechos son puestos en conocimiento de la Policía Nacional, Fiscalía u otras entidades competentes.

Bares y discotecas también acumulan sanciones

El aumento de controles no se concentra únicamente en clubes nocturnos. Entre enero y agosto de 2026, se registraron 174 procedimientos sancionadores y 128 clausuras a bares y discotecas en Quito.

Del total de sanciones, 65 corresponden a bares y 16 a discotecas, mientras que otros 47 procedimientos corresponden a clubes nocturnos.

Entre las principales causas de intervención aparecen el funcionamiento clandestino, la falta de permisos de seguridad contra incendios, la venta de licor sin registro sanitario, el exceso de ruido y aforo, el uso de documentos falsificados y el desarrollo de actividades que no son compatibles con el uso de suelo.

Durante algunas inspecciones también se han encontrado indicios relacionados con el consumo o la presunta comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

Los controles municipales aumentaron en Quito

Entre 2023 y 2025, se realizaron 35.564 operativos en todo el Distrito Metropolitano. Además, el número de intervenciones anuales pasó de 9.996 en 2022 a 13.733 en 2025.

Esto representa un crecimiento superior al 37% en tres años, según los registros de la Agencia Metropolitana de Control.

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La modificación fue cuestionada por los concejales que votaron en contra del proyecto. Para quienes respaldaron el cambio, la decisión busca adecuar la normativa municipal a lo establecido en la legislación nacional.

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Sara Oñate

Municipio sostiene que se aplica la ley

La concejala Fernanda Racines defendió durante la sesión del Concejo la eliminación del valor fijo de $0,10. Según explicó, una ordenanza municipal no puede establecer una tarifa distinta a la contemplada en la ley.

Racines citó el artículo 87 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad y sostuvo que la tarifa preferencial corresponde al 50% del valor regular. Ahora, con la ordenanza, las personas con discapacidad pagarán $0,20.

“Una ordenanza no puede estar por encima de la ley”, señaló, al cuestionar que el Código Municipal haya establecido anteriormente un valor de $0,10.

La edil también indicó que la diferencia entre la tarifa preferencial y el costo real del pasaje es cubierta con recursos municipales.

Para Racines, mantener los $0,10 implicaría conservar una disposición que no se ajusta a la legislación vigente. Asimismo, rechazó que el cambio constituya una regresión de derechos y afirmó que el Municipio está cumpliendo lo establecido en la ley nacional.

La oposición advierte una posible regresión de derechos

La concejala Analía Ledesma, quien votó en contra de la ordenanza, cuestionó que se elimine la tarifa preferencial específica para las personas con discapacidad.

Ledesma sostuvo que, aunque jurídicamente se argumente que se mantiene el beneficio del 50% previsto en la ley, en la práctica las condiciones de acceso al transporte público pueden dificultar el ejercicio de ese derecho.

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La concejala puso como ejemplo las dificultades que enfrentan las personas que utilizan silla de ruedas para acceder a las unidades de transporte. Señaló que, si actualmente existen problemas para que los buses se detengan y permitan el ingreso de una persona con discapacidad, el incremento del valor preferencial podría agravar la situación.

Campaña anuncia acción ante la Corte Constitucional

El concejal Andrés Campaña también expresó su rechazo a la modificación. Consideró preocupante que se elimine la tarifa preferencial que estaba contemplada en la normativa metropolitana.

Campaña sostuvo que la medida podría constituir una regresión de derechos de las personas con discapacidad y de otros grupos de atención prioritaria.

El edil anticipó que, de aprobarse la reforma en esos términos, presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

¿Cuánto pagarán desde enero?

Con la nueva tarifa de $0,40, las personas con discapacidad pagarán $0,20, equivalente al 50% del pasaje.

El cambio elimina de la normativa metropolitana el valor específico de $0,10 que estaba vigente para este grupo.

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La ordenanza fue aprobada este 8 de septiembre de 2026 con 14 votos a favor y seis en contra y establece que la compensación a los transportistas se active desde la sanción de la norma, mientras que el incremento que deberán asumir los pasajeros comenzará en enero.

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Para el concejal Michael Aulestia, esta diferencia entre las fechas genera dudas sobre quién termina asumiendo el costo de la decisión.

“Los quiteños merecen transparencia sobre quién paga y quién se beneficia”, sostuvo el edil. También cuestionó que los operadores privados reciban los recursos de manera inmediata mientras los usuarios empezarán a pagar el incremento varios meses después.

El concejal considera que la decisión traslada hacia la ciudadanía el costo de la compensación y permite a la actual administración evitar, por ahora, el impacto político que tendría el incremento de la tarifa.

Cuestionamientos al respaldo presupuestario

Otro de los cuestionamientos planteados durante el debate tiene que ver con la forma en que se certificó el cumplimiento de los requisitos presupuestarios para entregar la compensación.

Aulestia sostuvo que ninguna dependencia del Municipio ha asumido de manera integral la responsabilidad de certificar que el subsidio cumple con las exigencias presupuestarias establecidas en la ley. Agregó que cada dependencia limita el alcance de su pronunciamiento y deriva parte de la responsabilidad a otra instancia municipal.

El concejal también cuestionó que la ordenanza no establezca suficientes indicadores de calidad del servicio con metas medibles, plazos definidos y consecuencias automáticas ante eventuales incumplimientos.

A su criterio, el desembolso está condicionado principalmente al cumplimiento de hitos tecnológicos y administrativos, pero no necesariamente a resultados que puedan ser comprobados por los pasajeros, como la frecuencia de los buses, los tiempos de espera o la cobertura.

“¿Ha mejorado el transporte en estos seis años?”

La concejala Analía Ledesma también puso en duda que las condiciones actuales del transporte justifiquen el incremento.

Recordó que en 2020 se aprobó la Ordenanza 017, en la que ya constaban compromisos, especificaciones técnicas y promesas de mejoras similares a las planteadas ahora.

Su cuestionamiento se centró en el tiempo transcurrido desde entonces.

“¿Ha mejorado el transporte en estos últimos seis años?”, planteó Ledesma, al señalar que ahora se espere que las mejoras se concreten en apenas tres meses, antes de que entre en vigencia la nueva tarifa.

Para la concejala, si las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas no han permitido una mejora suficiente de la calidad del servicio desde 2020, no existe justificación para elevar la tarifa antes de que esas mejoras sean visibles para los usuarios.

Ledesma también cuestionó que el Municipio destine recursos a los transportistas mientras espera que las condiciones del servicio mejoren.

Preocupación por la tarifa preferencial

Otro de las inquietudes planteadas fue la modificación de la normativa relacionada con la tarifa preferencial, particularmente para personas con discapacidad.

Ledesma advirtió que la ordenanza deroga disposiciones metropolitanas relacionadas con la tarifa preferencial. Aunque se mantendría el beneficio del 50% previsto en la legislación nacional, la concejal señaló que existe una diferencia entre lo establecido en una norma y lo que ocurre en la práctica.

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Puso como ejemplo las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a los buses, especialmente cuando las unidades no se detienen en las paradas o no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad.

Menciona que modificar las reglas de la tarifa preferencial podría afectar a uno de los grupos considerados de atención prioritaria.

El costo también aumenta en las zonas rurales

Pero en las parroquias rurales el incremento, dependiendo de la distancia, sobrepasa los $ 0,5. El concejal Andrés Campaña citó como ejemplo que el recorrido Marín-Píntag pasará de $0,90 a $1,10, mientras que el trayecto entre el Quicentro Sur y Carapungo subirá de $1,10 a $1,40.

Campaña recordó que desde 2021 se han anunciado cambios para mejorar el sistema, pero considera que las condiciones del transporte para las familias de las zonas rurales siguen siendo precarias.

El edil también reclamó una rendición de cuentas sobre las compensaciones para los transportistas y expresó su preocupación por los cambios en las tarifas preferenciales.

Para Campaña, eliminar o restringir estos beneficios podría constituir una regresión de derechos para los grupos de atención prioritaria. Por ello, adelantó que, si la medida se concreta en esos términos, acudirá a la Corte Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad.

Lo que debes saber

• Quito aprobó el pasaje de USD 0,40 y condicionó la compensación a mejoras del transporte público.
• Los operadores deberán implementar sistemas de control, información y recaudo durante 2026.
• El Municipio verificará mensualmente el cumplimiento de las condiciones para garantizar mejoras a los usuarios.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 8 de septiembre, con 14 votos a favor, la ordenanza que establece las condiciones para controlar y mejorar la calidad del transporte público en la capital. 

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La normativa está vinculada al incremento de la tarifa a $ 0,40 y establece requisitos que los operadores deberán cumplir para acceder a los recursos contemplados por el Municipio.

La norma establece que el incremento tarifario no implica un pago automático a los transportistas. Los operadores deberán demostrar el cumplimiento de estándares de calidad, control y tecnología para recibir la compensación económica prevista.

“Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, señaló el alcalde de Quito.

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Tres sistemas tecnológicos tendrán plazos obligatorios

Uno de los principales cambios de la ordenanza es la incorporación de herramientas tecnológicas que permitirán al Municipio conocer cómo funciona el transporte público y mejorar el acceso de los usuarios a la información.

Estos son los sistemas que deberán implementarse:

Con estas herramientas, el Municipio busca contar con información en tiempo real sobre la operación de las unidades y fortalecer la fiscalización del servicio.

¿El pago de la compensación estará condicionado?

La ordenanza establece un mecanismo de compensación económica temporal, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La concejala Joselyn Mayorga explicó que los recursos estarán sujetos al cumplimiento de requisitos que podrán ser verificados periódicamente.

“Si no hay control, tecnología y calidad comprobada en el servicio, no habrá pago de compensación ni variación de tarifa”, señaló.

De acuerdo con la edil, los recursos serán entregados únicamente cuando los operadores cumplan con los requisitos establecidos y estos puedan ser comprobados mes a mes.

Esto significa que el incremento de la tarifa está acompañado de obligaciones para los prestadores del servicio y de mecanismos de control para verificar su cumplimiento.

¿Qué controles realizará el Municipio?

La ordenanza también contempla el fortalecimiento de la fiscalización al transporte público.

Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó 1.439 operativos al transporte público en distintos puntos de Quito.

A esto se suma el trabajo de la Secretaría de Movilidad, que realiza fiscalizaciones semanales a 42 rutas: 24 correspondientes al corredor Sur Occidental y 18 al corredor Central Norte.

Estas acciones continuarán y serán reforzadas como parte del nuevo esquema de control.

¿Qué deberán mejorar los transportistas?

Más allá de la implementación tecnológica, la ordenanza busca que el incremento tarifario esté relacionado con una mejora comprobable del servicio.

Entre los aspectos que estarán bajo seguimiento se encuentran el control de la operación de las unidades, información para los usuarios, sistemas tecnológicos y cumplimiento de las condiciones establecidas por el Municipio.

La implementación del SAE permitirá conocer la ubicación y operación de los buses. El SIU busca mejorar la información que reciben los pasajeros y el SIR permitirá avanzar hacia un sistema integrado de recaudo.

La finalidad es que el Municipio disponga de datos que permitan comprobar cómo se presta el servicio y aplicar controles cuando los operadores incumplan.

Gabriela Condo, representante de Silla Vacía, señaló que el debate sobre el transporte público no se limita al valor que paga el usuario.

“El transporte público debe garantizar derechos para todos, ofreciendo una tarifa justa que sirva como un pacto de convivencia y desarrollo”, sostuvo.

Condo consideró que la aprobación de la ordenanza representa un paso hacia un sistema de transporte más seguro, equitativo y responsable.

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¿Qué ocurre con el transporte público en otras ciudades?

El incremento del costo del diésel y las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional sobre el subsidio al combustible también han generado cambios en las tarifas de transporte en otras ciudades del país.

En Manta y Portoviejo, el pasaje pasó de USD 0,40 a USD 0,50. En Guayaquil, la tarifa parte de USD 0,30 y existe un esquema aprobado que puede llegar hasta USD 0,50.

Además, la Agencia Nacional de Tránsito incrementó en 25 % las tarifas del transporte intra e interprovincial.

En Quito, en cambio, la ordenanza aprobada por el Concejo establece un esquema de compensación temporal que estará vigente hasta finales de 2026 y que queda sujeto al cumplimiento de requisitos previamente establecidos.

Lo que debes saber

• Pico y Placa: placas terminadas en 5 y 6 tendrán restricción este miércoles 9 de septiembre en Quito.
• La medida regirá de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00 para vehículos incluidos en la restricción.
• Conozca horarios, placas restringidas, excepciones y multas por incumplir el Pico y Placa en Quito.

Los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6 tendrán restricción para circular en Quito este miércoles 9 de septiembre de 2026, debido al sistema de Pico y Placa.

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La medida se aplica en el Distrito Metropolitano de Quito durante dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Fuera de estos periodos, los vehículos que tienen restricción pueden circular con normalidad.

¿Qué placas tienen Pico y Placa este miércoles?

Este miércoles corresponde la restricción a los automotores cuyas placas terminan en:

La medida también se aplica a las motocicletas. En estos vehículos se toma en cuenta el último dígito numérico de la placa, sin considerar la letra que pueda aparecer al final.

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¿A qué hora rige el Pico y Placa en Quito?

Los conductores con placas restringidas deberán tomar en cuenta estos horarios:

Tarde: de 16:00 a 20:00.

Entre las 09:31 y las 15:59 existe libre circulación para los vehículos correspondientes a las placas restringidas. La circulación también queda habilitada después de las 20:00.

Así funciona el Pico y Placa durante la semana

La restricción vehicular en Quito se distribuye de acuerdo con el último dígito de la placa:

Día Placas restringidas

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir el Pico y Placa?

Los conductores que circulen durante el horario restringido: 

Por eso, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomienda a los conductores revisar el último dígito de su placa y planificar sus desplazamientos antes de salir.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa?

La normativa contempla excepciones para determinados vehículos, entre ellos los oficiales del Presidente y Vicepresidente de la República, vehículos oficiales del Alcalde de Quito, automotores del cuerpo diplomático y consular y vehículos de las agencias metropolitanas encargadas del control.

También existen excepciones relacionadas con vehículos conducidos por adultos mayores y otras categorías contempladas en la normativa vigente.

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La propuesta obtuvo 14 votos a favor y seis abstenciones de los concejales Analía Ledesma, Andrés Campaña, Michael Aulestia, Bernardo Abad, Blanca Paucar y Fidel Chamba. 

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El debate, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. La principal crítica durante la sesión fue si una tarifa más alta se justifica cuando persisten problemas en la calidad del servicio.

Cuestionamientos durante el debate

Los ciudadanos acreditados a silla vacía mencionaron que el incremento no está acompañado de mejoras que puedan ser comprobadas por los usuarios.

Alejandro Aguayo, representante de silla vacía, sostuvo que el proyecto surgió por la presión de los transportistas pro la paralización del pasado 5 de mayo y cuestionó que se pretenda aumentar la tarifa mientras el servicio continúa deteriorándose. Calificó la propuesta como un “paquetazo” y consideró que no existen razones suficientes para justificar el incremento.

Jhony Hernández, otro integrante de silla vacía, señaló que el proyecto mantiene una “falta estructural grave”, particularmente en lo relacionado con las personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Hernández cuestionó la falta de accesibilidad, seguridad y tecnología en el sistema de transporte. A su criterio, la discusión sobre la tarifa debería estar vinculada a indicadores de calidad, universalidad y sostenibilidad. “El transporte no es inclusivo”, sostuvo, al señalar que todavía faltan herramientas tecnológicas que permitan garantizar mejores condiciones para los usuarios.

Durante el debate también se expusieron problemas cotidianos que enfrentan los pasajeros como el irrespeto a las paradas, los correteos entre buses para disputar pasajeros, además de siniestros de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Para los ciudadanos y usuarios, estos problemas debían resolverse antes de trasladar un nuevo costo a los pasajeros.

El Municipio le apuesta a la tecnología para fiscalizar

Frente a los cuestionamientos, la Secretaría de Movilidad sostiene que el aumento de la tarifa estará acompañado de mecanismos de control que permitirán verificar de manera automática el cumplimiento de las obligaciones de las operadoras.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que las empresas deberán cumplir requisitos generales como contar con un contrato de operación y habilitación, tener los vehículos matriculados y con la Revisión Técnica Vehicular vigente, no mantener deudas con el Municipio, entre otros.

A esto se suman nuevos hitos establecidos en la ordenanza. Uno de ellos plantea que hasta el 31 de diciembre de 2026 todas las operadoras deberán implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), con los equipos homologados, contratos de servicio y pruebas realizadas. Si es que no se cumple, la ordenanza contempla sanciones.

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La intención es que todas las unidades puedan estar conectadas las 24 horas del día con el Centro de Gestión de la Movilidad. Con ese sistema, la Secretaría espera conocer en tiempo real la ubicación de cada bus, si excede los límites de velocidad, quién lo conduce o si se detiene en las paradas establecidas.

Según Pérez, esta información permitirá pasar de controles principalmente presenciales a una fiscalización automática y facilitar la aplicación de sanciones cuando se incumplan las condiciones establecidas.

Además, se prevé reforzar la capacitación de conductores y realizar mejoras operativas. La ordenanza establece también que, en un plazo de ocho meses desde su aprobación, deberá implementarse el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con el objetivo de contar con datos reales que permitan diseñar un nuevo modelo de gestión del transporte.

La apuesta del Municipio es que esa información permita, entre otras cosas, controlar el respeto de las paradas y reducir el correteo entre unidades.

¿Qué pasa con la tarifa rural?

Otro de los cuestionamientos durante la sesión fue sobre la tarifa rural. El concejal Andrés Campaña citó como ejemplo el recorrido Marín-Píntag, cuya tarifa pasaría de $ 0,90 a $ 1,10, y el trayecto entre Quicentro Sur y Carapungo, que subiría de $ 1,10 a $ 1,40.

Campaña cuestionó que desde 2021, cuando el pasaje pasó de $ 0,25 a $ 0,35 se hayan planteado cambios en el sistema de transporte sin que las condiciones hayan mejorado. Agregó que las familias siguen enfrentando un servicio precario y reclamó una rendición de cuentas sobre las compensaciones que se entregarán a los transportistas.

De su parte, Jorge Yánez, representante del gremio, mencionó que todo el proceso previo al segundo debate permitió enriquecer la propuesta y buscar una solución que contribuya a mejorar el sistema de transporte de superficie. El objetivo, dijo, es llevar a los buses el nivel de servicio que actualmente ofrece el Metro de Quito.

“Necesitamos tener esa continuidad del servicio para no afectar al usuario y establecer hitos que permitan ir implementando tecnología”, aseguró.

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De acuerdo con información proporcionada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la emergencia fue reportada aproximadamente a las 15:26, en el sector de La Forestal, en el ingreso a esta zona de la ciudad.

En el siniestro estuvieron involucrados un bus y una motocicleta particular. Como consecuencia del accidente, una persona falleció.

Tras la emergencia, personal de la AMT, junto con unidades de SIAT y DML, acudió al lugar para atender el procedimiento correspondiente y levantar información sobre lo ocurrido.

Como parte de las diligencias, se realizó una prueba de alcohotest al conductor del bus, cuyo resultado fue negativo.

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Sara Oñate

Dos carriles permanecen cerrados

El siniestro generó afectaciones a la movilidad en la avenida Simón Bolívar. Según la AMT, se mantiene el cierre de dos carriles, el central y el derecho, en sentido norte-sur.

Los conductores que circulan por este tramo deben tomar precauciones debido a la presencia de personal y unidades de emergencia en la zona.

Las autoridades continúan con el procedimiento para determinar las circunstancias en las que ocurrió este siniestro de tránsito en La Forestal.

Seguridad y mejoras al servicio, en el debate por el pasaje

El siniestro ocurrió mientras, en el Concejo Metropolitano de Quito, se desarrollaba el debate sobre un posible incremento de la tarifa del transporte público. Durante la sesión, una de las condiciones planteadas para el alza del pasaje fue el mejoramiento del servicio.

En medio de la discusión, ciudadanos también reclamaron mayores condiciones de seguridad y mejoras en el transporte público, entre ellas una atención adecuada a los usuarios y un servicio que garantice traslados seguros.

Lo que debes saber

• Quito sancionó a 40 operadoras de transporte público tras la paralización del 5 de mayo.
• Los controles detectaron que 57 de 64 operadoras no prestaban servicio en Quitumbe, El Labrador y La Ofelia.
• Otros procesos siguen abiertos mientras las operadoras presentan descargos y pruebas por el incumplimiento del servicio.

La Secretaría de Movilidad de Quito ha sancionado hasta el momento a 40 operadoras de transporte público por incumplimientos detectados durante la paralización del servicio registrada el pasado 5 de mayo. Otros procesos administrativos todavía están en trámite, debido a que las empresas han presentado pruebas y descargos.

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Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que los procedimientos avanzan de acuerdo con las garantías del debido proceso. Según señaló, algunas operadoras han presentado sus argumentos de defensa, mientras que otras han aceptado los cargos.

“Nosotros tenemos ya 40 sancionados. Todavía tenemos algunos que están en procesos legales”, explicó Pérez al referirse al avance de los expedientes.

El funcionario señaló que la Secretaría continúa con la revisión de los casos pendientes y que todavía quedan algunos procesos por resolver. La cifra podría aumentar conforme concluyan las etapas administrativas correspondientes.

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Operadoras fueron fiscalizadas durante la paralización

Las sanciones se originaron en los controles realizados el 5 de mayo, cuando la Secretaría de Movilidad desplegó operativos en terminales y puntos de despacho de Quitumbe, El Labrador y La Ofelia para verificar si las operadoras estaban prestando el servicio de transporte público.

El resultado de los controles evidenció un alto nivel de incumplimiento. De las 64 operadoras evaluadas, apenas siete mantenían una operación activa, mientras que las otras 57 no registraron un servicio efectivo durante el periodo de fiscalización.

Los operativos comenzaron desde las 05:30, en medio de las restricciones de movilidad vigentes en esa jornada. Los funcionarios recorrieron paradas y puntos de despacho para constatar la circulación de las unidades.

Procesos siguen por descargos y presentación de pruebas

Tras detectar los incumplimientos, el Municipio de Quito anunció el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra las operadoras que no cumplieron con sus obligaciones.

Sin embargo, las sanciones no se aplican de manera automática. Las empresas tienen la posibilidad de presentar descargos y pruebas dentro del procedimiento administrativo, por lo que algunos expedientes todavía permanecen abiertos.

Pérez indicó que la Secretaría debe respetar los tiempos establecidos para cada proceso antes de emitir una resolución definitiva.

De esta manera, 40 operadoras ya tienen una sanción, mientras que los expedientes restantes continúan en análisis. La Secretaría espera concluir los procedimientos pendientes una vez que se cumplan las diferentes etapas de defensa.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte público puede generar sanciones económicas. De acuerdo con la normativa vigente, las operadoras podrían enfrentar multas de hasta ocho Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU), dependiendo de la infracción determinada.

Lo que debes saber

• ConQuito presentó un estudio que identifica las habilidades blandas más valoradas por empresas de Quito para contratar personal.
• El análisis busca detectar brechas laborales y orientar capacitaciones según las necesidades actuales del mercado laboral de la capital.
• Comunicación, trabajo en equipo, adaptación y resolución de problemas son competencias clave para mejorar las oportunidades de empleo en Quito.

Conseguir empleo en Quito no depende únicamente de tener un título profesional o dominar conocimientos técnicos. Las empresas también evalúan cómo una persona se comunica, trabaja en equipo, resuelve problemas y responde ante los cambios.

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Estas habilidades, conocidas como habilidades blandas, tienen un peso cada vez mayor en los procesos de selección. ConQuito presentó un estudio que analiza cuáles son las competencias que requieren las empresas de la capital y las brechas que existen entre lo que buscan los empleadores y las capacidades de quienes buscan trabajo.

La investigación busca convertirse en una herramienta para orientar la capacitación y mejorar las oportunidades de empleabilidad en Quito.

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¿Qué habilidades valoran las empresas?

El mercado laboral está cambiando debido a la transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas formas de organización del trabajo. Estos cambios también modifican las características que las empresas buscan en sus trabajadores.

Aunque los conocimientos técnicos continúan siendo fundamentales para acceder a un puesto, las competencias humanas pueden marcar la diferencia durante la contratación y el desarrollo profesional.

Entre las habilidades que tienen mayor relevancia para la empleabilidad se encuentran:

Estas competencias son especialmente relevantes en un escenario laboral en el que las herramientas tecnológicas evolucionan rápidamente y los trabajadores deben adaptarse a nuevas dinámicas.

¿Por qué son importantes para conseguir empleo?

Una hoja de vida puede mostrar la experiencia, los estudios y los conocimientos técnicos de un candidato, pero no siempre permite conocer cómo se desenvolverá en el trabajo cotidiano.

Por eso, las habilidades blandas pueden convertirse en un elemento diferenciador durante un proceso de selección. La capacidad para comunicarse, colaborar con compañeros, solucionar problemas o aprender nuevas tareas puede ser determinante para permanecer y crecer dentro de una organización.

El estudio de ConQuito permite trasladar esta tendencia general a la realidad del mercado laboral de Quito y conocer qué competencias requieren específicamente las empresas de la ciudad.

Quito

Incendio forestal en Mastodontes moviliza a 45 bomberos y un helicóptero

IVONNE MANTILLA

ConQuito busca reducir las brechas laborales

La investigación también tiene un objetivo práctico: utilizar información del sector empresarial para fortalecer los procesos de capacitación y acercarlos a las necesidades reales del mercado.

ConQuito incorpora habilidades técnicas, competencias digitales, formación para el empleo y habilidades blandas dentro de su Agenda Metropolitana de Capacitación.

Durante el primer trimestre de 2026, cerca de 6.000 personas participaron en procesos de capacitación y asistencia técnica impulsados por la institución.

Ahora, con información proveniente del sector empresarial, la estrategia busca identificar las brechas existentes entre las capacidades de los trabajadores y los perfiles que requieren las empresas.

¿Qué pueden hacer quienes buscan empleo?

Para quienes están buscando trabajo, fortalecer las habilidades blandas puede complementar la preparación técnica y profesional.

Además de actualizar conocimientos relacionados con una profesión u oficio, es recomendable trabajar en la comunicación, colaboración, capacidad de adaptación, resolución de problemas y organización del tiempo.

Estas competencias pueden ser útiles tanto para enfrentar una entrevista laboral como para desenvolverse posteriormente en el puesto de trabajo.

ConQuito también prepara nuevas temáticas de capacitación dirigidas a jóvenes, con el objetivo de promover su inclusión y permanencia en el mercado laboral.

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IVONNE MANTILLA

¿Dónde consultar el estudio de habilidades blandas?

La información está dirigida a empresas, universidades, estudiantes, investigadores y personas que buscan empleo, con el propósito de contribuir a una mejor conexión entre capacitación y oportunidades laborales.

El estudio completo está disponible en el sitio web de ConQuito.

Quito

Regreso a clases en Quito: cómo cambia la movilidad y la vida de las familias

Rosero Mariela

Mariola Fernández, profesora de Psicología de la Universidad Europea, advierte de que "la vuelta al cole no solo reorganiza horarios, también pone a prueba la salud financiera y emocional de muchas familias".

El inicio de este año lectivo 2026-2017 concentra gastos previsibles, pero exigentes: libros, uniformes, material escolar, matrículas, comedor y actividades. "En algunos casos, aparecen de golpe y después de un verano ya complicado económicamente", señala Fernández.

¿Cómo golpea en el ánimo la obligación de reunir dinero para la entrada a clases?

La acumulación de estos desembolsos en un periodo corto puede repercutir en el estado de ánimo. 

"Cuando no ha sido posible organizar las cuentas con cierta previsión, puede aparecer una sensación de desbordamiento, frustración e incluso culpa", explica la profesora.

Fernández subraya que el malestar no está relacionado únicamente con gastar dinero, sino con la sensación de perder el control sobre las finanzas. "El problema psicológico asociado no es únicamente gastar, sino gastar con la sensación de no llegar", apunta.

Política

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Rosero Mariela

El detalle de los gastos escolares

La presión puede aumentar cuando las familias recurren a mecanismos de financiación para cubrir gastos básicos. "Cuando una familia recurre a la tarjeta de crédito para cubrir necesidades básicas del inicio de curso, puede experimentar ansiedad anticipatoria, irritabilidad o dificultades para dormir", advierte la experta.

En Quito y en Ecuador, el presupuesto escolar puede incluir más de 100 dólares por la matrícula; una cantidad similar por los libros, que en algunos casos llegan a los 200; más de 50 dólares en material escolar y alrededor de 100 dólares por los uniformes. A esto se suman la pensión, el transporte escolar y otros gastos asociados al inicio del año lectivo.

Lo que se sabe

• [Bomberos combate un incendio forestal en Mastodontes este 8 de septiembre, con tres líneas de fuego activas
• 45 efectivos y un helicóptero trabajan para contener las llamas, complicadas por fuertes vientos y material combustible.
• Otra emergencia fue controlada en El Panecillo: Bomberos sofocó una quema de desechos reportada al ECU 911.

Un incendio forestal se registra este martes 8 de septiembre en el sector de Mastodontes, en Quito. Personal del Cuerpo de Bomberos trabaja para contener las llamas, mientras las condiciones climáticas complican las labores en tierra.

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Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, al momento existen tres líneas de fuego activas. Los equipos desplegados realizan labores de contención para evitar que el incendio continúe avanzando.

Para reforzar las tareas, un helicóptero ha realizado 10 descargas de agua sobre las zonas afectadas. En el operativo participan 45 efectivos y 15 unidades.

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Fuertes vientos complican el combate al fuego

Los fuertes vientos registrados en el sector y el tipo de material combustible han generado una gran cantidad de humo. Por esta razón, las autoridades recomiendan a quienes se encuentren cerca del lugar tomar precauciones.

El humo puede reducir la visibilidad y afectar la calidad del aire en las zonas cercanas al incendio. Bomberos mantiene el despliegue mientras continúa la evaluación de las condiciones del terreno y el comportamiento de las llamas.

La emergencia ocurre en un contexto de preocupación por el incremento de incendios forestales y quemas no autorizadas en el Distrito Metropolitano de Quito.

Cerca de 190 personas han sido sancionadas

El Municipio también mantiene operativos de control para identificar y sancionar a quienes provoquen incendios o realicen actividades que puedan generar fuego de manera irregular.

“Alrededor de 190 personas han sido sancionadas. Estamos alcanzando la cifra con la que cerramos el 2025”, explicó Gustavo Chiriboga, director de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Chiriboga destacó que las intervenciones se realizan de manera articulada entre las instituciones municipales y otras entidades encargadas de atender las emergencias y controlar las infracciones relacionadas con el uso del fuego.

Como parte de estos procesos, se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía. Además, una persona mantiene prisión preventiva, según la información proporcionada por la AMC.

Bomberos refuerza la prevención

La estrategia frente a los incendios forestales no se concentra únicamente en responder cuando las llamas ya se han iniciado. El Cuerpo de Bomberos también mantiene acciones preventivas para reducir los riesgos en sectores considerados vulnerables.

Estas labores incluyen monitoreo, sensibilización, mitigación y respuesta ante incendios forestales y quemas de desechos.

Como parte de este trabajo funcionan 16 circuitos de prevención, a través de los cuales promotores comunitarios han sensibilizado a 6.450 personas en sectores estratégicos de Quito.

El objetivo es reducir las prácticas que pueden desencadenar incendios, especialmente durante periodos en los que las condiciones de viento, vegetación seca y material combustible favorecen una rápida propagación del fuego.

Otra emergencia fue reportada en El Panecillo

La jornada también dejó otra emergencia relacionada con el fuego en Quito. La primera alerta ingresó al ECU 911 a las 08:49, desde el sector de El Panecillo, en la avenida Velasco Ibarra.

El organismo coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito. En un primer momento, el personal de primera respuesta informó que se trataba de un conato de incendio forestal.

Lo que debes saber:

• El Concejo de Quito debate subir el pasaje de bus a $ 0,40 este 8 de septiembre.
• Representantes ciudadanos tildan de "paquetazo" la medida por falta de calidad.
• El Municipio destinará $ 23 millones en compensaciones para los transportistas.

Con la presencia de 18 ediles, este martes 8 de septiembre de 2026 comenzó en el Concejo Metropolitano el debate del proyecto de ordenanza que plantea incrementar el pasaje del transporte público convencional de 35 a 40 centavos y establecer una compensación de 23 millones de dólares para los transportistas.

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El debate se desarrolla luego de siete mesas de trabajo, según explicó Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad. El funcionario detalló que 23 personas se acreditaron para intervenir bajo la figura de la silla vacía, entre usuarios, transportistas, estudiantes y académicos. Durante la sesión de este martes, ocho de ellas solicitaron la palabra.

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La propuesta busca, entre otros objetivos, mejorar la cobertura, la integración y la calidad del servicio de transporte público. El proyecto también contempla obligaciones para los operadores, entre ellas la implementación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), el Sistema de Información al Usuario (SIU) y el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en las unidades.

Críticas al incremento del pasaje

Durante el debate surgieron cuestionamientos al proyecto. Alejandro Aguayo, uno de los representantes acreditados por la silla vacía, sostuvo que la iniciativa nació como respuesta a la presión ejercida por los transportistas.

A su criterio, el incremento no se justifica debido a que la calidad del servicio no ha mejorado. Aguayo calificó la propuesta como un "paquetazo" y cuestionó que los usuarios tengan que asumir un mayor costo por un servicio que, según dijo, es deficiente.

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Jhony Hernández, también acreditado a la silla vacía, advirtió sobre lo que considera una falta estructural en el proyecto, particularmente respecto de las personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Hernández señaló que el transporte debe garantizar seguridad y accesibilidad para todos los usuarios y cuestionó la ausencia de mayores mecanismos tecnológicos. También planteó la necesidad de establecer indicadores claros de calidad, universalidad y sostenibilidad.

¿De dónde saldrán los $ 23 millones?

Uno de los puntos clave del debate fue el origen de los recursos destinados a la compensación de los transportistas.

El concejal Michael Aulestia preguntó al secretario de Movilidad, Alex Pérez, de dónde saldrán los $ 23 millones y bajo qué mecanismos se distribuirán.

Pérez explicó que, dentro de la propuesta analizada, la entrega de la compensación no implica dejar de ejecutar ninguna obra. Señaló que, debido a problemas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el proceso correspondiente a la solución vial Rumihurco fue dado de baja.

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Según el secretario, estos recursos serán trasladados a la Secretaría de Movilidad y se prevé entregar la compensación a los transportistas bajo el cumplimiento de determinados requisitos.

El mecanismo y las condiciones para acceder a estos fondos forman parte de los aspectos que deberán definirse durante el tratamiento de la ordenanza.

Por su parte, el concejal Bernardo Abad adelantó que votará en contra del proyecto de ordenanza. En su intervención afirmó que desde que se incrementó la tarifa en 2021 no se ha cumplido ningún parámetro de calidad.

Para que la ordenanza se apruebe en el Concejo se necesita el voto favorable de 12 ediles.

Lo que debes saber

• Los Lobos usaban falsos deliverys para distribuir droga en Quito, según la Policía.
• Un allanamiento en Bicentenario dejó tres detenidos y 59 kilos de droga decomisados.
• El operativo del 7 de septiembre retiró unas 590.000 dosis del mercado nacional.

Los falsos deliverys se convirtieron en una de las modalidades utilizadas por una célula de Los Lobos para distribuir droga en Quito. La Policía Nacional desarticuló parte de esta operación tras allanar una vivienda que funcionaba como centro de acopio en el sector Bicentenario, en el norte de la capital.

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El operativo se ejecutó el 7 de septiembre de 2026, luego de que agentes de la Unidad Antinarcóticos detectaran movimientos relacionados con el almacenamiento y comercialización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Durante la intervención fueron detenidas tres personas, entre ellas Cristina, de 40 años, quien registra un antecedente policial por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2026.

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Así funcionaban los falsos deliverys

De acuerdo con la coronel Beatriz Benavides, subcomandante subrogante de la Zona 9, la organización utilizaba motocicletas para aparentar actividades de entrega a domicilio y, bajo esa modalidad, movilizar y comercializar la droga.

Los recorridos se concentraban en distintos sectores del norte de Quito, entre ellos La Delicia, Comité del Pueblo y La Kennedy, aunque la investigación apunta a que la actividad podía extenderse a otras zonas.

La modalidad permitía a los integrantes de la organización movilizarse por la ciudad con mayor facilidad y, al mismo tiempo, mantener una apariencia de servicio de entrega.

Policía incauta 59 kilos de droga en Quito

En el inmueble allanado, los agentes encontraron 59 paquetes con un total de 59 kilos de droga.

Según las estimaciones policiales, el cargamento decomisado equivaldría aproximadamente a 590.000 dosis que fueron retiradas del mercado antes de llegar a los consumidores.

El golpe también representa una afectación económica para la organización delictiva. Las autoridades calculan que la droga tendría un valor aproximado de $66.375 en el mercado nacional, mientras que en el mercado internacional su valor ascendería a $885.000.

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Una casa era utilizada como centro de acopio

La vivienda intervenida era utilizada como un punto para almacenar el cargamento antes de su distribución. Desde allí, según la información proporcionada por la Policía, la droga era movilizada mediante motocicletas bajo la modalidad de falsos repartidores.

La operación permitió detener a tres personas y retirar del mercado un importante cargamento de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer si existen más integrantes de esta estructura vinculados con la distribución de droga en Quito.

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Además, de acuerdo con un balance del CBQ, durante esos mismos tres meses se contabilizaron 1.410 quemas de desechos, con una afectación estimada de 47,04 hectáreas.

Agosto fue el mes que concentró la mayor cantidad de estos eventos, con 781 casos, mientras que en julio se registraron 594. La cifra refleja el incremento de las quemas durante los meses de menor humedad y mayor presencia de material vegetal seco.

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Ante este escenario, los controles en territorio se intensificaron. Bomberos, junto con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito (CACMQ), realizaron 206 patrullajes preventivos en zonas consideradas de riesgo.

Los operativos también dejaron sanciones. 212 personas fueron sancionadas por realizar quemas a cielo abierto, mientras que siete casos fueron denunciados ante la Fiscalía. En uno de ellos se dictó prisión preventiva.

Más controles en zonas de riesgo

La prevención también se ha concentrado en sectores donde existe una mayor posibilidad de propagación del fuego. Bomberos implementó 16 circuitos de prevención y colocó 12 gabinetes contraincendios forestales en zonas priorizadas como Guápulo, Conocoto, Pomasqui, Parque Metropolitano Sur, Chaupi Molino, Mastodontes, Cocotog, Zámbiza, Nayón, el Parque Itchimbía y Gonzáles Suárez.

Además, promotores comunitarios han trabajado con 6.450 personas para alertar sobre los riesgos de las quemas y las condiciones que pueden favorecer la propagación de un incendio.

Según el CBQ, parte del trabajo se ha concentrado en reducir el material vegetal disponible para alimentar el fuego. En sectores considerados vulnerables se han intervenido 63.341,60 metros cuadrados de cobertura vegetal y se han habilitado 27.346 metros cuadrados de líneas de control.

La lógica es reducir la cantidad de combustible vegetal antes de que ocurra una emergencia y dificultar el avance de las llamas cuando se produce un incendio.

Más de 1.000 servidores preparados para la temporada

Para responder a las emergencias, Bomberos Quito dispone de 1.102 servidores destinados a las operaciones contra incendios forestales. El contingente incluye personal operativo, bomberos forestales de temporada, conductores, personal de apoyo y equipos de soporte.

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A ellos se suman 114 vehículos operativos, entre unidades contraincendios, vehículos de abastecimiento y camionetas forestales. El dispositivo también incluye un helicóptero y 10 drones, utilizados para monitorear zonas de riesgo y apoyar las labores de control.

La nueva batalla de los scooters

• Accidentes con scooters y motos eléctricas aumentaron 68 % en Quito entre 2024 y septiembre de 2026.
• La Asamblea aprobó nuevas reglas para vehículos de micromovilidad, pero faltan reglamento y normas técnicas.
• Expertos piden límites de velocidad y clasificación según el tipo de scooter o moto eléctrica.

“Creo importante que exista esta ley, pero no creo que nos deban satanizar”. La frase de Camila Andrade, usuaria de scooter, resume parte del debate que se abrió tras el atropellamiento de un hombre por un vehículo eléctrico el 1 de septiembre, en la avenida Naciones Unidas y Shyris.

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El hecho volvió a poner bajo la lupa a los scooters y motos eléctricas que circulan por las calles. Mientras sus usuarios defienden estos medios como una alternativa de movilidad, el aumento de los siniestros evidencia que su expansión también plantea nuevos riesgos para peatones, ciclistas y conductores.

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Accidentes con scooters y motos eléctricas aumentan en Quito

Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestran la dimensión del problema. Entre 2024 y 2026, los accidentes que involucran scooters y motos eléctricas se incrementaron un 68 %.

En 2024 se registraron 22 siniestros, con dos fallecidos y 21 heridos. En 2025 fueron 34 accidentes, con cinco muertos y 30 heridos. Y solo entre enero y el 1 de septiembre de 2026 ya se contabilizan 37 accidentes, con dos víctimas mortales y 45 heridos.

El incremento ocurre justo cuando la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Tránsito que incorpora por primera vez un marco nacional para los vehículos de micromovilidad y las motos eléctricas.

La nueva Ley de Tránsito incorpora reglas para la micromovilidad

La norma establece que estos medios deberán utilizarse principalmente para desplazamientos urbanos de corta distancia y baja velocidad. Sin embargo, varios detalles todavía deberán definirse mediante el reglamento y las normas técnicas.

El punto de discusión está ahora en cómo diferenciar un scooter ligero de una moto eléctrica capaz de alcanzar velocidades mucho mayores. Para los especialistas consultados, no todos estos vehículos pueden recibir el mismo tratamiento, porque la velocidad y el peso cambian de manera importante el nivel de riesgo.

Álvaro Guzmán, consultor sénior de la Alianza Global por la Seguridad Vial, considera que la reforma incorpora avances importantes en seguridad. Entre ellos destaca la exigencia de cascos certificados, los sistemas de retención infantil, medidas para proteger a los peatones y un Plan Nacional de Fiscalización que contempla aspectos como el cinturón de seguridad, el alcohol, el casco y la velocidad.

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Expertos cuestionan la falta de límites de velocidad

Pero el especialista identifica una deuda que considera fundamental. La reforma no establece límites de velocidad seguros como los que se habían planteado durante la discusión.

Para Guzmán, la velocidad es uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales y debería ser abordada como una política transversal.

En esa misma línea, Sofía Gordón, experta en movilidad, plantea que la clasificación debe considerar las características de cada vehículo. Explica que algunas motos eléctricas pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, y que aquellas que superen los 30 kilómetros por hora y tengan un peso considerable deberían recibir un tratamiento similar al de una motocicleta convencional.

“Esas motos que sí superan los 30 kilómetros por hora y son pesadas pueden provocar un siniestro vial más importante o al mismo nivel de cualquier otra moto tradicional”, sostiene Gordón.

Por ello, considera necesario que sus conductores cuenten con licencia, matriculación y revisión vehicular.

El siguiente paso es reformar el COIP, establecer las sanciones frente a estos comportamientos no deseados y armonizar las normas con el reglamento correspondiente.
Sofía Gordón, experta en movilidad

Scooters de baja velocidad tendrían un tratamiento diferente

La situación sería diferente para los scooters de menor velocidad. La experta considera que aquellos que no superen los 25 kilómetros por hora podrían circular por ciclovías, siempre que cuenten con las medidas de seguridad necesarias y sus usuarios asuman una mayor responsabilidad en la vía.

La nueva legislación también establece que los vehículos de micromovilidad deberán circular únicamente por las vías, áreas o infraestructuras habilitadas de acuerdo con su naturaleza y nivel de riesgo.

Además, tendrán que respetar al peatón y no podrán circular por la red vial estatal, autopistas, vías perimetrales ni otros tramos que sean restringidos por razones de seguridad.

Quito deberá ajustar su regulación de scooters

En este punto aparece un desafío para la capital. La nueva normativa nacional deberá convivir con las reglas que el Municipio ha intentado desarrollar durante los últimos años.

La iniciativa también contempla el uso obligatorio de casco, chaleco reflectivo durante la noche y un sistema de identificación mediante código QR.

Sin embargo, el proyecto pasó el primer debate en julio de 2024 y continúa pendiente el segundo debate.

Para Gordón, antes de aplicar cualquier nueva regulación será necesario esperar que la reforma nacional sea aprobada definitivamente, publicada en el Registro Oficial y acompañada de su reglamento. Ese documento será el que determine buena parte de las especificidades que permitirán aplicar la ley.

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El reto será controlar y sancionar el incumplimiento

El reto no será únicamente establecer prohibiciones. También será necesario definir quién controla, cómo se sanciona y qué condiciones deben cumplir los usuarios. La experiencia con las motocicletas muestra la magnitud de esa tarea.

La edil Analía Ledesma considera que las nuevas reglas nacionales deben complementarse con la regulación local de scooters. A su criterio, el Municipio debe establecer con claridad qué vehículos podrán circular y bajo qué condiciones.

También plantea definir límites de velocidad y potencia acordes con las características de cada vehículo. La normativa deberá precisar por dónde podrán movilizarse y qué elementos de seguridad serán obligatorios.

Regular los scooters no significa prohibirlos. Significa ordenar su uso, proteger a quienes los utilizan y proteger también a los peatones y al resto de actores viales.
Analía Ledesma, concejal metropolitana 

Francis Aguaysa, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad Segura, opina que la reforma aún deja vacíos sobre los vehículos eléctricos ligeros y su regulación.

A su criterio, nuevamente se delega a los gobiernos autónomos descentralizados la tarea de establecer reglas, sin una directriz nacional suficientemente clara.

El problema, advierte, no será solo registrar a los usuarios, sino lograr que las nuevas disposiciones tengan consecuencias cuando no se cumplan.

Lo que se sabe

• Ejército decomisó 500 kilos de marihuana durante un operativo en Ascázubi este lunes 7 de septiembre.
• El conductor huyó al detectar a los militares y abandonó la camioneta con el cargamento.
• La droga, valorada en $1,5 millones, presuntamente provenía de Colombia y era trasladada hacia la Costa.

Las Fuerzas Armadas decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana, equivalentes a media tonelada, durante una operación militar ejecutada la madrugada de este lunes 7 de septiembre en el sector de Ascázubi, en el límite entre los cantones Cayambe y Quito.

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El operativo fue ejecutado por efectivos del Ejército Ecuatoriano, como parte de las operaciones militares de ámbito interno. Durante la intervención, los uniformados localizaron una camioneta que transportaba el cargamento de droga.

Según informó Jhon Miño, comandante general del Ejército Ecuatoriano, al advertir la presencia de los militares, el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar. El cargamento quedó en poder de las autoridades.

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Marihuana habría llegado desde Colombia

De acuerdo con el análisis de inteligencia militar, la marihuana presuntamente tendría como origen los departamentos colombianos de Cauca y Nariño.

El cargamento habría ingresado a Ecuador por el sector fronterizo de La Pintada–Julio Andrade para posteriormente movilizarse por el eje vial E-35–Pichincha–Santo Domingo–Babahoyo–Guayaquil.

La operación permitió, según las Fuerzas Armadas, interrumpir un presunto corredor logístico utilizado para el traslado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Decomiso de marihuana representa $1,5 millones

Las autoridades estiman que la droga incautada tendría un valor aproximado de $1,5 millones en el mercado ecuatoriano. Este monto podría incrementarse significativamente si el cargamento hubiera llegado a mercados internacionales.

El Ejército señaló que el decomiso representa una afectación a la capacidad logística y económica de las estructuras dedicadas al narcotráfico, al impedir que la droga llegue a su destino y sea incorporada a circuitos de distribución y financiamiento de organizaciones criminales.

Evidencias quedaron en manos de las autoridades

Según el análisis de inteligencia militar, entre las organizaciones que presuntamente estarían relacionadas con este tipo de operaciones se encuentra el GAO Los Lobos.

Tras el operativo, las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para que se realicen los procedimientos legales correspondientes.

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La propuesta también incluye la entrega de una compensación de $ 23 millones para los transportistas. Para que la ordenanza sea aprobada se necesitan al menos 12 votos de los integrantes del Concejo.

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El proyecto ya superó una de las etapas previas. La Comisión de Movilidad aprobó el informe para segundo debate con cuatro votos a favor: Cristina López, Ángel Vega, Héctor Cueva y Diego Garrido. La concejala Joselyn Mayorga se abstuvo.

Más de 12 mesas de trabajo

La discusión de la tarifa se extendió durante más de una docena de mesas de trabajo, en las que participaron concejales y ciudadanos acreditados a silla vacía, entre ellos usuarios y representantes del sector del transporte.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por los usuarios fue que un aumento del pasaje no garantiza por sí mismo una mejora en el servicio.

En las mesas se expusieron problemas que los pasajeros enfrentan a diario: incumplimiento de estándares de calidad, buses que no respetan las paradas, correteos para captar pasajeros y siniestros de tránsito relacionados con exceso de velocidad, irrespeto a los semáforos y conducción bajo los efectos del alcohol.

Ese es uno de los puntos que marcará el debate de este martes: qué recibirá el usuario a cambio de pagar cinco centavos más.

Transportistas defienden el incremento

Jorge Yánez, representante del gremio del transporte, menciona que el texto que llegará al pleno recoge las observaciones planteadas durante las mesas de trabajo por concejales, ciudadanos, usuarios, estudiantes y transportistas.

Según Yánez, el objetivo es elevar las condiciones del transporte de superficie hasta acercarlas al nivel de servicio que actualmente ofrece el Metro de Quito.

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Para el dirigente, el incremento debe estar acompañado de mecanismos que permitan mantener la continuidad del servicio y mejorar su control.

Uno de esos mecanismos es la incorporación de tecnología para fiscalizar y monitorear a las unidades. Además, el proyecto establece un plazo de ocho meses para que las operadoras implementen el Sistema Integrado de Recaudo.

La expectativa del sector transportista es que estas medidas permitan que el usuario perciba mejoras en el servicio y que el incremento tarifario esté vinculado a cambios concretos en la operación.

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Con curaduría de María del Carmen Carrión, la muestra plantea el atlas como un proyecto necesariamente inacabado, en el que las imágenes adquieren nuevos significados a partir de las relaciones que establecen entre ellas.

En ese ejercicio, la memoria no aparece como algo que debe permanecer inmóvil, sino como un territorio que puede modificarse cada vez que se vuelve sobre él. 

Territorios palpables

La geografía ocupa también un lugar dentro de esta exploración. Quito, Ostia (Italia), México y Nueva York aparecen conectados mediante una cartografía que no responde necesariamente a distancias físicas o recorridos lineales. 

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Son los recuerdos y afectos los que trazan los vínculos entre estos lugares, mientras determinados objetos funcionan como dispositivos capaces de activar la memoria. Más que preservar acontecimientos de forma objetiva, la propuesta indaga en aquello que permanece de las experiencias y en las formas que adquiere al ser recordado.

Fabiano Kueva ha desarrollado su trabajo entre espacios museísticos, proyectos comunitarios, intervenciones en el espacio público y distintos medios de transmisión. Ha formado parte de colectivos como Películas La Divina, Centro Experimental Oído Salvaje y Laboratorio Solanda, y ha participado en encuentros como las bienales de La Habana, Montevideo y Venecia. 

En 2024 recibió la Artist Research Fellowship del Cisneros Institute del MoMA. 

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¿Cuándo se lanza la exposición?

Deseo de atlas de deseo abrirá sus puertas el miércoles 16 de septiembre a las 17:00 en N24 Galería de Arte, ubicada en Isabel La Católica N24-274 y Francisco Galavis, en Quito. 

La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 8 de octubre y podrá visitarse de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:30, y los sábados, de 11:00 a 15:00. El ingreso es libre.