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Aunque el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, confirmó lo ocurrido, no precisó qué áreas del complejo resultaron afectadas ni el alcance de los daños. 

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Los responsables están identificados

Según la información oficial, los responsables ya fueron identificados gracias a los protocolos de seguridad implementados en el lugar, y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente.

El hecho provocó reacciones de rechazo desde la administración municipal, que insiste en la importancia de proteger los espacios públicos destinados a la convivencia ciudadana. 

Un espacio para todas las edades

El parque urbano Cumandá fue construido sobre lo que fue la antigua terminal terrestre de Quito. Tras 12 años desde que fue habilitado, se ha consolidado como un referente de actividades culturales, deportivas y educativas, especialmente para jóvenes y colectivos urbanos.

En ese espacio, para el próximo 23 de abril está prevista la IV Feria Independiente del Libro Cumandá 2026.

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El evento contará con 17 actividades culturales, consolidándose como un espacio alternativo para la promoción de la lectura, la creación artística y el intercambio de saberes.

La programación de la feria incluye conferencias magistrales, talleres formativos, presentaciones editoriales y actividades para niñas y niños, con una agenda diseñada para públicos diversos y de todas las edades.

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En un comunicado, la organización, en su calidad de veeduría ciudadana, expresó su preocupación por los trabajos ejecutados en la fachada y los pisos exteriores de la Iglesia de San Francisco de Guayllabamba.

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Según el Cabildo, el predio integra el patrimonio cultural nacional desde la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad de 1984, y su registro fue ratificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mediante la Resolución Nro. 114-DE-INPC-2020, con ficha patrimonial actualizada en 2022 (código IBI-17-01-63-000-000003).

Las inquietudes aumentaron luego de una consulta al Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y a la Administración Zonal Eugenio Espejo, desde donde se informó que el predio no registra licencias de construcción en el sistema municipal.

Para el Cabildo Cívico, esta situación abre la posibilidad de que las intervenciones se hayan realizado sin permisos, lo que podría contravenir la Ley Orgánica de Cultura y la Ordenanza Metropolitana 081-2024. 

Un pedido de transparentar la información

A ello se suma la preocupación por la falta de información pública sobre los permisos, los responsables técnicos y el financiamiento de las obras.

Ante este escenario, la organización exhortó al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayllabamba a transparentar toda la información relacionada con los trabajos ejecutados, presentar los permisos y sustento técnico, y asumir responsabilidades en caso de incumplimientos.

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Asimismo, pidió a las autoridades competentes activar los mecanismos de control correspondientes para garantizar la protección del patrimonio cultural y evitar posibles afectaciones a un bien considerado de valor histórico para la ciudad y el país.

Consultado en marzo pasado por el medio Efinet-TV, Raúl Gordón, presidente del GAD de Guayllabamba, aseguró que la información es falsa y que el patrimonio no ha sido intervenido por la administración actual. 

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Frente a ese escenario, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) apuesta por una solución que no visible porque se realiza bajo tierra: los colectores de alivio. 

Los colectores son grandes estructuras subterráneas diseñadas para conducir aguas residuales y pluviales. Su función es prevenir inundaciones, colapsos y emergencias sanitarias, especialmente durante eventos de lluvias intensas.

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Una de los contrucciones avanza en el norte de Quito. Desde abril de 2025 se levanta el colector de alivio Granados, una obra de 1,5 kilómetros que corre varios metros bajo tierra y tiene un 70% de avance, con una inversión de $ 3,5 millones. 

La estructura, de dos metros de ancho por 2,60 de alto, captará agua de dos puntos. Por un lado, las quebradas del Guanguiltagua, que en época de lluvias suelen desbordarse; por otro, los colectores que bajan por la Eloy Alfaro, antiguos conductos de piedra y menor tamaño que hoy provocan hundimientos. 

Bolívar Pozo, jefe de fiscalización de la zona norte de la Epmaps, explicó que ese caudal será redirigido hacia el nuevo sistema, descargando finalmente en el sector de la avenida Granados y la Isla Marchena.

La lógica es que mientras más agua ingrese a este nuevo colector, menos presión soporten los antiguos. “La idea es captar el agua en la parte alta y conducirla de forma controlada”, dice Pozo.

15 kilómetros de nuevos colectores de alivio

En paralelo, ya está en operación el colector de alivio Eloy Alfaro, en el sector de El Inca, una obra de $ 4,4 millones que funciona como un túnel doble de hormigón para canalizar aguas servidas y pluviales. 

Y hacia el noroccidente, el colector Habas Corral, que atraviesa la Concepción, Cochapamba y Rumipamba, alcanza un 89% de avance, con una inversión de $ 1,7 millones.

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Según Pozo, en la actual administración se han construido 15 kilómetros de nuevos colectores de alivio. Al mismo tiempo, la red antigua sigue en reparación para evitar fisuras y colapsos.

Las intervenciones forman parte del Plan Lluvias, que además incluye la limpieza de sumideros y el mantenimiento de quebradas. 

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El concejal Andrés Campaña recordó que el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el Municipio firmó el contrato con la empresa española. 

En ese documento se incluyó una cláusula que contemplaba ajustes económicos en caso de cambios en la legislación que afectaran los costos del proyecto.

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Ese punto fue clave. Un año después, en 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica, que elevó el impuesto a la renta del 22 % al 25 %. La medida impactó directamente en los gastos del contratista, que solicitó una compensación de $ 7,1 millones.

La historia se repitió en 2021. En medio de la crisis pospandemia, se aprobó la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que introdujo una contribución temporal sobre el patrimonio. Nuevamente, Acciona argumentó afectaciones y pidió $ 3,2 millones adicionales.

Ambos reclamos terminaron en un tribunal arbitral con sede en Santiago de Chile. La resolución fue que el Municipio de Quito debe pagar $ 10,1 millones por el impacto de estas reformas tributarias sobre el contrato.

Cambios legales modificaron costos del proyecto

El fallo no apunta a un incumplimiento directo del cabildo, sino al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. 

Los árbitros concluyeron que los cambios legales modificaron los costos del proyecto y que existía la obligación contractual de compensar esa diferencia.

“Hoy las familias de Quito pagamos por un contrato lesivo para la ciudad”, dijo el concejal Andrés Campaña, quien insistió en la necesidad de revisar las condiciones bajo las que se firmó el acuerdo.

Mientras tanto, la Procuraduría Metropolitana informó que, junto con el estudio jurídico Clark Hill, analiza el alcance del laudo arbitral bajo la legislación aplicable en Chile, lo que podría definir los siguientes pasos del Municipio frente a esta decisión.

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A las 06:27, una llamada a la línea única de emergencias 911 alertó sobre  un siniestro de tránsito en la vía Papallacta-Pifo, a la altura del sector de Pifo, al oriente de Quito.

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Equipos de primera respuesta se movilizaron de inmediato al sitio. Al llegar, personal del Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro involucraba a un camión. 

El balance preliminar dejó un saldo trágico: una persona fallecida y dos heridos, quienes fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a casas de salud.

En medio de la atención de la emergencia, la Policía Nacional también solicitó la intervención de la Empresa Eléctrica Quito para evaluar el daño en un poste de alumbrado público cercano al sitio del impacto.

Otras emergencias en las vías 

Al hecho ya reportado se sumaron al menos otros dos siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos ocurrió en Cumbayá, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Oswaldo Guayasamín, donde fue necesario cerrar el conector vehicular mientras se atendía la emergencia.

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El segundo caso se registró en el Comité del Pueblo (norte de Quito), en las calles Agustín Yeroví y N59. En este punto, las autoridades dispusieron el cierre del carril derecho en sentido sur–norte, lo que generó complicaciones en la circulación durante varias horas.

Lo que debes saber

• Claudia Díaz advierte que en Quito, casi una persona muere al día por siniestros de tránsito y pide priorizar la vida.
• Experta señala que la OMS ha establecido límites de velocidad segura; ir a 60 km por hora es riesgoso, si se atropella a alguien es como si se la lanzara de un cuarto o quinto piso.
• Los controles aleatorios se hacen en las compañías de buses y en las calles, hay sanciones; pero agentes explican sobre riesgos que se corren con infracciones.

Cada año, la cifra de siniestros de tránsito y de fallecidos producto de ellos aumenta en la capital: 250, 261 y 296, del 2023 al 2025. Van 66 hasta el 26 de marzo del 2026. El 2 de abril se produjo una tragedia, cuando un bus de Setramas pasó un semáforo en rojo y se llevó a dos personas en moto. ¿Qué se puede hacer para enfrentar esta problemática?

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EXPRESO habló con Claudia Díaz Acosta, experta en seguridad vial, que dirige la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en Colombia. Ella habló sobre las políticas que se deben aplicar para evitar que los "errores de las personas" hagan que se pierda vidas en las vías.

En Quito, a diario ocurren infracciones de tránsito graves. ¿La ciudad debería alarmarse más ante esta pandemia silenciosa, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los siniestros viales?

Las palabras son esas, se trata de una pandemia silenciosa. Estamos normalizando como sociedad las muertes por siniestros viales y no se entiende su magnitud. Como bien mencionas es una tragedia que hace que los medios y la conversación pública se enfoquen en ese suceso.

¿Por qué habría que enfocarse en esos siniestros?

Porque si hay alrededor de 300 muertes en Quito al año, es casi una diaria. No es una noticia de todos los días, pero los otros días ocurre una muerte en promedio, según las cifras que vi. La conversación sale cuando se conocen esos casos que generan rechazo común frente a la tragedia. Ese es el trabajo que hay que hacer: ¿Cómo generar esa discusión de la agenda pública de la ciudad en todos los niveles?

¿Sobre qué debatir?

En este caso, el gobierno como tal debe tener una agenda centrada en un discurso de protección a la vida. Y de que todos tenemos una responsabilidad; es un poco la filosofía del sistema seguro que están adoptando las ciudades, por un cambio de paradigma.  

Antes lo fácil era culpar a otro, a la víctima que murió, y se dejaba de lado esa responsabilidad que todos los actores viales tienen, también las autoridades, para generar vías seguras para todos los usuarios.

¿Qué implica ese enfoque de sistema seguro?

En el enfoque de sistema seguro hablamos de la responsabilidad que tenemos las personas, los gobiernos, quienes diseñan el espacio público, las calles, ya que la infraestructura responde a la movilidad.  

Otro hito importante es la velocidad segura, que tiene que ver con límites, pero se relaciona con la forma en que se diseña una calle donde sé que tendré peatones, ciclistas, transporte público, vehículos privados y motociclistas.

¿Cuánto pesa la velocidad?

La velocidad es el articulador, ya que tengo a todos esos actores viales. La OMS ha dicho que en ámbitos urbanos, no se debe ir a más de 50 km por hora. Es más seguro si hubiera una eventualidad.  

Pero, los siniestros de tránsito tienen múltiples causas, que dan lugar a un desenlace lamentable; puede ser que un bus vaya con exceso de velocidad, que el conductor esté distraído o que de pronto haya deficiencias en la infraestructura, etc.

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¿Cuál es la velocidad segura?

Según la OMS, a 50 km por hora, si cruza un peatón o se enfrenta a otro tipo de riesgo, se puede frenar y si lo atropellan, no le costará la vida. En Bogotá, alrededor de centros educativos es de 30 km por hora o menos. Los errores de las personas no deben costar la vida, según el sistema seguro.

¿Cómo debe ser el diseño de las vías para que sean seguras?

La velocidad es el eje estructurante, para diseñar calles y que ese diseño influye positivamente en el comportamiento de las personas. Si una calle tiene carriles de más de 3,5 metros difícilmente el conductor sentirá que puede cumplir un límite de velocidad por debajo de 80 km por hora.  

Al diseñar las calles le hablamos al usuario, si tengo un carril súper ancho es una invitación a facilitar.

¿Qué es lo que los conductores no conocen sobre la velocidad?

No miden el riesgo en velocidad pero sí en altura. Si voy a 50 km por hora y atropello a un peatón, es equivalente a si yo lo hubiera lanzado de un segundo piso, no morirá, saldrá magullado.  

Si voy a 60 km, la probabilidad de muerte sube al 90 %. Al acelerar, no sientes esos 10 km de diferencia en el carro, pero es como si lo lanzaras del cuarto o quinto piso.

A diario vemos las infracciones. ¿Educar o controlar?

El enfoque debe ser en distintos ejes: infraestructura segura, control y cultura ciudadana, pedagogía y comunicación, al mismo tiempo. Decirles “existen estos riesgos, usen los pasos peatonales, conductor comparte la vía...”. Y, mientras cambio la infraestructura, semáforos, pinto las cebras, etc.  

Por otro lado es muy importante que la ciudadanía sienta que hay control y sanción a esos comportamientos; tenemos cámaras salvavidas, hacen que respetan el límite, no quieren volver a pagar multas; y capacitamos al agente civil en el discurso de que al incumplir la ley de tránsito pone en riesgo su vida.

Si exceden la velocidad, pueden matar a dejar a alguien con discapacidad, ponen en riesgo vidas, les decimos.Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

A la gente no le gusta ser controlada y los alcaldes no quieren asumir costos políticos. ¿Qué hacer?

Se necesitan liderazgos que privilegien primero la protección a la vida, eso implica, por ejemplo, instalar cámaras para fotodetección y controlar. Eso genera rechazo en la ciudadanía, pero es un deber contar por qué se toman esas medidas.  

Es importante el papel de los periodistas, para que se entienda que los siniestros son un problema de salud pública, por qué son evitables, etc.

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¿Qué tipo de controles se hacen cotidianamente?

Hacemos visitas a los patios de empresas de transporte público, para inspecciones aleatorias; controles en vía a buses ya todos los vehículos para ver si tienen la técnica mecánica al día, el seguro de accidentes obligatorio. Son sanciones para inmovilizar el vehículo.  

Diariamente los hacemos, desde mal parqueo, así como embriaguez, pero estos por ejemplo, más los fines de semana.

Las evidencias de infracciones que se comparten en redes sociales nos sirven para sancionar y para que haya sanción social.Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

¿Quién es Claudia Díaz Acosta?

Ingeniera ambiental con maestría en ingeniería civil en el área de transporte de la Universidad de los Andes. Secretaria de Movilidad de Bogotá. Antes lideró la Oficina de Seguridad Vial, desde donde impulsó soluciones que combinan inclusión, seguridad y sostenibilidad. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas de movilidad urbana. Fue asesora del BID.

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La edificación, fundada en 1785 durante la Real Audiencia de Quito, forma parte del patrimonio municipal y será intervenida por el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP). Su valor histórico y arquitectónico la ha mantenido como un punto de interés dentro de la ciudad, aunque sin una función definida desde su cierre en 2012.

El conjunto fue adquirido en 1991 por el Municipio y el entonces Fondo de Salvamento (FONSAL), hoy IMP. Desde entonces, distintas administraciones municipales plantearon proyectos para su reutilización, pero ninguno llegó a concretarse, lo que prolongó su deterioro y abandono.

Estos serán los espacios intervenidos

Según lo anunciado, la intervención contempla trabajos en la capilla y en los claustros occidentales y orientales. El proyecto incluye componentes arquitectónicos, restauración de bienes muebles, sistemas hidrosanitarios, eléctricos, de seguridad, videovigilancia y protección contra incendios.

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Las obras en la capilla están previstas para finales de este mes, con una inversión aproximada de 550.000 dólares. En paralelo, los trabajos en los claustros, actualmente en proceso de contratación, iniciarían en mayo y demandarán cerca de 6 millones de dólares adicionales.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de mínima intervención y conservación de elementos originales, establecidos en la normativa municipal vigente. La recuperación del inmueble también busca incentivar la habitabilidad y dinamizar el sector ubicado en la calle Ambato, en el Centro Histórico de Quito.

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Un miembro de la AMT sufrió una agresión física por parte de un guardia de seguridad en el sector de la Plaza de Toros, cerca del ingreso a la parada Jipijapa del Metro, en la avenida Tomás de Berlanga.

Detalles de la agresión

Según relata el propio agente en un video difundido en redes sociales, el incidente ocurrió mientras cumplía sus funciones. El guardia lo habría pateado, provocando la caída de sus lentes y teléfono celular, los cuales resultaron dañados.

Cuando el agente intentó recoger sus pertenencias, el agresor volvió a atacarlo, propinándole un rodillazo en el rostro. Esta situación desencadenó una reacción defensiva por parte del funcionario.

La confrontación escaló rápidamente hasta que ambos terminaron en el suelo, donde el agente logró someter al guardia, exigiendo que se haga responsable por los daños ocasionados a su teléfono.

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Pronunciamiento oficial de la AMT

Ante la difusión del video, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un comunicado oficial en el que explica el contexto del hecho:

El agente se encontraba cumpliendo sus funciones en la estación del Metro Iñaquito, cuando detectó un vehículo estacionado sobre la acera. En ejercicio de sus competencias, solicitó al conductor retirar el automotor.

Según la entidad, el guardia de seguridad de un establecimiento cercano reaccionó de manera violenta, lo que llevó al agente a intentar controlar la situación.

El incidente fue reportado al ECU 911, tras lo cual acudió personal de la Policía Nacional. En el lugar se realizó una conciliación, luego de que el guardia ofreciera disculpas por lo ocurrido.

Rechazo a la violencia

La AMT rechazó de forma categórica cualquier tipo de agresión contra sus funcionarios y reiteró su compromiso con la seguridad vial, así como con el respeto al trabajo de los agentes civiles de tránsito.

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San Juan, que es historia y tradición, también se ha vuelto tendencia en los últimos meses, con proyectos y emprendimientos locales, más organización barrial, que buscan repotenciarlo como un destino del turismo local. 

En este Paseo Express, repasamos los imperdibles de este barrio: dos ´huequitas' que se acercan al siglo de existencia, el emblemático Centro de Arte Contemporáneo, el Puente de la Luna y la propuesta del pasaporte barrial.

Las quesadillas de San Juan 

Las quesadillas del barrio San Juan, en la calle Rio de Janeiro, son muy famosas y han logrado permanecer por 91 años. Fue en 1935 que inició el negocio de la mano de Juan Cobo en La Ronda para luego instalarse en este barrio que empezaba a ser conocido por los hornos de ladrillo. 

La receta ha pasado por tres generaciones y actualmente Manuela Cobo se encarga de hacer respetar la preparación que incluso está patentada y que es la más solicitada del lugar, donde también se venden otras golosinas y helados.

Centro de Arte Contemporáneo

El antiguo Hospital Militar que fue reformado y desde 2009 se convirtió en el Centro de Arte Contemporáneo es una de las joyas que tiene San Juan. Su arquitectura es una belleza por los pasillos, graderíos, patios y columnas. 

Vale la pena entrar y echar un vistazo a las distintas propuestas artísticas, con exposiciones de fotografía, esculturas y otras expresiones. El espacio además suele acoger actividades dirigidas a grupos vulnerables con temáticas sociales que se abordan desde la música, actuación, movimiento, etc. 

Puente de La Luna

También conocido como puente amarillo, es uno de los puntos más altos del barrio y de gran uso para conectar a los habitantes de las zonas más altas. Se encuentra sobre la quebrada La Chilena y ofrece la mejor vista de la ciudad. 

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A pesar de su privilegiada vista y de que hay quienes llegan en busca de una buena fotografía, el lugar es un asunto pendiente para los vecinos y autoridades, pues resulta común encontrar restos de basura en sus inmediaciones. 

Motes de San Juan

Sobre la calle Nicaragua se encuentra una de las ´huequitas´ de mote más famosa de Quito. Los Motes de San Juan se venden hace ochenta años y Carmen Chasi es la encargada de mantener vivo el negocio que empezó su abuela en el mismo lugar. El secreto: la cocina en leña. 

Clientela no falta por el sabor que caracteriza a la preparación de mote con chicharrón y el característico ají que la acompaña. A pesar del éxito del negocio, el local no ha cambiado sus características en cuanto a espacio y el platillo solo se vende para llevar. 

Un pasaporte barrial que activa la economía

En las últimas semanas, la propuesta por parte de cuatro emprendimientos de San Juan (Villa María, Runa Wana, X lo Alto y Chuta Madre) se ha instalado en el diálogo de las redes sociales y entre los visitantes del barrio. Un pasaporte barrial con descuentos en consumos y con futuros premios. 

Se trata de visitar cada sitio y conseguir sellar las páginas del pasaporte para después, en junio de este año, participar de sorteos. La dinámica ha captado la atención y, de hecho, ha conseguido activar económicamente el barrio entero.

Cada uno de estos emprendimientos han llevado a repensar San Juan como destino local, pues se han enfocado en públicos nuevos y han conseguido, por medio de su presencia en redes sociales, que poco a poco este tradicional barrio quiteño recobre dinámicas de turismo y consumo local. 

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El procedimiento se ejecutó este jueves 16 de abril de 2026, cuando personal municipal acudió a una vivienda particular y halló a los dos canes en estado crítico, confinados en una terraza sin las condiciones mínimas de bienestar animal.

Rufino, el caso más grave: desnutrición avanzada

De acuerdo con el informe técnico de la UBA, ambos animales presentaban una condición corporal alarmante, evidenciando un cuadro de desnutrición severa. El caso más preocupante fue el de Rufino, un perro de aproximadamente 10 años de edad, cuyo estado de salud era el más deteriorado.

Las imágenes levantadas durante la inspección confirmaron la gravedad del caso, lo que llevó a las autoridades a determinar una posible situación de mala tenencia de animales de compañía.

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Retiro inmediato y sanciones en curso

Según detalló la UBA en su cuenta oficial en X, los tutores de los canes no pudieron justificar adecuadamente el estado de salud de los animales ni demostrar que recibían atención veterinaria oportuna.

“Al evidenciar una mala tenencia por parte de sus tutores —quienes no pudieron justificar su estado de salud, ni les brindaron atención veterinaria oportuna— se procedió de inmediato con su retiro definitivo”, indicó la entidad municipal.

Tras la intervención, los agentes levantaron el respectivo informe de flagrancia. Los responsables podrían enfrentar sanciones económicas superiores a los 5.000 dólares, conforme a la normativa vigente de bienestar animal.

Rufino y Abril reciben atención veterinaria

Actualmente, Rufino y Abril permanecen bajo resguardo en centros especializados de la Unidad de Bienestar Animal, donde reciben atención médica, hidratación y tratamiento nutricional para estabilizar su estado de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar casos de maltrato o negligencia animal, con el objetivo de proteger la vida y el bienestar de los animales de compañía en la ciudad.

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El Budokan Quito 2026 está a pocas semanas de su inauguración y promete una edición cargada de anime, música, cosplay, videojuegos y grandes invitados internacionales.

Mika Kobayashi llega a Quito en el Budokan 2026

La cantante japonesa Mika Kobayashi, reconocida mundialmente por interpretar temas icónicos de series de anime como Attack on Titan, será una de las principales figuras internacionales del evento.

Su participación genera gran expectativa entre los fanáticos del anime en Ecuador, que esperan un espectáculo musical de alto nivel.

Su presencia refuerza el carácter global del Budokan Quito 2026, que continúa consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para la comunidad geek en Latinoamérica.

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Budokan Quito 2026: fechas, lugar y temática

El evento se realizará el 16 y 17 de mayo de 2026 en el Centro de Exposiciones Quito, con una propuesta que busca conectar distintas culturas y fandoms del mundo del entretenimiento.

Durante dos días, el recinto se transformará en un espacio dedicado a la cultura pop asiática y occidental, con actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Anime, K-pop, videojuegos y cosplay en un solo lugar

La programación del Budokan Quito 2026 incluirá múltiples zonas temáticas dedicadas a:

Además, uno de los atractivos principales será la final nacional de la Yamato Cup Cosplay, uno de los concursos más importantes del circuito cosplay en la región.

También se realizarán torneos gamer de alto nivel, que reunirán a jugadores competitivos y comunidades de videojuegos en distintas categorías.

Invitados internacionales del doblaje y la música

El evento contará con la participación de reconocidas voces del doblaje latino, entre ellas:

René García, voz de Vegeta en Dragon Ball

Mario Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball

Ambos artistas participarán en actividades especiales para celebrar los 40 años de la franquicia Dragon Ball, una de las series más influyentes del anime mundial.

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Entradas, precios y dónde comprar

Las entradas para el Budokan Quito 2026 ya están disponibles a través de la plataforma Meet2Go, con diferentes opciones de acceso:

Todos los valores incluyen IVA y cargos por servicio.

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Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con versiones preliminares, los jóvenes se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron abordados por cinco personas —tres mujeres y dos hombres— que iniciaron una conversación aparentemente amistosa. Durante el contacto, los sospechosos les ofrecieron una funda con papas fritas que, presuntamente, contenían escopolamina.

Minutos después de consumir el alimento, las víctimas perdieron el conocimiento, quedando completamente vulnerables ante el grupo delictivo.

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Mariella Toranzos

Robo del vehículo y huida

Los delincuentes aprovecharon el estado de indefensión para sustraer el automóvil y pertenencias personales. Posteriormente, se dirigieron al domicilio de uno de los afectados con la intención de continuar el robo. Sin embargo, al notar la presencia de otras personas en la vivienda, abandonaron el lugar y huyeron.

Familiares de uno de los jóvenes alertaron sobre graves consecuencias tras la exposición a la sustancia. Según indicaron, el afectado presenta alteraciones neurológicas: “No comprende muchas cosas, desvaría por momentos”, relataron.

Alerta de las autoridades

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que la escopolamina —también conocida como “burundanga”— es utilizada por redes delictivas para anular la voluntad de las personas y facilitar robos, especialmente en zonas urbanas y de alta concurrencia.

Recomendaciones de seguridad

Ante este tipo de delitos, las autoridades reiteran medidas preventivas:

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de este caso, mientras crece la preocupación ciudadana por el resurgimiento de esta modalidad delictiva en Quito.

Lo que debe saber

• Quito: AMT sanciona 2.408 conductores en 2026 por infracciones en transporte público.
• Informe revela más de 5.200 citaciones entre 2025 y 2026 por puertas abiertas y paradas ilegales.
• Controles aumentan tras siniestro en Mariscal Sucre y por riesgos en seguridad vial. 

Correteos entre unidades, exceso de velocidad, circulación con puertas abiertas y pasajeros embarcados o desembarcados en plena vía son parte del retrato cotidiano que enfrenta el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito. 

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) encendió nuevamente las alertas al revelar que, en lo que va del año, 2.408 conductores han sido sancionados por diversas contravenciones, tras un análisis a las cooperativas que operan en la capital.

Más de 2.408 sanciones en Quito

El informe no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la recurrencia de ciertas prácticas que se repiten en el sistema. Según la AMT, el objetivo del estudio fue identificar las infracciones más frecuentes para fortalecer los controles en calle y mejorar la calidad del servicio. La preocupación se intensificó tras el siniestro registrado el pasado 2 de abril en la avenida Mariscal Sucre, hecho que motivó el incremento de operativos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, detalló que entre 2025 y lo que va de 2026 se han emitido 5.235 boletas de citación al transporte público. Solo en 2026, la cifra alcanza 2.408 sanciones. “Se ha intensificado el control en todas las operadoras, especialmente en aquellas que presentan reincidencia”, señaló la funcionaria.

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El ranking de infracciones ubica a varias cooperativas con altos niveles de sanción. En 2025, Transporsel encabezó la lista con 312 citaciones, seguida de Paquisha, Carcelén-Tarqui, Transperiféricos y Alborada. Para 2026, la tendencia se mantiene con variaciones: Transplaneta lidera con 146 sanciones, seguida de Transporsel con 137, Paquisha con 134, Alborada con 118 y Vencedores de Pichincha con 106.

Las infracciones más recurrentes ayudan a entender el comportamiento en las vías. Conducir con puertas abiertas representa una de las principales faltas, con 849 casos registrados. Le siguen no utilizar cinturón de seguridad (291), recoger o dejar pasajeros en lugares no autorizados (286), desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito (219) e invadir carriles exclusivos del transporte público (169).

Infracciones frecuentes en transporte público Quito

Estas conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionadas con multas que van desde el 5% hasta el 30% del salario básico unificado, dependiendo de la infracción. Sin embargo, la AMT reconoce que no todas las faltas pueden ser sancionadas con la misma intensidad. 

El exceso de velocidad, por ejemplo, aún no se sanciona de forma operativa debido a un vacío normativo relacionado con la calibración de cinemómetros, aunque sí se realizan controles preventivos y reportes a la Secretaría de Movilidad.

“Sí hemos identificado excesos de velocidad, pero por ahora se notifican para generar conciencia mientras se ajusta la normativa”, explicó Morocho, al tiempo que recalcó que los operativos son diarios y se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

Las consecuencias de estas prácticas no se limitan a sanciones económicas. La AMT advierte que muchas de estas infracciones están directamente relacionadas con siniestros de tránsito, especialmente caídas de pasajeros por apertura indebida de puertas o frenazos bruscos en movimiento. 

El exceso de velocidad se detecta pero aún no se sanciona operativamente por limitaciones técnicas
Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT

Conductores sancionados por malas prácticas

El tema también ha generado reacciones políticas. Concejales del Municipio de Quito han cuestionado el accionar de algunas operadoras y han planteado medidas más severas, como la posible reversión de permisos. Desde la Secretaría de Movilidad, en cambio, se anunció el inicio de acciones administrativas y procesos de verificación sobre el funcionamiento de las cooperativas.

Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes defienden su postura. El gerente de Transplaneta, Joselito Rodríguez, aseguró que la empresa ha iniciado procesos de capacitación interna y busca reforzarlos mediante convenios educativos. Sin embargo, señaló una dificultad: no cuentan con el detalle individual de las sanciones, lo que limita el seguimiento caso por caso.

En la misma línea, el representante de Vencedores de Pichincha, Cristian Lara, reconoció la existencia de infracciones, pero atribuyó parte del problema a la falta de señalización adecuada en paradas y a la presión operativa del sistema.

Estamos aplicando sanciones internas para corregir malas prácticas en nuestros conductores.Cristian Lara, gerente de la coop. Vencedores de Pichincha

La cooperativa, dijo, ya aplica sanciones internas y programas de formación, aunque admitió que el informe de la AMT obliga a reforzar los controles. Pese a los cuestionamientos por las infracciones de tránsito registradas en el transporte público, el gremio del sector señala que la operación atraviesa también una fuerte presión económica. 

Los dirigentes atribuyen parte de las dificultades al incremento del precio del diésel, que afecta directamente la sostenibilidad del servicio. El dirigente Carlos Brunis señala que el alza del diésel y la eliminación del subsidio han afectado gravemente la operación de las cooperativas. Afirma que la prestación del servicio ya no puede sostenerse al 100% debido a los mayores costos de combustible e insumos.

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El hecho fue reportado el miércoles 15 de abril de 2026 por la organización Fundación Lucky Bienestar Animal, luego de recibir la alerta de un ciudadano.

Hallazgo en Jatumpungo

El animal fue encontrado alrededor de las 19:00 en la avenida Atahualpa, sector Jatumpungo, en el Valle de los Chillos, específicamente en la zona de Torromiñano.

De acuerdo con el reporte, el perro —un mestizo con rasgos de Golden Retriever, de aproximadamente 4 años— presentaba signos evidentes de extrema violencia. Según testimonios, habría sido colgado con una soga mientras otros perros lo atacaban, lo que refuerza la sospecha de su uso en peleas clandestinas.

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Estado crítico y atención de emergencia

Katynka Cevallos, miembro de la fundación, informó que el can fue trasladado de inmediato a un centro veterinario, donde ingresó al área de cuidados críticos.

Durante la evaluación médica, se confirmó la gravedad de las lesiones: el animal presentaba mutilaciones severas, incluyendo la pérdida de sus testículos, múltiples heridas y complicaciones respiratorias.

Además, los veterinarios detectaron afectaciones pulmonares —cuyo origen aún no se determina, pudiendo estar relacionadas con el frío o los golpes— y un proceso infeccioso avanzado.

Actualmente, el perro permanece en procedimiento de emergencia y su estado es delicado. Los pronósticos se mantienen reservados mientras los especialistas trabajan para estabilizarlo.

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Posibles redes clandestinas y temor a denunciar

El caso fue alertado por un ciudadano que, por miedo a represalias, no pudo intervenir directamente. Cevallos menciona que esta situación evidencia una problemática recurrente: el temor a denunciar posibles actividades ilegales como las peleas de perros.

Organizaciones animalistas advierten que este tipo de prácticas, además de ser ilegales, podrían estar vinculadas a redes clandestinas que operan en distintos sectores de la ciudad.

Maltrato animal en aumento

Este hecho vuelve a poner en evidencia el incremento de casos de crueldad animal en Quito y sus alrededores. Activistas señalan que la falta de denuncias y la escasa intervención oportuna permiten que estos delitos continúen.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el maltrato animal que cause lesiones graves o la muerte puede ser sancionado con penas de hasta tres años de prisión, además de multas económicas.

Exigen investigación y apoyo ciudadano

Colectivos de protección animal exigen a las autoridades iniciar una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables.

Asimismo, la Fundación Lucky Bienestar Animal hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la difusión del caso, aportar insumos médicos y brindar cualquier información que permita esclarecer lo ocurrido.

“No podemos normalizar la crueldad”, enfatizaron desde la organización.

Lo que debes saber

• Arbitraje internacional favorece a Acciona por el Metro de Quito y obliga pagos al Municipio en 2026.
• Tribunal de la CCI reconoce ajustes por impuestos y Covid en contrato del Metro de Quito en Ecuador. 
• Procuraduría analiza laudos emitidos en Santiago que impactan costos del proyecto Metro de Quito.

La Procuraduría General del Estado informó sobre la emisión de laudos arbitrales internacionales relacionados con las controversias entre el Consorcio Acciona Línea 1 y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco del proyecto del Metro de Quito.

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Según el comunicado oficial, los procesos fueron administrados bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), específicamente en los casos No. 28376/AJP y No. 28446/AJP, vinculados al contrato de ejecución de la Línea 1 del Metro.

Tribunal arbitral acoge reclamos del consorcio

En ambos casos, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió a favor del consorcio, integrado por Acciona Construcción S.A., Acciona Industrial S.A. y Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V.

La decisión establece que el Municipio de Quito deberá reconocer ajustes económicos derivados de cambios en la legislación, conforme a lo estipulado en el contrato, específicamente en la subcláusula 13.7.

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Impacto económico de los laudos arbitrales

Los tribunales determinaron que se cumplen las condiciones contractuales para reconocer varios ajustes reclamados por el consorcio. Entre ellos se incluyen:

Aproximadamente 2.52 millones de dólares por contribuciones temporales al patrimonio de las sociedades entre 2020 y 2022.

Alrededor de 7.17 millones de dólares por el incremento del impuesto a la renta del 22% al 25%.

Cerca de 684 mil dólares por concepto de contribuciones relacionadas con la pandemia de Covid-19.

Estos montos reflejan el impacto de cambios normativos en la ejecución del proyecto del Metro de Quito, una de las obras de infraestructura más importantes de Ecuador.

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Estado ecuatoriano analiza los laudos

La Procuraduría General del Estado, junto con el estudio jurídico internacional Clark Hill, se encuentra evaluando el alcance de las decisiones arbitrales. Este análisis se realiza conforme al marco jurídico aplicable en la sede del arbitraje, ubicada en Santiago de Chile.

Lo que debes saber

• Metro de Quito adjudica mantenimiento por $62,1 millones el 15 de abril de 2026 tras retrasos en contratación pública.
• EPMMQ otorga contrato a consorcio internacional para garantizar operación, seguridad y tecnología del sistema subterráneo.
• Contrato cubrirá infraestructura, túneles, vías y telecomunicaciones por cinco años con ahorro superior a $10 millones.

El Metro de Quito dio un paso clave para garantizar la sostenibilidad de su operación. Luego de más de dos años y medio desde su entrada en funcionamiento, iniciada el 1 de diciembre de 2023, el sistema capitalino concretó la adjudicación de su contrato de mantenimiento integral.

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La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) informó este 15 de abril de 2026 que el servicio fue otorgado al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, conformado por compañías de Francia, Panamá y Ecuador.

Un contrato estratégico para la operación del Metro

El contrato contempla la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo durante cinco años, con una inversión de 62,1 millones de dólares. 

Según la entidad municipal, este monto representa un ahorro superior a los 10 millones de dólares frente al presupuesto referencial inicial.

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El servicio cubrirá cuatro áreas fundamentales del sistema:

Este alcance es clave para asegurar la continuidad, seguridad y eficiencia del transporte subterráneo que moviliza diariamente a miles de usuarios en Quito.

Un contrato estratégico para la operación del Metro

La adjudicación del contrato no estuvo exenta de complicaciones. En agosto de 2025, el proceso fue cancelado debido a fallas en el portal del Sistema Nacional de Contratación Pública. Previamente, en 2024, una adjudicación similar no se concretó por la falta de garantías por parte del consorcio ganador.

En la convocatoria más reciente, cuya apertura de ofertas se realizó el 17 de marzo de 2026, participaron cuatro empresas internacionales:

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Próximos pasos antes de la firma

El consorcio adjudicado deberá cumplir con una serie de requisitos antes de la firma del contrato. Tendrá un plazo de hasta 30 días para presentar documentación habilitante, incluyendo garantías, domiciliación de empresas extranjeras y la conformación legal en Ecuador, conforme a las exigencias de la Superintendencia de Compañías.

Mientras se completa este proceso, el mantenimiento del sistema continuará bajo responsabilidad del equipo técnico de la empresa municipal, lo que permitirá mantener la operación sin interrupciones.

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Robo de camión 

Durante el operativo, las autoridades hallaron en el interior del inmueble una gran cantidad de fruta presuntamente robada, valorada en aproximadamente  30.000 dólares.

La intervención se ejecutó en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, que solicitó apoyo para inspeccionar el local como parte de una investigación relacionada con el robo de un camión ocurrido días atrás en una vía del país.

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De acuerdo con información preliminar, el vehículo fue recuperado; sin embargo, parte de la mercancía sustraída habría sido trasladada hasta esta distribuidora.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, indicó que el establecimiento informal presuntamente funcionaba como una bodega ilegal para almacenar la fruta robada, principalmente mandarina, con el objetivo de comercializarla en distintos puntos del Distrito Metropolitano.

Investigaciones en curso 

Como resultado del operativo, la Policía detuvo a cinco personas y retuvo cuatro vehículos que se encontraban dentro del inmueble, los cuales serán utilizados como parte de las investigaciones en curso.

Según el Código Municipal, el funcionamiento de este tipo de negocios sin los permisos correspondientes puede acarrear sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados, lo que supera los $ 7.000.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de operativos conjuntos entre instituciones para intervenir espacios que incumplen la normativa y que podrían estar vinculados a actividades irregulares. Además, indicaron que los controles continuarán en diferentes sectores para reforzar la seguridad y el orden en la capital.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura, el evento contará con 17 actividades culturales, consolidándose como un espacio alternativo para la promoción de la lectura, la creación artística y el intercambio de saberes.

Un encuentro con literatura, música y arte 

La programación de la feria incluye conferencias magistrales, talleres formativos, presentaciones editoriales y actividades para niñas y niños, con una agenda diseñada para públicos diversos y de todas las edades.

El objetivo del evento es fortalecer los espacios culturales independientes en Quito y fomentar el acceso a experiencias artísticas gratuitas o de bajo costo en un entorno urbano accesible.

Programación destacada por días

La jornada inaugural ofrecerá una combinación de reflexión académica y experiencias creativas. Entre las actividades destacan:

Conferencia “El pasaje del corazón: Cosmología antigua egipcia”

Taller “Sound write” (composición musical)

Taller La Bola, autores del libro “Memoria y sonido”

Otras actividades enfocadas en escritura y experimentación sonora

El segundo día estará enfocado en la creación literaria y visual:

Masterclass de magia en la Laguna de cristal

Taller de ilustración para cuentos infantiles

Taller de poesía en el Laboratorio de letras

Actividades complementarias de formación artística

El cierre de la feria estará dedicado a la familia y al público infantil, con una programación más lúdica:

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¿Cómo acceder a la agenda completa?

La programación detallada, horarios y actualizaciones del evento pueden consultarse en el portal oficial: cultura.quito.gob.ec

Cancelación de la FILQ 2026 y cambios normativos 

Este anuncio se da en un contexto particular para la gestión cultural en la capital. El pasado 25 de marzo de 2026, el Municipio de Quito informó que la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) 2026 no se realizará.

Según explicó la Secretaría de Cultura, la cancelación está directamente relacionada con la entrada en vigencia de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que restringe el uso de recursos públicos para eventos culturales de gran escala.

La normativa vigente desde el 23 de febrero de 2026, en particular el artículo 198.2, redefine los criterios de inversión prioritaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y limita el financiamiento de actividades clasificadas como espectáculos culturales y sociales.

Aunque la FILQ contaba con una asignación aprobada de $ 416.262, su ejecución se volvió inviable debido a estas nuevas disposiciones legales, lo que obligó a replantear la agenda cultural del año.

Lo que debes saber 

• Seis parroquias del Valle de Los Chillos buscan cantonización y separarse de Quito por falta de inversión.
• Conocoto, Amaguaña y otras parroquias suman 280.000 habitantes y reclaman desigualdad en presupuesto municipal.
• Proceso enfrenta trabas legales y falta de informe de Prefectura de Pichincha, según colectivo ciudadano.

El debate sobre la organización territorial en el suroriente de Quito vuelve a tomar fuerza. Seis parroquias del Valle de Los Chillos —Conocoto, Amaguaña, Alangasí, La Merced, Guangopolo y Píntag— han reactivado su propuesta de independizarse administrativamente con el objetivo de avanzar hacia la cantonización del territorio.

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Según Xavier Segovia, presidente del colectivo ciudadano que impulsa la iniciativa, el proceso nació hace aproximadamente seis años y ya cuenta con cerca de 7.000 firmas de respaldo. Incluso, la propuesta fue presentada en su momento al expresidente Lenín Moreno, con la intención de abrir camino a una nueva estructura territorial para la zona.

Claves del pedido de independencia

Los promotores del proyecto sostienen que las seis parroquias reúnen a más de 280.000 habitantes. Bajo su visión, este crecimiento poblacional no ha sido acompañado por una mejora proporcional en infraestructura, servicios básicos ni asignación de recursos por parte del Municipio de Quito.

Segovia afirma que el sentimiento de “olvido” institucional es una de las principales razones que impulsa la iniciativa. Entre los problemas más señalados están los déficits en agua potable, vialidad y alcantarillado, lo que —según los dirigentes— ha profundizado el malestar ciudadano y fortalecido la idea de autonomía administrativa.

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IVONNE MANTILLA

Debate por la distribución de recursos en Quito

Uno de los puntos más controversiales del planteamiento es la distribución del presupuesto municipal. El Distrito Metropolitano de Quito maneja un presupuesto que bordea los 1.500 millones de dólares anuales.

Según el análisis del colectivo, si el Valle de Los Chillos representa aproximadamente el 7% de la población del distrito, debería recibir cerca de 90 millones de dólares. Sin embargo, aseguran que la administración zonal del sector apenas maneja alrededor de 7 millones, de los cuales el 65% se destina a gasto corriente, reduciendo significativamente la inversión en obra pública.

A esto se suman los recursos del presupuesto participativo, que —de acuerdo con los dirigentes barriales— apenas alcanzan entre 1,5 y 2 millones de dólares para sectores como Conocoto, que agrupa alrededor de 50 barrios.

“Ese es el fundamento por el que buscamos ser cantón”, sostiene Segovia.

Obstáculos legales y falta de avances institucionales

El proceso de cantonización, sin embargo, no ha avanzado como sus promotores esperaban. Segovia señala dos principales obstáculos: la ausencia de un informe técnico vinculante por parte de la Prefectura de Pichincha, trámite pendiente desde hace aproximadamente cuatro años, y un pronunciamiento de la Procuraduría que establece que este tipo de solicitudes deben ser impulsadas por juntas parroquiales y no por colectivos ciudadanos.

Pese a ello, los impulsores del proyecto insisten en que la iniciativa no busca dividir a Quito, sino replantear su modelo de gestión frente al crecimiento acelerado de sus zonas periféricas.

Un debate que entra en la agenda política local

Con miras a las próximas elecciones seccionales, el colectivo ciudadano ha iniciado acercamientos con actores políticos de distintas tendencias. El objetivo es identificar candidaturas que respalden procesos de autonomía territorial, más allá de las banderas partidistas.

“De cara a las elecciones seccionales estamos viendo quién tiene la convicción por las autonomías”, afirma Segovia.

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Este evento se consolida como un espacio de formación, intercambio cultural y celebración artística que conecta a Ecuador con Latinoamérica a través de la guitarra.

Durante cuatro días, la guitarra será la gran protagonista, narrando historias sin palabras y demostrando su enorme versatilidad en escenarios emblemáticos de la ciudad.

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IVONNE MANTILLA

Un encuentro internacional de guitarra en Ecuador

El Encuentro de Guitarras 2026 no es solo una serie de conciertos: es una experiencia educativa y cultural que integra a músicos, estudiantes y público general en torno al aprendizaje y la creación musical.

Artistas invitados de Colombia, México y Ecuador compartirán escenario en actividades formativas y presentaciones en vivo, fortaleciendo el diálogo musical entre países.

Talleres y masterclass de guitarra

Los talleres y masterclass se realizarán en el Centro Cultural Mamacuchara, con cupos limitados para una experiencia cercana y personalizada.

Miércoles 22 d e abril | 15:00

Taller grupal de técnica de la guitarra / Masterclass

Jueves 23 de abril | 15:00

Conferencias sobre guitarra y música latinoamericana

La programación académica incluye conferencias que exploran repertorios, pedagogía y tradiciones musicales.

Chacarera y Zamba Argentina

Ponente: Juan Carlos Fierro 🇨🇴🇦🇷

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

La música tradicional colombiana llevada a la guitarra solista

Ponente: Gustavo Niño

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo

La obra de Marcelo Beltrán como recurso en la pedagogía grupal

Ponente: Efraín Jaque 🇪🇨

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

La obra estudio como base de la formación instrumental

Ponente: Gustavo Niño

Lugar: Centro Cultural Mamacuchara

Conciertos del Encuentro de Guitarras 2026

La programación artística reúne ensambles y solistas en presentaciones abiertas al público con acceso mediante pases o entrada libre.

Ensamble de Guitarras de Quito

Ensamble Zambrawer

En Cuerdas

Vitela Ensamble

Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mamacuchara

Gustavo Niño + Ensamble de Guitarras de Quito

Centro de Arte Contemporáneo

Acceso libre

Christopher Avilez + Ensamble de Guitarras de Quito

Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mamacuchara

Un cierre magistral con grandes ensambles y orquesta invitada:

Christopher Avilez

Ensamble de Guitarras de Quito

Orquesta de Guitarras del Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja

Director invitado: José Ángel Pérez Puentes

 Teatro Capitol

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En un comunicado, la organización, en su calidad de veeduría ciudadana, expresó su preocupación por los trabajos ejecutados en la fachada y los pisos exteriores de la Iglesia de San Francisco de Guayllabamba.

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Según el Cabildo, el predio integra el patrimonio cultural nacional desde la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad de 1984, y su registro fue ratificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mediante la Resolución Nro. 114-DE-INPC-2020, con ficha patrimonial actualizada en 2022 (código IBI-17-01-63-000-000003).

Las inquietudes aumentaron luego de una consulta al Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y a la Administración Zonal Eugenio Espejo, desde donde se informó que el predio no registra licencias de construcción en el sistema municipal.

Para el Cabildo Cívico, esta situación abre la posibilidad de que las intervenciones se hayan realizado sin permisos, lo que podría contravenir la Ley Orgánica de Cultura y la Ordenanza Metropolitana 081-2024. 

Un pedido de transparentar la información

A ello se suma la preocupación por la falta de información pública sobre los permisos, los responsables técnicos y el financiamiento de las obras.

Ante este escenario, la organización exhortó al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayllabamba a transparentar toda la información relacionada con los trabajos ejecutados, presentar los permisos y sustento técnico, y asumir responsabilidades en caso de incumplimientos.

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Asimismo, pidió a las autoridades competentes activar los mecanismos de control correspondientes para garantizar la protección del patrimonio cultural y evitar posibles afectaciones a un bien considerado de valor histórico para la ciudad y el país.

Consultado en marzo pasado por el medio Efinet-TV, Raúl Gordón, presidente del GAD de Guayllabamba, aseguró que la información es falsa y que el patrimonio no ha sido intervenido por la administración actual. 

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Frente a ese escenario, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) apuesta por una solución que no visible porque se realiza bajo tierra: los colectores de alivio. 

Los colectores son grandes estructuras subterráneas diseñadas para conducir aguas residuales y pluviales. Su función es prevenir inundaciones, colapsos y emergencias sanitarias, especialmente durante eventos de lluvias intensas.

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Una de los contrucciones avanza en el norte de Quito. Desde abril de 2025 se levanta el colector de alivio Granados, una obra de 1,5 kilómetros que corre varios metros bajo tierra y tiene un 70% de avance, con una inversión de $ 3,5 millones. 

La estructura, de dos metros de ancho por 2,60 de alto, captará agua de dos puntos. Por un lado, las quebradas del Guanguiltagua, que en época de lluvias suelen desbordarse; por otro, los colectores que bajan por la Eloy Alfaro, antiguos conductos de piedra y menor tamaño que hoy provocan hundimientos. 

Bolívar Pozo, jefe de fiscalización de la zona norte de la Epmaps, explicó que ese caudal será redirigido hacia el nuevo sistema, descargando finalmente en el sector de la avenida Granados y la Isla Marchena.

La lógica es que mientras más agua ingrese a este nuevo colector, menos presión soporten los antiguos. “La idea es captar el agua en la parte alta y conducirla de forma controlada”, dice Pozo.

15 kilómetros de nuevos colectores de alivio

En paralelo, ya está en operación el colector de alivio Eloy Alfaro, en el sector de El Inca, una obra de $ 4,4 millones que funciona como un túnel doble de hormigón para canalizar aguas servidas y pluviales. 

Y hacia el noroccidente, el colector Habas Corral, que atraviesa la Concepción, Cochapamba y Rumipamba, alcanza un 89% de avance, con una inversión de $ 1,7 millones.

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Según Pozo, en la actual administración se han construido 15 kilómetros de nuevos colectores de alivio. Al mismo tiempo, la red antigua sigue en reparación para evitar fisuras y colapsos.

Las intervenciones forman parte del Plan Lluvias, que además incluye la limpieza de sumideros y el mantenimiento de quebradas. 

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El concejal Andrés Campaña recordó que el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el Municipio firmó el contrato con la empresa española. 

En ese documento se incluyó una cláusula que contemplaba ajustes económicos en caso de cambios en la legislación que afectaran los costos del proyecto.

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Ese punto fue clave. Un año después, en 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica, que elevó el impuesto a la renta del 22 % al 25 %. La medida impactó directamente en los gastos del contratista, que solicitó una compensación de $ 7,1 millones.

La historia se repitió en 2021. En medio de la crisis pospandemia, se aprobó la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que introdujo una contribución temporal sobre el patrimonio. Nuevamente, Acciona argumentó afectaciones y pidió $ 3,2 millones adicionales.

Ambos reclamos terminaron en un tribunal arbitral con sede en Santiago de Chile. La resolución fue que el Municipio de Quito debe pagar $ 10,1 millones por el impacto de estas reformas tributarias sobre el contrato.

Cambios legales modificaron costos del proyecto

El fallo no apunta a un incumplimiento directo del cabildo, sino al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. 

Los árbitros concluyeron que los cambios legales modificaron los costos del proyecto y que existía la obligación contractual de compensar esa diferencia.

“Hoy las familias de Quito pagamos por un contrato lesivo para la ciudad”, dijo el concejal Andrés Campaña, quien insistió en la necesidad de revisar las condiciones bajo las que se firmó el acuerdo.

Mientras tanto, la Procuraduría Metropolitana informó que, junto con el estudio jurídico Clark Hill, analiza el alcance del laudo arbitral bajo la legislación aplicable en Chile, lo que podría definir los siguientes pasos del Municipio frente a esta decisión.

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A las 06:27, una llamada a la línea única de emergencias 911 alertó sobre  un siniestro de tránsito en la vía Papallacta-Pifo, a la altura del sector de Pifo, al oriente de Quito.

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Equipos de primera respuesta se movilizaron de inmediato al sitio. Al llegar, personal del Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro involucraba a un camión. 

El balance preliminar dejó un saldo trágico: una persona fallecida y dos heridos, quienes fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a casas de salud.

En medio de la atención de la emergencia, la Policía Nacional también solicitó la intervención de la Empresa Eléctrica Quito para evaluar el daño en un poste de alumbrado público cercano al sitio del impacto.

Otras emergencias en las vías 

Al hecho ya reportado se sumaron al menos otros dos siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos ocurrió en Cumbayá, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Oswaldo Guayasamín, donde fue necesario cerrar el conector vehicular mientras se atendía la emergencia.

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El segundo caso se registró en el Comité del Pueblo (norte de Quito), en las calles Agustín Yeroví y N59. En este punto, las autoridades dispusieron el cierre del carril derecho en sentido sur–norte, lo que generó complicaciones en la circulación durante varias horas.

Lo que debes saber

• Claudia Díaz advierte que en Quito, casi una persona muere al día por siniestros de tránsito y pide priorizar la vida.
• Experta señala que la OMS ha establecido límites de velocidad segura; ir a 60 km por hora es riesgoso, si se atropella a alguien es como si se la lanzara de un cuarto o quinto piso.
• Los controles aleatorios se hacen en las compañías de buses y en las calles, hay sanciones; pero agentes explican sobre riesgos que se corren con infracciones.

Cada año, la cifra de siniestros de tránsito y de fallecidos producto de ellos aumenta en la capital: 250, 261 y 296, del 2023 al 2025. Van 66 hasta el 26 de marzo del 2026. El 2 de abril se produjo una tragedia, cuando un bus de Setramas pasó un semáforo en rojo y se llevó a dos personas en moto. ¿Qué se puede hacer para enfrentar esta problemática?

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Siniestro de bus urbano en Quito expone fallas en control y seguridad vial

Mariela Rosero Ch.

EXPRESO habló con Claudia Díaz Acosta, experta en seguridad vial, que dirige la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en Colombia. Ella habló sobre las políticas que se deben aplicar para evitar que los "errores de las personas" hagan que se pierda vidas en las vías.

En Quito, a diario ocurren infracciones de tránsito graves. ¿La ciudad debería alarmarse más ante esta pandemia silenciosa, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los siniestros viales?

Las palabras son esas, se trata de una pandemia silenciosa. Estamos normalizando como sociedad las muertes por siniestros viales y no se entiende su magnitud. Como bien mencionas es una tragedia que hace que los medios y la conversación pública se enfoquen en ese suceso.

¿Por qué habría que enfocarse en esos siniestros?

Porque si hay alrededor de 300 muertes en Quito al año, es casi una diaria. No es una noticia de todos los días, pero los otros días ocurre una muerte en promedio, según las cifras que vi. La conversación sale cuando se conocen esos casos que generan rechazo común frente a la tragedia. Ese es el trabajo que hay que hacer: ¿Cómo generar esa discusión de la agenda pública de la ciudad en todos los niveles?

¿Sobre qué debatir?

En este caso, el gobierno como tal debe tener una agenda centrada en un discurso de protección a la vida. Y de que todos tenemos una responsabilidad; es un poco la filosofía del sistema seguro que están adoptando las ciudades, por un cambio de paradigma.  

Antes lo fácil era culpar a otro, a la víctima que murió, y se dejaba de lado esa responsabilidad que todos los actores viales tienen, también las autoridades, para generar vías seguras para todos los usuarios.

¿Qué implica ese enfoque de sistema seguro?

En el enfoque de sistema seguro hablamos de la responsabilidad que tenemos las personas, los gobiernos, quienes diseñan el espacio público, las calles, ya que la infraestructura responde a la movilidad.  

Otro hito importante es la velocidad segura, que tiene que ver con límites, pero se relaciona con la forma en que se diseña una calle donde sé que tendré peatones, ciclistas, transporte público, vehículos privados y motociclistas.

¿Cuánto pesa la velocidad?

La velocidad es el articulador, ya que tengo a todos esos actores viales. La OMS ha dicho que en ámbitos urbanos, no se debe ir a más de 50 km por hora. Es más seguro si hubiera una eventualidad.  

Pero, los siniestros de tránsito tienen múltiples causas, que dan lugar a un desenlace lamentable; puede ser que un bus vaya con exceso de velocidad, que el conductor esté distraído o que de pronto haya deficiencias en la infraestructura, etc.

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¿Cuál es la velocidad segura?

Según la OMS, a 50 km por hora, si cruza un peatón o se enfrenta a otro tipo de riesgo, se puede frenar y si lo atropellan, no le costará la vida. En Bogotá, alrededor de centros educativos es de 30 km por hora o menos. Los errores de las personas no deben costar la vida, según el sistema seguro.

¿Cómo debe ser el diseño de las vías para que sean seguras?

La velocidad es el eje estructurante, para diseñar calles y que ese diseño influye positivamente en el comportamiento de las personas. Si una calle tiene carriles de más de 3,5 metros difícilmente el conductor sentirá que puede cumplir un límite de velocidad por debajo de 80 km por hora.  

Al diseñar las calles le hablamos al usuario, si tengo un carril súper ancho es una invitación a facilitar.

¿Qué es lo que los conductores no conocen sobre la velocidad?

No miden el riesgo en velocidad pero sí en altura. Si voy a 50 km por hora y atropello a un peatón, es equivalente a si yo lo hubiera lanzado de un segundo piso, no morirá, saldrá magullado.  

Si voy a 60 km, la probabilidad de muerte sube al 90 %. Al acelerar, no sientes esos 10 km de diferencia en el carro, pero es como si lo lanzaras del cuarto o quinto piso.

A diario vemos las infracciones. ¿Educar o controlar?

El enfoque debe ser en distintos ejes: infraestructura segura, control y cultura ciudadana, pedagogía y comunicación, al mismo tiempo. Decirles “existen estos riesgos, usen los pasos peatonales, conductor comparte la vía...”. Y, mientras cambio la infraestructura, semáforos, pinto las cebras, etc.  

Por otro lado es muy importante que la ciudadanía sienta que hay control y sanción a esos comportamientos; tenemos cámaras salvavidas, hacen que respetan el límite, no quieren volver a pagar multas; y capacitamos al agente civil en el discurso de que al incumplir la ley de tránsito pone en riesgo su vida.

Si exceden la velocidad, pueden matar a dejar a alguien con discapacidad, ponen en riesgo vidas, les decimos.Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

A la gente no le gusta ser controlada y los alcaldes no quieren asumir costos políticos. ¿Qué hacer?

Se necesitan liderazgos que privilegien primero la protección a la vida, eso implica, por ejemplo, instalar cámaras para fotodetección y controlar. Eso genera rechazo en la ciudadanía, pero es un deber contar por qué se toman esas medidas.  

Es importante el papel de los periodistas, para que se entienda que los siniestros son un problema de salud pública, por qué son evitables, etc.

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¿Qué tipo de controles se hacen cotidianamente?

Hacemos visitas a los patios de empresas de transporte público, para inspecciones aleatorias; controles en vía a buses ya todos los vehículos para ver si tienen la técnica mecánica al día, el seguro de accidentes obligatorio. Son sanciones para inmovilizar el vehículo.  

Diariamente los hacemos, desde mal parqueo, así como embriaguez, pero estos por ejemplo, más los fines de semana.

Las evidencias de infracciones que se comparten en redes sociales nos sirven para sancionar y para que haya sanción social.Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

¿Quién es Claudia Díaz Acosta?

Ingeniera ambiental con maestría en ingeniería civil en el área de transporte de la Universidad de los Andes. Secretaria de Movilidad de Bogotá. Antes lideró la Oficina de Seguridad Vial, desde donde impulsó soluciones que combinan inclusión, seguridad y sostenibilidad. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas de movilidad urbana. Fue asesora del BID.

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Un miembro de la AMT sufrió una agresión física por parte de un guardia de seguridad en el sector de la Plaza de Toros, cerca del ingreso a la parada Jipijapa del Metro, en la avenida Tomás de Berlanga.

Detalles de la agresión

Según relata el propio agente en un video difundido en redes sociales, el incidente ocurrió mientras cumplía sus funciones. El guardia lo habría pateado, provocando la caída de sus lentes y teléfono celular, los cuales resultaron dañados.

Cuando el agente intentó recoger sus pertenencias, el agresor volvió a atacarlo, propinándole un rodillazo en el rostro. Esta situación desencadenó una reacción defensiva por parte del funcionario.

La confrontación escaló rápidamente hasta que ambos terminaron en el suelo, donde el agente logró someter al guardia, exigiendo que se haga responsable por los daños ocasionados a su teléfono.

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Pronunciamiento oficial de la AMT

Ante la difusión del video, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un comunicado oficial en el que explica el contexto del hecho:

El agente se encontraba cumpliendo sus funciones en la estación del Metro Iñaquito, cuando detectó un vehículo estacionado sobre la acera. En ejercicio de sus competencias, solicitó al conductor retirar el automotor.

Según la entidad, el guardia de seguridad de un establecimiento cercano reaccionó de manera violenta, lo que llevó al agente a intentar controlar la situación.

El incidente fue reportado al ECU 911, tras lo cual acudió personal de la Policía Nacional. En el lugar se realizó una conciliación, luego de que el guardia ofreciera disculpas por lo ocurrido.

Rechazo a la violencia

La AMT rechazó de forma categórica cualquier tipo de agresión contra sus funcionarios y reiteró su compromiso con la seguridad vial, así como con el respeto al trabajo de los agentes civiles de tránsito.

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El concejal Andrés Campaña recordó que el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando el Municipio firmó el contrato con la empresa española. 

En ese documento se incluyó una cláusula que contemplaba ajustes económicos en caso de cambios en la legislación que afectaran los costos del proyecto.

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Ese punto fue clave. Un año después, en 2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica, que elevó el impuesto a la renta del 22 % al 25 %. La medida impactó directamente en los gastos del contratista, que solicitó una compensación de $ 7,1 millones.

La historia se repitió en 2021. En medio de la crisis pospandemia, se aprobó la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que introdujo una contribución temporal sobre el patrimonio. Nuevamente, Acciona argumentó afectaciones y pidió $ 3,2 millones adicionales.

Ambos reclamos terminaron en un tribunal arbitral con sede en Santiago de Chile. La resolución fue que el Municipio de Quito debe pagar $ 10,1 millones por el impacto de estas reformas tributarias sobre el contrato.

Cambios legales modificaron costos del proyecto

El fallo no apunta a un incumplimiento directo del cabildo, sino al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. 

Los árbitros concluyeron que los cambios legales modificaron los costos del proyecto y que existía la obligación contractual de compensar esa diferencia.

“Hoy las familias de Quito pagamos por un contrato lesivo para la ciudad”, dijo el concejal Andrés Campaña, quien insistió en la necesidad de revisar las condiciones bajo las que se firmó el acuerdo.

Mientras tanto, la Procuraduría Metropolitana informó que, junto con el estudio jurídico Clark Hill, analiza el alcance del laudo arbitral bajo la legislación aplicable en Chile, lo que podría definir los siguientes pasos del Municipio frente a esta decisión.

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A las 06:27, una llamada a la línea única de emergencias 911 alertó sobre  un siniestro de tránsito en la vía Papallacta-Pifo, a la altura del sector de Pifo, al oriente de Quito.

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Equipos de primera respuesta se movilizaron de inmediato al sitio. Al llegar, personal del Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro involucraba a un camión. 

El balance preliminar dejó un saldo trágico: una persona fallecida y dos heridos, quienes fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a casas de salud.

En medio de la atención de la emergencia, la Policía Nacional también solicitó la intervención de la Empresa Eléctrica Quito para evaluar el daño en un poste de alumbrado público cercano al sitio del impacto.

Otras emergencias en las vías 

Al hecho ya reportado se sumaron al menos otros dos siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos ocurrió en Cumbayá, en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y Oswaldo Guayasamín, donde fue necesario cerrar el conector vehicular mientras se atendía la emergencia.

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El segundo caso se registró en el Comité del Pueblo (norte de Quito), en las calles Agustín Yeroví y N59. En este punto, las autoridades dispusieron el cierre del carril derecho en sentido sur–norte, lo que generó complicaciones en la circulación durante varias horas.

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En un comunicado, la organización, en su calidad de veeduría ciudadana, expresó su preocupación por los trabajos ejecutados en la fachada y los pisos exteriores de la Iglesia de San Francisco de Guayllabamba.

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Según el Cabildo, el predio integra el patrimonio cultural nacional desde la declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad de 1984, y su registro fue ratificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mediante la Resolución Nro. 114-DE-INPC-2020, con ficha patrimonial actualizada en 2022 (código IBI-17-01-63-000-000003).

Las inquietudes aumentaron luego de una consulta al Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y a la Administración Zonal Eugenio Espejo, desde donde se informó que el predio no registra licencias de construcción en el sistema municipal.

Para el Cabildo Cívico, esta situación abre la posibilidad de que las intervenciones se hayan realizado sin permisos, lo que podría contravenir la Ley Orgánica de Cultura y la Ordenanza Metropolitana 081-2024. 

Un pedido de transparentar la información

A ello se suma la preocupación por la falta de información pública sobre los permisos, los responsables técnicos y el financiamiento de las obras.

Ante este escenario, la organización exhortó al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayllabamba a transparentar toda la información relacionada con los trabajos ejecutados, presentar los permisos y sustento técnico, y asumir responsabilidades en caso de incumplimientos.

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Asimismo, pidió a las autoridades competentes activar los mecanismos de control correspondientes para garantizar la protección del patrimonio cultural y evitar posibles afectaciones a un bien considerado de valor histórico para la ciudad y el país.

Consultado en marzo pasado por el medio Efinet-TV, Raúl Gordón, presidente del GAD de Guayllabamba, aseguró que la información es falsa y que el patrimonio no ha sido intervenido por la administración actual. 

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Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con versiones preliminares, los jóvenes se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron abordados por cinco personas —tres mujeres y dos hombres— que iniciaron una conversación aparentemente amistosa. Durante el contacto, los sospechosos les ofrecieron una funda con papas fritas que, presuntamente, contenían escopolamina.

Minutos después de consumir el alimento, las víctimas perdieron el conocimiento, quedando completamente vulnerables ante el grupo delictivo.

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Robo del vehículo y huida

Los delincuentes aprovecharon el estado de indefensión para sustraer el automóvil y pertenencias personales. Posteriormente, se dirigieron al domicilio de uno de los afectados con la intención de continuar el robo. Sin embargo, al notar la presencia de otras personas en la vivienda, abandonaron el lugar y huyeron.

Familiares de uno de los jóvenes alertaron sobre graves consecuencias tras la exposición a la sustancia. Según indicaron, el afectado presenta alteraciones neurológicas: “No comprende muchas cosas, desvaría por momentos”, relataron.

Alerta de las autoridades

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que la escopolamina —también conocida como “burundanga”— es utilizada por redes delictivas para anular la voluntad de las personas y facilitar robos, especialmente en zonas urbanas y de alta concurrencia.

Recomendaciones de seguridad

Ante este tipo de delitos, las autoridades reiteran medidas preventivas:

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de este caso, mientras crece la preocupación ciudadana por el resurgimiento de esta modalidad delictiva en Quito.