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En el programa semanal Frecuencia Quiteña de este 6 de abril, el burgomaestre anunció una intervención directa a la operadora de transporte involucrada y la revisión técnica a toda su flota.

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En su intervención, el alcalde recordó que el bus implicado se pasó un semáforo en rojo y circulaba a exceso de velocidad antes de arrollar a la motocicleta, que terminó debajo de la unidad y se incendió.

“Es un irresponsable que se pasa el rojo”, dijo Muñoz, al tiempo que expresó solidaridad con la familia de las víctimas.

Las acciones que inició el Municipio

Asimismo, Muñoz confirmó que se iniciaron procesos de control y sanción tanto para el conductor, quien se dio a la fuga, como para la operadora.

También advirtió que, aunque la ley vigente puede demorar hasta 90 días en activar un proceso sancionatorio formal, pedirá que se aplique la máxima severidad posible, que podría incluir multas de hasta ocho salarios básicos y la reversión definitiva del cupo de operación.

En paralelo, señaló que se dispusieron medidas cautelares inmediatas. Entre ellas, la suspensión por 60 días del registro municipal de la unidad implicada, lo que impide incluso su reemplazo dentro del sistema. A esto se suma una revisión técnica vehicular (RTV) obligatoria para todos los buses de la operadora en un plazo de 15 días.

También, la Dirección Metropolitana de Movilidad del Municpio solicitará información detallada sobre los conductores: licencias vigentes, afiliación al IESS y condiciones laborales. El objetivo, según Muñoz, es determinar si la empresa cumple con estándares básicos y opera de manera responsable.

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Robo con tecnología: así operan los delincuentes

El afectado relató que dejó su vehículo estacionado en la calle Quitumbe Ñan, frente a la Plataforma del Sur. Según su testimonio, los delincuentes utilizaron un “control universal” para abrir el auto sin forzarlo y sustraerlo en cuestión de minutos.

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Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos que merodeaban el vehículo antes del robo. Vestían como “campaneros”, una estrategia que les permite pasar desapercibidos en zonas concurridas.

El delito ocurrió en horas de la mañana, pese a que en el lugar había un cuidador informal. Sin embargo, la víctima denunció la ausencia de controles efectivos y cuestionó la informalidad del sistema de vigilancia en la zona.

Extorsión tras el robo: hasta $3.000 por la devolución

Tras el robo, los delincuentes contactaron al propietario para exigirle dinero a cambio de devolver el vehículo. Según la denuncia, las tarifas no son fijas: los criminales imponen los montos en función del perfil de la víctima y del valor del automóvil.

Este tipo de extorsión se ha vuelto cada vez más frecuente en la capital ecuatoriana, donde las bandas delictivas combinan tecnología y presión psicológica para obtener ganancias rápidas.

Cifras alarmantes en 2025

Los datos de la Fiscalía General del Estado reflejan la magnitud del problema:

• En la provincia de Pichincha se registraron 2.626 robos de vehículos en 2025.

• De ese total, 2.492 casos ocurrieron en Quito, lo que representa cerca del 95 %.

• A nivel nacional, se reportaron 8.081 robos de vehículos en el mismo año.

Estas cifras consolidan a Quito como el principal foco de este delito en el país.

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Recuperación de vehículos: cifras bajas frente al delito

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Ecuador, en enero de 2026 se lograron recuperar cuatro vehículos y seis motocicletas en su jurisdicción.

No obstante, el contraste es evidente: mientras en Quito se roban casi siete autos al día, las recuperaciones representan apenas una fracción mínima frente al total de denuncias.

Según la Policía, los primeros 15 a 30 minutos son claves. Cuando el ciudadano llama de inmediato al 911, se activa la red y se puede establecer y cerrar rutas. Cuando el reporte se demora, el vehículo ya puede estar fuera de la provincia, detallan. 

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Las nominaciones llegan en un momento en que la ciudad busca consolidarse más allá de su postal clásica y proyectarse como un destino que mezcla historia, innovación y nuevas experiencias. 

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Las votaciones se registran en la página web World Travel Awards y estarán habilitadas hasta el próximo 12 de junio.

En la edición 2025 de los World Travel Awards, Quito ya se llevó el título de Destino Cultural Líder de Sudamérica, impulsado en gran parte por su Centro Histórico, considerado uno de los mejor conservados de América Latina.

La ciudad también integra la Unesco Creative Cities Network en la categoría de Arquitectura, un sello que pone en valor tanto su herencia urbana como su capacidad de reinventarse. 

A eso se suma que Quito es la primera ciudad del país en ser verificada como Destino Turístico Inteligente, bajo estándares de UN Tourism, lo que apunta a una apuesta clara por la sostenibilidad, la accesibilidad y el uso de tecnología en la experiencia del visitante.

Las parroquias rurales también son destinos atractivos

El movimiento turístico no se queda en el casco urbano. En las parroquias rurales también hay historias que están captando atención internacional. 

Pacto, por ejemplo, logró colarse en la lista de Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo, mientras Yunguilla fue distinguida con el premio TO DO Award por sus prácticas de turismo comunitario, donde la organización local y el cuidado del entorno son protagonistas.

Y si de sabores se trata, Quito también empieza a abrirse camino. El restaurante Zero Lab Fine Dining fue reconocido en los World Culinary Awards 2025 como el Mejor Fine Dining de Sudamérica y del Ecuador, una señal de que la ciudad no solo se recorre, también se degusta.

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Los operativos, realizados este primer fin de semana de abril de 2026, evitaron lo que pudo ser una tragedia de grandes proporciones debido a la naturaleza inflamable de la carga.

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El primer incidente se registró el viernes 3 de abril. Un conductor fue interceptado mientras movilizaba 76 cilindros de gas llenos. Al realizarle la prueba de alcoholemia, el dispositivo marcó la alarmante cifra de 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación severo que comprometía totalmente sus reflejos y capacidad de maniobra.

Apenas 24 horas después, el sábado 4 de abril, la historia se repitió. Otro conductor fue detenido transportando aproximadamente 40 cilindros de gas. En esta ocasión, el examen marcó 0,54 gramos de alcohol, superando ampliamente los límites permitidos para el transporte de carga.

¿Qué dice la ley? Sanciones según el COIP

La normativa ecuatoriana es sumamente estricta con el transporte comercial y de carga debido al riesgo público que representan. Según el Artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP):

Límite para transporte de carga: El máximo permitido es de apenas 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

Consecuencias legales: Superar este límite no es una simple contravención, sino una infracción grave que conlleva:

Privación de libertad: Hasta 90 días de cárcel

• Multas económicas: Tres Salarios Básicos Unificados (SBU).

• Suspensión de licencia: Retiro del documento por 60 días.

La AMT refuerza los controles preventivos

La AMT fue enfática al advertir que conducir bajo efectos del alcohol, especialmente con materiales inflamables, pone en riesgo inminente la vida de peatones, ciclistas y otros conductores. "No solo es una falta a la ley, es un acto de irresponsabilidad criminal", señalaron voceros de la institución.

Dato Clave: Los operativos de control se mantendrán de forma permanente y aleatoria en distintos puntos estratégicos de Quito para garantizar que quienes están al volante de vehículos pesados cumplan con la ley de "Tolerancia Cero".

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El director de la entidad municipal, Washington Martínez, informó este 6 de abril de 2026 que en el feriado de 2025 se reportaron 42 siniestros, mientras que en 2026 la cifra bajó a 31, lo que representa una reducción del 26,19%.

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En cuanto a personas afectadas, los heridos pasaron de 25, en 2025, a 15 en este año, es decir, un 40% menos. Asimismo, el número de fallecidos se redujo de tres a dos. De acuerdo con el balance, varios de los siniestros involucraron a motociclistas.

Martínez atribuyó esta disminución, en parte, a los operativos de control ejecutados durante el feriado, especialmente aquellos enfocados en detectar conductores en estado de embriaguez. 

En este contexto, se reportaron 20 personas detenidas por esta causa, mientras que el total de aprehendidos, incluyendo los controles de la Policía Nacional, alcanzó los 36.

Choque múltiple en Miraflores

Pese a la reducción general, se registraron incidentes relevantes. Uno de ellos ocurrió el 5 de abril en la avenida Mariscal Sucre y la avenida Universitaria, en el ingreso al túnel de San Juan, en el sector de Miraflores, donde un siniestro múltiple involucró a tres vehículos.

Tras la alerta ingresada al sistema de emergencias ECU 911, organismos de primera respuesta acudieron al lugar y confirmaron que cuatro personas resultaron heridas. Los afectados recibieron atención inmediata por parte de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Cuerpo de Bomberos de Quito.

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De acuerdo con el reporte oficial, 12 de los incidentes correspondieron a inundaciones, mientras que uno fue catalogado como un movimiento en masa. Las anegaciones se concentraron principalmente en las administraciones zonales de Los Chillos, Calderón y Tumbaco, donde la acumulación de agua afectó calles y zonas residenciales.

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Una de las emergencias se registró el 6 de abril de 2026 en la Autopista General Rumiñahui, a la altura del puente 3, donde se produjo un deslizamiento de tierra. 

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, material se desprendió de un talud y dejó a un vehículo atrapado. A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas.

Asimismo, las precipitaciones generaron acumulación de agua en sectores del norte de la ciudad como San Antonio y Calderón, lo que obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

Atención de las emergencias por las lluvias

Personal del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con las administraciones zonales, se desplegó en las zonas afectadas para ejecutar tareas de limpieza, succión de agua estancada y evaluación de daños. 

Con estas acciones se restablececió las condiciones de seguridad y se mitigó riesgos para la población.

De acuerdo con el COE-M, se mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas y no descartan nuevas intervenciones ante la continuidad de las lluvias en la capital.

Emergencias por siniestros de tránsito

Ayer también se registraron otras emergencias relacionadas con siniestros de tránsito. En la avenida Simón Bolívar, en el sector de la UIDE, se registró un incidente que obligó al cierre de dos carriles en sentido sur-norte.

A esto se sumó otro choque múltiple en la avenida Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel de San Juan, donde tres vehículos livianos colisionaron y dejaron a cuatro personas con afectaciones leves, atendidas en el lugar.

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO, los vecinos constataron que la afluencia de agua es mínima. Daisy Toapanta, propietaria de un restaurante en el barrio Mangahuantag, relató que se vio obligada a invertir en un tanque de reserva para poder suplir las necesidades básicas de su negocio y su hogar. “A raíz del plantón que realizamos en los exteriores de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (EPMAPS), por la falta de agua, el servicio se restableció, pero con muy baja presión”, aseguró.

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Toapanta señaló que el problema es crónico: “Siempre hemos tenido dificultades con el agua. Vivo aquí desde que nací, casi 50 años, y siempre ha sido un problema. Ahora, con el crecimiento poblacional, la situación se ha intensificado. El agua es lo más necesario que tenemos para vivir, y pedimos a las autoridades que nos escuchen”.

Los vecinos indican que, además de la escasa presión, deben pagar tarifas elevadas por el servicio. Toapanta explicó que paga entre 40 y 60 dólares al mes, un monto que varía según la cantidad de medidores que tenga cada hogar. “Para cocinar y otras necesidades, hemos tenido que comprar botellones porque los tanqueros prometidos por la empresa no han llegado”, agregó.

Lenin Castillo, vicepresidente de la comuna de Chiche Anejo, precisó que la problemática comenzó con la construcción de la derivadora, ubicada en la entrada de Chiche, antes del puente antiguo. 

“Antes de la derivadora, la presión del agua era normal; llegaba hasta los terceros pisos sin problema. Con la construcción, el caudal comenzó a disminuir y, en algunas ocasiones, el agua prácticamente se secaba”, explicó.

Castillo denunció irregularidades en la distribución: “Cuando vienen los técnicos, el agua sale con buena presión, pero luego vuelve a bajar. Parece que alguien manipula las válvulas. Nos dijeron que la presión se ajusta al nivelarse las válvulas, pero los problemas persisten”.

Vecinos piden una solución a largo plazo 

Raquel Chuquimarca, presidenta de la comuna Mangahuantag, confirmó que el desabastecimiento afecta no solo a hogares, sino también a centros prioritarios como la biblioteca, el centro de salud, la guardería y la escuela local. “Hemos observado que las válvulas se manipulan a ciertas horas, reduciendo el caudal. Los tanques construidos en 2021 aún no están operativos, y la solución que nos da el municipio es insuficiente”, señaló.

Los vecinos coinciden en que la situación ha empeorado con la proliferación de urbanizaciones, centros comerciales y plazas en la parroquia, mientras el municipio continúa autorizando construcciones sin garantizar el suministro adecuado. 

“Nuestra comuna es la más grande de Puembo, con alrededor de 8.000 habitantes, y el agua no alcanza. El crecimiento poblacional debería haber sido previsto por las autoridades”, agregó Chuquimarca.

Carmen Mosquera, residente de Mangahuantag, indicó que desde la semana pasada el suministro ha sido intermitente. “Quienes no tenemos tanques de reserva hemos sufrido más. En dos semanas, hemos tenido que comprar cuatro botellones diarios, a dos dólares con cincuenta cada uno, para cocinar y para los baños de los niños en la biblioteca. Es un gasto enorme”, explicó.

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Sonia Loya, otra vecina, comentó que incluso cuando el agua llega, la presión es tan baja que resulta insuficiente para bañarse o hacer funcionar calefones y lavadoras. “Nos dicen que están cambiando tuberías y construyendo tanques, pero la situación ha empeorado. Es frustrante, y por eso tuvimos que llamar a los medios”, manifestó.

¿Qué dice la EPMAPS?

EPMAPS, por su parte, reconoce las dificultades y asegura que trabaja en soluciones a corto y mediano plazo. Franklin Maiza, del Departamento de Distribución, explicó que la empresa realiza cambios de redes, mantenimiento de válvulas y revisiones de la red para garantizar un suministro equitativo. 

“Algunas suspensiones temporales se hacen de noche para optimizar la red sin afectar prolongadamente a los vecinos”, dijo.

Michael Vilaña, técnico del Departamento de Ingeniería de Proyectos, detalló que se interconectarán las tuberías y se pondrán en operación dos nuevos tanques -San Pedro y El Ingenio- que suman 750 m³, descongestionando los existentes y mejorando la presión. 

Además, forman parte del proyecto Paluguillo-Parroquia de Orientales, cuyo plan de abastecimiento está diseñado para garantizar agua potable durante los próximos 30 años. 

Vilaña aseguró que el proceso de implementación está en fase de ajustes de diseño, y se espera que hacia julio se inicie la contratación pública para ejecutar las obras. “Este proyecto busca atender a toda la parroquia, con medidas para equilibrar el suministro, evitar manipulaciones y asegurar que la presión llegue a todos los sectores”, explicó.

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En total, 425 estructuras quedaron fuera de operación luego de que el Municipio terminó el contrato con la empresa encargada de su manejo. La ruptura se sustentó en una serie de incumplimientos acumulados desde 2018, entre ellos deudas millonarias y falta de mantenimiento, según la información oficial.

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En ese año, los mupis se levantaron en aceras y cerca a paradas de buses. Sin embargo, tras la finalización del acuerdo, en mayo de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) colocó plástico negro y un sello rojo de suspensión en cada una. 

Con el paso de los meses, ese material se desprendió y en la actualidad funcionan como carteleras improvisadas.

EXPRESO realizó un recorrido por varios sectores de la capital y evidenció un patrón en común: afiches superpuestos de conciertos, eventos y servicios, anuncios pequeños pegados sin orden, estructuras rotas y grafitis por doquier.

Ivonne Espinosa trabaja en la avenida Naciones Unidas, en el norte, y es testigo de cómo estos soportes han cambiado. “Se ven sucios, descuidados. Dan una mala imagen al sector”, comenta, señalando uno de los mupis cubierto de carteles y con partes deterioradas.

¿Por qué el Municipio terminó el contrato?

El origen del problema se remonta a la terminación unilateral del contrato por parte del Municipio, tras determinar que la empresa no cumplió con sus obligaciones. Según los informes técnicos del Cabildo, debía pagar alrededor de $ 1,2 millones anuales por el uso del espacio por publicidad, pero solo se entregó $ 104.809. A eso se suman multas por fallas en mantenimiento y otras irregularidades que elevaron la deuda total a $ 76 millones.

También se detectaron modificaciones en las estructuras sin autorización, como cambios en sus dimensiones, y la falta de renovación de garantías contractuales, elemento que permitió dar por terminado el acuerdo.

La AMC también impuso una multa de $ 470 por cada mupi debido a que la compañía se quedó sin el habilitante para usar el espacio público.

Así, el cierre del contrato abrió otro frente: un proceso judicial que sigue en marcha y que mantiene en incertidumbre el destino de estas estructuras. Mientras no se resuelva si pasan o no a manos del Municipio, las autoridades enfrentan limitaciones para sancionar el uso indebido.

Limitaciones en el control

“Están en un limbo”, resume el director de la AMC, Gustavo Chiriboga. Sin un responsable directo al que atribuir el uso del espacio, la respuesta se ha limitado, por ahora, a operativos de limpieza y retiro de publicidad no autorizada.

En lo que va de 2026, se han quitado más de 3.100 elementos publicitarios irregulares, que se suman a casi 17.000 de 2025. Estas tareas se realizan con infractores que optan por trabajo comunitario como forma de cumplir sanciones.

Pero el problema va más allá de retirar carteles. Detrás de cada anuncio hay marcas, eventos o servicios que buscan visibilidad, aprovechando un vacío de control. Por ello, la AMC ha empezado a identificar a los responsables de esa publicidad para, eventualmente, iniciar los procesos de notificación.

Mientras, las estructuras siguen expuestas y algunas empresas y particulares continúan utilizándolas como plataformas gratuitas, sin regulación ni pago alguno por el uso del espacio.

EXPRESO solicitó una entrevista con la Procuraduría del Municipio para conocer cómo avanza el proceso judicial con la empresa, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.

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La alerta ingresó al sistema de emergencias ECU 911 pasadas las 15:30. El evento se registró entre los puentes 2 y 3, donde material desprendido de un talud cayó sobre la vía y dejó a un vehículo atrapado, según informó la institución.

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Equipos de primera respuesta acudieron al sitio para retirar los escombros y liberar el automotor. No se reportaron personas heridas ni atrapadas.

Mientras avanzan las labores de limpieza, uno de los carriles en sentido Quito-Valle permanece cerrado parcialmente, lo que provoca congestión en la zona. 

Heridos en siniestros de tránsito

El deslizamiento no fue el único incidente en una jornada marcada por la lluvia. En la avenida Simón Bolívar, en el sector de la UIDE, se registró un siniestro de tránsito que obligó al cierre de dos carriles en sentido sur-norte. 

A esto se sumó otro choque múltiple en la avenida Mariscal Sucre, antes del ingreso al túnel de San Juan, donde tres vehículos livianos colisionaron y dejaron a cuatro personas con afectaciones leves, atendidas en el lugar.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución, especialmente en zonas propensas a deslizamientos, donde la saturación del suelo incrementa el riesgo de nuevos eventos.

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Los trabajos empezarán el 10 de abril del 2026 en dos fases: primero se intervendrá el carril lateral en sentido norte-sur y luego el sur-norte, divididos en seis tramos por calzada, sumando 12 en total.

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Según el plan, los carriles centrales, que ya fueron rehabilitados en 2025, permanecerán operativos para que el tránsito fluya mientras avanza la obra.

Plan de desvíos y rutas alternas

Para minimizar el impacto en la movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará un plan de desvíos, rutas alternas, contraflujos y paradas temporales de transporte público. 

Además, cada tramo tendrá señalización y medidas para garantizar el paso de peatones, vehículos y transporte público, así como el acceso a negocios y residencias, aseguró el Municipio.

También está prevista la socialización de los trabajos con los moradores de más de 20 barrios aledaños. Los vecinos de Carcelén Libre, Ponceano Alto, La Ofelia, Parque Bicentenario, La Kennedy, California Alta, entre otros, recibirán información sobre los cambios temporales en tránsito, rutas alternas y tiempos de intervención. 

La información también se actualizará permanentemente en los canales oficiales de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

La rehabilitación de la vía se realiza por tramos desde 2025 y, según el Municipio, beneficiará a más de 250.000 personas, entre vecinos de los barrios cercanos y conductores que transitan a diario por esta arteria.

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Durante la intervención se inspeccionaron 22 locales: 15 hostales, cuatro licorerías, dos bares y un centro de tolerancia, detalló el Municipio.

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En ellos, las autoridades encontraron siete armas blancas, una alimentadora, 10 celulares, una computadora, una cámara fotográfica, 15 pipas y varias bolsas con sustancias sujetas a fiscalización.

Además, se decomisaron 525 cajetillas de tabaco de contrabando, tres litros de alcohol sin registro sanitario y cinco motocicletas. Entre los controles también se revisaron 100 vehículos y cerca de 400 personas, incluyendo a una que portaba un grillete electrónico.

Clausuras y sanciones a negocios

El operativo dejó dos establecimientos clausurados, cuatro actos de inicio por mal uso de la LUAE y consumo de alcohol en el espacio público, y ocho citaciones emitidas a responsables de irregularidades.

Alrededor de 175 funcionarios participaron en el operativo, incluyendo personal del Municipio de Quito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

La intervención estuvo coordinada por la Secretaría de Seguridad del Municipio, junto con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Según las autoridades, estos macrooperativos continuarán en otras zonas priorizadas de la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control de actividades ilegales en establecimientos públicos y privados.

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Según datos de la entidad municipal, del 1 al 3 de abril de 2026 se revisaron 242 vehículos. De ese total, 135 contaban con salvoconducto, mientras que se emitieron 45 citaciones por incumplir la restricción. Además, se registraron 16 sanciones por otras infracciones y 47 casos correspondieron a excepciones, es decir, vehículos de dos ejes con un peso de hasta siete toneladas.

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Los operativos en la mañana, vigentes desde enero de 06:00 a 10:00, reflejan un volumen mayor de fiscalización. En ese horario se revisaron 12.621 vehículos, de los cuales 10.328 tenían salvoconducto. Asimismo, se levantaron 1.032 citaciones por la restricción, 842 por otras faltas y 419 correspondieron a excepciones.

El director de la AMT, Washington Martínez, aseguró que los resultados en la mañana han sido positivos desde la implementación de la medida. Recordó que antes de su aplicación había, en promedio, un siniestro semanal con la participación de transporte pesado. 

Sin embargo, en enero y febrero se reportaron cuatro incidentes: dos vinculados al cansancio del conductor, un camión volcado y otro que dejó como saldo la muerte de un motociclista.

Por su parte, el alcalde, Pabel Muñoz, defendió la ampliación de la restricción a la tarde, pese a la oposición de parte de un sector del gremio pesado. “Es una medida necesaria para salvar vidas”, afirmó.

Preocupación en el sector del transporte pesado

El burgomaestre también anunció que la disposición será evaluada al finalizar el primer semestre de 2026. En función de sus resultados, se definirá si la restricción se mantiene, se modifica o se elimina. “Necesitamos aplicarla también en la tarde para saber si funciona”, señaló.

Desde el sector del transporte pesado hay cuestionamientos. Javier Muñoz, representante de la Asociación de Transportistas Pesados Unidos del Ecuador, calificó la medida como una “afectación fuerte” tanto en lo económico como en los tiempos de operación. Además, rechazó que se responsabilice al gremio por los siniestros de tránsito.

En este contexto, gremios de Quito y otras provincias analizan la posibilidad de realizar un plantón pacífico en los próximos días, como forma de protesta frente a la extensión de la restricción vehicular en horas de la tarde.

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Ambos casos motivaron pronunciamientos públicos que apuntan a un problema de fondo: el crecimiento de edificaciones informales en la ciudad.

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El primer caso se registró en el sector de La Carolina, donde la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió una obra que no contaba con los permisos necesarios. Incluso se colocó un sello de clausura, pero este fue posteriormente cubierto, lo que evidenciaría que los trabajos continuaron al margen de la disposición municipal.

A partir de este hecho, el clúster de Constructores Positivos recordó que en Quito, cerca del 70% de las construcciones se levantan de manera informal, sin cumplir requisitos técnicos ni contar con autorizaciones.

Para el sector, el problema no es solo administrativo. Alertan que este tipo de prácticas compromete la seguridad de las edificaciones, especialmente en una ciudad con riesgo sísmico, y expone a los ciudadanos a posibles estafas mediante proyectos que no tienen viabilidad real. 

En ese contexto, el gremio marcó distancia de empresas que operan fuera de la normativa.

Tramitología que empuja a la informalidad

Pero el tema no se queda en la ilegalidad. Desde el sector también apuntan a los procesos municipales. Aseguran que la tramitología extensa, repetitiva y, en algunos casos, poco clara, termina empujando a ciertos actores hacia la informalidad. 

Por eso, plantean la necesidad de modernizar y automatizar los procesos de aprobación de proyectos, como una forma de reducir tiempos, evitar discrecionalidad y cerrar espacios a la corrupción.

Falta de seguimiento de las obras

El segundo hecho que puso el tema sobre la mesa ocurrió en Tumbaco. Allí, una estructura en construcción colapsó en un predio ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Guayaquil. Al momento del incidente, al menos 12 trabajadores se encontraban en el lugar.

Según la AMC, la obra ya había sido suspendida semanas antes, el 4 de marzo, por no contar con un plan de seguridad, un requisito básico para este tipo de proyectos. Tras el colapso, los técnicos verificaron fallas estructurales que evidencian incumplimientos graves en las condiciones técnicas de la construcción.

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El caso generó la reacción de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), que pidió reforzar los controles en territorio para evitar que situaciones similares se repitan. Para el gremio, estos hechos dejan en evidencia la falta de seguimiento durante la ejecución de las obras, más allá de los permisos iniciales.

En un sector donde los errores pueden traducirse en pérdidas humanas, los gremios insisten en que el control debe ser constante y no solo reactivo. También advierten que la informalidad no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida que se alimenta tanto de la falta de fiscalización como de procesos burocráticos que dificultan la formalidad.

Desde Constructores Positivos ya se ha solicitado una reunión con el alcalde, Pabel Muñoz, para discutir posibles salidas. La intención, dicen, es encontrar soluciones que permitan ordenar el sector sin frenar la actividad económica en una ciudad que, además, enfrenta altos niveles de desempleo.

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Sus demandas no son menores: piden un proyecto de ciudad, más allá de promesas de campaña o de compromisos que después no cumplen. Además reclaman un liderazgo, que se evidencia en una autoridad dispuesta a sostener el debate público sin rehuir la crítica, incluso cuando provienen de ciudadanos que, sin ocupar cargos ni recibir sueldo, elaboran propuestas, impulsan ordenanzas y ejercen control social.

Belén Proaño es la nueva coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, organización que en febrero cumplió siete años de fundación. Agrupa a más de cien colectivos y personas naturales. De sus filas salió Wilson Merino, concejal que llegó por una alianza entre el movimiento Imparables (que impulsó tras un trabajo sostenido en la Fundación Cecilia Rivadeneira) y la Revolución Ciudadana, del alcalde Pabel Muñoz. Aunque desde hace más de un año, ambas fuerzas rompieron totalmente relaciones.

Con ese antecedente sobre la mesa de reuniones, en una casa en La Floresta, Proaño pone límites: "no somos parte de partidos políticos ni vamos en alianza con ninguno, juega en contra de nuestro trabajo. Queremos un proyecto de ciudad. Nos preocupan las restricciones que han puesto a organizaciones políticas y el adelanto de las elecciones".  

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Esto creen dirigentes barriales de Quito sobre posibilidad de candidatizarse

Al sur, en La Ecuatoriana, Edison Quezada, dirigente, aclara: “no será utilizado para llenar listas”. Se muestra "decepcionado" porque cree que pese a ser de la RC no ha conseguido obras para su barrio. 

Le gustaría que movimientos ciudadanos pudieran participar en las elecciones, pero asegura ser "realista", así que no cree que haya espacio para líderes barriales con menos recursos.

A Jonny Núñez, quien ha ocupado la silla vacía en el Concejo Metropolitano, para la elaboración de la ordenanza de áreas históricas, le entristece evidenciar que una vez que llegan al poder, alcaldes toman posiciones diferentes.  

"Creo que el Cabildo Cívico les infunde temor porque somos una organización potente, que confronta. No hemos dejado que nos quiten la palabra".

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Los candidatos subestiman a ciudadanos organizados

Elizabeth Falconí, del Foro Salud Pública Ecuador, recuerda que cuando Pabel Muñoz ganó las elecciones se reunió con el Cabildo Cívico. “Tal vez nos subestimó o aún estaba en la luna de miel”, opina.  

Sobre el trabajo que hacen los ciudadanos y la falta de apoyo del municipio

Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, comenta que han apoyado acciones de Claude Roulet, ciudadano suizo que documenta infracciones de tránsito cometidas por conductores de autobuses; evidencia que emiten humo contaminante y que no han pasado revisiones técnicas. Pero la AMT le pone trabas. El alcalde lo ha bloqueado en X.  

"El trabajo que hace Claude debería hacerlo instancias municipales. Es absurdo cómo responden. Nosotros hacemos control social, así, desde el Cabildo hemos logrado detener procesos en Guápulo, que se preocupen del río Machángara, de plantas de tratamiento mal hecho, etcétera".

Candidatos poco sintonizados con las necesidades de la capital

Pablo Buitrón, del Frente de Defensa del Centro Histórico, relata que algunos precandidatos ya se han acercado. "Están moviéndose en los territorios. No creo que estén sintonizados con la comunidad. Tampoco funciona firmar compromisos porque solo quedan en el papel. No confiamos en ellos".

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¿Los dirigentes ciudadanos deben postular como concejales? Pablo cree que deben tener una oportunidad, ya que "a los actuales ediles les ha tomado más tiempo alcanzar su curva de aprendizaje. Necesitamos personas que desde el día uno trabajen por la ciudad".

En una entrevista anterior, el exconcejal Fabricio Villamar, que está al frente de la iniciativa Quito Capital y que cuenta con el casillero electoral de Ahora, habló sobre la participación de ciudadanos. Afirmó que con técnicos, arquitectos y expertos en ambiente, entre otros, trazarán un Plan de Gobierno. No han descartado sumar a actores políticos, incluso a ediles actuales.

La Alcaldía firmó el Acuerdo Quito 2034, ¿fueron invitados colectivos ciudadanos?

Rocío Bastidas, dirigente de La Floresta y excoordinadora del Cabildo Cívico, reflexiona en torno a un punto: su plataforma no fue invitada a las reuniones del Acuerdo Quito 2034, que impulsó la alcaldía. Eso pese a que participe activamente en la silla vacía, para trabajar en ordenanzas, por ejemplo.  

"No estamos en acuerdos acomodaticios. De ningún modo nos invitarían si en siete años jamás hemos dejado pasar hechos que van mal, en movilidad, patrimonio, arbolado urbano o vías. Nos interesa develar problemas, analizar causas y propuestas con la coparticipación de la sociedad civil, la academia y más actores. Esos acuerdos quedan en el papel".

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Al menos unos 10 precandidatos a la alcaldía de Quito existen

Dirigentes barriales, así como líderes de colectivos ciudadanos consultados en esta nota, mencionan al menos 10 nombres de posibles precandidatos que los han buscado. 

Entre otros, Álvaro Pérez Salazar, hijo del exprefecto de Pichincha y exdiputado Álvaro Pérez Intriago. EXPRESO lo buscó en su empresa; indicaron que no se encontraba y que sería factible ubicarlo el lunes 6 de abril. Se le envió un correo electrónico para confirmar su interés en los cómicios. Aún no ha respondido.

En el centro de la ciudad también se dice que han tenido acercamientos de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pero ese dato no se confirma.

Desde ADN, fuentes que pidieron reserva indicaron que la vicepresidenta, María José Pinto, sería su candidata, e incluso que Giovanna Ubidia, a cargo del Seguro Social Campesino, podría correr por la Prefectura. Descartaron a Andrés Castillo y Eckenner Recalde.

En otras tiendas, como la Revolución Ciudadana, pese a no tener casillero por la suspensión de nueve meses, sigue en firme el deseo de Pabel Muñoz de ir por la reelección; no hay un pronunciamiento oficial.

• La Izquierda Democrática, en esta ocasión, busca un perfil nuevo en política. Se trata del exrector de la Universidad Central, el médico Fernando Sempértegui. Aunque él todavía no ha tomado una decisión.

• El Partido Socialista ha evitado confirmar, pero se sabe que buscan levantar el debate con Augusto Barrera y Verónica Silva.

• Otro precandidato es el exalcalde Jorge Yunda, quien no ha confirmado, pero tampoco negó su intención.

• Wilson Merino, con Imparables, también está en la carrera, en busca de unidad.

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El caso fue divulgado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien compartió un video, el 3 de abril de 2026 en su cuenta de la red social X, en el que se observa a una mujer entregando la caja a un courier de la zona.

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En las imágenes, un hombre revisa el paquete mientras otra mujer ingresa al local. Luego de verificar el contenido, lo vuelve a colocar en la caja, aparentemente sin detectar que el paquete escondía un doble fondo con droga. 

Según Reimberg, el destino final del cargamento era Montreal, Canadá, y pretendía ser enviado mediante un sistema de paquetería internacional.

El operativo permitió la aprehensión de dos mujeres y la incautación de cuatro planchas de cocaína. Todas las detenidas y los elementos de prueba fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, cumpliendo los procedimientos legales.

Más droga decomisada

En otro operativo, la Policía Nacional detectó otro cargamento de sustancias ilícitas en el sur de la capital. 

Durante la intervención en La Ecuatoriana, se incautaron 47 planchas de marihuana, aproximadamente 500 gramos de pasta base, un arma de fuego con su cargador, 62 municiones, 10 teléfonos móviles, dos motocicletas y 300 dólares en efectivo. 

Reimberg mencionó que los implicados estaban involucrados en almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas en el sector.

Las dos aprehendidas quedaron bajo la custodia de la autoridad correspondiente, cumpliendo con los trámites legales.

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En una entrevista con el periodista Fabricio Vela, Muñoz recalcó que la reforma obligará al Municipio a hacer ajustes presupuestarios que podrían impactar directamente en servicios sociales, educativos y de salud que brinda el Cabildo. 

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También, en ese escenario, señaló que será fundamental reorganizar el funcionamiento de las empresas municipales, que actualmente son 12.

El alcalde mencionó que estas entidades no siempre pueden medirse únicamente bajo criterios de rentabilidad. “No necesariamente son eficientes”, dijo, aunque reconoció que hay espacio para mejoras. 

Puso como ejemplo la Empresa de Pasajeros de Quito, que gasta más de lo que recauda. Sin embargo, matizó que esto responde al modelo de transporte de la ciudad, donde el pasaje es subsidiado, más que a una mala gestión.

Las fusiones que se analizan

Dentro de los cambios que se analizan está la posible integración entre la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, la Empresa de Rastro Quito y la Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio, entidades que comparten actividades relacionadas con el abastecimiento y la comercialización.

El alcalde indicó que ya solicitó estudios técnicos para evaluar las ventajas y desventajas antes de tomar una decisión definitiva.

En su balance, también recordó que años atrás el Municipio operaba a través de fundaciones que manejaban recursos públicos sin formar parte directa de la estructura municipal. Ese esquema fue reemplazado por empresas públicas, en un intento por ordenar la gestión.

Desde el Concejo también han surgido cuestionamientos por la baja ejecución presupuestaria de algunas empresas y la duplicidad de funciones. El edil, Wilson Merino, recordó que, hace más de una década, un informe de auditoría ya recomendaba fusionar entidades con actividades similares, pero esas sugerencias nunca llegaron a aplicarse.

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Agentes de tránsito metropolitanos interceptaron el vehículo y, tras la prueba de alcoholemia, confirmaron que el conductor tenía 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que no solo supera ampliamente los límites legales, sino que resulta especialmente grave al tratarse de un vehículo de carga potencialmente peligrosa.

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Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la intervención fue oportuna para prevenir un escenario de alto riesgo en las vías de la capital. 

El transporte de gas, por sus características, exige condiciones estrictas de seguridad, y cualquier alteración en la conducción puede tener consecuencias graves.

En febrero pasado, en Puembo, otro conductor de transporte fue detenido en circunstancias similares, con 0,80 gramos de alcohol en la sangre. Aunque menor, el nivel también excedía lo permitido y derivó en su aprehensión.

Una problemática en aumento

Solo en enero, 24 personas fueron aprehendidas en Quito por conducir bajo los efectos del alcohol. Entre esos casos, uno llamó particularmente la atención: un conductor registró casi 7 gramos por litro de sangre, un nivel extremo que multiplica varias veces el límite legal.

Sanciones establecidas en el COIP

La normativa ecuatoriana establece sanciones progresivas según el nivel de alcohol. Cuando se supera 1,2 gramos por litro, la pena incluye multa equivalente a tres salarios básicos, suspensión de la licencia por 60 días y hasta 30 días de privación de libertad.

En el caso de conductores de transporte comercial o de carga, la regla es más estricta: prácticamente tolerancia cero. El límite permitido es de apenas 0,1 gramos por litro de sangre, una cifra que el conductor detenido sobrepasaba más de veinte veces.

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Durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), se constató que el negocio utilizaba la vía pública como extensión de su área de trabajo.

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Aunque el establecimiento contaba con espacio interno, varios vehículos eran lavados directamente sobre la calzada, entre mangueras, hidrolavadoras y aspiradoras, ocupando buena parte de la calle y complicando tanto el tránsito vehicular como el paso de peatones, informó la AMC.

Alertas de los moradores

Pero el problema no terminaba ahí. Un informe ambiental evidenció que las aguas residuales generadas, mezcladas con aceites y otros derivados de hidrocarburos, eran descargadas directamente al sistema de alcantarillado.

La entidad municipal recalcó que este tipo de vertidos no solo contamina el agua, sino que también deteriora la infraestructura sanitaria y afecta el suelo.

A esto se suman las quejas de moradores del sector, quienes aseguraron que la actividad constante del local ya había pasado factura: veredas deterioradas, fachadas afectadas y estructuras debilitadas, en parte por el ingreso frecuente de vehículos pesados y la exposición continua a químicos.

Sanciones que enfrenta el propietario

Desde la AMC se recordó que tener permisos no es suficiente si estos se usan de forma indebida. Las sanciones para este tipo de infracciones pueden superar los 3.800 dólares, dependiendo de la gravedad del caso.

De acuerdo con la AMC, solo en 2025, decenas de lavadoras de autos han sido sancionadas por irregularidades similares, que van desde operar sin permisos hasta alterar medidores de agua o generar riesgos ambientales.

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La intervención está prevista hasta las 13:00 de este sábado. Durante ese tiempo, la circulación en sentido occidente–oriente se suspenderá completamente en un tramo aproximado de 100 metros.

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Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encarga de gestionar la movilidad en la zona, donde se prevén desvíos y posibles congestiones.

De acuerdo con evaluaciones técnicas de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas realizadas en el sitio, al menos 10 árboles han sido identificados como un riesgo, principalmente por la posibilidad de caída hacia la vía.

Estas condiciones, según los informes, reducen además su capacidad de aportar beneficios ambientales.

Lo que dice la normativa metropolitana 

La normativa metropolitana establece que los ejemplares en mal estado o que representen peligro deben ser retirados, con la obligación de compensar la cobertura vegetal. En este caso, se prevé la reposición con especies nativas como aliso, arupo, arrayán y cholán.

Mientras duren los trabajos, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución en los alrededores. 

Una intervención similar se realizó en la avenida Simón Bolívar el pasado 28 y 29 de marzo. Los trabajos se concentraron en los taludes ubicados entre el Colegio Kepler y el Redondel del Ciclista, cubriendo una extensión aproximada de 2,2 kilómetros.

De acuerdo con evaluaciones técnicas, cerca de 40 árboles fueron identificados con riesgo inminente de vuelco, además de presentar condiciones fitosanitarias deficientes que limitan sus beneficios ambientales.

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-Si bien los rige el Código Orgánico Administrativo (COA), ¿por qué pareciera que su reacción es lenta?

Actuamos en el marco de lo que establece el COA, el control se encamina a cumplir ordenanzas y seguimos el debido proceso. Actuamos frente a denuncias ciudadanas, pero tenemos una programación propia, derivaciones de otras instituciones, emergencias previstas por el ECU 911 y debemos responder según los recursos que tenemos.

-¿Por qué no actúan de oficio ante infracciones?

Lo hacemos, en el Código Municipal hay infracciones que se pueden verificar en flagrancia (consumo de alcohol en la acera o usar la calle como baño público); pero otras faltas son ordinarias; en el caso de construcciones, la ordenanza pide sancionar en función del metraje de una edificación, no es la misma multa para quien construyó un baño de 40 m2 o un edificio de 500 m2, pero hay que hacer mediciones o, según el caso, vuelos con dron, fotografías aéreas; además dar con el dueño de la edificación, buscando a nombre de quién está el predio.

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-En el caso de la concesionaria de autos que invadió la acera, ¿pesó más la presión ciudadana?

La ciudadanía es nuestra mayor aliada, el vecino que alerta nos ayuda. En ese caso puntual, hubo todo un proceso, suspendimos la obra y pese a eso, se abrió el local. Se verificó que no tenía licencia para eso y clausuramos. A la marca por reputación no le convenía ese sello y corrigió, pero la mayoría no lo hace.

-¿Qué pasa en la mayoría?

El COA obliga a seguir un proceso hasta multar y no pagan, impugnan. Para tramitar la ejecución del cobro tengo 15 personas. Hay 170 mil expedientes, algunos pendientes desde antes de que se creó la AMC, en la época de las comisarías, hace 16 años. Cada funcionario tiene nueve mil expedientes para cubrir.

-Incluso para el concejal de oposición, Michael Aulestia, la AMC está saturada y con poca capacidad de respuesta. ¿Cuánta gente tiene?

Son 356 funcionarios. En todo el distrito hay 37 inspectores notificadores para controlar a limpiaparabrisas, comercio autónomo, libadores, etc.  

Además, 16, para construcciones, movimiento de tierras y lotizaciones en 10 administraciones zonales; 12, para quebradas, vallas publicitarias, aceras y cierre de vías, arrojo de aguas servidas; 14 sustanciadores, que elaboran informes, etc. Tengo más apoyo en trabajo comunitario (1.600 personas), que personal.

-¿Qué tantos casos resuelve la AMC cada año?

En 2022 se resolvieron 6.349 casos; en 2025 cerramos con 15.826 y ya en este año estamos en 4.345. Optimizamos procesos, incorporamos drones, interconexión con otras instituciones, para intercambio de datos, reuniones de seguimiento, le metemos presión al funcionario. Tenemos 25 camionetas y choferes que trabajan en turnos.

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-En Quito pareciera que no hay Dios ni ley, por las incivilidades. ¿No ha pedido más manos?

Habíamos coordinado con el alcalde pasar de 356 a 665. Se requieren $8 millones para implementar la estructura. Y el Cootad nos puso límites.

-Daniela Valarezo, exintendenta, proponía sumar a los policías metropolitanos.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público limita porque podrían actuar solo como complemento a acciones de seguridad.  

El alcalde Pabel Muñoz les iba a transferir funciones para que apoyen en espacio público, pero si me apoyan 1.200 funcionarios y tengo 15 sustanciadores, en la AMC se creará un embudo.

-¿Qué se hace en otros países? ¿Hay más respeto?

La cultura de cumplimiento de la norma está más interiorizada. Acá las multas no son bajas, en construcciones podemos llegar a cien salarios básicos, más de $40.000, por construir al filo de quebrada o en ribera de un río. Si es una tienda, $ 400.

-¿Cómo actúan los infractores con la AMC?

A nuestros funcionarios los golpean y amenazan. Se consiguen su número y les dicen que saben dónde viven y que tienen hijos. En los últimos dos meses registramos tres casos; uno luego de una inspección en una discoteca por la Universidad Central y otro, en galleras por el Chocó Andino, le dijeron que le cortarían la cabeza.  

A la abogada a cargo de denunciar a un agente metropolitano, que se hacía pasar por inspector de la AMC, en cuya vivienda encontramos sellos e identificación adulterados, le llegó la amenaza al teléfono, le dieron tres días para renunciar. La jueza de este último caso lo dejó en libertad, no calificó el hecho flagrante descubierto en articulación con la Policía.

Las tareas a cargo de la AMC de Quito

La AMC debe sancionar a quien saca la basura a horas indebidas, a las construcciones ilegales, son 400 tipos de infracciones. Y debe ejecutar lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Por eso con el alcalde trabajan en una propuesta de reforma y esperan que algún legislador la impulse para reducir tramitología.

¿Quién es Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC de Quito?

Es supervisor de la AMC desde marzo del 2025 (cumplió un año en el cargo). Trabajó en la Corte Constitucional. Es docente universitario. Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito; maestría en Derecho penal y constitucional, en la Universidad Andina. Fue asesor legislativo, trabajó en la construcción del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de Procesos y Código Administrativo.

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