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Ante los reportes, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que su personal operativo se desplazó hasta el sector de La Carolina para realizar trabajos correctivos y restablecer el servicio.

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De acuerdo con la empresa, los sectores afectados son: La Pradera, San Salvador, la avenida Eloy Alfaro, entre San Salvador y la avenida Los Shyris, Bosmediano y sus alrededores.

La EEQ señaló que las labores se realizan para recuperar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible. Mientras duren los trabajos, los usuarios de estos sectores permanecen sin servicio.

Otro corte de luz se registró en Tumbaco

Los cortes de energía también se han registrado recientemente en otros sectores de Quito. El 8 de septiembre, varias zonas de Tumbaco se quedaron sin electricidad debido a un cortocircuito provocado por un ave en la red de medio voltaje, según informó la EEQ.

El incidente obligó al personal operativo a realizar trabajos correctivos para recuperar el servicio.

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Entre los sectores afectados estuvieron La Viña, Tolagasi, La Primavera, San Antonio, La Dolorosa, Cunuyacu, Pachosalas, Leopoldo Chávez, Rumihuayco, Lumbisí, Cochapamba, La Cerámica, Comuna Central y sus alrededores.

Los trabajos permitieron restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

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El primer caso ocurrió la tarde del martes 8 de septiembre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, en el ingreso a La Forestal, sector Loma de Puengasí. 

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La Secretaría de Movilidad detalló que un bus de la Cooperativa Urban estuvo involucrado en un siniestro con una motocicleta. El conductor de la moto murió en el lugar.

El segundo hecho se registró la mañana del miércoles 9 de septiembre, en la avenida Leonidas Doubles y calle E5, en el sector de Caupicho. Una unidad de la Cooperativa 6 de Diciembre estuvo involucrada en el atropellamiento de una persona, quien falleció posteriormente.

Inicio de procesos administrativos

Las circunstancias y causas de ambos siniestros todavía no están determinadas y son parte de las investigaciones de las autoridades competentes. Mientras se esclarecen los hechos, la Secretaría de Movilidad inició procesos administrativos para revisar la actuación de las dos operadoras.

Como parte de la revisión, la entidad solicitó información relacionada con los buses y conductores involucrados, además de los partes e informes elaborados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

También se analizará si las unidades contaban con la documentación habilitante, bajo qué condiciones se prestaba el servicio y si las operadoras cumplieron con las obligaciones establecidas para el transporte público.

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La investigación administrativa podría derivar en sanciones si se detectan incumplimientos. Según la Secretaría, las medidas contempladas en la normativa incluyen multas de hasta ocho salarios básicos unificados e incluso la suspensión de la operación.

La revisión continuará mientras se recopilan los elementos de cada caso. Por ahora, las autoridades deberán determinar qué ocurrió en cada siniestro y si existieron responsabilidades relacionadas con la prestación del servicio de transporte público.

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Según la información de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), se recibieron al menos tres videos relacionados con estos hechos. 

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En uno de ellos se observa una agresión a un joven; en otro, a un adulto mayor; mientras que un tercer registro muestra un enfrentamiento de tres animales con otro perro.

Inspección de la UBA

Tras recibir las alertas, inspectores de la UBA acudieron al sector para verificar la situación y realizar una evaluación técnica. Durante el control se determinaron condiciones que, de acuerdo con la entidad, no permitían garantizar un manejo seguro del animal ni reducir el riesgo de nuevos incidentes.

Ante este escenario, se procedió al retiro del perro, como parte de las acciones contempladas dentro de las competencias de la UBA.

La entidad recalcó la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía. Además de alimentación y cuidados básicos, implica mantener controles veterinarios, contar con espacios adecuados y adoptar medidas que eviten que un animal represente un riesgo para otras mascotas o para las personas.

Sanciones por mala tenencia 

La normativa metropolitana que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, sanciona la mala tenencia animal leve con el 30% de un salario básico unificado (SBU), las graves con un SBU y las muy graves con 10. 

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Elissa fue vista por última vez en Guamaní, sector ubicado en el sur de la capital. Desde esa fecha se mantienen las labores para obtener información que permita localizarla.

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La adolescente es ecuatoriana y nació el 21 de abril de 2012, según consta en la ficha técnica del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

¿Cómo identificar a Elissa Chiripua?

La información oficial incluye varios rasgos físicos que pueden ayudar a reconocer a la adolescente en caso de que alguien tenga información sobre su posible ubicación.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y solicitan que cualquier información relacionada con el caso sea comunicada por los canales oficiales.

¿Dónde reportar información sobre Elissa Chiripua?

Las personas que tengan algún dato que pueda contribuir a determinar el paradero de Elissa Lisseth Chiripua Tascón pueden comunicarse con las autoridades a través del 1800 DELITO (335486).

También está habilitado el ECU 911 para recibir información relacionada con su posible ubicación.

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Las autoridades señalan que los datos pueden ser entregados de manera confidencial. La información ciudadana puede contribuir a orientar las labores de búsqueda de la adolescente.

Datos de la desaparición

Elissa Lisseth Chiripua Tascón fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2026. La última referencia proporcionada por las autoridades corresponde al sector de Guamaní, en el sur de Quito.

La búsqueda permanece activa mientras las instituciones encargadas del caso recopilan información que permita establecer su paradero.

Lo que debes saber

• Las asambleas barriales de Cumbayá definieron las obras y proyectos prioritarios para el 2026-2027
• Para ese periodo, la parroquia de Tumbaco contará con más de $2,3 millones. De ese monto, $375.321 corresponden a Cumbayá
• En Quito se registraron 2.766 solicitudes para presupuestos participativos. 2.438 son pedidos de obra pública

Las asambleas barriales de Cumbayá ya definieron las obras, programas y proyectos sociales que buscan ejecutar mediante los Presupuestos Participativos (PP) del periodo 2026-2027. 

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El proceso permite que representantes de los barrios y de las comunas o comunidades registradas en la Administración Zonal prioricen las necesidades de sus sectores y decidan sobre una parte de los recursos municipales destinados a inversión.

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Los PP son parte del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social y están normados en el Libro III del Código Municipal. A través de este mecanismo, la ciudadanía decide sobre el 60 % del presupuesto de inversión de las Administraciones Zonales.

Presupuesto participativo destinado a Tumbaco

En la parroquia Tumbaco, para el periodo 2026-2027 el Municipio destinó más de $2,3 millones. Solo para Cumbayá, el monto asciende a $375.321. En todo el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), hasta el 31 de marzo, se registraron 2.766 solicitudes ciudadanas en las 10 Administraciones Zonales.

De ese total, 2.438 corresponden a pedidos de obra pública, principalmente relacionados con espacio público, vialidad e infraestructura comunitaria. Las otras 328 solicitudes son para proyectos sociales en áreas como cultura, educación, desarrollo económico, inclusión social, ambiente, salud, participación ciudadana, juventudes y seguridad.

El sueño del barrio San Juan Alto

En Cumbayá, el proceso ya tiene proyectos concretos. En San Juan Alto, por ejemplo, la asamblea barrial priorizó la construcción de un parque, una obra que los moradores consideran una necesidad debido a la falta de áreas verdes en el sector.

Emilia Calero, del Comité Promejoras de San Juan Alto, cuenta que la directiva se preparó aproximadamente dos años para entender cómo funcionan los Presupuestos Participativos. Estuvieron en mesas de trabajo y recibieron orientación de la Administración Zonal sobre los requisitos, las obras que pueden solicitarse y las etapas de evaluación y priorización.

“Como no hay parques en el barrio, el parque era un sueño”, dice Calero. Destaca que también fue necesario sensibilizar a los representantes de otros barrios para conseguir su respaldo durante la votación.

El proyecto, previsto para 2027, contempla una inversión de $175.000. El parque tendrá una cancha para múltiples usos, espacios para caminatas, áreas para animales de compañía, juegos infantiles y zonas inclusivas para personas con discapacidad. Estará ubicado en la parte alta de San Juan, cerca de la avenida Simón Bolívar y del colegio Terranova.

Para los moradores, el proyecto es más que una obra de infraestructura. Es la posibilidad de contar con un espacio de encuentro, recreación y convivencia en un sector que carece de espacios verdes.

La experiencia del barrio con este mecanismo ya tiene un antecedente. En 2025, San Juan Alto consiguió la construcción de una casa comunal mediante PP. La obra ya está prácticamente lista y actualmente se terminan los muros, antes de su entrega oficial. Una vez concluida esta etapa, el espacio podrá ser utilizado por los vecinos.

No todos los barrios acceden a los PP

En otros barrios, en cambio, lamentan que no pudieron acceder al mecanismo. En La Mandarina, por ejemplo, los dirigentes señalan que existen necesidades que no pueden ser atendidas mediante PP, debido a problemas de registro o a restricciones relacionadas con la ubicación de las obras.

Édgar Sulca, dirigente del barrio, menciona que uno de los pasajes que requieren intervención no está registrado, por lo que no puede ser considerado dentro del proceso. También plantearon la arborización de otra zona, pero la presencia de la línea férrea impide, según les informaron, ejecutar allí una obra bajo este mecanismo.

También esperan una intervención en el pasaje Santiana, en la calle Francisco de Orellana, debido a los hundimientos y acumulación de agua cuando llueve. Sulca lamenta que, pese a la necesidad, el barrio no pueda acceder a los recursos.

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Mientras algunos barrios logran convertir sus prioridades en proyectos financiados, otros buscan alternativas para atender necesidades básicas. En San Francisco de Pinsha, los moradores esperan que el mejoramiento vial pueda ejecutarse bajo la figura de PP.

Patricio Colimba destaca, entretanto, una intervención que ya comenzó a cambiar las condiciones de movilidad en el sector: un tramo de la calle Eloy Alfaro, en el pasaje Santa Ana, fue asfaltado. Para los vecinos, la obra es importante porque durante la temporada de lluvias el lugar se convertía en un lodazal.

En Cumbayá, en el proceso de 2025-2026, la asamblea de presupuestos participativos priorizó cuatro obras con una inversión de $ 297.500. Estas incluyeron la construcción de una cubierta para una cancha de uso múltiple en el barrio San Francisco de Pinsha, la creación de un libro ancestral en Lumbisí y la rehabilitación de la calle García Moreno.

Festejar la historia

• Quito conmemora 48 años de su reconocimiento como Patrimonio Mundial con una agenda de conciertos, recorridos y encuentros que pone en valor su legado arquitectónico, arqueológico, sonoro e inmaterial.
• La fecha también abre la discusión sobre los desafíos pendientes, desde la conservación y restauración de sus bienes hasta la pérdida de habitantes del Centro Histórico.

Una casa antigua puede contar cómo vivía una familia hace siglos. Una campana conserva sonidos que acompañaron durante generaciones la vida de un barrio. Una receta puede guardar una parte de la historia de una ciudad.

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En Quito, esas distintas formas de memoria conviven en un patrimonio que no se limita a sus iglesias, plazas y monumentos.

Esa memoria colectiva volvió al centro de la conversación este 8 de septiembre, cuando la capital cumplió 48 años desde su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La declaratoria reconoció los valores históricos y culturales de su Centro Histórico, un territorio que, casi medio siglo después, continúa planteando preguntas sobre cómo conservarlo, quiénes lo habitan, qué usos adquieren sus espacios y de qué manera puede mantenerse vivo mientras la ciudad se transforma.

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Para Milton Chávez, director del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), entender esa amplitud es el primer paso. “Lo importante que conozcamos nuestro patrimonio, es que nos enseña qué somos, de dónde venimos, cómo hemos evolucionado”, explica.

Las edificaciones son apenas una parte. A ellas se suman los bienes muebles, documentos, sitios arqueológicos y el patrimonio cultural inmaterial: conocimientos, celebraciones, oficios, prácticas y tradiciones que han pasado de una generación a otra.

Solo en bienes muebles patrimoniales, el Distrito Metropolitano cuenta con cerca de 20.000 piezas, entre pinturas, esculturas, textiles, platería, mobiliario y más.

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La ardua labor de restaurar

Durante los últimos años, parte del trabajo municipal se ha concentrado en recuperar edificaciones patrimoniales y, al mismo tiempo, devolverlas a la vida cotidiana de la ciudad. Entre las intervenciones recientes, Chávez menciona la restauración del Centro de Arte Contemporáneo y la Casa de García Moreno.

Esta última, ubicada en la Plaza de Santo Domingo, reabrió en marzo de este año y actualmente alberga el Archivo Municipal y el Archivo Histórico, además de espacios destinados a la investigación y actividades abiertas a la ciudadanía.

A estos proyectos se suma la restauración del antiguo Hospital San Lázaro, una edificación del siglo XVIII cuya historia ha estado vinculada, durante buena parte de su existencia, a los servicios de salud. 

Cerca de 8.000 metros cuadrados se encuentran actualmente en intervención y, según Chávez, está previsto que los trabajos concluyan entre enero y febrero de 2027, cuando el inmueble tendrá nuevos usos administrativos y ciudadanos.

El trabajo, sin embargo, no termina en la recuperación de los edificios. Paralelamente, el IMP mantiene procesos de actualización de inventarios e investigaciones arqueológicas que buscan identificar y documentar un patrimonio que continúa ampliándose.

“Tenemos un patrimonio inmenso y eso es lo principal. Siempre necesitamos encontrar recursos para poder gestionarlo, protegerlo y seguir identificándolo, porque el patrimonio es infinito”, sostiene el funcionario.

Pero conservar, añade, no significa mantener intacta una ciudad que inevitablemente cambia. “Al patrimonio inmueble tenemos que cuidarlo, no para que se mantenga sin cambios, no es inmóvil, pero sí para que se mantenga en buen estado y contribuya a nuestra memoria”, explica.

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Conservar una ciudad que continúa cambiando

Pero el aniversario también vuelve la mirada hacia los retos pendientes. Para Martha Andrade, arquitecta especializada en restauración patrimonial, uno de los principales desafíos consiste en encontrar un equilibrio entre la conservación y las necesidades de una ciudad contemporánea.

A ello se suma un desafío que va más allá de conseguir los recursos necesarios para conservar el patrimonio: lograr que este siga habitado. Durante los últimos años, la pérdida de residentes del Centro Histórico ha puesto sobre la mesa la necesidad de pensar no solo en la preservación de sus edificaciones, sino también en las condiciones que permiten mantener la vida cotidiana dentro de ellas.

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Andrade señala que los datos censales muestran que la parte antigua de la ciudad perdió alrededor de 10.000 habitantes durante la década anterior. Algunas viviendas han dejado de ser ocupadas por sus propietarios, otras se destinan al alquiler temporal o al comercio, mientras que la percepción de inseguridad también influye en la decisión de permanecer o establecerse en el sector.

Para la especialista, esta realidad obliga a ampliar la manera de entender la conservación y a pensar el patrimonio más allá de sus edificios. “El gran reto como ciudad es hallar formas de que nuestro centro no sea un monumento al pasado, sino una parte activa, viva y habitada de nuestro presente”.

Una semana para recorrer el patrimonio

La conmemoración por los 48 años va más allá del 8 de septiembre. Conciertos, recorridos, exposiciones y espacios de discusión forman parte de una agenda que se extenderá hasta el 20 de septiembre y que busca acercarse al patrimonio desde distintas expresiones.

Entre ellas está el ciclo de conciertos Sonidos de la Memoria, con la participación de los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, cuyos repertorios recuperan pasillos, sanjuanitos, danzas criollas y otras composiciones procedentes de archivos históricos.

El jueves, a las 19:00, el Ensamble de Guitarras de Quito se presentará en el Santuario del Señor de la Justicia, en San Sebastián; mientras que el viernes, a la misma hora, el Teatro Capitol recibirá al Grupo Yavirac. La programación continuará el sábado con el Coro Mixto Ciudad de Quito en la iglesia de San Miguel de Perucho.

Este 10 y 11 de septiembre, la mirada se dirigirá también hacia las alturas del Centro Histórico, con recorridos por los campanarios de Las Conceptas, La Compañía y el monasterio de Santa Clara.

La agenda incluye además las jornadas Voces, relatos y territorio, dedicadas al patrimonio cultural inmaterial y concebidas como un espacio de diálogo entre académicos, gestores culturales y especialistas. 

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A estas se suman actividades en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, ampliando el recorrido desde el patrimonio arquitectónico y sonoro hacia las huellas de quienes habitaron este territorio mucho antes de la conformación de la ciudad actual.

Lo que debes saber

• Buses convencionales de Quito tendrán ocho meses para implementar tecnología.
• La ordenanza condiciona las compensaciones municipales al cumplimiento de requisitos tecnológicos y operativos.
• Desde 2027, posibles cambios en la tarifa dependerán del cumplimiento de estas condiciones.

La modernización tecnológica será uno de los principales cambios que plantea la ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito el 8 de septiembre. La normativa establece una hoja de ruta para integrar al transporte convencional con los sistemas tecnológicos que ya funcionan en el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito.

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El objetivo es mejorar la planificación, gestión, control y fiscalización del servicio, además de facilitar el pago para los usuarios. Entre las alternativas que podrán incorporarse están la Cuenta Ciudad, Tarjeta Ciudad, códigos QR y la cédula de identidad.

“Una de las grandes deudas del sistema de transporte público en la ciudad es tener tecnología que permita hacer mucho más eficiente la planificación, gestión y la fiscalización de este servicio”, explicó Alex Pérez, secretario de Movilidad del Municipio, durante una entrevista en MQ Radio.

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Buses convencionales deberán incorporar tecnología

La ordenanza establece plazos para que las operadoras del transporte convencional se integren al Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y al Sistema de Información al Usuario (SIU). Este proceso deberá completarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en los próximos ocho meses deberá implementarse el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). Con ello, los buses convencionales deberán adoptar los mismos mecanismos de pago que utilizan actualmente los sistemas metropolitanos de transporte.

Para el Municipio, la integración tecnológica permitirá contar con mayor información sobre la operación de las unidades, mejorar la fiscalización y facilitar el seguimiento del servicio que reciben los pasajeros.

El incumplimiento no será únicamente una falta administrativa. La norma contempla sanciones económicas y administrativas que, en determinados casos, pueden llegar hasta la terminación del contrato de operación.

La responsabilidad también será compartida entre conductores y operadoras. “Todo lo que haga el chofer tiene una responsabilidad compartida con la operadora”, señaló Pérez.

La tarifa de 2027 queda condicionada

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es que una eventual modificación de la tarifa en 2027 estará vinculada al cumplimiento de las condiciones establecidas para mejorar el servicio.

La normativa contempla cuatro hitos que deberán ser alcanzados por las operadoras. Si estos no se cumplen, podrán aplicarse sanciones y no se garantizará el acceso a los recursos municipales previstos para el transporte.

“No queremos dar más tiempo. Exigimos que el sector convencional se conecte y tengamos un sistema integrado de transporte”, sostuvo el secretario de Movilidad.

Recursos municipales tendrán nuevos requisitos

La ordenanza también endurece las condiciones para que las unidades de transporte accedan a compensaciones con recursos municipales.

Entre los requisitos está la presentación de descargos mensuales notarizados que permitan identificar qué unidades prestaron efectivamente el servicio durante cada mes. También se deberá demostrar el cumplimiento de los hitos de gestión y la instalación de los sistemas y equipos tecnológicos establecidos.

Por primera vez se incorpora, además, la obligación de presentar un certificado de no adeudar al Municipio de Quito. Así, los transportistas que mantengan pendientes impuestos, contribuciones u otras obligaciones tributarias municipales no podrán acceder a estos recursos.

A esto se suman las obligaciones derivadas de multas e infracciones relacionadas con conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En la práctica, las operadoras deberán demostrar que sus unidades estuvieron operativas, presentar sus descargos, cumplir los hitos de gestión, instalar la tecnología exigida, estar al día con el Municipio y responder por las sanciones pendientes.

El transporte ya está bajo controles

La modernización planteada por la ordenanza se suma a los controles que el Municipio mantiene durante 2026. Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre, la AMT realizó 1.439 operativos al transporte público en distintos puntos de Quito.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad realiza fiscalizaciones semanales a 42 rutas: 24 corresponden al corredor Sur Occidental y 18 al corredor Central Norte.

Lo que debes saber

• Quito enfrenta altas temperaturas y riesgo de incendios forestales durante la temporada seca.
• El INAMHI mantiene la advertencia meteorológica hasta las 17:00 del 12 de septiembre.
• Tumbaco, Cumbayá, Tababela y Calderón tendrán temperaturas de hasta 27 °C.

La temporada seca continúa en Quito y el incremento de las temperaturas durante el día mantiene bajo vigilancia a varias zonas del Distrito Metropolitano.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente una advertencia meteorológica hasta las 17:00 del 12 de septiembre, debido al aumento de la temperatura diurna.

Según la alerta, los sectores considerados de riesgo muy alto podrían superar los 27 grados Celsius. En el nivel alto se prevén temperaturas de entre 24 y 26 grados, mientras que en las zonas de riesgo medio se estiman registros de entre 21 y 23 grados.

El comportamiento climático preocupa principalmente por sus efectos sobre la vegetación y la posibilidad de que aumenten los incendios forestales, una emergencia que ya deja cifras importantes en Quito durante esta temporada seca.

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Valles concentran las temperaturas más altas

De acuerdo con la información difundida por el COE Quito, el nivel muy alto se concentra principalmente en la Administración Zonal Tumbaco, donde constan: 

También se incluyen Calderón y Llano Chico, en la Administración Zonal Calderón, y Nayón y Zámbiza, pertenecientes a Eugenio Espejo.

En el nivel medio aparecen

además de Quitumbe y el sector oriental de la Administración Zonal Eloy Alfaro.

El Municipio de Quito mantiene atención sobre estas zonas debido a que las altas temperaturas, sumadas a la vegetación seca y a la falta de lluvias, pueden favorecer la propagación del fuego.

Más de 1.100 hectáreas afectadas

Las cifras del Cuerpo de Bomberos de Quito reflejan la dimensión del problema. Entre el 1 de julio y la primera semana de septiembre de 2026 se registraron 154 incendios forestales que afectaron 1.118 hectáreas en el Distrito Metropolitano.

Los registros operativos identifican como principales presuntas causas las quemas de basura, con 665 hallazgos, y las quemas agrícolas o de vegetación, con 488. Estas prácticas pueden convertirse en focos de incendio cuando se realizan en condiciones de vegetación seca y altas temperaturas.

Tecnología para detectar el fuego

La prevención también incorpora herramientas tecnológicas. Sectores que ya han registrado incendios, como La Tola Chica, son monitoreados mediante drones y cámaras para detectar posibles focos de fuego y mantener vigilancia permanente sobre áreas consideradas vulnerables.

El mapa de riesgo de Bomberos contempla 51 sitios susceptibles a incendios forestales en Quito. Entre ellos están Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Tababela y Guápulo.

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Las imágenes difundidas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) muestran el momento en que la celebración terminó de manera apresurada ante la llegada de los funcionarios.

El hecho ocurrió durante uno de los macrooperativos interinstitucionales ejecutados en Quito, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el control de establecimientos y el uso adecuado del espacio público.

Los operativos se desarrollaron entre el 4 y el 6 de septiembre de 2026 en las administraciones zonales La Delicia, Tumbaco y Quitumbe, con la participación de alrededor de 158 efectivos de distintas instituciones.

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49 establecimientos fueron inspeccionados en Quito

Durante las intervenciones se revisaron 49 establecimientos, entre ellos ocho licorerías, cuatro billares, seis night clubs, dos bares, siete discotecas, 20 hostales, un local de eventos y una fiesta clandestina.

Los controles permitieron identificar varias irregularidades. Entre los hallazgos reportados constan presencia de menores de edad, personas presuntamente retenidas contra su voluntad, armas y posibles sustancias sujetas a fiscalización.

También se detectaron problemas relacionados con la insalubridad, documentación presuntamente falsificada y establecimientos que realizaban actividades distintas a aquellas para las que estaban autorizados.

Fiesta clandestina terminó con una salida apresurada

Uno de los procedimientos que llamó la atención fue el realizado en una fiesta clandestina que no contaba con los permisos requeridos.

Según las imágenes difundidas por la AMC, la llegada del personal de control provocó que quienes se encontraban en el lugar abandonaran rápidamente el sitio. Decenas de jóvenes salieron corriendo mientras se ejecutaba la intervención.

Clausuras y procesos administrativos

Como resultado de los operativos, una licorería fue clausurada por mal uso de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).

Además, se levantaron nueve actos de inicio administrativo contra establecimientos que no contaban con la LUAE y otros seis por libar en el espacio público.

También se emitieron tres informes por incumplimiento de la norma técnica por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. Quito Turismo elaboró, además, un informe de advertencia a un hostal y otro informe sancionatorio por incumplimiento de la normativa técnica.

Un billar también fue suspendido durante los controles.

Armas, licor y sustancias fueron encontrados

Los operativos también dejaron varios decomisos y hallazgos relacionados con seguridad y control.

Entre los resultados reportados constan:

Las Fuerzas Armadas realizaron 94 registros corporales, mientras que la Policía Nacional emitió una boleta de captura por presunta falsificación de monedas y aprehendió a una persona por posesión de un arma traumática.

Además, se elaboró un informe de citación a una licorería por no contar con el timbre fiscal correspondiente.

Controles también llegaron a vehículos y motocicletas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) participó en los operativos con controles a vehículos y motocicletas.

En total fueron revisados 37 vehículos y 36 motos, mientras que se emitieron 22 citaciones por diferentes infracciones detectadas durante las intervenciones.

Las acciones fueron coordinadas entre distintas instituciones municipales y entidades de seguridad para ampliar los controles durante el fin de semana.

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Franklin Sánchez, gerente de Obras Públicas de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), señaló que para reducir las afectaciones al tránsito, se mantiene habilitado un carril en sentido Quito-Puembo.

La medida se coordina con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), mientras avanzan los trabajos en la vía. Sánchez aseguró que la intervención se desarrolla dentro de los plazos previstos.

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Los Lobos en Quito: capturan a alias Cacao y Jeymi con 140 planchas de marihuana

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Cinco tramos para recuperar la Ruta Viva

La rehabilitación de la Ruta Viva quedó en manos de la Epmmop luego de que no prosperara el proceso para entregar a un operador privado la intervención integral de esta vía.

Ante ese escenario, la empresa estableció cinco tramos prioritarios para ejecutar los trabajos de rehabilitación de manera progresiva.

El tramo 3, entre La Cerámica y el Escalón Tumbaco, es el frente que actualmente concentra las labores.

Una vez que esta fase avance, la intervención continuará hacia el tramo 4, que comprende el sector de la avenida Eloy Alfaro y el Escalón Lumbisí. El último frente se ubicará en la zona del puente El Chiche.

La circulación se mantiene durante los trabajos

Mientras se ejecutan las obras, la circulación vehicular no se ha cerrado completamente. La habilitación de un carril en sentido Quito-Puembo busca mantener el flujo de vehículos y reducir el impacto de la intervención sobre quienes utilizan esta vía, según la Epmmop.

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La Ruta Viva es una de las principales vías de conexión entre Quito con el aeropuerto y el valle de Tumbaco. 

La rehabilitación continuará de forma progresiva hasta completar los cinco tramos considerados prioritarios por la Epmmop hasta octubre próximo.

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Uno de los operativos se realizó en Alangasí, en el valle de Los Chillos, donde fueron aprehendidas tres personas: dos mujeres y un hombre. Entre los detenidos están alias de Cacao y Jeymi, quienes, según las autoridades, estarían relacionadas con esta organización criminal.

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¿Qué se halló durante el operativo?

Durante el procedimiento se encontraron 140 planchas de presunta marihuana, además de 35 sobres con la misma sustancia. También fueron decomisados una balanza, dos figuras de la Santa Muerte y un pasaporte.

De acuerdo con la información de las FF.AA, el inmueble intervenido era utilizado como parte de una estructura logística para almacenar y distribuir droga destinada al microtráfico en el Valle de Los Chillos y el sur de Quito.

Una red que también llega al norte de Quito

Los militares aseguran que este operativo forma parte de las acciones desplegadas para afectar las estructuras de Los Lobos que operan en distintos puntos de la capital.

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Según la información, los depósitos localizados la semana anterior en Calderón y Comité del Pueblo tendrían una conexión directa con Los Lobos y estarían destinados al abastecimiento de droga en sectores del norte de Quito.

Las Fuerzas Armadas anunciaron que los operativos continuarán con el objetivo de ubicar y desarticular las estructuras relacionadas con organizaciones criminales.

Otro golpe en el centro de Quito

En un otro operativo en la 24 de Mayo, en el centro de Quito, las Fuerzas Armadas aprehendieron a otras tres personas que serían presuntos integrantes de Los Lobos.

En este procedimiento se decomisaron 18 fundas con marihuana, 74 fundas con presunta cocaína y tres teléfonos celulares.

Los seis aprehendidos, junto con las evidencias encontradas en ambos operativos, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Lo que debes saber

• Las inscripciones para Reina de Quito 2026 ya están abiertas y finalizarán el 5 de octubre.
• La Fundación Reina de Quito seleccionará a 10 candidatas que cumplan requisitos personales, académicos y sociales.
• Las aspirantes deben presentar un proyecto social en Quito enfocado en cinco causas comunitarias.

Las jóvenes interesadas en participar en la elección de la Reina de San Francisco de Quito 2026-2027 ya pueden presentar su postulación. La Fundación Reina de Quito abrió este miércoles 9 de septiembre el proceso de inscripción, que permanecerá habilitado hasta el lunes 5 de octubre de 2026, a las 23:59.

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La convocatoria contempla una serie de requisitos que deben cumplir las aspirantes antes de completar el formulario. Además de información personal y académica, las postulantes deberán presentar un proyecto social relacionado con una de las causas establecidas por la organización.

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¿Cuáles son los requisitos para ser candidata a Reina de Quito?

Las aspirantes a Reina de San Francisco de Quito 2026 deben cumplir con las siguientes condiciones:

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Stefania Massa

¿Cómo inscribirse para Reina de Quito 2026?

Las jóvenes que cumplan con los requisitos deberán leer las condiciones de la convocatoria y completar el formulario de inscripción habilitado por la Fundación Reina de Quito.

Durante el proceso deberán proporcionar información relacionada con su identidad, educación, experiencia profesional y trabajo comunitario.

Entre los documentos y datos solicitados constan:

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IVONNE MANTILLA

Proyecto social que propone para su postulación.

La Fundación señala que los datos proporcionados serán utilizados específicamente para el proceso de selección de las 10 candidatas a Reina de San Francisco de Quito.

Uno de los elementos principales de la convocatoria es el proyecto social que deberá presentar cada aspirante. La propuesta de quien resulte elegida será ejecutada durante su año de gestión, con el aval de la Fundación Reina de Quito.

El proyecto debe ser en PDF, tener un máximo de 5 hojas A4, con letra Arial tamaño 12, con el siguiente contenido:

Las candidatas deberán escoger una causa y desarrollar una propuesta concreta dentro de uno de los cinco ejes establecidos:

Las propuestas pueden enfocarse en crear espacios seguros de escucha, orientación y acompañamiento para niños, jóvenes, adultos mayores o personas que atraviesen situaciones difíciles.

Este eje busca impulsar iniciativas de acompañamiento y generación de espacios de apoyo para personas que enfrentan situaciones de soledad, especialmente adultos mayores.

Las iniciativas deberán buscar una mayor participación de las personas con discapacidad en los ámbitos social, cultural, educativo y laboral de Quito.

Las propuestas pueden estar relacionadas con la protección animal, adopción responsable, recuperación de espacios y cuidado de la ciudad.

Este eje plantea la creación de redes de voluntariado que permitan acercar tiempo, alimentos, apoyo o servicios a comunidades y personas que más lo necesitan.

Las aspirantes deberán completar el formulario y entregar la documentación solicitada dentro de ese plazo. Posteriormente, la Fundación Reina de Quito realizará el proceso de selección de las 10 candidatas oficiales que participarán en la elección.

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El Concejo Metropolitano aprobó con 14 votos a favor el incremento de la tarifa y, además, una compensación de $23 millones para los transportistas. La medida también contempla nuevos valores para las rutas rurales, donde las tarifas dependen de la distancia y el destino.

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Sara Oñate

Uno de los mayores incrementos se registra en la ruta Mercado de San Roque-El Quinche, cuyo pasaje pasará de $1,90 a $ 2,40. Es decir, los usuarios pagarán $0,50 adicionales por el recorrido.

Otro de los aumentos importantes corresponde a la ruta El Quinche-avenida Río Coca y Las Palmeras, que pasará de $1,20 a $1,60, con un incremento de $ 0,40.

Estos son los recorridos que más subirán

Entre las rutas rurales cuyos valores se incrementarán están:

Las largas distancias, uno de los argumentos

El Observatorio de Movilidad recordó que el transporte rural tiene características diferentes al servicio urbano. Las rutas recorren mayores distancias y, en algunos casos, enfrentan condiciones más exigentes de las vías, lo que implica mayores costos de combustible, mantenimiento y operación.

Sin embargo, el organismo considera necesario que los criterios técnicos utilizados para determinar las nuevas tarifas sean transparentes y puedan ser conocidos por los usuarios.

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Sara Oñate

Un debate que viene desde 2022

Los valores que estaban vigentes en varias rutas rurales fueron establecidos en 2022, a partir de la Ordenanza 017-2020. En ese momento, la modificación de las tarifas generó malestar entre los habitantes de varias parroquias rurales e incluso provocó protestas, como ocurrió en Tumbaco.

Por ejemplo, un viaje desde la estación Río Coca hasta Tumbaco tenía un costo de $0,40; hasta Collaquí, $0,70; y hasta El Quinche, $1,20.

Ahora, con la nueva estructura tarifaria, los usuarios de las parroquias rurales deberán asumir nuevos costos que, dependiendo del recorrido, pueden superar ampliamente el incremento de cinco centavos anunciado para la tarifa urbana.

Lo que debes saber

• Quito aumentará el pasaje urbano de $0,35 a $0,40 desde el 1 de enero de 2027.
• Las rutas rurales y combinadas tendrán tarifas diferenciadas según la distancia de cada recorrido.
• El Concejo Metropolitano aprobó el incremento para financiar el transporte, con tarifas rurales de hasta $2,40.

El Concejo Metropolitano aprobó el incremento de la tarifa del transporte convencional. Las rutas rurales y combinadas tendrán valores diferenciados según la distancia.

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El costo del transporte público en Quito cambiará desde el 1 de enero de 2027. El Concejo Metropolitano aprobó este martes 8 de septiembre la ordenanza que establece el incremento de la tarifa del transporte convencional y del Metrobús-Q, que pasará de $0,35 a $0,40.

La nueva ordenanza también contempla una tarifa de $0,45 para buses eléctricos y otras tecnologías de bajas emisiones, siempre que las unidades sean calificadas técnicamente.

Pero el valor de $0,40 no será la única tarifa que pagarán los usuarios. Para los servicios de transporte intracantonal combinado y rural, el Municipio estableció una estructura tarifaria diferenciada de acuerdo con la distancia de cada recorrido.

El documento con las tarifas calculadas para 2027 detalla valores que van desde $0,70 hasta $2,40 en la tarifa única propuesta. También establece tarifas preferenciales o reducidas para los distintos tramos.

Quito

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¿Cuánto costará viajar desde Quito hacia los valles?

Las tarifas más altas corresponden a recorridos que conectan sectores rurales y parroquias con Quito.

Por ejemplo, en la ruta Marín-Píntag-San Alfonso, el tramo Marín-Píntag tendría una tarifa de $1,10, mientras que Marín-San Alfonso costaría $1,20. Para pasajeros con tarifa preferencial, esos valores serían de $0,55 y $0,60, respectivamente.

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IVONNE MANTILLA

¿Y cuánto costarán los recorridos hacia el norte?

También se establecieron valores diferenciados para las rutas entre El Quinche, Calderón, Carapungo, Carcelén y La Ofelia.

Por ejemplo, El Quinche-La Ofelia tendría una tarifa de $1,45, mientras que El Quinche-Carcelén costaría $1,30 y El Quinche-Carapungo, $1,20.

Uno de los valores más altos del anexo corresponde al recorrido Mercado de San Roque-El Quinche, con una tarifa propuesta de $2,40 y una tarifa preferencial de $1,20. Guayllabamba-Mercado San Roque tendría un valor de $1,70.

Las rutas más cortas mantendrán valores menores

No todos los recorridos rurales tendrán tarifas elevadas. En varios tramos cortos, la tarifa propuesta es de $0,70, con una tarifa preferencial de $0,35.

Es el caso de recorridos como Marín-Yanahuayco, Marín-Santa Isabel, Girón-El Dean Bajo, Girón-San Miguel y Marín-San Francisco.

En el documento también aparecen recorridos con tarifas de $0,80, $0,90, $1,00 y superiores, de acuerdo con la distancia.

¿Qué pasará con los transportistas?

La ordenanza aprobada incluye además un mecanismo temporal de compensación económica de hasta $8.000 por cada unidad de transporte convencional, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Lo que debes saber

• Las sanciones a clubes nocturnos en Quito aumentaron 73% entre enero y agosto de 2026.
• La AMC inició 52 procedimientos contra clubes nocturnos por operar sin permisos y otras irregularidades.
• Quito registró 47 clausuras a clubes nocturnos hasta agosto, 68% más que durante todo 2025.

Los controles a los clubes nocturnos en Quito se intensificaron en 2026. En apenas ocho meses, los procedimientos sancionadores por irregularidades ya superaron en 73% a todos los registrados durante 2025.

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Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 52 procedimientos sancionadores contra clubes nocturnos, frente a los 30 registrados durante todo el año pasado. Las clausuras también aumentaron: en lo que va de este año se ejecutaron 47, un 68% más que las 28 de 2025.

El incremento ocurre en medio de controles a establecimientos que funcionan como night clubs, cabarés, casas de citas y prostíbulos en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

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IVONNE MANTILLA

Clubes nocturnos funcionan en zonas residenciales

Una de las irregularidades detectadas durante los controles es que varios establecimientos operaban en inmuebles residenciales, pese a que las actividades que desarrollaban no estaban autorizadas para ese tipo de sector.

Los controles tampoco se limitan a la revisión de permisos. En intervenciones realizadas en casas de citas clandestinas que se promocionaban a través de internet y redes sociales, se identificaron casos de menores de edad, personas que presuntamente permanecían retenidas contra su voluntad y espacios con condiciones de extrema insalubridad.

Cuando los funcionarios encuentran situaciones que pueden constituir delitos, como armas, sustancias sujetas a fiscalización, personas retenidas o ciudadanos requeridos por la justicia, los hechos son puestos en conocimiento de la Policía Nacional, Fiscalía u otras entidades competentes.

Bares y discotecas también acumulan sanciones

El aumento de controles no se concentra únicamente en clubes nocturnos. Entre enero y agosto de 2026, se registraron 174 procedimientos sancionadores y 128 clausuras a bares y discotecas en Quito.

Del total de sanciones, 65 corresponden a bares y 16 a discotecas, mientras que otros 47 procedimientos corresponden a clubes nocturnos.

Entre las principales causas de intervención aparecen el funcionamiento clandestino, la falta de permisos de seguridad contra incendios, la venta de licor sin registro sanitario, el exceso de ruido y aforo, el uso de documentos falsificados y el desarrollo de actividades que no son compatibles con el uso de suelo.

Durante algunas inspecciones también se han encontrado indicios relacionados con el consumo o la presunta comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

Los controles municipales aumentaron en Quito

Entre 2023 y 2025, se realizaron 35.564 operativos en todo el Distrito Metropolitano. Además, el número de intervenciones anuales pasó de 9.996 en 2022 a 13.733 en 2025.

Esto representa un crecimiento superior al 37% en tres años, según los registros de la Agencia Metropolitana de Control.

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La modificación fue cuestionada por los concejales que votaron en contra del proyecto. Para quienes respaldaron el cambio, la decisión busca adecuar la normativa municipal a lo establecido en la legislación nacional.

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Sara Oñate

Municipio sostiene que se aplica la ley

La concejala Fernanda Racines defendió durante la sesión del Concejo la eliminación del valor fijo de $0,10. Según explicó, una ordenanza municipal no puede establecer una tarifa distinta a la contemplada en la ley.

Racines citó el artículo 87 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad y sostuvo que la tarifa preferencial corresponde al 50% del valor regular. Ahora, con la ordenanza, las personas con discapacidad pagarán $0,20.

“Una ordenanza no puede estar por encima de la ley”, señaló, al cuestionar que el Código Municipal haya establecido anteriormente un valor de $0,10.

La edil también indicó que la diferencia entre la tarifa preferencial y el costo real del pasaje es cubierta con recursos municipales.

Para Racines, mantener los $0,10 implicaría conservar una disposición que no se ajusta a la legislación vigente. Asimismo, rechazó que el cambio constituya una regresión de derechos y afirmó que el Municipio está cumpliendo lo establecido en la ley nacional.

La oposición advierte una posible regresión de derechos

La concejala Analía Ledesma, quien votó en contra de la ordenanza, cuestionó que se elimine la tarifa preferencial específica para las personas con discapacidad.

Ledesma sostuvo que, aunque jurídicamente se argumente que se mantiene el beneficio del 50% previsto en la ley, en la práctica las condiciones de acceso al transporte público pueden dificultar el ejercicio de ese derecho.

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La concejala puso como ejemplo las dificultades que enfrentan las personas que utilizan silla de ruedas para acceder a las unidades de transporte. Señaló que, si actualmente existen problemas para que los buses se detengan y permitan el ingreso de una persona con discapacidad, el incremento del valor preferencial podría agravar la situación.

Campaña anuncia acción ante la Corte Constitucional

El concejal Andrés Campaña también expresó su rechazo a la modificación. Consideró preocupante que se elimine la tarifa preferencial que estaba contemplada en la normativa metropolitana.

Campaña sostuvo que la medida podría constituir una regresión de derechos de las personas con discapacidad y de otros grupos de atención prioritaria.

El edil anticipó que, de aprobarse la reforma en esos términos, presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

¿Cuánto pagarán desde enero?

Con la nueva tarifa de $0,40, las personas con discapacidad pagarán $0,20, equivalente al 50% del pasaje.

El cambio elimina de la normativa metropolitana el valor específico de $0,10 que estaba vigente para este grupo.

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La ordenanza fue aprobada este 8 de septiembre de 2026 con 14 votos a favor y seis en contra y establece que la compensación a los transportistas se active desde la sanción de la norma, mientras que el incremento que deberán asumir los pasajeros comenzará en enero.

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Para el concejal Michael Aulestia, esta diferencia entre las fechas genera dudas sobre quién termina asumiendo el costo de la decisión.

“Los quiteños merecen transparencia sobre quién paga y quién se beneficia”, sostuvo el edil. También cuestionó que los operadores privados reciban los recursos de manera inmediata mientras los usuarios empezarán a pagar el incremento varios meses después.

El concejal considera que la decisión traslada hacia la ciudadanía el costo de la compensación y permite a la actual administración evitar, por ahora, el impacto político que tendría el incremento de la tarifa.

Cuestionamientos al respaldo presupuestario

Otro de los cuestionamientos planteados durante el debate tiene que ver con la forma en que se certificó el cumplimiento de los requisitos presupuestarios para entregar la compensación.

Aulestia sostuvo que ninguna dependencia del Municipio ha asumido de manera integral la responsabilidad de certificar que el subsidio cumple con las exigencias presupuestarias establecidas en la ley. Agregó que cada dependencia limita el alcance de su pronunciamiento y deriva parte de la responsabilidad a otra instancia municipal.

El concejal también cuestionó que la ordenanza no establezca suficientes indicadores de calidad del servicio con metas medibles, plazos definidos y consecuencias automáticas ante eventuales incumplimientos.

A su criterio, el desembolso está condicionado principalmente al cumplimiento de hitos tecnológicos y administrativos, pero no necesariamente a resultados que puedan ser comprobados por los pasajeros, como la frecuencia de los buses, los tiempos de espera o la cobertura.

“¿Ha mejorado el transporte en estos seis años?”

La concejala Analía Ledesma también puso en duda que las condiciones actuales del transporte justifiquen el incremento.

Recordó que en 2020 se aprobó la Ordenanza 017, en la que ya constaban compromisos, especificaciones técnicas y promesas de mejoras similares a las planteadas ahora.

Su cuestionamiento se centró en el tiempo transcurrido desde entonces.

“¿Ha mejorado el transporte en estos últimos seis años?”, planteó Ledesma, al señalar que ahora se espere que las mejoras se concreten en apenas tres meses, antes de que entre en vigencia la nueva tarifa.

Para la concejala, si las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas no han permitido una mejora suficiente de la calidad del servicio desde 2020, no existe justificación para elevar la tarifa antes de que esas mejoras sean visibles para los usuarios.

Ledesma también cuestionó que el Municipio destine recursos a los transportistas mientras espera que las condiciones del servicio mejoren.

Preocupación por la tarifa preferencial

Otro de las inquietudes planteadas fue la modificación de la normativa relacionada con la tarifa preferencial, particularmente para personas con discapacidad.

Ledesma advirtió que la ordenanza deroga disposiciones metropolitanas relacionadas con la tarifa preferencial. Aunque se mantendría el beneficio del 50% previsto en la legislación nacional, la concejal señaló que existe una diferencia entre lo establecido en una norma y lo que ocurre en la práctica.

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Puso como ejemplo las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a los buses, especialmente cuando las unidades no se detienen en las paradas o no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad.

Menciona que modificar las reglas de la tarifa preferencial podría afectar a uno de los grupos considerados de atención prioritaria.

El costo también aumenta en las zonas rurales

Pero en las parroquias rurales el incremento, dependiendo de la distancia, sobrepasa los $ 0,5. El concejal Andrés Campaña citó como ejemplo que el recorrido Marín-Píntag pasará de $0,90 a $1,10, mientras que el trayecto entre el Quicentro Sur y Carapungo subirá de $1,10 a $1,40.

Campaña recordó que desde 2021 se han anunciado cambios para mejorar el sistema, pero considera que las condiciones del transporte para las familias de las zonas rurales siguen siendo precarias.

El edil también reclamó una rendición de cuentas sobre las compensaciones para los transportistas y expresó su preocupación por los cambios en las tarifas preferenciales.

Para Campaña, eliminar o restringir estos beneficios podría constituir una regresión de derechos para los grupos de atención prioritaria. Por ello, adelantó que, si la medida se concreta en esos términos, acudirá a la Corte Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad.

Lo que debes saber

• Quito aprobó el pasaje de USD 0,40 y condicionó la compensación a mejoras del transporte público.
• Los operadores deberán implementar sistemas de control, información y recaudo durante 2026.
• El Municipio verificará mensualmente el cumplimiento de las condiciones para garantizar mejoras a los usuarios.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 8 de septiembre, con 14 votos a favor, la ordenanza que establece las condiciones para controlar y mejorar la calidad del transporte público en la capital. 

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La normativa está vinculada al incremento de la tarifa a $ 0,40 y establece requisitos que los operadores deberán cumplir para acceder a los recursos contemplados por el Municipio.

La norma establece que el incremento tarifario no implica un pago automático a los transportistas. Los operadores deberán demostrar el cumplimiento de estándares de calidad, control y tecnología para recibir la compensación económica prevista.

“Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, señaló el alcalde de Quito.

Quito

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Tres sistemas tecnológicos tendrán plazos obligatorios

Uno de los principales cambios de la ordenanza es la incorporación de herramientas tecnológicas que permitirán al Municipio conocer cómo funciona el transporte público y mejorar el acceso de los usuarios a la información.

Estos son los sistemas que deberán implementarse:

Con estas herramientas, el Municipio busca contar con información en tiempo real sobre la operación de las unidades y fortalecer la fiscalización del servicio.

¿El pago de la compensación estará condicionado?

La ordenanza establece un mecanismo de compensación económica temporal, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La concejala Joselyn Mayorga explicó que los recursos estarán sujetos al cumplimiento de requisitos que podrán ser verificados periódicamente.

“Si no hay control, tecnología y calidad comprobada en el servicio, no habrá pago de compensación ni variación de tarifa”, señaló.

De acuerdo con la edil, los recursos serán entregados únicamente cuando los operadores cumplan con los requisitos establecidos y estos puedan ser comprobados mes a mes.

Esto significa que el incremento de la tarifa está acompañado de obligaciones para los prestadores del servicio y de mecanismos de control para verificar su cumplimiento.

¿Qué controles realizará el Municipio?

La ordenanza también contempla el fortalecimiento de la fiscalización al transporte público.

Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó 1.439 operativos al transporte público en distintos puntos de Quito.

A esto se suma el trabajo de la Secretaría de Movilidad, que realiza fiscalizaciones semanales a 42 rutas: 24 correspondientes al corredor Sur Occidental y 18 al corredor Central Norte.

Estas acciones continuarán y serán reforzadas como parte del nuevo esquema de control.

¿Qué deberán mejorar los transportistas?

Más allá de la implementación tecnológica, la ordenanza busca que el incremento tarifario esté relacionado con una mejora comprobable del servicio.

Entre los aspectos que estarán bajo seguimiento se encuentran el control de la operación de las unidades, información para los usuarios, sistemas tecnológicos y cumplimiento de las condiciones establecidas por el Municipio.

La implementación del SAE permitirá conocer la ubicación y operación de los buses. El SIU busca mejorar la información que reciben los pasajeros y el SIR permitirá avanzar hacia un sistema integrado de recaudo.

La finalidad es que el Municipio disponga de datos que permitan comprobar cómo se presta el servicio y aplicar controles cuando los operadores incumplan.

Gabriela Condo, representante de Silla Vacía, señaló que el debate sobre el transporte público no se limita al valor que paga el usuario.

“El transporte público debe garantizar derechos para todos, ofreciendo una tarifa justa que sirva como un pacto de convivencia y desarrollo”, sostuvo.

Condo consideró que la aprobación de la ordenanza representa un paso hacia un sistema de transporte más seguro, equitativo y responsable.

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¿Qué ocurre con el transporte público en otras ciudades?

El incremento del costo del diésel y las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional sobre el subsidio al combustible también han generado cambios en las tarifas de transporte en otras ciudades del país.

En Manta y Portoviejo, el pasaje pasó de USD 0,40 a USD 0,50. En Guayaquil, la tarifa parte de USD 0,30 y existe un esquema aprobado que puede llegar hasta USD 0,50.

Además, la Agencia Nacional de Tránsito incrementó en 25 % las tarifas del transporte intra e interprovincial.

En Quito, en cambio, la ordenanza aprobada por el Concejo establece un esquema de compensación temporal que estará vigente hasta finales de 2026 y que queda sujeto al cumplimiento de requisitos previamente establecidos.

Lo que debes saber

• Pico y Placa: placas terminadas en 5 y 6 tendrán restricción este miércoles 9 de septiembre en Quito.
• La medida regirá de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00 para vehículos incluidos en la restricción.
• Conozca horarios, placas restringidas, excepciones y multas por incumplir el Pico y Placa en Quito.

Los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6 tendrán restricción para circular en Quito este miércoles 9 de septiembre de 2026, debido al sistema de Pico y Placa.

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La medida se aplica en el Distrito Metropolitano de Quito durante dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Fuera de estos periodos, los vehículos que tienen restricción pueden circular con normalidad.

¿Qué placas tienen Pico y Placa este miércoles?

Este miércoles corresponde la restricción a los automotores cuyas placas terminan en:

La medida también se aplica a las motocicletas. En estos vehículos se toma en cuenta el último dígito numérico de la placa, sin considerar la letra que pueda aparecer al final.

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¿A qué hora rige el Pico y Placa en Quito?

Los conductores con placas restringidas deberán tomar en cuenta estos horarios:

Tarde: de 16:00 a 20:00.

Entre las 09:31 y las 15:59 existe libre circulación para los vehículos correspondientes a las placas restringidas. La circulación también queda habilitada después de las 20:00.

Así funciona el Pico y Placa durante la semana

La restricción vehicular en Quito se distribuye de acuerdo con el último dígito de la placa:

Día Placas restringidas

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir el Pico y Placa?

Los conductores que circulen durante el horario restringido: 

Por eso, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomienda a los conductores revisar el último dígito de su placa y planificar sus desplazamientos antes de salir.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa?

La normativa contempla excepciones para determinados vehículos, entre ellos los oficiales del Presidente y Vicepresidente de la República, vehículos oficiales del Alcalde de Quito, automotores del cuerpo diplomático y consular y vehículos de las agencias metropolitanas encargadas del control.

También existen excepciones relacionadas con vehículos conducidos por adultos mayores y otras categorías contempladas en la normativa vigente.

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La propuesta obtuvo 14 votos a favor y seis abstenciones de los concejales Analía Ledesma, Andrés Campaña, Michael Aulestia, Bernardo Abad, Blanca Paucar y Fidel Chamba. 

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El debate, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. La principal crítica durante la sesión fue si una tarifa más alta se justifica cuando persisten problemas en la calidad del servicio.

Cuestionamientos durante el debate

Los ciudadanos acreditados a silla vacía mencionaron que el incremento no está acompañado de mejoras que puedan ser comprobadas por los usuarios.

Alejandro Aguayo, representante de silla vacía, sostuvo que el proyecto surgió por la presión de los transportistas pro la paralización del pasado 5 de mayo y cuestionó que se pretenda aumentar la tarifa mientras el servicio continúa deteriorándose. Calificó la propuesta como un “paquetazo” y consideró que no existen razones suficientes para justificar el incremento.

Jhony Hernández, otro integrante de silla vacía, señaló que el proyecto mantiene una “falta estructural grave”, particularmente en lo relacionado con las personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Hernández cuestionó la falta de accesibilidad, seguridad y tecnología en el sistema de transporte. A su criterio, la discusión sobre la tarifa debería estar vinculada a indicadores de calidad, universalidad y sostenibilidad. “El transporte no es inclusivo”, sostuvo, al señalar que todavía faltan herramientas tecnológicas que permitan garantizar mejores condiciones para los usuarios.

Durante el debate también se expusieron problemas cotidianos que enfrentan los pasajeros como el irrespeto a las paradas, los correteos entre buses para disputar pasajeros, además de siniestros de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Para los ciudadanos y usuarios, estos problemas debían resolverse antes de trasladar un nuevo costo a los pasajeros.

El Municipio le apuesta a la tecnología para fiscalizar

Frente a los cuestionamientos, la Secretaría de Movilidad sostiene que el aumento de la tarifa estará acompañado de mecanismos de control que permitirán verificar de manera automática el cumplimiento de las obligaciones de las operadoras.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que las empresas deberán cumplir requisitos generales como contar con un contrato de operación y habilitación, tener los vehículos matriculados y con la Revisión Técnica Vehicular vigente, no mantener deudas con el Municipio, entre otros.

A esto se suman nuevos hitos establecidos en la ordenanza. Uno de ellos plantea que hasta el 31 de diciembre de 2026 todas las operadoras deberán implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), con los equipos homologados, contratos de servicio y pruebas realizadas. Si es que no se cumple, la ordenanza contempla sanciones.

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La intención es que todas las unidades puedan estar conectadas las 24 horas del día con el Centro de Gestión de la Movilidad. Con ese sistema, la Secretaría espera conocer en tiempo real la ubicación de cada bus, si excede los límites de velocidad, quién lo conduce o si se detiene en las paradas establecidas.

Según Pérez, esta información permitirá pasar de controles principalmente presenciales a una fiscalización automática y facilitar la aplicación de sanciones cuando se incumplan las condiciones establecidas.

Además, se prevé reforzar la capacitación de conductores y realizar mejoras operativas. La ordenanza establece también que, en un plazo de ocho meses desde su aprobación, deberá implementarse el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con el objetivo de contar con datos reales que permitan diseñar un nuevo modelo de gestión del transporte.

La apuesta del Municipio es que esa información permita, entre otras cosas, controlar el respeto de las paradas y reducir el correteo entre unidades.

¿Qué pasa con la tarifa rural?

Otro de los cuestionamientos durante la sesión fue sobre la tarifa rural. El concejal Andrés Campaña citó como ejemplo el recorrido Marín-Píntag, cuya tarifa pasaría de $ 0,90 a $ 1,10, y el trayecto entre Quicentro Sur y Carapungo, que subiría de $ 1,10 a $ 1,40.

Campaña cuestionó que desde 2021, cuando el pasaje pasó de $ 0,25 a $ 0,35 se hayan planteado cambios en el sistema de transporte sin que las condiciones hayan mejorado. Agregó que las familias siguen enfrentando un servicio precario y reclamó una rendición de cuentas sobre las compensaciones que se entregarán a los transportistas.

De su parte, Jorge Yánez, representante del gremio, mencionó que todo el proceso previo al segundo debate permitió enriquecer la propuesta y buscar una solución que contribuya a mejorar el sistema de transporte de superficie. El objetivo, dijo, es llevar a los buses el nivel de servicio que actualmente ofrece el Metro de Quito.

“Necesitamos tener esa continuidad del servicio para no afectar al usuario y establecer hitos que permitan ir implementando tecnología”, aseguró.