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La emergencia, que ha afectado aproximadamente 250 hectáreas, ya no presenta líneas de propagación activas, aunque los equipos permanecen en el sitio para evitar que el fuego se reactive.

Alerta

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Vanessa López

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, informó que la emergencia pasó de la fase activa a la de control. Esto permitirá concentrar los esfuerzos en la liquidación del incendio, con labores de enfriamiento y raspado durante la noche.

“Significa que no tenemos líneas de propagación y entramos a la fase de liquidación”, explicó Cárdenas, quien detalló que alrededor de 50 de las 150 personas desplegadas en la zona continuarán trabajando durante la noche para asegurar el terreno.

Una vez controlado el incendio, los equipos deben enfriar el terreno y remover material combustible para disminuir el riesgo de una nueva propagación.

Incendio en San Antonio de Pichincha continúa activo

Mientras la situación en Calacalí entra en una fase de liquidación, otro incendio forestal se mantiene activo en el sector de Tunlahua, en San Antonio de Pichincha.

Las labores de combate continúan debido a que las condiciones meteorológicas complican las operaciones. Los fuertes vientos dificultan tanto las acciones aéreas como el trabajo de las cuadrillas desplegadas en tierra.

A esto se suman las características del terreno, la presencia de vegetación y material combustible, así como la topografía y las condiciones climáticas, factores que favorecen la propagación de las llamas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene personal en la zona para ejecutar labores de combate, control y contención, con el objetivo de evitar que el incendio avance hacia otras áreas.

Lo que debes saber

• Moradores impulsan desde hace más de 20 años la creación de un parque metropolitano ante la escasez de áreas verdes
• El bosque de protector de San Francisco de Pinsha alberga 66 especies de plantas, 22 de aves, quebradas y vertientes
• Una parte de las 42 hectáreas del bosque pasó a manos de la Policía. El plan es contruir la Comandancia General y una UVC

Eduardo Vaca, morador de Cumbayá, vive desde hace 30 años en la parroquia y ha sido testigo de su gran crecimiento urbanístico. Pero lamenta que ese progreso no ha ido de la mano de la creación de grandes espacios verdes. 

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El desarrollo urbano ocupa buena parte de la zona, mientras los habitantes todavía esperan contar con un parque metropolitano donde puedan caminar, practicar deporte y disfrutar de la naturaleza.

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La aspiración de contar con un espacio natural no es nueva. Desde hace más de 20 años, moradores y organizaciones de la parroquia han impulsado la creación de un parque metropolitano, una lucha que ahora vuelve a tomar fuerza por las dudas que existen sobre el destino de uno de los pocos terrenos que podrían hacerlo posible.

La lucha de los moradores

En San Francisco de Pinsha, un barrio centenario por el que atravesaba la línea del ferrocarril, se encuentra un área de 42 hectáreas de bosque protector, un espacio que los moradores consideran estratégico para el futuro ambiental y recreativo de Cumbayá. 

Allí existen más de 66 especies de plantas y 22 especies de aves, además de quebradas y vertientes naturales. El lugar también es utilizado por ciclistas y deportistas.

Un predio que fue donado a la Policía

Pero el futuro de este terreno está atravesado por una disputa que se mantiene desde hace varios años. Mauricio Freire, integrante del Frente de Defensa del Parque Metropolitano Cumbayá, recuerda que durante la administración de Mauricio Rodas, como parte del desarrollo del Plan Especial San Juan Alto, el terreno fue definido como bosque protector.

Para los moradores, esa decisión coincidía con su propuesta de conservar el espacio y convertirlo en un área natural para beneficio de la comunidad.

Posteriormente, en 2019, en el Gobierno de Lenín Moreno, el predio fue entregado al Ministerio de Gobierno, que a su vez lo destinó a la Policía. Desde 2021 existe el planteamiento de construir allí una plataforma policial en unas 15 hectáreas, en el límite con la avenida Simón Bolívar. 

El proyecto contempla instalaciones para la Comandancia General, el eje investigativo, un centro de operaciones y una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC).

¿Qué pide la comunidad?

Sin embargo, cinco años después, los moradores aseguran que el proyecto no se ha concretado y tampoco existe claridad sobre cuál será finalmente el destino de las hectáreas.

Freire cuestiona que se pretenda utilizar este espacio para infraestructura policial cuando, según afirma, existen otros predios e instalaciones de la institución que podrían ser aprovechados. 

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También expresa preocupación por la tala de árboles en el sector. Menciona que el Ministerio del Ambiente otorgó un permiso para realizar estas labores, pero sostiene que este ya habría vencido.

Para el dirigente, la construcción de nuevas instalaciones en este punto no justificaría sacrificar uno de los últimos espacios naturales de gran extensión que quedan en Cumbayá.

Una alternativa que no se concretó

La preocupación de los moradores también llegó al Municipio de Quito. En 2023, Nancy Naranjo, coordinadora del Frente de Defensa del Parque Metropolitano Cumbayá, envió una carta al alcalde Pabel Muñoz para expresar su rechazo a la posibilidad de construir una UVC en parte del bosque.

En la comunicación también recordó una alternativa que había sido discutida en reuniones: una eventual permuta entre el Municipio y el Ministerio de Gobierno, de manera que la Policía pudiera disponer de un terreno de características similares, pero en una ubicación que respondiera mejor a sus necesidades, mientras el área de San Francisco de Pinsha se destinaba al parque.

En noviembre de 2024, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial señaló que el predio forma parte del Plan Parcial de Expansión Urbana San Juan de Cumbayá, dentro del cual se contempla la incorporación de un nuevo Parque Metropolitano de Cumbayá.

Para Naranjo, aquella respuesta fue un avance, aunque no cumplió con la expectativa inicial de los moradores de preservar las 42 hectáreas.

La falta de información actualizada es una de las principales preocupaciones de la comunidad. EXPRESO consultó inicialmente al Ministerio del Interior sobre el avance del proyecto. Desde esa cartera de Estado se indicó que la información debía ser solicitada a la Policía. 

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El pedido fue trasladado a la institución, que posteriormente señaló que debía ser dirigido nuevamente al Ministerio del Interior. Hasta el cierre de esta publicación no se recibió una respuesta sobre el estado actual del proyecto, sus características definitivas ni sobre posibles diálogos con los moradores para atender sus inquietudes.

Este Diario también consultó a la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), pues, según los moradores, estaría en marcha un proceso de expropiación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la entidad tampoco se pronunció al respecto.

Hospital de Calderón: 1.500 cirugías pendientes

• Hospital de Calderón registra denuncias de pacientes por falta de insumos, medicamentos y turnos.
• Una enfermera alerta nueve máquinas de esterilización fuera de servicio y problemas de limpieza.
• El MSP asegura atención normal, mientras el GAD reporta 1.500 cirugías represadas.

“Venir a la consulta médica resulta a veces absurdo, porque si no tienes un examen para mostrarle al médico cómo está tu salud, es venir a perder el tiempo”. Así describe Gloria Arroyo su experiencia en el Hospital General Docente de Calderón (HGDC), donde se atiende desde hace tres años.

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Arroyo llegó ayer para realizarse exámenes de laboratorio que esperaba desde hace cuatro meses. Tenía una cita agendada, pero al llegar le informaron que no había reactivos. Además, desde hace más de un año tampoco ha podido efectuarse algunos controles, como la hemoglobina glicosilada, que mide el nivel promedio de azúcar en la sangre.

Los pacientes son enviados a laboratorios privados, donde pueden pagar alrededor de $60. La falta de medicamentos también es un problema. Arroyo sostiene que debe comprar fuera los fármacos que necesita. Calcula que este año ha gastado cerca de $3.000 entre medicinas, exámenes y consultas.

“Creo que la salud en el país es como un paseo de la muerte, porque a un enfermo sin plata definitivamente la cama lo mata”, lamenta la mujer.

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Pacientes enfrentan esperas y gastos

EXPRESO pudo conversar con pacientes y personal de salud del HGDC, quienes describieron dificultades en la atención, falta de insumos, problemas para acceder a especialidades y deficiencias en servicios indispensables. Sus testimonios contrastan con la versión oficial del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Sonia Navas llegó al hospital porque espera desde hace seis meses una cirugía para tratar sus várices. Asegura que en su última cita el médico no la atendió y recibió un papel para agendar la operación dentro de un año.

También necesita atención de urología. Hace un mes estuvo hospitalizada por cálculos renales y tiene dos quistes en uno de sus riñones, pero no ha conseguido turno. Durante su hospitalización tuvo que comprar insumos y medicamentos.

Otra paciente, Viviana Cadena, viaja desde Guayllabamba. Su hijo necesita exámenes y una valoración por traumatología. Afirma que ha acudido unas cinco veces sin conseguir turno y que tuvo que pagar algunos exámenes de forma particular.

Nueve máquinas de esterilización, sin funcionar

Una enfermera del hospital, quien pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que existen nueve máquinas de esterilización fuera de funcionamiento.

El personal debe recurrir a otros hospitales para esterilizar equipos e instrumentos. Pese a la dificultad, se continúan realizando cirugías y, según la trabajadora, el sistema de peróxido es el único que funciona. Cuentan con dos casetes para este mes.

La enfermera advierte sobre los riesgos de trasladar al personal hacia otros establecimientos.

También afirma que existe una sola persona de limpieza por turno para atender áreas como el centro obstétrico, ginecología y neonatología. Dice que deben enviar sábanas y otros implementos a otro lugar para ser lavados.

Las denuncias llegan a la Asamblea

La situación también llegó a la Asamblea Nacional. Andrés Crespo, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, informó ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes que, durante dos visitas, se verificaron dificultades en la atención, problemas con el servicio de limpieza, desabastecimiento de fármacos y falta de personal.

Crespo solicitó información sobre la situación presupuestaria, administrativa y las áreas de riesgo del hospital.

Marina Luque, presidenta del GAD parroquial de Calderón, afirmó en la Comisión que el hospital estaría funcionando al 25 % de su capacidad, con una deuda superior a $1 millón por limpieza y un represamiento de aproximadamente 1.500 cirugías.

Informe alertó sobre servicios críticos

A inicios de agosto circuló un informe que advertía sobre una posible suspensión de servicios críticos. El documento señalaba que la reducción del 50 % del personal de limpieza constituía una “amenaza crítica para la seguridad hospitalaria” y planteaba un plan de contingencia.

En septiembre de 2025, trabajadores de limpieza protestaron para denunciar ocho meses sin salarios y falta de insumos.

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MSP asegura que la atención continúa

Frente a estas denuncias, el MSP informó el 4 de agosto que el hospital no ha suspendido sus actividades y mantiene la continuidad total de la atención.

Aseguró que consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos y apoyo diagnóstico funcionan con normalidad, que las citas y procedimientos están garantizados y que la limpieza está activa en todas las áreas.

Sin embargo, los testimonios recogidos por EXPRESO muestran una percepción distinta entre los pacientes.

Las denuncias apuntan a falta de reactivos, medicamentos, turnos, equipos de esterilización y personal de limpieza. Para los usuarios, cada traslado implica tiempo, gastos adicionales y nuevas esperas, mientras sus tratamientos y controles continúan pendientes.

Este Diario solicitó al MSP una vocería para responder a estas denuncias, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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Este jueves, la medida afecta a automóviles y motocicletas con placas terminadas en 7 y 8 y busca disminuir la congestión en las horas de mayor demanda.

La disposición se aplica para todos los vehículos que circulan dentro del perímetro establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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La restricción opera en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Durante esos períodos, los vehículos con placa que termine en 7 y 8 no pueden movilizarse dentro del área determinada para la aplicación de la medida.

Los controles de la AMT

La AMT despliega operativos en diferentes puntos de la ciudad para verificar que los conductores cumplan con la restricción.

Durante los controles, los agentes revisan el último dígito de la placa, el horario de circulación y la documentación de los automotores que cuentan con algún tipo de autorización especial.

¿Cuánto se paga por incumplir el pico y placa?

Los conductores que circulen cuando tienen prohibido hacerlo pueden recibir una multa calculada con base en el Salario Básico Unificado (SBU).

El valor de la sanción aumenta de acuerdo con el número de veces que se haya cometido la infracción:

Vehículos que no están sujetos a la restricción

El Pico y placa contempla excepciones para determinados vehículos y usuarios. Entre ellos están los automotores de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el alcalde de Quito, el cuerpo diplomático y consular acreditado y los vehículos de las agencias metropolitanas de control.

Tampoco están sujetos a esta restricción los vehículos conducidos por adultos mayores, los automotores de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad.

Recuerde que la medida no se aplica durante sábados, domingos ni feriados.

¿En qué zonas funciona el Pico y placa?

La restricción se aplica dentro del perímetro definido porla AMT. En el norte, el límite parte desde la avenida de Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita, mientras que hacia el sur llega hasta la avenida Morán Valverde.

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En el sector oriental, el control comprende la avenida Simón Bolívar, en los tramos de los intercambiadores establecidos por el Municipio.

Además del Pico y placa, Quito mantiene contraflujos en diferentes vías para facilitar el desplazamiento durante las horas de mayor congestión.

Lo que debes saber

• Roedores reaparecen en República de El Salvador, en el norte de Quito, meses después de una intervención municipal.
• Vecinos denuncian nuevos avistamientos y piden controles periódicos en alcantarillas, espacios públicos y zonas comerciales.
• Moradores atribuyen el problema a alcantarillado, residuos y falta de mantenimiento integral en el sector.

Los roedores volvieron a aparecer a plena luz del día en el sector de República de El Salvador, en el norte de Quito, pese a una intervención realizada por el Municipio hace aproximadamente dos meses y medio.

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Los moradores aseguran que el problema persiste y advierten que las acciones ejecutadas hasta ahora fueron insuficientes para controlar la plaga.

Paola Burbano, presidenta del barrio República de El Salvador, dijo a EXPRESO que los vecinos nuevamente han reportado avistamientos de ratas, principalmente en el tramo sur del sector, cerca de la calle Checoslovaquia. Según explicó, hace unas semanas también se observaron roedores en la zona de República de El Salvador y Suecia.

“Desgraciadamente son visibles otra vez a la luz del día. Eso quiere decir que la población de los roedores ya sobrepasó el límite de control”, sostuvo Burbano.

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Vecinos cuestionan el alcance de la intervención

La dirigente barrial recordó que, tras los primeros reportes, el Municipio realizó trabajos de control de plagas, colocó rodenticidas e intervino algunas madrigueras y alcantarillas. Sin embargo, considera que las acciones no fueron suficientes.

Según Burbano, durante aquella intervención se habría limpiado solo una parte de las alcantarillas del sector, mientras que otras continúan acumulando suciedad.

A su criterio, el control de roedores no puede limitarse a colocar veneno o intervenir madrigueras. La solución, dijo, debe incluir mantenimiento periódico de la red de alcantarillado, limpieza de espacios públicos y control de los residuos que generan los establecimientos comerciales.

Red de alcantarillado y manejo de desperdicios 

La presidenta del barrio también descartó que el problema provenga principalmente del interior de los edificios. Explicó que los inmuebles mantienen controles periódicos de plagas y que, de acuerdo con las revisiones realizadas, los roedores estarían relacionados principalmente con la red de alcantarillado.

Otro de los puntos que preocupa a los moradores es el manejo de residuos y grasas de los restaurantes que funcionan en la zona.

Burbano considera necesario que el Municipio realice inspecciones periódicas a estos establecimientos para verificar el funcionamiento de sus trampas de grasa y los procedimientos utilizados para desechar residuos orgánicos.

La dirigente sostiene que una disposición inadecuada de estos desperdicios podría terminar afectando las redes de alcantarillado y generar condiciones favorables para la presencia de roedores.

Los vecinos también han identificado adoquines levantados o flojos en algunos puntos cercanos a restaurantes. Según Burbano, estos sectores coinciden con lugares donde se han observado madrigueras, por lo que considera necesario determinar si existe una relación entre el deterioro del suelo y los túneles utilizados por los roedores.

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El problema también alcanza jardines y cableado

La presencia de ratas no se limitaría a las alcantarillas. Los moradores también han encontrado señales de madrigueras en jardines de edificios.

Burbano explicó que, según las observaciones realizadas por los vecinos, algunos roedores podrían desplazarse a través de espacios asociados al ingreso de cableado de internet y telefonía hacia los edificios. Incluso, señaló que se han encontrado cables afectados.

Por ello, considera que se requiere un estudio técnico que permita identificar las rutas que utilizan los roedores y determinar dónde se origina el problema.

“Si no hacen una intervención completa, podemos pasar en reuniones y oficios y no pasará nada”, manifestó.

Vecinos piden un plan permanente contra los roedores

Para los moradores, una de las principales fallas ha sido que las intervenciones se realizan cuando la presencia de roedores ya se ha convertido en un problema visible.

Burbano plantea que el control debería convertirse en una planificación permanente, con intervenciones periódicas en alcantarillas, espacios públicos, áreas verdes y zonas donde existe mayor concentración de restaurantes y comercios.

También pidió reforzar la limpieza de las veredas, retirar desperdicios acumulados y mejorar el mantenimiento de los tachos de basura ubicados en el sector.

La dirigente considera que los edificios y establecimientos comerciales también deben asumir responsabilidades, especialmente en el cuidado de sus veredas y en el manejo adecuado de residuos.

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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró este 12 de agosto de 2026 que el Ejecutivo presentará una denuncia ante la Fiscalía si se comprueba que los equipos, que estaban bajo administración del Municipio, fueron utilizados de manera indebida.

La declaración se produce dos días después de que el Gobierno anunciara que asumió el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano, que cuenta con 632 dispositivos, con el objetivo de integrar el sistema de videovigilancia a las operaciones de la Policía.

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Morillo recordó que ya acudió a la Fiscalía por el caso de Segura EP, empresa pública de Guayaquil, ante una presunta red de corrupción y espionaje. Según la ministra, si en Quito se encuentran elementos que permitan determinar un uso irregular de las cámaras municipales, se seguirá el mismo camino.

“Si llegamos a tener más información, presentaremos la solicitud y la denuncia”, sostuvo Morillo, al referirse a una eventual investigación sobre el manejo de los equipos.

Policía realiza inventario de las cámaras

La ministra explicó que, desde el lunes 10 de agosto, personal de la Policía tomó el control del centro de cámaras. Como parte de este proceso, se realiza un inventario para determinar el estado de los equipos, su ubicación y a quiénes se habría reportado la información obtenida mediante el sistema de videovigilancia.

Morillo enfatizó que el objetivo de esta revisión es garantizar que la información captada por las cámaras sea utilizada exclusivamente para tareas relacionadas con la seguridad de los quiteños.

El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la medida al señalar que el Centro de Cámaras del COE Metropolitano no habría dado durante años la respuesta que la ciudadanía necesita frente a la delincuencia.

Reimberg también aseguró que las cámaras tendrían conexiones con “cinco o seis” salas espejo y que, tras la toma de control, se encontraron elementos que podrían motivar nuevas investigaciones.

Pabel Muñoz niega uso indebido

Frente a estos señalamientos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó que alguna entidad de la Corporación Municipal haya utilizado de manera indebida las cámaras de videovigilancia.

Muñoz ha sostenido que las 632 cámaras municipales ya interoperaban con el ECU 911, por lo que cuestionó que se presente el acuerdo como una toma o allanamiento del centro de monitoreo.

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El alcalde también señaló que el Municipio entiende que el Gobierno busque que el servicio de interoperabilidad sea administrado por una empresa pública, debido a consideraciones estratégicas relacionadas con la seguridad. El nuevo convenio, según su explicación, busca profundizar la coordinación e incorporar personal policial a la sala del COE Metropolitano.

Lo que debes saber 

• Mauricio Núñez sufrió un accidente de tránsito el 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé.
• Giomara Lozada, esposa del músico, falleció tras el siniestro ocurrido mientras viajaba con su familia.
• Mauricio Núñez y sus hijos permanecen graves y con pronóstico reservado bajo atención médica.

Un accidente de tránsito registrado en la vía Santo Domingo-Quinindé dejó una víctima mortal y mantiene bajo atención médica a Mauricio Núñez, integrante del reconocido Dúo de los Hermanos Núñez, y a sus hijos.

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El siniestro ocurrió mientras el músico viajaba junto a su familia, informó este 12 de agosto de 2026 el entorno de los Hermanos Núñez mediante un comunicado oficial.

Como consecuencia del accidente falleció Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez. La familia Núñez Lozada enfrenta ahora un momento crítico, mientras el artista y sus hijos permanecen hospitalizados debido a las graves heridas que sufrieron.

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Mauricio Núñez y sus hijos permanecen bajo atención médica

De acuerdo con el comunicado difundido por los representantes de los Hermanos Núñez, Mauricio Núñez y sus hijos resultaron gravemente heridos en el siniestro de tránsito ocurrido en la vía Santo Domingo-Quinindé.

Los afectados permanecen bajo cuidado médico y su estado de salud es de pronóstico reservado. La familia no ha proporcionado mayores detalles sobre las lesiones ni sobre el centro médico donde reciben atención.

Ante la delicada situación, los representantes del dúo solicitaron a los seguidores y allegados de la familia mantener la calma y evitar compartir información que no haya sido confirmada por fuentes oficiales.

La prioridad, según el comunicado, es acompañar la recuperación del músico y sus hijos y brindar respaldo a la familia tras la muerte de Giomara Lozada Ortega.

Los Hermanos Núñez piden evitar rumores

Luego de conocerse el accidente y la muerte de la esposa de Mauricio Núñez, los representantes de los Hermanos Núñez hicieron énfasis en la necesidad de manejar con responsabilidad cualquier información relacionada con el estado de salud de los heridos.

La familia pidió que las novedades sobre Mauricio Núñez y sus hijos sean difundidas únicamente a través de los canales oficiales de los Hermanos Núñez.

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El llamado tiene como objetivo evitar rumores, versiones no verificadas o información falsa que pueda aumentar la preocupación entre familiares, amigos y seguidores del artista.

En medio de la tragedia, los Hermanos Núñez también solicitaron a sus seguidores, amigos y allegados que acompañen a la familia Núñez Lozada con una cadena de oración.

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De acuerdo con la más reciente actualización del CBQ, emitida este 12 de agosto de 2026, ambos incendios se encuentran en fase de propagación. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para evitar que el fuego avance hacia nuevas zonas.

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Las condiciones del terreno complican las tareas de combate. Las fuertes ráfagas de viento, la topografía y la vegetación dificultan el acceso y favorecen la propagación de las llamas.

Más de 100 efectivos combaten el incendio en Rayocucho

En Rayocucho, Calacalí, el despliegue es mayor debido a la magnitud de la emergencia. El CBQ mantiene en el sitio 26 unidades de combate y abastecimiento, además de más de 100 efectivos y personal de otras instituciones municipales.

En Tanlahua, San Antonio de Pichincha, permanecen desplegados 25 efectivos y seis vehículos contraincendios.

Los equipos continuarán activados de manera ininterrumpida hasta lograr controlar las emergencias.

Como parte de la estrategia de monitoreo, el equipo de aeronaves no tripuladas realiza un seguimiento termográfico para localizar puntos calientes, medir temperaturas y determinar las acciones necesarias para contener el fuego.

36 horas de combate contra las llamas

Los bomberos acumulan 36 horas ininterrumpidas de combate y contención en las líneas de fuego activas de ambos sectores. La institución señaló que, pese a las dificultades que presenta el terreno, sus equipos permanecerán desplegados hasta controlar las emergencias.

Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan desencadenar nuevos incendios forestales.

“Los incendios forestales solo provocan dolor y apagan la vida de cientos de seres inocentes que tenían en la montaña su hogar”, señaló Cárdenas.

El comandante también alertó sobre el impacto que las llamas ya han causado en la flora y fauna de Rayocucho. La institución difundió imágenes de los daños provocados por el fuego en un solo día y pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre los riesgos de las quemas.

“Necesitamos que las personas tomen conciencia y dejen de realizar quemas indiscriminadamente”, enfatizó Cárdenas.

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EXPRESO confirmó que Tonello renunciará a la Viceprefectura para cumplir con lo establecido en el Código de la Democracia y poder postular a otra dignidad en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. La renuncia es un requisito para que pueda inscribir oficialmente su candidatura.

Tonello habló sobre su trayectoria junto a Pabón, en su espacio de entrevistas. “He hecho maestría y PhD en gestión pública. He tenido la bendición de formarme en la cosa pública con una maestra y lideresa que me ha permitido aprender”, dijo en referencia a Pabón.

La prefecta, por su parte, recordó las dudas que tuvo inicialmente sobre la conformación de la fórmula para las elecciones de 2019. “Me dijeron que es un empresario que conoce mucho de temas de riego, que estudió en el Zamorano y el tema de que venía del sector empresarial me hacían ruido. Pero estos años han sido de aprendizaje. Eres un compañero muy leal”, señaló.

El trabajo de Tonello como Viceprefecto

Pabón también recordó que, en 2018, pocos imaginaban una fórmula integrada por una empresaria y una política. Pabón destacó el trabajo en economía popular y solidaria, una lucha del padre del viceprefecto, Giuseppe Tonello Foscarini, conocido como Bepi. Es el impulsor del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. Además, en riego.

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¿En manos de quién quedará la Viceprefectura?

Tras la salida de Tonello, se conoce que habrá una terna para designar al nuevo viceprefecto. Aunque circula el nombre de André Iza, quien aún no cumple 30 años, como posible sucesor en la Viceprefectura. 

Iza es actualmente presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha (Conagopare). El economista además presidió la Junta Parroquial de La Merced.

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Juan Zapata ya ha estado en la política como exministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso y exsecretario de Seguridad del Municipio de Quito. 

La dupla plantea recorrer barrios, parroquias y cantones de la provincia con el propósito de recoger de primera mano las preocupaciones de las familias, comerciantes, trabajadores y emprendedores. 

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La inseguridad aparece como uno de los principales problemas que, según la organización, deben ser abordados desde los gobiernos locales.

¿Quién es Juan Zapata?

Zapata llega a esta nueva etapa política con una trayectoria vinculada precisamente al ámbito de la seguridad. Antes de asumir el Ministerio del Interior en septiembre de 2022, fue secretario de Seguridad del Municipio de Quito y posteriormente estuvo al frente del ECU 911. Guillermo Lasso lo designó ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo.

Su paso por el Gobierno de Lasso, sin embargo, también está marcado por un antecedente político relevante: en mayo de 2024, la Asamblea Nacional censuró a Zapata por unanimidad, tras un juicio político relacionado con la gestión de la seguridad interna durante su administración. 

La resolución incluyó una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Zapata defendió entonces su gestión y destacó resultados como decomisos de droga y armas, desarticulación de estructuras criminales y la incorporación de nuevos policías.

Ahora, el exministro vuelve a la política con la mirada puesta en Pichincha. Su candidatura estará acompañada por la de Merino, quien plantea que la recuperación de la seguridad debe partir de escuchar a los ciudadanos que enfrentan diariamente problemas como robos, extorsiones y violencia.

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Para Zapata, conocido como el “Capi Zapata”, la respuesta frente a la inseguridad debe superar las acciones aisladas de una sola institución. Su planteamiento apunta a una coordinación entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones públicas, barrios y ciudadanía.

La organización sostiene que la violencia y la extorsión no pueden convertirse en parte de la normalidad y que la construcción de soluciones debe partir de las necesidades particulares de cada territorio. Para ello, Merino y Zapata prevén iniciar recorridos por Quito y los distintos sectores de Pichincha.

Lo que debes saber

• Bomberos combaten desde hace 36 horas incendios en Calacalí y Tanlahua por focos aún activos
• Una quema de carbón habría originado el incendio en Calacalí, según Bomberos de Quito.
• El viento impide apoyo aéreo en Quito y dificulta controlar las llamas este 12 de agosto.

Los incendios forestales registrados en las parroquias de Calacalí y San Antonio de Pichincha continúan movilizando a decenas de equipos de emergencia este 12 de agosto, mientras los organismos de respuesta buscan contener los focos que permanecen activos en el noroccidente de la capital.

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El principal frente del incendio se concentra en el sector de Rayocucho, donde bomberos trabajan para sofocar las llamas y evitar una mayor expansión del fuego. 

Paralelamente, otro incendio forestal sigue siendo combatido en Tanlahua, zona en la que las tareas de control se mantienen desde el martes.

Más de 36 horas de combate contra las llamas

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, ambos incendios permanecen bajo monitoreo permanente desde un Puesto de Mando instalado en el área afectada. Las labores se han extendido por más de 36 horas de forma ininterrumpida.

Para enfrentar la emergencia se desplegaron 150 bomberos, 23 vehículos contraincendios y aproximadamente 50 personas de apoyo pertenecientes a distintas dependencias municipales.

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Vientos y vegetación dificultan el control del fuego

Las condiciones climáticas han complicado el trabajo de los equipos de emergencia. De acuerdo con los Bomberos de Quito, las fuertes ráfagas de viento, la topografía irregular y la abundante vegetación han dificultado el avance de las labores de contención.

Además, el viento ha limitado la posibilidad de utilizar apoyo aéreo para combatir los focos activos, una herramienta que suele emplearse en incendios forestales de gran magnitud.

Los equipos también han concentrado esfuerzos en impedir que las llamas avancen hacia el volcán Casitagua, una situación que habría incrementado la afectación sobre la cobertura vegetal de la zona.

Una quema de carbón es la principal hipótesis sobre el origen

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, coronel Esteban Cárdenas, señaló que una de las principales hipótesis apunta a una quema de carbón realizada en el sector como posible causa del incendio.

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Según explicó, en el área existen personas que desarrollan esta actividad y las altas temperaturas, sumadas a los fuertes vientos, habrían provocado que el fuego se propagara fuera de control hasta convertirse en un incendio forestal.

No obstante, las causas definitivas y eventuales responsabilidades serán determinadas por la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar lo ocurrido.

Además de una eventual investigación penal, la normativa municipal vigente contempla multas de hasta $36.000 para quienes provoquen incendios forestales cuando la infracción es catalogada como muy grave.

Lo que debes saber

• El Concejo aprobó monitorear durante cuatro meses el convenio entre Emseguridad y el Ministerio del Interior, además de exigir información a la empresa municipal
• El convenio incorpora policías a la Sala Situacional del COE-M y modifica la coordinación del sistema de videovigilancia de Quito, que cuenta con 632 cámaras distribuidas en la ciudad
• El ministro Reimberg cuestiona las “salas espejo”, mientras Emseguridad niega su existencia y defiende su manejo del sistema

Con 11 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 11 de agosto de 2026 una resolución para solicitar información y monitorear el Convenio Marco de Cooperación firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) y el Ministerio del Interior.

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La resolución establece que Emseguridad deberá atender los pedidos de información que realicen los concejales y los organismos de control, dentro de sus competencias. Además, dispone que el convenio sea monitoreado durante cuatro meses y que, a partir de esa revisión, se determinen las acciones administrativas y de control que correspondan.

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El Ministerio del Interior asume la videovigilancia

La decisión del Concejo se produjo un día después de que el Gobierno Nacional y Emseguridad suscribieran el convenio que modifica la forma en que se coordina el sistema de videovigilancia de Quito. El acuerdo contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), ubicada en el ECU 911.

El convenio abrió una discusión sobre quién manejará las cámaras, quién podrá acceder a sus imágenes y cómo se dividirán las responsabilidades entre el Gobierno Nacional y el Municipio.

El Ministerio del Interior anunció el 10 de agosto que asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano para integrar el sistema de videovigilancia municipal a las operaciones de la Policía Nacional.

El objetivo, según esa cartera de Estado, es fortalecer la prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente al delito. También se prevé una integración progresiva de los sistemas de videovigilancia, monitoreo y plataformas tecnológicas administradas por Emseguridad con los mecanismos coordinados por el ECU 911.

632 cámaras distribuidas en distintos sectores 

El sistema cuenta con 632 cámaras distribuidas en distintos sectores de Quito. Estas ya operan desde el entorno del ECU 911 y ahora se incorporará personal policial a la sala desde donde se monitorean.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que ese espacio no es utilizado únicamente para asuntos de seguridad. Allí también trabajan representantes de entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito, Emaseo y la Agencia Metropolitana de Control.

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Según Muñoz, las cámaras permiten detectar diferentes tipos de situaciones. Si se observa basura acumulada en una calle, por ejemplo, la alerta puede llegar a la entidad municipal correspondiente. Si se identifica un posible delito, la información se comunica al ECU 911 para coordinar la respuesta policial.

Muñoz ha insistido en que el Municipio debe mantener sus competencias sobre emergencias municipales y control del espacio público, mientras la Policía debe encargarse de las acciones que corresponden a seguridad y delitos.

La acusación al Municipio de Quito

El punto más polémico de la discusión fue la existencia de las denominadas “salas espejo”.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Centro de Cámaras municipal tendría conexiones con “cinco o seis” de estos espacios. Además, sostuvo que después de que personal policial tomó el control del Centro de Cámaras el 10 de agosto se encontraron elementos que motivaron nuevas investigaciones.

Reimberg incluso señaló que podrían existir otras instalaciones desde las cuales se habría monitoreado el sistema de vigilancia de la capital y cuestionó la forma en que el Municipio manejaba el sistema.

"No existen las salas espejo"

Pero desde Emseguridad la respuesta fue diferente. Su gerente, Gaudelia Moreira, negó ante el Concejo la existencia de las “salas espejo”. Moreira explicó que las 632 cámaras están distribuidas en las 10 administraciones zonales de Quito.

La gerente también informó que Emseguridad se encuentra en un proceso de contratación para ampliar el sistema de integración y monitoreo. Sin embargo, tras el nuevo convenio, deberá solicitar al Ministerio del Interior autorización para adquirir esa plataforma. 

Lo que dicen los concejales

El concejal Adrián Ibarra respaldó la versión de Emseguridad y rechazó que haya existido un allanamiento o una toma de control del sistema.

Aseguró que las 632 cámaras continúan en el mismo espacio del ECU 911 y que el convenio responde a disposiciones nacionales. Ibarra también sostuvo que el resguardo de los datos fue ratificado por Moreira durante la sesión del Concejo. Sin embargo, consideró pertinente que la Contraloría u otras entidades puedan revisar el proceso para garantizar transparencia.

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En cambio, el concejal Michael Aulestia planteó que la Contraloría General realice una auditoría sobre la administración y el acceso a los sistemas de videovigilancia, monitoreo y analítica de Emseguridad entre 2019 y 2026.

La revisión busca determinar quiénes han tenido acceso a los sistemas y bajo qué condiciones se ha administrado la información. La concejal Analia Ledesma planteó otra preocupación. A su criterio, la seguridad no puede convertirse en una disputa política y las cámaras deben estar al servicio de la ciudadanía.

El convenio debe tener reglas claras y transparencia

Recordó que Quito registró 264 homicidios intencionales en 2025, frente a 248 en 2024. Los homicidios relacionados con violencia criminal también aumentaron, de 179 a 204 casos. Ledesma consideró positivo que Gobierno y Municipio coordinen sus sistemas, pero señaló que el convenio debe tener reglas claras, controles y transparencia.

También recordó que el ECU 911 informó en enero de 2026 sobre la detección de 38 dispositivos de videovigilancia irregulares en el sur de Quito.

Para el experto en seguridad Max Campos, la participación de los municipios en la vigilancia de espacios públicos no es nueva. Explicó que desde administraciones anteriores se instalaron cámaras y alarmas comunitarias y que, con la creación del ECU 911 en 2012, estos sistemas comenzaron a coordinarse.

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Campos añadió que las llamadas “salas espejo” pueden funcionar como espacios municipales para vigilar parques, calles y otros espacios públicos. Cuando se detecta un problema relacionado con las competencias municipales, intervienen los agentes correspondientes; si se trata de un delito, actúa la Policía mediante el ECU 911.

Para el experto, lo importante es que la coordinación no se convierta en una disputa política y que cada institución tenga claras sus responsabilidades.

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Sustentación del recurso judicial y nueva suspensión

Durante la reinstalación de la audiencia de apelación en la capital, el ente acusador concluyó su intervención requiriendo la revocatoria de la decisión de primera instancia. La institución argumentó su solicitud basándose en los elementos presentados durante el juicio original para demostrar el perjuicio económico al Estado en el caso denominado Pruebas PCR.

Tras la exposición del Ministerio Público, los magistrados dispusieron una nueva suspensión de la diligencia judicial para establecer fecha y hora de reinstalación. Esta reprogramación del cronograma permitirá continuar con los alegatos de nueve equipos jurídicos que representan a los implicados.

Frente al desarrollo de la etapa procesal, el exburgomaestre se pronunció a través de sus canales digitales cuestionando la agilidad de la Función Judicial. Yunda detalló que el expediente acumula más de cinco años y registró tres paralizaciones durante el presente periodo. El exfuncionario aseguró que no existen nuevas evidencias en su contra.

El recurso interpuesto busca revertir la resolución adoptada el 22 de septiembre de 2025, cuando un tribunal de garantías penales determinó por unanimidad que no existían pruebas suficientes para configurar el ilícito. En dicho dictamen, la autoridad competente concluyó que no se comprobó un daño económico a las arcas municipales ni se certificó técnica o administrativamente que los insumos tipo RT-LAMP tuvieran menor calidad que las pruebas PCR requeridas inicialmente.

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Personal operativo de la EEQ llegó a la zona para realizar trabajos correctivos y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

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Entre los sectores afectados están: El Aromito, Los Eucaliptos, Pillagua, San Francisco de Churoloma, San José de Collaquí, Albán, Las Peñas, Mangahuantag, Timoteo Medrano, Teófilo Elías Carrera y la vía a Club Arrayanes, además de sus alrededores.

La empresa explicó que las condiciones de viento pueden representar un riesgo para la infraestructura eléctrica, ya que ramas, árboles u otros objetos pueden caer sobre las redes y provocar desconexiones.

Hasta el cierre de esta publicación (18:00), el servicio no llega a los barrios de Tumbaco.

Usuarios reportaron cortes desde la mañana

En horas de la mañana, alrededor de las 10:00, la EEQ informó en su cuenta de X sobre otra incidencia que afectó otros puntos de Tumbaco y sus alrededores.

Entre las zonas mencionadas estuvieron La Primavera, Rojas, El Limonar, Lumbisí, San José de Oleas, Real Alto, La Praga, La Mandarina, El Chaquiñán, Arrayanes, Manuela Sáenz, Juan Montalvo, San Blas, Santa Ana, Tola Chica 1, Villa Vega, Las Acacias, La Providencia, Buena Esperanza, Chiche, San José de Puembo y San Pedro de Chiche.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que permanecían sin energía eléctrica desde aproximadamente las 08:30.

La EEQ señaló que sus equipos operativos realizaban trabajos correctivos para identificar la causa de la interrupción y recuperar el servicio. Pasadas las 12:30, la empresa informó que la energía fue restablecida.

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La empresa recordó que durante jornadas con fuertes vientos cualquier objeto que entre en contacto con las redes eléctricas puede generar una emergencia y afectar el suministro.

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Ante este tipo de situaciones, las cuadrillas operativas se desplazan hasta los puntos afectados para identificar el origen de la falla y ejecutar las reparaciones necesarias.

La EEQ recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada de cables eléctricos caídos y reportar cualquier incidente relacionado con la infraestructura eléctrica, especialmente durante jornadas en las que las condiciones climáticas pueden aumentar el riesgo de daños en las redes.

Lo que debes saber

• El Pico y placa en Quito funciona en la mañana y en la tarde de acuerdo al último dígito del vehículo
• El incumplimiento de la restricción conlleva multas que van desde el 15% de un SBU hasta el 50%
• La medida busca disminuir la cantidad de automotores que circulan por las principales avenidas de la capital cuando hay mayor carga vehicular

Este miércoles 11 de agosto de 2026, el Pico y placa se mantiene vigente en Quito como parte de las medidas implementadas para reducir la congestión vehicular durante las horas de mayor demanda.

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La restricción aplica para autos y motocicletas cuyas placas terminan en 5 y 6, que no podrán circular dentro del perímetro establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La medida busca disminuir la cantidad de vehículos que circulan por las principales avenidas de la capital en los períodos de mayor carga vehicular.

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¿En qué horarios aplica el pico y placa?

Los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 tienen prohibido circular durante dos franjas horarias:

Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular con normalidad.

La AMT mantiene operativos en diferentes puntos de Quito para verificar el cumplimiento de la medida. Los agentes controlan la terminación de las placas, los horarios de circulación y la documentación de los automotores que cuentan con autorizaciones especiales.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

Los conductores que circulen cuando tienen restricción se exponen a sanciones económicas calculadas sobre el Salario Básico Unificado (SBU).

Las multas aumentan de acuerdo con el número de infracciones: 

Vehículos exentos de la medida

La normativa contempla excepciones para determinados vehículos y usuarios. Entre ellos están los vehículos asignados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, al alcalde de Quito, automotores del cuerpo diplomático y consular acreditado.

También las unidades pertenecientes a las agencias metropolitanas de control, vehículos conducidos por adultos mayores y de emergencia.

¿Dónde rige la restricción?

La medida se aplica dentro del perímetro urbano establecido por la AMT. En el norte, el perímetro inicia en la avenida de Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita, y se extiende hacia el sur hasta la avenida Morán Valverde.

En el eje oriental, el control comprende la avenida Simón Bolívar, en los sectores e intercambiadores establecidos por el Municipio.

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Los conductores que circulen fuera de este perímetro deben considerar las disposiciones específicas que correspondan a cada sector.

Estos son los contraflujos vigentes en Quito

Además del Pico y placa, la movilidad en Quito contempla varios contraflujos durante las horas de mayor congestión.

En la mañana funciona de lunes a viernes, de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30, desde Cuscungo hasta la avenida Pichincha, sector El Trébol. 

En la tarde el contraflujo se inicia desde las 16:30 ahasta las 19:30 desde la avenida Pichincha, sector El Trébol, hacia la Autopista General Rumiñahui, sector Cuscungo.

De 06:00 a 08:30, sentido sur-norte. De 17:00 a 19:00, sentido norte-sur.

En la mañana, de 07:00 a 08:30, desde la avenida Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar hasta la avenida 6 de Diciembre. En la tarde, de 16:00 a 19:30, desde la 6 de Diciembre y Oswaldo Guayasamín hacia la Simón Bolívar.

De 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00 desde la parada del corredor de San Diego hacia la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria. 

En la tarde, de 16:30 a 17:00, desde la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria hacia el corredor de San Diego. De 17:30 a 18:00 funciona en el mismo sentido.

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La solución comenzará a tomar forma desde este viernes 14 de agosto, cuando se inicie la construcción de la prolongación de la avenida Río Amazonas.

 La nueva conexión bordeará el parque Bicentenario y enlazará la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre con la avenida Luis Tufiño.

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¿Habrá cierres viales durante los trabajos?

De acuerdo con la planificación de la obra, no están previstos cierres viales, debido a que la intervención se ejecutará en áreas que no interfieren con la circulación vehicular existente. No obstante, se establecerá una franja de seguridad alrededor de la zona de construcción para proteger a quienes utilizan el parque.

La nueva avenida tendrá 2,21 kilómetros de longitud y demandará una inversión aproximada de  7 millones de dólares. Su construcción está prevista para 210 días, con jornadas de trabajo durante el día y la noche, por lo que la infraestructura estaría lista durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto pretende convertirse en una alternativa para descongestionar este sector del norte de Quito. Actualmente, entre 14.000 y 19.000 vehículos circulan diariamente por la zona y los estudios de tráfico estiman que la nueva conexión permitirá reducir en unos 4.000 vehículos por día la carga en las intersecciones de las avenidas La Prensa y Tufiño.

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¿Cómo cambiará la circulación en esta zona de Quito?

La prolongación de la avenida Río Amazonas funcionará en doble sentido y tendrá una velocidad máxima de 50 km/h. Contará con cuatro carriles, dos por cada sentido, además de paradas para transporte público.

La vía tendrá conexiones en tres puntos:

Estas intersecciones fueron contempladas para facilitar la circulación y distribuir de mejor manera el flujo vehicular.

El proyecto también incorpora espacios para peatones y ciclistas. Junto al parque Bicentenario se construirá una ciclovía de 2,50 metros de ancho, mientras que en el lado opuesto se habilitará una acera de cinco metros.

En total, la nueva vía tendrá 36,80 metros de ancho e incluirá un bulevar de 8,20 metros para integrar la infraestructura con el entorno del parque.

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Por ahora, la planificación no contempla desvíos generales de tránsito ni rutas alternas obligatorias para los conductores.

La obra se ejecutará con pavimento rígido de hormigón, cuya vida útil estimada es de 20 años. 

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El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó la tarde de este 11 de agosto que mantiene un amplio operativo para combatir el incendio y evitar que continúe avanzando. 11 cuadrillas, 19 unidades de combate y cerca de 70 efectivos se encuentran desplegados en la zona.

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Los equipos realizan ataques directos al fuego con agua a presión y herramientas manuales, mientras se monitorea el comportamiento de las llamas y las condiciones del terreno.

La emergencia también obligó a activar el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el Puesto de Comando (PC), desde donde se coordinan las operaciones y se toman decisiones sobre el despliegue de los equipos en el terreno.

El viento dificulta el combate

Las labores de los bomberos se desarrollan bajo condiciones complejas. Las ráfagas de viento, que cambian constantemente de dirección, dificultan el control del incendio y pueden favorecer la propagación de las llamas.

A esto se suman la topografía del terreno y el tipo de vegetación, factores que complican el acceso de los equipos y las tareas de extinción.

El viento también ha provocado que los efectos del incendio se extiendan más allá de la zona donde se concentra el fuego. El CBQ informó que humo y residuos de combustión están llegando a sectores del norte de Quito. Frente a ello, el CBQ emitió algunas recomendaciones:

El personal del CBQ permanece desplegado en el sector y trabaja de manera directa en el combate y control del fuego.

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La evolución del incendio dependerá, entre otros factores, del comportamiento del viento y de las condiciones del terreno. Por ello, los equipos mantienen vigilancia para atender a posibles cambios en la dirección de las llamas.

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En el documento, Muñoz señala que la solicitud se ampara en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y en el artículo 30 de su reglamento. El alcalde explicó que se trata de días de descanso y trámites personales.

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“He puesto esto en conocimiento. Me acojo a días de descanso”, señaló Muñoz durante la sesión del Concejo.

¿Quién se queda al frente de la Alcaldía?

Durante el período de ausencia, la Alcaldía será subrogada por la vicealcaldesa María Fernanda Racines, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El tratamiento de este punto fue solicitado para la próxima sesión del Concejo.

La salida ocurre en medio de la disputa por las cámaras

El anuncio de la ausencia temporal de Muñoz ocurre cuando el Gobierno Nacional informó sobre el manejo de las cámaras de videovigilancia de la capital.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el Gobierno asumirá el control de más de 600 cámaras del Centro de Comando Estratégico del Municipio de Quito que operan a través del ECU 911.

Reimberg cuestionó el funcionamiento del sistema y sostuvo que “durante demasiado tiempo el centro de cámaras a cargo del Municipio de Quito no ha dado respuestas”. Según el ministro, el Estado no puede permitir que una herramienta de seguridad permanezca subutilizada y señaló que las cámaras serán integradas al trabajo operativo de la Policía.

Muñoz niega allanamiento y uso indebido de cámaras

Muñoz rechazó que se haya realizado un allanamiento en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano.

También negó que alguna entidad de la Corporación Municipal haya utilizado de manera indebida las cámaras de videovigilancia. Recordó que estos equipos operan en coordinación con el ECU 911.

La posición del Municipio contrasta con la del Gobierno, que sostiene que el sistema debe estar plenamente integrado a la estrategia nacional de seguridad y bajo una operación que permita una respuesta efectiva de la Policía.

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La AMT informó que la situación es ajena a su gestión y que la interrupción afecta la disponibilidad de determinadas plataformas tecnológicas alojadas en la infraestructura proporcionada por la empresa pública de telecomunicaciones.

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De acuerdo con la entidad, los equipos técnicos ya trabajan para restablecer completamente los sistemas y garantizar que los servicios vuelvan a operar con normalidad en el menor tiempo posible.

¿Qué pasó en el centro de datos de CNT?

CNT EP confirmó que los servicios alojados en su centro de datos registraron una caída temporal debido a un fallo técnico fortuito en el sistema eléctrico central de la infraestructura.

La empresa señaló que sus especialistas realizan labores técnicas de manera ininterrumpida para recuperar los servicios afectados. Además, indicó que se coordinan acciones con distintas instituciones públicas para sumar esfuerzos y acelerar el restablecimiento de las plataformas.

CNT aseguró que sus protocolos de contingencia fueron activados y que estos permiten mantener el control permanente de la infraestructura y evitar una afectación mayor.

AMT, entre las entidades afectadas

La falla en la infraestructura tecnológica de CNT no afecta únicamente a la AMT. Según la empresa, existen varias instituciones públicas cuyos servicios se encuentran alojados en el centro de datos que presentó el inconveniente.

Entre las entidades que podrían registrar afectaciones se encuentran la Presidencia de la República, Registro Civil, Corporación Eléctrica del Ecuador, los ministerios de Educación, Deporte y Cultura y del Interior, así como el Aeropuerto, la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial UDAF-EOD y la Unidad de Registro Social.

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También se encuentran entre las instituciones mencionadas los municipios de Quito y Rumiñahui.

La Agencia reiteró que el inconveniente se origina en la infraestructura tecnológica provista por CNT EP y que los equipos correspondientes trabajan para recuperar la operación completa de las plataformas.

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La entidad recordó que, antes de solicitar un turno, los usuarios deben cancelar todos los valores correspondientes al proceso. Entre ellos constan la matrícula, la revisión técnica, el adhesivo de la RTV, el impuesto al rodaje, las tasas de la Prefectura y, de ser el caso, las infracciones de tránsito pendientes.

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Una vez realizados los pagos, el propietario debe agendar una cita para la Revisión Técnica Vehicular y matriculación a través de los canales habilitados por la AMT.

La RTV es un proceso anual que verifica las condiciones mecánicas, de seguridad y de emisiones de los automotores. La normativa establece que la revisión incluye controles mecánicos, de seguridad, emisiones contaminantes y ruido.

Más de 354.000 vehículos han pasado por la RTV en 2026

Según la AMT, en lo que va de 2026 se han realizado 354.781 revisiones técnicas vehiculares.

De ese total, 255.717 vehículos aprobaron la inspección, mientras que 99.064 automotores fueron rechazados y deberán presentarse nuevamente dentro de un plazo máximo de 45 días.

En la segunda revisión únicamente se verifican las partes del vehículo que fueron observadas durante el primer proceso.

Además, la AMT informó que 255.061 vehículos ya fueron matriculados en Quito durante 2026.

¿Qué se necesita para matricular un vehículo en Quito?

Los propietarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

¿Cómo agendar la cita para la RTV en Quito?

Antes de solicitar el turno, los usuarios deben verificar si tienen multas o convenios de pago pendientes. Esta consulta se puede realizar en los canales oficiales de la AMT.

Después deben generar la orden de pago y cancelar los valores correspondientes a la RTV, el Impuesto al Rodaje y el adhesivo de la revisión, cuyo costo es de $ 5.

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Una vez completados los pagos, el propietario debe ingresar al sistema de la AMT, seleccionar la opción “Agendar cita” y escoger el trámite “Revisión Técnica Vehicular”.

El día asignado deberá acudir al Centro de Revisión Técnica Vehicular seleccionado y presentar la documentación requerida.

Si el vehículo aprueba la inspección, el propietario recibirá el adhesivo correspondiente. Si no supera la revisión, recibirá un certificado con los defectos u observaciones detectados para que sean corregidos.