Los puntos claves

• Guayaquil y Quito enfrentan desafíos metropolitanos que superan los límites administrativos de sus cantones.
• Lima, Caracas, Ciudad de México y Londres tienen modelos distintos de organización y gestión urbana.
• Descentralizar no significa necesariamente multiplicar alcaldes: los especialistas plantean repartir mejor las competencias.
• El debate apunta a combinar gestión de proximidad con planificación integral para ciudades que ya funcionan más allá de sus límites administrativos.

¿Un solo alcalde basta para gobernar las grandes ciudades de Ecuador? Guayaquil y Quito crecieron. También lo hicieron sus periferias, los desafíos para administrar territorios cada vez más extensos y las quejas de sectores que aseguran no sentirse atendidos por sus municipios. Sin embargo, la forma de gobernar las dos ciudades más grandes del país -y el resto- prácticamente no ha cambiado: un solo alcalde concentra la conducción política y administrativa de todo el cantón.

El debate sobre cómo gobernar una metrópoli

Esa realidad ha abierto un debate que otras capitales latinoamericanas enfrentaron hace años: ¿puede una sola autoridad responder con eficacia a las necesidades de ciudades cada vez más grandes, diversas y complejas? En Lima (Perú), Caracas (Venezuela) y Ciudad de México (México), por ejemplo, la organización territorial sigue modelos distintos al ecuatoriano. Algunas combinan una autoridad metropolitana con gobiernos locales, mientras que otras distribuyen la gestión entre varios municipios con competencias propias.

Según los especialistas consultados por EXPRESO, estos modelos buscan acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y atender con mayor precisión las necesidades de cada zona, aunque también plantean desafíos en materia de coordinación institucional. En Ecuador no existe un esquema similar, pero algunas zonas han comenzado a cuestionar si el modelo actual responde a sus necesidades.

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Caracas y el riesgo de fragmentar la gestión

Caracas ofrece otro escenario. Su área metropolitana está conformada por cinco municipios —Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo—, cada uno con su propio alcalde y concejo municipal. Sin embargo, desde 2017 la ciudad no cuenta con una autoridad metropolitana electa, luego de la supresión de la Alcaldía Metropolitana. El caso muestra que dividir la gestión entre varios gobiernos locales tampoco garantiza, por sí solo, una coordinación efectiva de los problemas que afectan a toda la ciudad, como la movilidad, la planificación urbana o la seguridad.

La Aurora, en el cantón Daule, y sectores de los valles de Quito son dos ejemplos de territorios que, como ha publicado EXPRESO, han expresado su inconformidad con la distribución de las decisiones y las inversiones. Sus habitantes sostienen que no reciben la atención ni las obras que requieren y, por ello, han planteado la posibilidad de independizarse y convertirse en nuevas jurisdicciones. El debate, sin embargo, trasciende la creación de nuevos cantones o la división territorial: la pregunta de fondo es si Ecuador debería replantear la forma en que administra sus grandes ciudades y avanzar hacia modelos más descentralizados, con autoridades cercanas a cada sector, sin perder una planificación urbana integral.

Descentralizar sin multiplicar alcaldes

Para Sebastián Benavides, arquitecto guayaquileño que vivió durante cinco años en Colombia y se especializó en urbanismo en Monterrey (México), la respuesta no está en copiar un modelo extranjero, sino en identificar qué elementos podrían funcionar en cada ciudad. Ciudad de México, explica, combina un gobierno central con 16 alcaldías; Lima articula una municipalidad metropolitana con gobiernos distritales; y Caracas evidencia los problemas que puede generar la fragmentación cuando “no existe una autoridad metropolitana con suficiente capacidad de coordinación”. Por eso, considera que Ecuador debería adaptar las herramientas que mejor respondan a su realidad.

En Guayaquil, Benavides considera que sí existe espacio para avanzar hacia un modelo más descentralizado, pero sin multiplicar autoridades. La ciudad, sostiene, ya funciona en la práctica como una metrópoli que desborda los límites del cantón. “La conexión cotidiana con Durán, Samborondón y Daule hace que problemas como movilidad, expansión urbana, vivienda, servicios y planificación tengan una dimensión metropolitana que difícilmente puede resolverse desde administraciones aisladas”. Su propuesta es mantener una autoridad central que planifique la ciudad como un todo y otorgar mayores competencias a administraciones territoriales para resolver los problemas más cercanos a los ciudadanos.

“La conexión cotidiana con Durán, Samborondón y Daule hace que problemas como movilidad, expansión urbana, vivienda, servicios y planificación tengan una dimensión metropolitana que difícilmente puede resolverse desde administraciones aisladas. La propuesta no implica multiplicar alcaldes ni dividir Guayaquil en nuevos municipios, sino descentralizar la gestión: mantener una autoridad central que planifique la ciudad como un todo y otorgar mayores competencias a administraciones territoriales para resolver los problemas más cercanos a los ciudadanos”.Sebastián Benavides, arquitecto 

Quito parte de una realidad diferente, porque ya cuenta con un régimen de Distrito Metropolitano. Para Benavides, no tendría sentido trasladar mecánicamente el modelo de Ciudad de México o Lima. El reto sería fortalecer la estructura existente y dotarla de mejores herramientas de coordinación y gestión. En ambos casos, concluye, el desafío está en encontrar el nivel adecuado de gobierno para cada problema y dejar de administrar las metrópolis únicamente a partir de límites administrativos que ya no corresponden con la forma en que sus habitantes viven, trabajan y se movilizan.

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Para Felipe Espinoza, arquitecto y especialista en planificación territorial, Guayaquil ya funciona como una realidad metropolitana que supera los límites de su cantón. La conurbación con Daule, Samborondón y Durán ha generado una integración económica y urbana en la que las personas se movilizan entre territorios para trabajar, estudiar, acceder a servicios o realizar compras. Pero esa integración también ha trasladado los problemas de un cantón a otro: el crecimiento de las zonas vecinas no ha estado acompañado, según el especialista, por una expansión proporcional de la infraestructura vial. Una situación que también se observa en Quito.

Para Espinoza, este escenario evidencia el límite de una planificación exclusivamente cantonal. Una autorización urbanística o un nuevo desarrollo habitacional puede beneficiar a un municipio, pero terminar aumentando la presión sobre las vías y servicios de otro. Por eso plantea que Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán deberían empezar a ser gestionados desde una visión metropolitana, especialmente en movilidad, expansión urbana, infraestructura y protección de recursos naturales. La idea sería contar con una planificación común que permita anticipar el crecimiento en lugar de responder a los problemas cuando ya están instalados.

El especialista advierte que descentralizar no significa necesariamente multiplicar alcaldes. Los modelos que combinan una autoridad metropolitana con gobiernos locales pueden acercar la gestión a los ciudadanos, pero también enfrentar problemas de superposición de competencias, disputas presupuestarias y enfrentamientos políticos. Por ello, considera que el desafío es establecer qué asuntos deben resolverse a escala metropolitana y cuáles pueden quedar en manos de gobiernos locales.

Si Guayaquil y Quito adoptaran un modelo metropolitano de dos niveles con una autoridad central y gobiernos locales, ganarían una planificación unificada para frenar la expansión desordenada, optimizar el tráfico y proteger recursos clave como el Delta del Guayas, además de una gestión de proximidad más eficiente para cada sector. Este modelo permitiría que las decisiones sobre movilidad, infraestructura y crecimiento urbano se tomen con una visión integral de la ciudad y su área de influencia, y no de manera aislada por cada cantón.Felipe Espinoza, 
​planificador urbano y territorial

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Londres como referencia

En ese punto, Espinoza mira hacia Londres como una referencia que podría resultar más útil para Guayaquil y Quito. Su propuesta separa las funciones estratégicas de las de proximidad: una autoridad metropolitana se concentraría en la planificación territorial, el transporte, la infraestructura y los grandes proyectos, mientras que administraciones locales asumirían los servicios y problemas cotidianos de cada zona.

Para Guayaquil y Quito, plantea entonces una fórmula que combine ambas escalas. En Guayaquil, esto implicaría avanzar hacia un plan metropolitano al 2050 que considere a los cantones de la conurbación como una unidad territorial para temas estratégicos. En Quito, supondría reforzar la gestión de proximidad sin perder una visión conjunta del Distrito Metropolitano. La clave, insiste, sería que las competencias estén claramente delimitadas y que exista una planificación vinculante de largo plazo. “El objetivo no sería tener más autoridades por tenerlas, sino lograr que una ciudad que funciona como una unidad pueda también planificarse y gobernarse”.

Fortalecer lo que ya existe en Quito

Con Espinoza coincide el especialista en gobernanza y territorio, Diego Cevallos. En el caso de Quito considera que el modelo actual, con un alcalde y administraciones zonales, se ha consolidado con el paso de los años y tiene fortalezas que pueden ser aprovechadas. “Es una estructura que, de una u otra manera, se ha consolidado a lo largo de los años y ha generado fortalezas institucionales”, sostiene.

Cevallos reconoce que el esquema no es perfecto y que existen aspectos por mejorar. El principal desafío, explica, está en fortalecer la capacidad de las administraciones zonales para identificar oportunamente los problemas de cada territorio y responder con mayor rapidez.

También recuerda que las administraciones zonales no trabajan de manera aislada. Su existencia no limita las competencias de otras entidades municipales, como la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas o la encargada de la gestión de residuos. Todas intervienen en los mismos territorios, pero dentro de sus respectivas competencias.

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Por eso, para Cevallos, el reto está en mejorar la coordinación dentro del propio Municipio. El objetivo, agrega, es lograr que los recursos se asignen de manera acertada y que las respuestas lleguen oportunamente a la ciudadanía.

No creo que estén dadas las condiciones para que pensemos en un modelo de gobernanza de nuestras ciudades distinto, o al menos muy distinto al que se ha venido manejando. Tampoco creo que vale la pena avanzar hacia un modelo de alcaldías menores donde, eventualmente, hay la elección de autoridades en determinadas jurisdicciones, que no necesariamente guardan una misma línea política con la autoridad mayor. Eso podría generar cierta limitación a la hora de coordinar proyectos”. Diego Cevallos
Gobernanza EC

Cevallos también pone sobre la mesa una de las principales dificultades para cualquier modelo de descentralización: los recursos no son ilimitados. “Si hablamos de recursos escasos, en realidad no sé si es que generando niveles de descentralización de gobierno adicional vamos a solventar, porque los recursos seguramente serán similares”, explica. Por ello, considera que el debate no debe centrarse únicamente en crear nuevas estructuras administrativas, sino en determinar cómo utilizar los recursos disponibles para generar desarrollo territorial mediante obra pública, proyectos sociales y servicios municipales.

Para Cevallos, las administraciones territoriales deben contar con herramientas suficientes para ejecutar proyectos y responder a las necesidades de sus comunidades. Pero, al mismo tiempo, esas decisiones deben estar vinculadas con la planificación general de la ciudad.

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¿El modelo actual está caduco?

El urbanista Fernando Carrión tiene otra visión y considera que el modelo actual de gestión para grandes ciudades como Quito y Guayaquil está caduco y necesita una modernización. Su argumento parte de la realidad de que las ciudades crecieron mucho más allá de la estructura institucional diseñada para administrarlas.

Carrión es particularmente crítico con el funcionamiento de las administraciones zonales en la capital. Considera que no tienen suficiente capacidad para tomar decisiones ni para ejecutar los recursos que requieren sus territorios. “El modelo de Quito es un desastre”, sostiene, al cuestionar una estructura municipal que se caracteriza por la dispersión de funciones y una baja capacidad de ejecución.

Como precisión de Carrión, Quito cuenta con 12 empresas municipales, pero solo una logra autofinanciarse. A esto se suman las 10 administraciones zonales, cuya capacidad de gasto de inversión es reducida y la ejecución presupuestaria, en varios casos, no llega al 50%. La estructura se completa con secretarías y fundaciones que también intervienen en distintos ámbitos de la gestión municipal.

En comparación con otras urbes de la región, como Lima, Ciudad de México o Bogotá, la capital y Guayaquil son pequeñas, así que fragmentarlas no es la mejor opción. Se entiende que parroquias rurales busquen una reivindicación mediante la descentralización, pero no es la salida. Lo que sí es cierto es que el modelo de gobernanza actual perdió vigencia y es necesario actualizarlo y modernizarlo. En Quito, por ejemplo, es urgente el debate sobre el Estatuto Autonómico”. Fernando Carrión
Urbanista

El problema, afirma, se vuelve más evidente en áreas complejas como la movilidad y el transporte. Para gestionar ese sector existen siete instituciones, dice Carrión, lo que genera una estructura en la que varias entidades replican funciones.

El resultado, desde esta perspectiva, es una administración fragmentada, con múltiples instituciones, pero con poca capacidad de decisión en los territorios.

Frente a este escenario, el urbanista plantea retomar el debate sobre el Estatuto Autonómico de Quito. Una de las ventajas de su aprobación, menciona Carrión, es que permitiría establecer con mayor claridad las competencias y capacidades económicas de las distintas instancias, además de definir instituciones sublocales o submunicipales y sus atribuciones.

El Estatuto también podría modificar la forma en que se designan, por ejemplo, los administradores zonales.

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Un debate que va más allá de tener más alcaldes

Tanto Cevallos como Carrión coinciden en que la solución no pasa por replicar mecánicamente modelos aplicados en otras ciudades. Cada territorio tiene dinámicas, necesidades y particularidades propias. El debate, entonces, no es simplemente si Ecuador necesita más alcaldes, sino cómo distribuir mejor las competencias, acercar las decisiones a los ciudadanos y, al mismo tiempo, mantener una visión integral de ciudades que ya funcionan más allá de sus límites administrativos.

El costo de crecer por partes en Guayaquil 

Para el arquitecto Felipe Espinoza, Guayaquil supera los 840.000 vehículos y la congestión genera pérdidas cercanas a $1.000 millones al año. El crecimiento acelerado de Daule, Samborondón y Durán, sin una expansión proporcional de las vías, agrava el problema.

El crecimiento de un cantón también impacta a los vecinos: nuevos proyectos habitacionales aumentan la presión sobre vías que conectan los distintos territorios. Para Espinoza, esto evidencia el costo de planificar por separado ciudades que en la práctica funcionan como una sola área metropolitana.

Su propuesta es un Plan Metropolitano al 2050, que coordine a los cuatro cantones en movilidad, infraestructura y expansión urbana.

Bogotá dividió su territorio para gobernar: la experiencia de Suba

Cuando Bogotá se acercaba a los cuatro millones de habitantes, Colombia tomó una decisión para enfrentar el crecimiento de su capital: dividirla política y administrativamente para acercar el gobierno a sus territorios. 

Tras una reforma constitucional de 1991, la ciudad fue dividida en 20 localidades. Desde 1993, cada una cuenta con un alcalde local y una Junta Administradora Local, encargada de ejercer vigilancia y control político.

El modelo también asigna recursos directamente a los territorios. El porcentaje del presupuesto de Bogotá destinado a las localidades pasó del 10 % al 12 % en 2020. Para 2026, cerca de 3 billones de pesos colombianos (100 millones de dólares) se distribuyen entre las 20 localidades, según variables como población, necesidades básicas insatisfechas y condiciones económicas. 

César Salamanca, alcalde de la localidad de Suba, dice que el modelo de descentralización funciona, pero uno de los problemas que identifica es el tamaño de las localidades, que considera desigual. 

Mientras Suba tiene 1’800.000 habitantes, hay zonas con apenas 40.000 o 70.000, otras con 300.000 y algunas que superan los 800.000 habitantes. Todas cuentan, sin embargo, con una estructura administrativa similar.

“Con los mismos elementos administrativos no es posible administrar territorios tan diferentes”, sostiene Salamanca. El presupuesto limitado para una población tan grande es otro de los problemas. Suba recibe cerca de $50 millones.

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El convenio busca establecer un mecanismo único, digital y gratuito para identificar a las personas que prestan servicios de reparto en el Distrito Metropolitano de Quito y fortalecer las acciones de seguridad, orden y control, sin estigmatizar a quienes trabajan en esta actividad.

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Sofía Merino Rivadeneira, directora Ejecutiva de Citec, señaló que el acuerdo es el resultado de tres mesas técnicas de trabajo en las que participaron representantes del sector privado de las plataformas, la Secretaría de Seguridad, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía. Durante estas reuniones se alcanzaron 13 acuerdos, sustentados en criterios técnicos y jurídicos y en la revisión de experiencias de otros países, dijo Merino.

Un registro para el repartidor, no para el vehículo

Uno de los puntos centrales del convenio es que el registro estará enfocado en el prestador del servicio de reparto y no en el vehículo que utiliza para trabajar.

El trámite será digital y gratuito, tanto para los repartidores como para las plataformas. Una vez registrado, el prestador contará con un distintivo digital (QR) que será virtual y no deberá ser colocado físicamente en la persona o en el vehículo. Para completar el registro se solicitará:

El objetivo es contar con una base de información que permita conocer quiénes prestan este servicio en Quito y, a partir de esos datos, desarrollar nuevas herramientas de seguridad y control.

Información para mapas de calor

Otro de los acuerdos establece que las plataformas podrán compartir información de manera confidencial para la elaboración de mapas de calor, exclusivamente para fines relacionados con seguridad vial, orden y control del espacio público.

Este intercambio de información se realizará mediante convenios individuales entre cada plataforma y la Secretaría Seguridad. Los acuerdos deberán observar la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Las partes también acordaron desarrollar acciones conjuntas de difusión y socialización de las medidas adoptadas. La intención es que tanto los repartidores como la ciudadanía conozcan el funcionamiento del registro y sus objetivos.

Además, se conformarán mesas técnicas de seguimiento con reuniones mensuales, en las que se revisará la implementación de las acciones técnicas y operativas contempladas en el convenio.

Municipio: no se busca estigmatizar a los repartidores

El alcalde, Pabel Muñoz, señaló que el acuerdo responde a una preocupación de seguridad, pero insistió en que la actividad de los repartidores no debe ser estigmatizada.

Según el alcalde, se han registrado 139 casos relacionados con situaciones que han generado preocupación y que requieren atención desde las autoridades.

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Muñoz sostuvo que el objetivo es atender el problema sin asociar la actividad de delivery con hechos delictivos ni cuestionar las distintas formas de trabajo.

El alcalde anticipó, además, que la información que genere el registro permitirá evaluar nuevas herramientas de control. Entre ellas mencionó el fortalecimiento de los controles relacionados con dos personas que circulan en una motocicleta.

Una apuesta por la autorregulación

Para José Luis Barzallo, presidente de Citec, el registro representa un mecanismo de autorregulación colaborativa entre el sector público y privado.

La propuesta busca que las propias plataformas incentiven a sus repartidores a registrarse, de manera que la información generada permita elevar los niveles de seguridad asociados a esta actividad.

El acuerdo plantea así un modelo en el que Municipio, plataformas tecnológicas y repartidores participan en la construcción de un sistema común de identificación.

Lo que debes saber

• 150 policías allanaron San Roque el 13 de agosto y hallaron pasaportes y placas bajo investigación.
• Autoridades intervinieron una casa en Quito usada por presuntos microtraficantes vinculados a Colón Pico.
• Pericias buscan determinar por qué pasaportes y placas estaban en locales de reparación celular.

Un operativo policial ejecutado en el sector de San Roque, en el Centro Histórico de Quito, permitió el decomiso de pasaportes de dudosa procedencia y placas vehiculares provisionales, además de la intervención de un inmueble que habría sido utilizado por presuntos microtraficantes. Las autoridades investigan posibles vínculos con una estructura criminal asociada a Fabricio Colón Pico.

La intervención se realizó este 13 de agosto como parte de las acciones de seguridad desplegadas en zonas consideradas de alta incidencia delictiva en la capital. Cerca de 150 agentes participaron en el operativo, que incluyó allanamientos a viviendas y locales comerciales en San Roque.

Casa intervenida era utilizada como presunta guarida

Durante el operativo, los uniformados allanaron una vivienda de dos pisos parcialmente abandonada. Según la información policial, el inmueble habría servido como refugio para personas vinculadas al microtráfico de drogas en la zona.

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San Roque es uno de los sectores comerciales más activos de Quito y ha sido identificado por las autoridades como un punto de influencia de grupos relacionados con actividades delictivas.

Pasaportes y placas hallados en locales comerciales

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue el decomiso de varios pasaportes y placas vehiculares provisionales localizados dentro de establecimientos que operaban bajo la fachada de negocios de reparación de teléfonos celulares.

Las autoridades indicaron que se realizarán pericias para determinar el origen de los documentos y establecer si estaban relacionados con actividades ilícitas o con posibles delitos de falsificación y comercialización irregular.

Quito

Detienen en Pifo a tres supuestos integrantes de Los Lobos; uno de ellos tiene 16 años

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Investigación apunta a una estructura ligada a Colón Pico

De acuerdo con la información oficial, la operación está relacionada con investigaciones sobre una red de microtráfico presuntamente vinculada a Fabricio Colón Pico, también conocido como 'Capitán Pico' o 'Salvaje'. El procesado permanece privado de libertad desde 2024 y es señalado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos en Quito.

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Los Lobos han sido mencionados en varias investigaciones por hechos violentos registrados en la capital durante los últimos meses. Entre ellos figura el homicidio de un hombre hallado colgado en un puente de la avenida Simón Bolívar, un caso que continúa bajo investigación.

Operativos se intensifican en la capital

La intervención en San Roque forma parte de una serie de operativos desarrollados en Quito luego del anuncio de medidas de refuerzo de seguridad en la ciudad. Las acciones incluyen controles en sectores considerados críticos por la presencia de delitos como microtráfico, extorsión y robos.

Mientras avanzan las pericias sobre los pasaportes y placas decomisadas, las autoridades mantienen operativos en distintos puntos del Centro Histórico y otras zonas de la capital para identificar posibles conexiones con estructuras delictivas que operan en la ciudad

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La emergencia, que ha afectado aproximadamente 250 hectáreas, ya no presenta líneas de propagación activas, aunque los equipos permanecen en el sitio para evitar que el fuego se reactive.

Alerta

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, informó que la emergencia pasó de la fase activa a la de control. Esto permitirá concentrar los esfuerzos en la liquidación del incendio, con labores de enfriamiento y raspado durante la noche.

“Significa que no tenemos líneas de propagación y entramos a la fase de liquidación”, explicó Cárdenas, quien detalló que alrededor de 50 de las 150 personas desplegadas en la zona continuarán trabajando durante la noche para asegurar el terreno.

Una vez controlado el incendio, los equipos deben enfriar el terreno y remover material combustible para disminuir el riesgo de una nueva propagación.

Incendio en San Antonio de Pichincha continúa activo

Mientras la situación en Calacalí entra en una fase de liquidación, otro incendio forestal se mantiene activo en el sector de Tunlahua, en San Antonio de Pichincha.

Las labores de combate continúan debido a que las condiciones meteorológicas complican las operaciones. Los fuertes vientos dificultan tanto las acciones aéreas como el trabajo de las cuadrillas desplegadas en tierra.

A esto se suman las características del terreno, la presencia de vegetación y material combustible, así como la topografía y las condiciones climáticas, factores que favorecen la propagación de las llamas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene personal en la zona para ejecutar labores de combate, control y contención, con el objetivo de evitar que el incendio avance hacia otras áreas.

Lo que debes saber

• Moradores impulsan desde hace más de 20 años la creación de un parque metropolitano ante la escasez de áreas verdes
• El bosque de protector de San Francisco de Pinsha alberga 66 especies de plantas, 22 de aves, quebradas y vertientes
• Una parte de las 42 hectáreas del bosque pasó a manos de la Policía. El plan es contruir la Comandancia General y una UVC

Eduardo Vaca, morador de Cumbayá, vive desde hace 30 años en la parroquia y ha sido testigo de su gran crecimiento urbanístico. Pero lamenta que ese progreso no ha ido de la mano de la creación de grandes espacios verdes. 

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El desarrollo urbano ocupa buena parte de la zona, mientras los habitantes todavía esperan contar con un parque metropolitano donde puedan caminar, practicar deporte y disfrutar de la naturaleza.

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La aspiración de contar con un espacio natural no es nueva. Desde hace más de 20 años, moradores y organizaciones de la parroquia han impulsado la creación de un parque metropolitano, una lucha que ahora vuelve a tomar fuerza por las dudas que existen sobre el destino de uno de los pocos terrenos que podrían hacerlo posible.

La lucha de los moradores

En San Francisco de Pinsha, un barrio centenario por el que atravesaba la línea del ferrocarril, se encuentra un área de 42 hectáreas de bosque protector, un espacio que los moradores consideran estratégico para el futuro ambiental y recreativo de Cumbayá. 

Allí existen más de 66 especies de plantas y 22 especies de aves, además de quebradas y vertientes naturales. El lugar también es utilizado por ciclistas y deportistas.

Un predio que fue donado a la Policía

Pero el futuro de este terreno está atravesado por una disputa que se mantiene desde hace varios años. Mauricio Freire, integrante del Frente de Defensa del Parque Metropolitano Cumbayá, recuerda que durante la administración de Mauricio Rodas, como parte del desarrollo del Plan Especial San Juan Alto, el terreno fue definido como bosque protector.

Para los moradores, esa decisión coincidía con su propuesta de conservar el espacio y convertirlo en un área natural para beneficio de la comunidad.

Posteriormente, en 2019, en el Gobierno de Lenín Moreno, el predio fue entregado al Ministerio de Gobierno, que a su vez lo destinó a la Policía. Desde 2021 existe el planteamiento de construir allí una plataforma policial en unas 15 hectáreas, en el límite con la avenida Simón Bolívar. 

El proyecto contempla instalaciones para la Comandancia General, el eje investigativo, un centro de operaciones y una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC).

¿Qué pide la comunidad?

Sin embargo, cinco años después, los moradores aseguran que el proyecto no se ha concretado y tampoco existe claridad sobre cuál será finalmente el destino de las hectáreas.

Freire cuestiona que se pretenda utilizar este espacio para infraestructura policial cuando, según afirma, existen otros predios e instalaciones de la institución que podrían ser aprovechados. 

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También expresa preocupación por la tala de árboles en el sector. Menciona que el Ministerio del Ambiente otorgó un permiso para realizar estas labores, pero sostiene que este ya habría vencido.

Para el dirigente, la construcción de nuevas instalaciones en este punto no justificaría sacrificar uno de los últimos espacios naturales de gran extensión que quedan en Cumbayá.

Una alternativa que no se concretó

La preocupación de los moradores también llegó al Municipio de Quito. En 2023, Nancy Naranjo, coordinadora del Frente de Defensa del Parque Metropolitano Cumbayá, envió una carta al alcalde Pabel Muñoz para expresar su rechazo a la posibilidad de construir una UVC en parte del bosque.

En la comunicación también recordó una alternativa que había sido discutida en reuniones: una eventual permuta entre el Municipio y el Ministerio de Gobierno, de manera que la Policía pudiera disponer de un terreno de características similares, pero en una ubicación que respondiera mejor a sus necesidades, mientras el área de San Francisco de Pinsha se destinaba al parque.

En noviembre de 2024, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial señaló que el predio forma parte del Plan Parcial de Expansión Urbana San Juan de Cumbayá, dentro del cual se contempla la incorporación de un nuevo Parque Metropolitano de Cumbayá.

Para Naranjo, aquella respuesta fue un avance, aunque no cumplió con la expectativa inicial de los moradores de preservar las 42 hectáreas.

La falta de información actualizada es una de las principales preocupaciones de la comunidad. EXPRESO consultó inicialmente al Ministerio del Interior sobre el avance del proyecto. Desde esa cartera de Estado se indicó que la información debía ser solicitada a la Policía. 

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El pedido fue trasladado a la institución, que posteriormente señaló que debía ser dirigido nuevamente al Ministerio del Interior. Hasta el cierre de esta publicación no se recibió una respuesta sobre el estado actual del proyecto, sus características definitivas ni sobre posibles diálogos con los moradores para atender sus inquietudes.

Este Diario también consultó a la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), pues, según los moradores, estaría en marcha un proceso de expropiación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la entidad tampoco se pronunció al respecto.

Hospital de Calderón: 1.500 cirugías pendientes

• Hospital de Calderón registra denuncias de pacientes por falta de insumos, medicamentos y turnos.
• Una enfermera alerta nueve máquinas de esterilización fuera de servicio y problemas de limpieza.
• El MSP asegura atención normal, mientras el GAD reporta 1.500 cirugías represadas.

“Venir a la consulta médica resulta a veces absurdo, porque si no tienes un examen para mostrarle al médico cómo está tu salud, es venir a perder el tiempo”. Así describe Gloria Arroyo su experiencia en el Hospital General Docente de Calderón (HGDC), donde se atiende desde hace tres años.

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Arroyo llegó ayer para realizarse exámenes de laboratorio que esperaba desde hace cuatro meses. Tenía una cita agendada, pero al llegar le informaron que no había reactivos. Además, desde hace más de un año tampoco ha podido efectuarse algunos controles, como la hemoglobina glicosilada, que mide el nivel promedio de azúcar en la sangre.

Los pacientes son enviados a laboratorios privados, donde pueden pagar alrededor de $60. La falta de medicamentos también es un problema. Arroyo sostiene que debe comprar fuera los fármacos que necesita. Calcula que este año ha gastado cerca de $3.000 entre medicinas, exámenes y consultas.

“Creo que la salud en el país es como un paseo de la muerte, porque a un enfermo sin plata definitivamente la cama lo mata”, lamenta la mujer.

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Pacientes enfrentan esperas y gastos

EXPRESO pudo conversar con pacientes y personal de salud del HGDC, quienes describieron dificultades en la atención, falta de insumos, problemas para acceder a especialidades y deficiencias en servicios indispensables. Sus testimonios contrastan con la versión oficial del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Sonia Navas llegó al hospital porque espera desde hace seis meses una cirugía para tratar sus várices. Asegura que en su última cita el médico no la atendió y recibió un papel para agendar la operación dentro de un año.

También necesita atención de urología. Hace un mes estuvo hospitalizada por cálculos renales y tiene dos quistes en uno de sus riñones, pero no ha conseguido turno. Durante su hospitalización tuvo que comprar insumos y medicamentos.

Otra paciente, Viviana Cadena, viaja desde Guayllabamba. Su hijo necesita exámenes y una valoración por traumatología. Afirma que ha acudido unas cinco veces sin conseguir turno y que tuvo que pagar algunos exámenes de forma particular.

Nueve máquinas de esterilización, sin funcionar

Una enfermera del hospital, quien pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que existen nueve máquinas de esterilización fuera de funcionamiento.

El personal debe recurrir a otros hospitales para esterilizar equipos e instrumentos. Pese a la dificultad, se continúan realizando cirugías y, según la trabajadora, el sistema de peróxido es el único que funciona. Cuentan con dos casetes para este mes.

La enfermera advierte sobre los riesgos de trasladar al personal hacia otros establecimientos.

También afirma que existe una sola persona de limpieza por turno para atender áreas como el centro obstétrico, ginecología y neonatología. Dice que deben enviar sábanas y otros implementos a otro lugar para ser lavados.

Las denuncias llegan a la Asamblea

La situación también llegó a la Asamblea Nacional. Andrés Crespo, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, informó ante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes que, durante dos visitas, se verificaron dificultades en la atención, problemas con el servicio de limpieza, desabastecimiento de fármacos y falta de personal.

Crespo solicitó información sobre la situación presupuestaria, administrativa y las áreas de riesgo del hospital.

Marina Luque, presidenta del GAD parroquial de Calderón, afirmó en la Comisión que el hospital estaría funcionando al 25 % de su capacidad, con una deuda superior a $1 millón por limpieza y un represamiento de aproximadamente 1.500 cirugías.

Informe alertó sobre servicios críticos

A inicios de agosto circuló un informe que advertía sobre una posible suspensión de servicios críticos. El documento señalaba que la reducción del 50 % del personal de limpieza constituía una “amenaza crítica para la seguridad hospitalaria” y planteaba un plan de contingencia.

En septiembre de 2025, trabajadores de limpieza protestaron para denunciar ocho meses sin salarios y falta de insumos.

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MSP asegura que la atención continúa

Frente a estas denuncias, el MSP informó el 4 de agosto que el hospital no ha suspendido sus actividades y mantiene la continuidad total de la atención.

Aseguró que consulta externa, emergencia, hospitalización, cuidados intensivos y apoyo diagnóstico funcionan con normalidad, que las citas y procedimientos están garantizados y que la limpieza está activa en todas las áreas.

Sin embargo, los testimonios recogidos por EXPRESO muestran una percepción distinta entre los pacientes.

Las denuncias apuntan a falta de reactivos, medicamentos, turnos, equipos de esterilización y personal de limpieza. Para los usuarios, cada traslado implica tiempo, gastos adicionales y nuevas esperas, mientras sus tratamientos y controles continúan pendientes.

Este Diario solicitó al MSP una vocería para responder a estas denuncias, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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Este jueves, la medida afecta a automóviles y motocicletas con placas terminadas en 7 y 8 y busca disminuir la congestión en las horas de mayor demanda.

La disposición se aplica para todos los vehículos que circulan dentro del perímetro establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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SARA OÑATE

La restricción opera en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Durante esos períodos, los vehículos con placa que termine en 7 y 8 no pueden movilizarse dentro del área determinada para la aplicación de la medida.

Los controles de la AMT

La AMT despliega operativos en diferentes puntos de la ciudad para verificar que los conductores cumplan con la restricción.

Durante los controles, los agentes revisan el último dígito de la placa, el horario de circulación y la documentación de los automotores que cuentan con algún tipo de autorización especial.

¿Cuánto se paga por incumplir el pico y placa?

Los conductores que circulen cuando tienen prohibido hacerlo pueden recibir una multa calculada con base en el Salario Básico Unificado (SBU).

El valor de la sanción aumenta de acuerdo con el número de veces que se haya cometido la infracción:

Vehículos que no están sujetos a la restricción

El Pico y placa contempla excepciones para determinados vehículos y usuarios. Entre ellos están los automotores de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el alcalde de Quito, el cuerpo diplomático y consular acreditado y los vehículos de las agencias metropolitanas de control.

Tampoco están sujetos a esta restricción los vehículos conducidos por adultos mayores, los automotores de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad.

Recuerde que la medida no se aplica durante sábados, domingos ni feriados.

¿En qué zonas funciona el Pico y placa?

La restricción se aplica dentro del perímetro definido porla AMT. En el norte, el límite parte desde la avenida de Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita, mientras que hacia el sur llega hasta la avenida Morán Valverde.

Quito

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SARA OÑATE

En el sector oriental, el control comprende la avenida Simón Bolívar, en los tramos de los intercambiadores establecidos por el Municipio.

Además del Pico y placa, Quito mantiene contraflujos en diferentes vías para facilitar el desplazamiento durante las horas de mayor congestión.

Lo que debes saber

• Roedores reaparecen en República de El Salvador, en el norte de Quito, meses después de una intervención municipal.
• Vecinos denuncian nuevos avistamientos y piden controles periódicos en alcantarillas, espacios públicos y zonas comerciales.
• Moradores atribuyen el problema a alcantarillado, residuos y falta de mantenimiento integral en el sector.

Los roedores volvieron a aparecer a plena luz del día en el sector de República de El Salvador, en el norte de Quito, pese a una intervención realizada por el Municipio hace aproximadamente dos meses y medio.

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Los moradores aseguran que el problema persiste y advierten que las acciones ejecutadas hasta ahora fueron insuficientes para controlar la plaga.

Paola Burbano, presidenta del barrio República de El Salvador, dijo a EXPRESO que los vecinos nuevamente han reportado avistamientos de ratas, principalmente en el tramo sur del sector, cerca de la calle Checoslovaquia. Según explicó, hace unas semanas también se observaron roedores en la zona de República de El Salvador y Suecia.

“Desgraciadamente son visibles otra vez a la luz del día. Eso quiere decir que la población de los roedores ya sobrepasó el límite de control”, sostuvo Burbano.

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SARA OÑATE

Vecinos cuestionan el alcance de la intervención

La dirigente barrial recordó que, tras los primeros reportes, el Municipio realizó trabajos de control de plagas, colocó rodenticidas e intervino algunas madrigueras y alcantarillas. Sin embargo, considera que las acciones no fueron suficientes.

Según Burbano, durante aquella intervención se habría limpiado solo una parte de las alcantarillas del sector, mientras que otras continúan acumulando suciedad.

A su criterio, el control de roedores no puede limitarse a colocar veneno o intervenir madrigueras. La solución, dijo, debe incluir mantenimiento periódico de la red de alcantarillado, limpieza de espacios públicos y control de los residuos que generan los establecimientos comerciales.

Red de alcantarillado y manejo de desperdicios 

La presidenta del barrio también descartó que el problema provenga principalmente del interior de los edificios. Explicó que los inmuebles mantienen controles periódicos de plagas y que, de acuerdo con las revisiones realizadas, los roedores estarían relacionados principalmente con la red de alcantarillado.

Otro de los puntos que preocupa a los moradores es el manejo de residuos y grasas de los restaurantes que funcionan en la zona.

Burbano considera necesario que el Municipio realice inspecciones periódicas a estos establecimientos para verificar el funcionamiento de sus trampas de grasa y los procedimientos utilizados para desechar residuos orgánicos.

La dirigente sostiene que una disposición inadecuada de estos desperdicios podría terminar afectando las redes de alcantarillado y generar condiciones favorables para la presencia de roedores.

Los vecinos también han identificado adoquines levantados o flojos en algunos puntos cercanos a restaurantes. Según Burbano, estos sectores coinciden con lugares donde se han observado madrigueras, por lo que considera necesario determinar si existe una relación entre el deterioro del suelo y los túneles utilizados por los roedores.

Quito

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IVONNE MANTILLA

El problema también alcanza jardines y cableado

La presencia de ratas no se limitaría a las alcantarillas. Los moradores también han encontrado señales de madrigueras en jardines de edificios.

Burbano explicó que, según las observaciones realizadas por los vecinos, algunos roedores podrían desplazarse a través de espacios asociados al ingreso de cableado de internet y telefonía hacia los edificios. Incluso, señaló que se han encontrado cables afectados.

Por ello, considera que se requiere un estudio técnico que permita identificar las rutas que utilizan los roedores y determinar dónde se origina el problema.

“Si no hacen una intervención completa, podemos pasar en reuniones y oficios y no pasará nada”, manifestó.

Vecinos piden un plan permanente contra los roedores

Para los moradores, una de las principales fallas ha sido que las intervenciones se realizan cuando la presencia de roedores ya se ha convertido en un problema visible.

Burbano plantea que el control debería convertirse en una planificación permanente, con intervenciones periódicas en alcantarillas, espacios públicos, áreas verdes y zonas donde existe mayor concentración de restaurantes y comercios.

También pidió reforzar la limpieza de las veredas, retirar desperdicios acumulados y mejorar el mantenimiento de los tachos de basura ubicados en el sector.

La dirigente considera que los edificios y establecimientos comerciales también deben asumir responsabilidades, especialmente en el cuidado de sus veredas y en el manejo adecuado de residuos.

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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró este 12 de agosto de 2026 que el Ejecutivo presentará una denuncia ante la Fiscalía si se comprueba que los equipos, que estaban bajo administración del Municipio, fueron utilizados de manera indebida.

La declaración se produce dos días después de que el Gobierno anunciara que asumió el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano, que cuenta con 632 dispositivos, con el objetivo de integrar el sistema de videovigilancia a las operaciones de la Policía.

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SARA OÑATE

Morillo recordó que ya acudió a la Fiscalía por el caso de Segura EP, empresa pública de Guayaquil, ante una presunta red de corrupción y espionaje. Según la ministra, si en Quito se encuentran elementos que permitan determinar un uso irregular de las cámaras municipales, se seguirá el mismo camino.

“Si llegamos a tener más información, presentaremos la solicitud y la denuncia”, sostuvo Morillo, al referirse a una eventual investigación sobre el manejo de los equipos.

Policía realiza inventario de las cámaras

La ministra explicó que, desde el lunes 10 de agosto, personal de la Policía tomó el control del centro de cámaras. Como parte de este proceso, se realiza un inventario para determinar el estado de los equipos, su ubicación y a quiénes se habría reportado la información obtenida mediante el sistema de videovigilancia.

Morillo enfatizó que el objetivo de esta revisión es garantizar que la información captada por las cámaras sea utilizada exclusivamente para tareas relacionadas con la seguridad de los quiteños.

El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la medida al señalar que el Centro de Cámaras del COE Metropolitano no habría dado durante años la respuesta que la ciudadanía necesita frente a la delincuencia.

Reimberg también aseguró que las cámaras tendrían conexiones con “cinco o seis” salas espejo y que, tras la toma de control, se encontraron elementos que podrían motivar nuevas investigaciones.

Pabel Muñoz niega uso indebido

Frente a estos señalamientos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó que alguna entidad de la Corporación Municipal haya utilizado de manera indebida las cámaras de videovigilancia.

Muñoz ha sostenido que las 632 cámaras municipales ya interoperaban con el ECU 911, por lo que cuestionó que se presente el acuerdo como una toma o allanamiento del centro de monitoreo.

Quito

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SARA OÑATE

El alcalde también señaló que el Municipio entiende que el Gobierno busque que el servicio de interoperabilidad sea administrado por una empresa pública, debido a consideraciones estratégicas relacionadas con la seguridad. El nuevo convenio, según su explicación, busca profundizar la coordinación e incorporar personal policial a la sala del COE Metropolitano.

Lo que debes saber 

• Mauricio Núñez sufrió un accidente de tránsito el 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé.
• Giomara Lozada, esposa del músico, falleció tras el siniestro ocurrido mientras viajaba con su familia.
• Mauricio Núñez y sus hijos permanecen graves y con pronóstico reservado bajo atención médica.

Un accidente de tránsito registrado en la vía Santo Domingo-Quinindé dejó una víctima mortal y mantiene bajo atención médica a Mauricio Núñez, integrante del reconocido Dúo de los Hermanos Núñez, y a sus hijos.

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El siniestro ocurrió mientras el músico viajaba junto a su familia, informó este 12 de agosto de 2026 el entorno de los Hermanos Núñez mediante un comunicado oficial.

Como consecuencia del accidente falleció Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez. La familia Núñez Lozada enfrenta ahora un momento crítico, mientras el artista y sus hijos permanecen hospitalizados debido a las graves heridas que sufrieron.

Quito

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IVONNE MANTILLA

Mauricio Núñez y sus hijos permanecen bajo atención médica

De acuerdo con el comunicado difundido por los representantes de los Hermanos Núñez, Mauricio Núñez y sus hijos resultaron gravemente heridos en el siniestro de tránsito ocurrido en la vía Santo Domingo-Quinindé.

Los afectados permanecen bajo cuidado médico y su estado de salud es de pronóstico reservado. La familia no ha proporcionado mayores detalles sobre las lesiones ni sobre el centro médico donde reciben atención.

Ante la delicada situación, los representantes del dúo solicitaron a los seguidores y allegados de la familia mantener la calma y evitar compartir información que no haya sido confirmada por fuentes oficiales.

La prioridad, según el comunicado, es acompañar la recuperación del músico y sus hijos y brindar respaldo a la familia tras la muerte de Giomara Lozada Ortega.

Los Hermanos Núñez piden evitar rumores

Luego de conocerse el accidente y la muerte de la esposa de Mauricio Núñez, los representantes de los Hermanos Núñez hicieron énfasis en la necesidad de manejar con responsabilidad cualquier información relacionada con el estado de salud de los heridos.

La familia pidió que las novedades sobre Mauricio Núñez y sus hijos sean difundidas únicamente a través de los canales oficiales de los Hermanos Núñez.

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IVONNE MANTILLA

El llamado tiene como objetivo evitar rumores, versiones no verificadas o información falsa que pueda aumentar la preocupación entre familiares, amigos y seguidores del artista.

En medio de la tragedia, los Hermanos Núñez también solicitaron a sus seguidores, amigos y allegados que acompañen a la familia Núñez Lozada con una cadena de oración.

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De acuerdo con la más reciente actualización del CBQ, emitida este 12 de agosto de 2026, ambos incendios se encuentran en fase de propagación. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para evitar que el fuego avance hacia nuevas zonas.

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SARA OÑATE

Las condiciones del terreno complican las tareas de combate. Las fuertes ráfagas de viento, la topografía y la vegetación dificultan el acceso y favorecen la propagación de las llamas.

Más de 100 efectivos combaten el incendio en Rayocucho

En Rayocucho, Calacalí, el despliegue es mayor debido a la magnitud de la emergencia. El CBQ mantiene en el sitio 26 unidades de combate y abastecimiento, además de más de 100 efectivos y personal de otras instituciones municipales.

En Tanlahua, San Antonio de Pichincha, permanecen desplegados 25 efectivos y seis vehículos contraincendios.

Los equipos continuarán activados de manera ininterrumpida hasta lograr controlar las emergencias.

Como parte de la estrategia de monitoreo, el equipo de aeronaves no tripuladas realiza un seguimiento termográfico para localizar puntos calientes, medir temperaturas y determinar las acciones necesarias para contener el fuego.

36 horas de combate contra las llamas

Los bomberos acumulan 36 horas ininterrumpidas de combate y contención en las líneas de fuego activas de ambos sectores. La institución señaló que, pese a las dificultades que presenta el terreno, sus equipos permanecerán desplegados hasta controlar las emergencias.

Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan desencadenar nuevos incendios forestales.

“Los incendios forestales solo provocan dolor y apagan la vida de cientos de seres inocentes que tenían en la montaña su hogar”, señaló Cárdenas.

El comandante también alertó sobre el impacto que las llamas ya han causado en la flora y fauna de Rayocucho. La institución difundió imágenes de los daños provocados por el fuego en un solo día y pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre los riesgos de las quemas.

“Necesitamos que las personas tomen conciencia y dejen de realizar quemas indiscriminadamente”, enfatizó Cárdenas.

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EXPRESO confirmó que Tonello renunciará a la Viceprefectura para cumplir con lo establecido en el Código de la Democracia y poder postular a otra dignidad en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. La renuncia es un requisito para que pueda inscribir oficialmente su candidatura.

Tonello habló sobre su trayectoria junto a Pabón, en su espacio de entrevistas. “He hecho maestría y PhD en gestión pública. He tenido la bendición de formarme en la cosa pública con una maestra y lideresa que me ha permitido aprender”, dijo en referencia a Pabón.

La prefecta, por su parte, recordó las dudas que tuvo inicialmente sobre la conformación de la fórmula para las elecciones de 2019. “Me dijeron que es un empresario que conoce mucho de temas de riego, que estudió en el Zamorano y el tema de que venía del sector empresarial me hacían ruido. Pero estos años han sido de aprendizaje. Eres un compañero muy leal”, señaló.

El trabajo de Tonello como Viceprefecto

Pabón también recordó que, en 2018, pocos imaginaban una fórmula integrada por una empresaria y una política. Pabón destacó el trabajo en economía popular y solidaria, una lucha del padre del viceprefecto, Giuseppe Tonello Foscarini, conocido como Bepi. Es el impulsor del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. Además, en riego.

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Rosero Mariela

¿En manos de quién quedará la Viceprefectura?

Tras la salida de Tonello, se conoce que habrá una terna para designar al nuevo viceprefecto. Aunque circula el nombre de André Iza, quien aún no cumple 30 años, como posible sucesor en la Viceprefectura. 

Iza es actualmente presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha (Conagopare). El economista además presidió la Junta Parroquial de La Merced.

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Juan Zapata ya ha estado en la política como exministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso y exsecretario de Seguridad del Municipio de Quito. 

La dupla plantea recorrer barrios, parroquias y cantones de la provincia con el propósito de recoger de primera mano las preocupaciones de las familias, comerciantes, trabajadores y emprendedores. 

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IVONNE MANTILLA

La inseguridad aparece como uno de los principales problemas que, según la organización, deben ser abordados desde los gobiernos locales.

¿Quién es Juan Zapata?

Zapata llega a esta nueva etapa política con una trayectoria vinculada precisamente al ámbito de la seguridad. Antes de asumir el Ministerio del Interior en septiembre de 2022, fue secretario de Seguridad del Municipio de Quito y posteriormente estuvo al frente del ECU 911. Guillermo Lasso lo designó ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo.

Su paso por el Gobierno de Lasso, sin embargo, también está marcado por un antecedente político relevante: en mayo de 2024, la Asamblea Nacional censuró a Zapata por unanimidad, tras un juicio político relacionado con la gestión de la seguridad interna durante su administración. 

La resolución incluyó una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Zapata defendió entonces su gestión y destacó resultados como decomisos de droga y armas, desarticulación de estructuras criminales y la incorporación de nuevos policías.

Ahora, el exministro vuelve a la política con la mirada puesta en Pichincha. Su candidatura estará acompañada por la de Merino, quien plantea que la recuperación de la seguridad debe partir de escuchar a los ciudadanos que enfrentan diariamente problemas como robos, extorsiones y violencia.

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SARA OÑATE

Para Zapata, conocido como el “Capi Zapata”, la respuesta frente a la inseguridad debe superar las acciones aisladas de una sola institución. Su planteamiento apunta a una coordinación entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones públicas, barrios y ciudadanía.

La organización sostiene que la violencia y la extorsión no pueden convertirse en parte de la normalidad y que la construcción de soluciones debe partir de las necesidades particulares de cada territorio. Para ello, Merino y Zapata prevén iniciar recorridos por Quito y los distintos sectores de Pichincha.

Lo que debes saber

• Bomberos combaten desde hace 36 horas incendios en Calacalí y Tanlahua por focos aún activos
• Una quema de carbón habría originado el incendio en Calacalí, según Bomberos de Quito.
• El viento impide apoyo aéreo en Quito y dificulta controlar las llamas este 12 de agosto.

Los incendios forestales registrados en las parroquias de Calacalí y San Antonio de Pichincha continúan movilizando a decenas de equipos de emergencia este 12 de agosto, mientras los organismos de respuesta buscan contener los focos que permanecen activos en el noroccidente de la capital.

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El principal frente del incendio se concentra en el sector de Rayocucho, donde bomberos trabajan para sofocar las llamas y evitar una mayor expansión del fuego. 

Paralelamente, otro incendio forestal sigue siendo combatido en Tanlahua, zona en la que las tareas de control se mantienen desde el martes.

Más de 36 horas de combate contra las llamas

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, ambos incendios permanecen bajo monitoreo permanente desde un Puesto de Mando instalado en el área afectada. Las labores se han extendido por más de 36 horas de forma ininterrumpida.

Para enfrentar la emergencia se desplegaron 150 bomberos, 23 vehículos contraincendios y aproximadamente 50 personas de apoyo pertenecientes a distintas dependencias municipales.

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Vientos y vegetación dificultan el control del fuego

Las condiciones climáticas han complicado el trabajo de los equipos de emergencia. De acuerdo con los Bomberos de Quito, las fuertes ráfagas de viento, la topografía irregular y la abundante vegetación han dificultado el avance de las labores de contención.

Además, el viento ha limitado la posibilidad de utilizar apoyo aéreo para combatir los focos activos, una herramienta que suele emplearse en incendios forestales de gran magnitud.

Los equipos también han concentrado esfuerzos en impedir que las llamas avancen hacia el volcán Casitagua, una situación que habría incrementado la afectación sobre la cobertura vegetal de la zona.

Una quema de carbón es la principal hipótesis sobre el origen

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, coronel Esteban Cárdenas, señaló que una de las principales hipótesis apunta a una quema de carbón realizada en el sector como posible causa del incendio.

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Según explicó, en el área existen personas que desarrollan esta actividad y las altas temperaturas, sumadas a los fuertes vientos, habrían provocado que el fuego se propagara fuera de control hasta convertirse en un incendio forestal.

No obstante, las causas definitivas y eventuales responsabilidades serán determinadas por la Fiscalía General del Estado, que deberá investigar lo ocurrido.

Además de una eventual investigación penal, la normativa municipal vigente contempla multas de hasta $36.000 para quienes provoquen incendios forestales cuando la infracción es catalogada como muy grave.

Lo que debes saber

• El Concejo aprobó monitorear durante cuatro meses el convenio entre Emseguridad y el Ministerio del Interior, además de exigir información a la empresa municipal
• El convenio incorpora policías a la Sala Situacional del COE-M y modifica la coordinación del sistema de videovigilancia de Quito, que cuenta con 632 cámaras distribuidas en la ciudad
• El ministro Reimberg cuestiona las “salas espejo”, mientras Emseguridad niega su existencia y defiende su manejo del sistema

Con 11 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 11 de agosto de 2026 una resolución para solicitar información y monitorear el Convenio Marco de Cooperación firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) y el Ministerio del Interior.

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La resolución establece que Emseguridad deberá atender los pedidos de información que realicen los concejales y los organismos de control, dentro de sus competencias. Además, dispone que el convenio sea monitoreado durante cuatro meses y que, a partir de esa revisión, se determinen las acciones administrativas y de control que correspondan.

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El Ministerio del Interior asume la videovigilancia

La decisión del Concejo se produjo un día después de que el Gobierno Nacional y Emseguridad suscribieran el convenio que modifica la forma en que se coordina el sistema de videovigilancia de Quito. El acuerdo contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), ubicada en el ECU 911.

El convenio abrió una discusión sobre quién manejará las cámaras, quién podrá acceder a sus imágenes y cómo se dividirán las responsabilidades entre el Gobierno Nacional y el Municipio.

El Ministerio del Interior anunció el 10 de agosto que asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano para integrar el sistema de videovigilancia municipal a las operaciones de la Policía Nacional.

El objetivo, según esa cartera de Estado, es fortalecer la prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente al delito. También se prevé una integración progresiva de los sistemas de videovigilancia, monitoreo y plataformas tecnológicas administradas por Emseguridad con los mecanismos coordinados por el ECU 911.

632 cámaras distribuidas en distintos sectores 

El sistema cuenta con 632 cámaras distribuidas en distintos sectores de Quito. Estas ya operan desde el entorno del ECU 911 y ahora se incorporará personal policial a la sala desde donde se monitorean.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que ese espacio no es utilizado únicamente para asuntos de seguridad. Allí también trabajan representantes de entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito, Emaseo y la Agencia Metropolitana de Control.

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Según Muñoz, las cámaras permiten detectar diferentes tipos de situaciones. Si se observa basura acumulada en una calle, por ejemplo, la alerta puede llegar a la entidad municipal correspondiente. Si se identifica un posible delito, la información se comunica al ECU 911 para coordinar la respuesta policial.

Muñoz ha insistido en que el Municipio debe mantener sus competencias sobre emergencias municipales y control del espacio público, mientras la Policía debe encargarse de las acciones que corresponden a seguridad y delitos.

La acusación al Municipio de Quito

El punto más polémico de la discusión fue la existencia de las denominadas “salas espejo”.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Centro de Cámaras municipal tendría conexiones con “cinco o seis” de estos espacios. Además, sostuvo que después de que personal policial tomó el control del Centro de Cámaras el 10 de agosto se encontraron elementos que motivaron nuevas investigaciones.

Reimberg incluso señaló que podrían existir otras instalaciones desde las cuales se habría monitoreado el sistema de vigilancia de la capital y cuestionó la forma en que el Municipio manejaba el sistema.

"No existen las salas espejo"

Pero desde Emseguridad la respuesta fue diferente. Su gerente, Gaudelia Moreira, negó ante el Concejo la existencia de las “salas espejo”. Moreira explicó que las 632 cámaras están distribuidas en las 10 administraciones zonales de Quito.

La gerente también informó que Emseguridad se encuentra en un proceso de contratación para ampliar el sistema de integración y monitoreo. Sin embargo, tras el nuevo convenio, deberá solicitar al Ministerio del Interior autorización para adquirir esa plataforma. 

Lo que dicen los concejales

El concejal Adrián Ibarra respaldó la versión de Emseguridad y rechazó que haya existido un allanamiento o una toma de control del sistema.

Aseguró que las 632 cámaras continúan en el mismo espacio del ECU 911 y que el convenio responde a disposiciones nacionales. Ibarra también sostuvo que el resguardo de los datos fue ratificado por Moreira durante la sesión del Concejo. Sin embargo, consideró pertinente que la Contraloría u otras entidades puedan revisar el proceso para garantizar transparencia.

Ecuador

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En cambio, el concejal Michael Aulestia planteó que la Contraloría General realice una auditoría sobre la administración y el acceso a los sistemas de videovigilancia, monitoreo y analítica de Emseguridad entre 2019 y 2026.

La revisión busca determinar quiénes han tenido acceso a los sistemas y bajo qué condiciones se ha administrado la información. La concejal Analia Ledesma planteó otra preocupación. A su criterio, la seguridad no puede convertirse en una disputa política y las cámaras deben estar al servicio de la ciudadanía.

El convenio debe tener reglas claras y transparencia

Recordó que Quito registró 264 homicidios intencionales en 2025, frente a 248 en 2024. Los homicidios relacionados con violencia criminal también aumentaron, de 179 a 204 casos. Ledesma consideró positivo que Gobierno y Municipio coordinen sus sistemas, pero señaló que el convenio debe tener reglas claras, controles y transparencia.

También recordó que el ECU 911 informó en enero de 2026 sobre la detección de 38 dispositivos de videovigilancia irregulares en el sur de Quito.

Para el experto en seguridad Max Campos, la participación de los municipios en la vigilancia de espacios públicos no es nueva. Explicó que desde administraciones anteriores se instalaron cámaras y alarmas comunitarias y que, con la creación del ECU 911 en 2012, estos sistemas comenzaron a coordinarse.

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Campos añadió que las llamadas “salas espejo” pueden funcionar como espacios municipales para vigilar parques, calles y otros espacios públicos. Cuando se detecta un problema relacionado con las competencias municipales, intervienen los agentes correspondientes; si se trata de un delito, actúa la Policía mediante el ECU 911.

Para el experto, lo importante es que la coordinación no se convierta en una disputa política y que cada institución tenga claras sus responsabilidades.

Política

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Roberto Aguilar

Sustentación del recurso judicial y nueva suspensión

Durante la reinstalación de la audiencia de apelación en la capital, el ente acusador concluyó su intervención requiriendo la revocatoria de la decisión de primera instancia. La institución argumentó su solicitud basándose en los elementos presentados durante el juicio original para demostrar el perjuicio económico al Estado en el caso denominado Pruebas PCR.

Tras la exposición del Ministerio Público, los magistrados dispusieron una nueva suspensión de la diligencia judicial para establecer fecha y hora de reinstalación. Esta reprogramación del cronograma permitirá continuar con los alegatos de nueve equipos jurídicos que representan a los implicados.

Frente al desarrollo de la etapa procesal, el exburgomaestre se pronunció a través de sus canales digitales cuestionando la agilidad de la Función Judicial. Yunda detalló que el expediente acumula más de cinco años y registró tres paralizaciones durante el presente periodo. El exfuncionario aseguró que no existen nuevas evidencias en su contra.

El recurso interpuesto busca revertir la resolución adoptada el 22 de septiembre de 2025, cuando un tribunal de garantías penales determinó por unanimidad que no existían pruebas suficientes para configurar el ilícito. En dicho dictamen, la autoridad competente concluyó que no se comprobó un daño económico a las arcas municipales ni se certificó técnica o administrativamente que los insumos tipo RT-LAMP tuvieran menor calidad que las pruebas PCR requeridas inicialmente.

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Personal operativo de la EEQ llegó a la zona para realizar trabajos correctivos y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

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SARA OÑATE

Entre los sectores afectados están: El Aromito, Los Eucaliptos, Pillagua, San Francisco de Churoloma, San José de Collaquí, Albán, Las Peñas, Mangahuantag, Timoteo Medrano, Teófilo Elías Carrera y la vía a Club Arrayanes, además de sus alrededores.

La empresa explicó que las condiciones de viento pueden representar un riesgo para la infraestructura eléctrica, ya que ramas, árboles u otros objetos pueden caer sobre las redes y provocar desconexiones.

Hasta el cierre de esta publicación (18:00), el servicio no llega a los barrios de Tumbaco.

Usuarios reportaron cortes desde la mañana

En horas de la mañana, alrededor de las 10:00, la EEQ informó en su cuenta de X sobre otra incidencia que afectó otros puntos de Tumbaco y sus alrededores.

Entre las zonas mencionadas estuvieron La Primavera, Rojas, El Limonar, Lumbisí, San José de Oleas, Real Alto, La Praga, La Mandarina, El Chaquiñán, Arrayanes, Manuela Sáenz, Juan Montalvo, San Blas, Santa Ana, Tola Chica 1, Villa Vega, Las Acacias, La Providencia, Buena Esperanza, Chiche, San José de Puembo y San Pedro de Chiche.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que permanecían sin energía eléctrica desde aproximadamente las 08:30.

La EEQ señaló que sus equipos operativos realizaban trabajos correctivos para identificar la causa de la interrupción y recuperar el servicio. Pasadas las 12:30, la empresa informó que la energía fue restablecida.

EEQ pide precaución ante los fuertes vientos

La empresa recordó que durante jornadas con fuertes vientos cualquier objeto que entre en contacto con las redes eléctricas puede generar una emergencia y afectar el suministro.

Quito

Falla en el centro de datos de CNT provoca intermitencias en servicios en línea de la AMT

SARA OÑATE

Ante este tipo de situaciones, las cuadrillas operativas se desplazan hasta los puntos afectados para identificar el origen de la falla y ejecutar las reparaciones necesarias.

La EEQ recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada de cables eléctricos caídos y reportar cualquier incidente relacionado con la infraestructura eléctrica, especialmente durante jornadas en las que las condiciones climáticas pueden aumentar el riesgo de daños en las redes.

Lo que debes saber

• El Pico y placa en Quito funciona en la mañana y en la tarde de acuerdo al último dígito del vehículo
• El incumplimiento de la restricción conlleva multas que van desde el 15% de un SBU hasta el 50%
• La medida busca disminuir la cantidad de automotores que circulan por las principales avenidas de la capital cuando hay mayor carga vehicular

Este miércoles 11 de agosto de 2026, el Pico y placa se mantiene vigente en Quito como parte de las medidas implementadas para reducir la congestión vehicular durante las horas de mayor demanda.

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La restricción aplica para autos y motocicletas cuyas placas terminan en 5 y 6, que no podrán circular dentro del perímetro establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La medida busca disminuir la cantidad de vehículos que circulan por las principales avenidas de la capital en los períodos de mayor carga vehicular.

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¿En qué horarios aplica el pico y placa?

Los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 tienen prohibido circular durante dos franjas horarias:

Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular con normalidad.

La AMT mantiene operativos en diferentes puntos de Quito para verificar el cumplimiento de la medida. Los agentes controlan la terminación de las placas, los horarios de circulación y la documentación de los automotores que cuentan con autorizaciones especiales.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

Los conductores que circulen cuando tienen restricción se exponen a sanciones económicas calculadas sobre el Salario Básico Unificado (SBU).

Las multas aumentan de acuerdo con el número de infracciones: 

Vehículos exentos de la medida

La normativa contempla excepciones para determinados vehículos y usuarios. Entre ellos están los vehículos asignados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, al alcalde de Quito, automotores del cuerpo diplomático y consular acreditado.

También las unidades pertenecientes a las agencias metropolitanas de control, vehículos conducidos por adultos mayores y de emergencia.

¿Dónde rige la restricción?

La medida se aplica dentro del perímetro urbano establecido por la AMT. En el norte, el perímetro inicia en la avenida de Los Narcisos, a la altura de la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita, y se extiende hacia el sur hasta la avenida Morán Valverde.

En el eje oriental, el control comprende la avenida Simón Bolívar, en los sectores e intercambiadores establecidos por el Municipio.

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Los conductores que circulen fuera de este perímetro deben considerar las disposiciones específicas que correspondan a cada sector.

Estos son los contraflujos vigentes en Quito

Además del Pico y placa, la movilidad en Quito contempla varios contraflujos durante las horas de mayor congestión.

En la mañana funciona de lunes a viernes, de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30, desde Cuscungo hasta la avenida Pichincha, sector El Trébol. 

En la tarde el contraflujo se inicia desde las 16:30 ahasta las 19:30 desde la avenida Pichincha, sector El Trébol, hacia la Autopista General Rumiñahui, sector Cuscungo.

De 06:00 a 08:30, sentido sur-norte. De 17:00 a 19:00, sentido norte-sur.

En la mañana, de 07:00 a 08:30, desde la avenida Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar hasta la avenida 6 de Diciembre. En la tarde, de 16:00 a 19:30, desde la 6 de Diciembre y Oswaldo Guayasamín hacia la Simón Bolívar.

De 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00 desde la parada del corredor de San Diego hacia la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria. 

En la tarde, de 16:30 a 17:00, desde la avenida Mariscal Sucre y avenida Universitaria hacia el corredor de San Diego. De 17:30 a 18:00 funciona en el mismo sentido.

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La solución comenzará a tomar forma desde este viernes 14 de agosto, cuando se inicie la construcción de la prolongación de la avenida Río Amazonas.

 La nueva conexión bordeará el parque Bicentenario y enlazará la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre con la avenida Luis Tufiño.

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¿Habrá cierres viales durante los trabajos?

De acuerdo con la planificación de la obra, no están previstos cierres viales, debido a que la intervención se ejecutará en áreas que no interfieren con la circulación vehicular existente. No obstante, se establecerá una franja de seguridad alrededor de la zona de construcción para proteger a quienes utilizan el parque.

La nueva avenida tendrá 2,21 kilómetros de longitud y demandará una inversión aproximada de  7 millones de dólares. Su construcción está prevista para 210 días, con jornadas de trabajo durante el día y la noche, por lo que la infraestructura estaría lista durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto pretende convertirse en una alternativa para descongestionar este sector del norte de Quito. Actualmente, entre 14.000 y 19.000 vehículos circulan diariamente por la zona y los estudios de tráfico estiman que la nueva conexión permitirá reducir en unos 4.000 vehículos por día la carga en las intersecciones de las avenidas La Prensa y Tufiño.

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¿Cómo cambiará la circulación en esta zona de Quito?

La prolongación de la avenida Río Amazonas funcionará en doble sentido y tendrá una velocidad máxima de 50 km/h. Contará con cuatro carriles, dos por cada sentido, además de paradas para transporte público.

La vía tendrá conexiones en tres puntos:

Estas intersecciones fueron contempladas para facilitar la circulación y distribuir de mejor manera el flujo vehicular.

El proyecto también incorpora espacios para peatones y ciclistas. Junto al parque Bicentenario se construirá una ciclovía de 2,50 metros de ancho, mientras que en el lado opuesto se habilitará una acera de cinco metros.

En total, la nueva vía tendrá 36,80 metros de ancho e incluirá un bulevar de 8,20 metros para integrar la infraestructura con el entorno del parque.

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Por ahora, la planificación no contempla desvíos generales de tránsito ni rutas alternas obligatorias para los conductores.

La obra se ejecutará con pavimento rígido de hormigón, cuya vida útil estimada es de 20 años. 

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El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó la tarde de este 11 de agosto que mantiene un amplio operativo para combatir el incendio y evitar que continúe avanzando. 11 cuadrillas, 19 unidades de combate y cerca de 70 efectivos se encuentran desplegados en la zona.

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Los equipos realizan ataques directos al fuego con agua a presión y herramientas manuales, mientras se monitorea el comportamiento de las llamas y las condiciones del terreno.

La emergencia también obligó a activar el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el Puesto de Comando (PC), desde donde se coordinan las operaciones y se toman decisiones sobre el despliegue de los equipos en el terreno.

El viento dificulta el combate

Las labores de los bomberos se desarrollan bajo condiciones complejas. Las ráfagas de viento, que cambian constantemente de dirección, dificultan el control del incendio y pueden favorecer la propagación de las llamas.

A esto se suman la topografía del terreno y el tipo de vegetación, factores que complican el acceso de los equipos y las tareas de extinción.

El viento también ha provocado que los efectos del incendio se extiendan más allá de la zona donde se concentra el fuego. El CBQ informó que humo y residuos de combustión están llegando a sectores del norte de Quito. Frente a ello, el CBQ emitió algunas recomendaciones:

El personal del CBQ permanece desplegado en el sector y trabaja de manera directa en el combate y control del fuego.

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La evolución del incendio dependerá, entre otros factores, del comportamiento del viento y de las condiciones del terreno. Por ello, los equipos mantienen vigilancia para atender a posibles cambios en la dirección de las llamas.