Juan Esteban Guarderas denunciará a Pabel Muñoz ante el TCE: ¿está en riesgo su candidatura?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta un nuevo frente judicial que podría tener consecuencias electorales. Juan Esteban Guarderas, de la Fundación Lucha Anticorrupción, anunció que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para denunciar un presunto financiamiento irregular de la campaña de reelección del burgomaestre.

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La acción penal apunta a Muñoz y otros dos funcionarios municipales por supuestos cobros de dinero a servidores de libre remoción. Según Guarderas, esos recursos habrían sido destinados a financiar actividades políticas y la campaña electoral del alcalde. Los señalamientos deberán ser investigados y comprobados por las autoridades competentes.

La denuncia ante la Fiscalía es, según Guarderas, la primera de varias acciones que prevé impulsar. La siguiente estará dirigida al TCE. 

¿Qué podría pasar con la candidatura de Muñoz?

El riesgo electoral dependerá de lo que se logre demostrar en el proceso. Guarderas sostiene que, si se comprueba que la campaña de Muñoz recibió financiamiento ilegal, el alcalde podría enfrentar sanciones que comprometan su participación electoral o la continuidad en el cargo.

El fundamento legal citado por el denunciante es el artículo 281 del Código de la Democracia, que establece sanciones para las infracciones relacionadas con el financiamiento del gasto electoral.

En el apartado sobre aportes, la norma contempla la suspensión de los derechos políticos o de participación por un período de dos a cuatro años para la persona responsable del manejo económico de la campaña y para quien realizó el aporte ilícito.

Además, establece que la candidata o el candidato, haya sido elegido o no, puede recibir una multa equivalente al doble del aporte ilícito. Si se demuestra que recibió dolosamente contribuciones ilegales, la norma también prevé la pérdida del cargo para el que fue elegido, incluso cuando los recursos se hayan entregado a través de su jefe de campaña o de la persona responsable del manejo económico.

Guarderas pide diligencias a la Fiscalía

Junto con Guarderas, el abogado Pablo Sempértegui participó en la presentación de la denuncia penal. El jurista señaló que solicitan a la Fiscalía que practique las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, incluidos posibles allanamientos y el decomiso de teléfonos celulares y computadoras, si la investigación lo justifica.

Según los denunciantes, existirían testimonios y otros elementos que permitirían reconstruir el presunto mecanismo de recaudación. Guarderas afirmó que decenas de funcionarios estarían dispuestos a entregar sus testimonios, aunque hasta el momento se han conocido públicamente dos de ellos.

Los denunciantes sostienen que los supuestos cobros se habrían exigido bajo amenazas de despido y mediante mecanismos como rifas obligatorias. Estas versiones deberán contrastarse con las pruebas que recopile la Fiscalía.

Los montos recaudados, según el denunciante

Guarderas señaló que el Municipio cuenta con alrededor de 7.000 funcionarios de libre remoción. Para dimensionar el posible volumen de los recursos, planteó un escenario hipotético: si se hubiera solicitado dinero a 1.000 servidores, con aportes de entre $ 60 y $ 120 y un promedio de $80 por persona, la recaudación alcanzaría $ 80.000 mensuales.

Bajo ese supuesto, el monto ascendería a $ 960.000 en un año, una cifra cercana al millón de dólares.

Se trata de una estimación presentada por el denunciante, no de una cantidad que haya sido comprobada por la Fiscalía ni de un monto cuya recepción se haya establecido judicialmente.