Personas con discapacidad llevan a la Corte Constitucional el alza del pasaje en Quito
El incremento del pasaje en Quito enfrenta nuevos cuestionamientos por su impacto económico en personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria
Integrantes del Frente Nacional de Personas con Discapacidad acudieron a la Corte Constitucional para cuestionar el aumento del pasaje preferencial en Quito.
Discapacidad demanda alza del pasaje
- Personas con discapacidad presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el alza del pasaje en Quito.
- La tarifa preferencial subiría de 10 a 20 centavos desde enero de 2027, un incremento del 100 %.
- El Frente Nacional de Personas con Discapacidad acudió a la Corte Constitucional el 16 de octubre para cuestionar las ordenanzas 124 y 127.
El pasaje preferencial para personas con discapacidad en Quito podría duplicarse en 2027. Frente a este escenario, organizaciones acudieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que modifican las tarifas del transporte público.
La principal preocupación de los demandantes es el aumento del pasaje preferencial para las personas con discapacidad, que pasaría de $ 0,10 a $ 0,20 desde enero de 2027. De concretarse, el valor se duplicaría, lo que representa un incremento del 100 % para este grupo de usuarios.
“Para las personas con discapacidad nos elevan el pasaje de 10 a 20 centavos, es decir, el 100 %”, denunció César Díaz, integrante del Frente Nacional de Personas con Discapacidad, durante su visita a la Corte Constitucional.
La acción busca que examinen si las disposiciones aprobadas por el Concejo Metropolitano de Quito respetan los derechos constitucionales de las personas con discapacidad y las garantías establecidas para los grupos de atención prioritaria.
¿Por qué se cuestiona el alza del pasaje preferencial?
Díaz sostuvo que la Ordenanza 124, en su artículo 3012, establece, según su interpretación, que la tarifa preferencial para las personas con discapacidad no puede superar los $ 0,10, tanto en el transporte municipal como en el transporte urbano intracantonal convencional.
Por ello, cuestionó que la Ordenanza 127-2026 contemple un incremento que elevaría el valor a $ 0,20. El dirigente invocó el artículo 35 de la Constitución, que reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria.
La Corte Constitucional analizará la acción presentada contra el alza de pasajes en Quito y la eliminación de la tarifa preferencial.
“Somos un grupo de atención prioritaria y, por lo tanto, merecemos un trato preferencial”, manifestó.
Los demandantes también cuestionan el procedimiento seguido para aprobar la normativa. Según Díaz, no habría existido suficiente participación de las organizaciones de personas con discapacidad ni estudios adecuados que justifiquen los cambios en las tarifas.
Ante ello, solicitó que la Corte Constitucional requiera información sobre las reuniones en las que se discutió y aprobó la ordenanza, las organizaciones convocadas y los estudios técnicos que sirvieron de respaldo para modificar los valores.
Personas con discapacidad advierten impacto económico
El Frente Nacional de Personas con Discapacidad sostiene que el aumento tendría consecuencias especialmente graves para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica.
Díaz explicó que algunos integrantes de la organización dependen del reciclaje y reciben apenas entre $ 0,25 y $ 0,30 por la venta de botellas y cartones. Con esos ingresos deben cubrir sus necesidades básicas y los desplazamientos hacia hospitales, centros de rehabilitación y otros servicios de salud.
“Imagínense lo que son 10 centavos para una persona que vive con un dólar diario”, expresó el dirigente, al cuestionar el impacto que tendría el incremento de la tarifa preferencial.
Para el Frente, el problema no se limita al costo del transporte, sino también a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad de bajos recursos para acceder a servicios esenciales. Por ello, considera que las decisiones sobre tarifas deben tomar en cuenta su situación económica y las garantías de protección especial reconocidas por la Constitución.
“ No es cuestión de lanzar una ordenanza porque sí”, insistió Díaz, al pedir que se revisen los criterios utilizados para establecer el nuevo valor del pasaje.
Los pasajes en Quito cambiarán desde 2027: la tarifa urbana será de $0,40, mientras las rutas rurales llegarán hasta $2,40 según cada recorrido.
Otra acción cuestiona la Ordenanza 127-2026
El reclamo se suma a otras iniciativas que buscan frenar o revisar los cambios tarifarios previstos para 2027. El 21 de septiembre de 2026, el concejal Andrés Campaña, del movimiento Imparables, junto con personas con discapacidad y representantes del Cabildo Cívico de Quito, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 127-2026.
Ese recurso también cuestiona el incremento de las tarifas y los cambios relacionados con el pasaje preferencial. Uno de los argumentos expuestos por Campaña se refiere a la eliminación del capítulo del Código Municipal que regulaba específicamente la tarifa preferencial para las personas con discapacidad.
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