Alza de pasajes en Quito: Corte Constitucional ya tiene jueza para analizar la demanda
La Corte Constitucional analizará la acción contra el alza de pasajes en Quito y la eliminación de la tarifa preferencial para personas con discapacidad
La Corte Constitucional analizará la acción presentada contra el alza de pasajes en Quito y la eliminación de la tarifa preferencial.
Lo que se sabe
- La acción contra el alza de pasajes en Quito ya fue sorteada en la Corte Constitucional.
- La jueza Claudia Salgado analizará la demanda y las medidas cautelares solicitadas.
- El pasaje subirá a $0,40 en 2027 y se cuestiona la eliminación de la tarifa preferencial.
El alza de pasajes en Quito llega a la Corte Constitucional. La demanda contra la nueva tarifa ya tiene jueza asignada.
El concejal Andrés Campaña informó este 23 de septiembre, a través de su cuenta de X, que la jueza Claudia Salgado estará a cargo del análisis de la causa.
El siguiente paso corresponde a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por los accionantes. Entre ellas está la suspensión provisional de la ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito.
Alza del pasaje regirá desde enero de 2027
La ordenanza fue aprobada el 8 de septiembre de 2026 y establece que la tarifa del transporte público convencional y Metrobús-Q pasará de $ 0,35 a $ 0,40 desde el 1 de enero de 2027.
La decisión motivó la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de Campaña, el Cabildo Cívico de Quito y personas con discapacidad.
Campaña cuestionó el incremento y lo calificó como una afectación al bolsillo de los quiteños. Sin embargo, señaló que la principal preocupación está relacionada con la eliminación de la tarifa preferencial para las personas con discapacidad.
Actualmente, en Quito existen tres tarifas para el transporte público: la tarifa universal de $ 0,35, la reducida de $ 0,17 y la preferencial de $ 0,10.
Personas con discapacidad cuestionan eliminación de tarifa preferencial
Rocío Bastidas, activista del colectivo de personas con discapacidad, rechazó la decisión adoptada por el Concejo Metropolitano y sostuvo que la eliminación de la tarifa preferencial afecta a uno de los grupos que requiere mayor protección.
Bastidas señaló que la acción presentada ante la Corte Constitucional busca cuestionar una medida que, según el colectivo, perjudica a personas en situación de vulnerabilidad.
La activista también cuestionó las condiciones de accesibilidad del transporte público en Quito. Señaló que existen dificultades para que las personas con discapacidad puedan ingresar y salir de las unidades y reclamó mayores garantías para su movilización.
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