Sistema Integrado de Recaudo de Quito, en pausa otra vez por temas legales y técnicos

A más de un año de la firma de los contratos para implementar el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), aún hay temas pendientes para que este pueda ponerse en marcha. El alcalde Pabel Muñoz ofreció que la nueva fecha límite para que, finalmente, el Metro, el Trole, la Ecovía y los alimentadores se conecten es el 31 de marzo de 2026, es decir, nueve meses después del plazo contractual.

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Según Muñoz, se fijó esa fecha porque los técnicos están trabajando en que “el ‘back office’, detrás de lo que uno ve, los sistemas de seguridad estén bien empatados” y que habrá una nueva tarjeta. Esta, así como la que se usa hoy para el metro y la ‘app’ para iOS y Android estarían disponibles sin fallas.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Álex Pérez, explicó que tras los avances en la plataforma tecnológica, viene la implementación de los equipos de forma segura y eso toma tiempo. Pese a los aplazamientos, el funcionario continuaría a la cabeza del proceso, pues Muñoz señaló que Movilidad sería de las pocas áreas de su equipo en donde no haría cambios. Pero más allá de la infraestructura física y tecnológica, el plan municipal para implementar el SIR requiere también de reformas normativas que no están listas.

El concejal Andrés Campaña afirma que el SIR es fundamental para la nueva movilidad en Quito. No obstante, el alcalde y otras autoridades han hecho varias ofertas sobre el inicio de su funcionamiento y no las concretan. Ayer, el edil pidió a la Contraloría que realice un examen especial a los contratos que la Secretaría de Movilidad y la Empresa de Transporte de Pasajeros hicieron con el consorcio Citymovil-Busmatick, pues ambos se firmaron a través del PNUD. “Igual que en el caso de los troles, con intermediación internacional. Ya existe un pronunciamiento de la Contraloría, de que esas figuras son ilegales”.

Reformas en la ordenanza se relacionan con la creación de fideicomisos

Ahora está vigente la Ordenanza 017, aprobada en diciembre del 2020, que estipula que el administrador del sistema debe centralizar la recaudación tarifaria. Además, dispone la constitución de un Fideicomiso Global para custodiar los fondos.

El Cabildo debería ser el constituyente y los operadores municipales y privados, los constituyentes adherentes. Luego, ese fideicomiso distribuirá los pagos a las operadoras públicas y privadas.

Por otro lado, cada operador deberá constituir fideicomisos individuales interrelacionados con el Global, pero en todos, el Municipio tendrá la mayoría de derechos. Los pagos a cada operador se realizarán con base en los reportes de cumplimiento operacional y las fórmulas establecidas para distribuir los fondos y así se eliminarían los cobros de dinero en efectivo, pues en su lugar se emplearía el SIR.

Esta ordenanza establece en su 9° disposición transitoria que Movilidad tenía un plazo de seis meses para articular las gestiones para constituir los fideicomisos, pero estos aún no existen y para Campaña, si ya hay una norma, debería aplicarse.

“Esa normativa, bien o mal, establece varios elementos, como la existencia de varios fideicomisos para el manejo de los recursos. Pero sin que se la aplique todavía, ya se preveía hacer cambios. Entonces, claro, esto demora todavía más la implementación”. Además, es necesario revisar las reformas propuestas, porque si se aplican flexibilidades, como permitir que se use dinero en efectivo, por ejemplo, sería un retroceso.

Según el edil Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, en enero se tratará la reforma. “Estamos muy avanzados, teníamos ya un informe para el primer debate. Sin embargo, desde mi despacho pedimos que se abra un espacio adicional de diálogo para no dejar dudas al sector del transporte y tener un acuerdo claro sobre el texto final”, dijo. Adelantó que la próxima semana se analizará el documento en la mesa para ajustarlo y llevarlo en 2026 al pleno. “Es decir que en enero tendremos ordenanza aprobada y podremos caminar sin problema con un documento final para que en marzo, como lo ha dicho el señor alcalde, se pueda implementar el SIR”.

Una de las principales reformas tiene que ver con el orden de prelación en los fideicomisos. Se hará porque los transportistas tienen dudas sobre el tema y también sobre la temporalidad de los pagos. El edil explicó que estas surgieron porque los fideicomisos incluirán valores relacionados “a un subsidio, pueden volverse públicos y tendremos problemas en la prelación y en la forma de entrega de valores”. Con el ajuste, indicó, se estipula que los valores se entregarán semanalmente y que, en el orden de prioridad, las operadoras privadas serán las primeras en recibir sus pagos, aunque debido a la periodicidad, las municipales obtendrían su dinero paralelamente.

Pero el camino hacia los acuerdos aún no es claro para los privados. Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, consideró que toda modernización es positiva, pero cree que para sacar el dinero en efectivo de las unidades de transporte pasarán años, hasta que los usuarios se familiaricen con la tarjeta ciudad y recordó que no toda la gente tiene cuentas bancarias para usar esa forma de pago. Además, consideró que los sistemas que tienen el Metro y los BRT municipales son distintos y que primero es necesario elegir con cuál se quedarán. “Así va a ser muy difícil la interoperabilidad y eso le manifestamos al secretario de Movilidad el viernes pasado”.

Y, por otro lado, Yánez no está de acuerdo en que se manejen fideicomisos a cargo del Municipio. Sugirió que se trabaje con cuentas bancarias o de cooperativas, para que los dineros se efectivicen en 72 horas y que sean los transportistas quienes escojan al proveedor del sistema de recaudo que usarán.

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