Rentas temporales en Quito: nuevas alternativas frente a los riesgo

El negocio de las rentas temporales, efectuadas en plataformas especializadas en Quito, destapó una peligrosa realidad. Se han visto prácticas de abuso, delincuencia, crimen organizado, prostitución y comportamientos hostiles en edificios.

Te invitamos a leer: El futuro de la Plaza de Toros Quito ya está definido: ¿será derrocada?

Aunque este fenómeno se da en toda la ciudad, la mayor concentración ocurre en el sector La Carolina, en el norte, una de las zonas más atractivas de la capital para este fin. Allí coinciden bares, centros comerciales, el estadio Olímpico, la parada del metro y el propio parque. Un imán para visitantes.

El problema: el barrio se ve afectado constantemente por desmanes, robos, asaltos y hasta intentos de secuestro. Sin embargo, la comunidad no se ha quedado de brazos cruzados y la directiva barrial ha asumido un rol activo, pues coordina con instancias oficiales y de control.

La práctica parecía beneficiosa, pero se convierte en resquicio para actos ilícitos.

“Es importante que tomemos en cuenta que estos alojamientos actualmente cuentan con un registro, deberían realizarlo de acuerdo a la normativa expedida por el Ministerio de Turismo”, dice la concejala y presidenta de la Comisión de Turismo, Joselyn Mayorga.

Reglamento del Turismo

Desde 2023 existe un reglamento del Turismo que fija qué puede regular el Municipio en alojamiento turístico en inmuebles habitacionales. Sin embargo, como no es obligatorio ni tiene sanciones, muchos no lo acatan. Quien sí lo hace obtiene ciertos beneficios; quien no, no recibe castigo alguno. El órgano competente para ese trámite y su control es Turismo, que debería ejercer la supervisión.

Ante esta realidad, los residentes y autoridades han buscado ejercer algún tipo de control: reuniones, regulaciones internas, vigilancia comunitaria y hasta apoyo de la Policía.

El abuso llegó al punto de que ciertos anuncios ofrecen rentas por noche con imágenes de mujeres o parejas en actitud erótica, al estilo de la publicidad de los moteles. Para los vecinos, fue la prueba más descarnada de cómo la falta de control abría la puerta a usos protervos.

Controles más rigurosos.

En medio del desorden y falta de soporte institucional, surgen empresas que ofrecen administración integral con controles más rigurosos. Gino Porter dirige una de ellas. “Hacemos un checklist, equipamos el lugar con todo lo necesario y garantizamos una ocupación mínima. Publicamos fotografías profesionales, video y tomas en las principales plataformas”.

Pero el eje principal es el ‘due diligence’ (diligencia debida). Antes de aceptar una reserva, se verifican los antecedentes judiciales y penales de todos los huéspedes y se restringe el ingreso. Otro filtro está en las plataformas. “Solo aceptamos huéspedes con historial y reseñas positivas. Bloqueamos ingresos sin referencias. Ese filtro reduce el riesgo en 99,9%”.

También acuerdan con las administraciones el pago de alícuotas adicionales para reforzar guardianía: recepción de llaves, verificación de cédulas y control de ingresos. A esto suman normas de convivencia: detectores de ruido y humo, multas de hasta USD 300 por incumplir horarios de descanso y un equipo de respuesta hasta las 02:00.

Jonathan Criollo, intermediario independiente, explica que el primer paso es garantizar la veracidad de los datos del propietario y formalizar la relación mediante un contrato. En cuanto a los inquilinos, se exige la identificación de todas las personas que ocuparán el inmueble y se realiza una investigación previa de sus antecedentes, así como la verificación de su historial de rentas en plataformas.

Además, se establecen manuales de conducta y acuerdos específicos para prevenir daños o abusos. “Rentamos una propiedad con piscina, pero con la prohibición de ingresar botellas de licor. A través de las cámaras notamos el incumplimiento. 

Es importante que los dueños de los bienes las instalen en las áreas exteriores del departamento, porque debemos mantener un monitoreo permanente que garantice la tranquilidad tanto de los vecinos como de quienes arriendan el inmueble”, señala.

Aunque el servicio se establece entre privados, Quito necesita reglas territoriales y operativas en las zonas de mayor concentración: La Carolina, av. República del Salvador, La Mariscal, Centro Histórico.

“La cooperación institucional es imprescindible hoy. Con ajustes nacionales que habiliten inspecciones y data-sharing, el Concejo puede tramitar una ordenanza que haga exigibles el registro por inmueble, la trazabilidad de huéspedes y sanciones escalonadas. Regular para convivir, ese es el objetivo”, indica Mayorga.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!