Quito, un refugio creciente frente a la ola de la violencia criminal

Durante décadas, Quito fue una ciudad a la que se migraba por elección. Hoy, muchos llegan por necesidad. En medio de una crisis de seguridad sin precedentes en el país, la capital se ha convertido en refugio para cientos de personas que no migran por oportunidades, sino para salvar sus vidas.

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Movilidad humana en Quito, el impacto de la violencia criminal 

Según el último informe global del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), publicado en mayo de 2025, Ecuador registró por primera vez cifras oficiales de desplazamiento interno por conflicto y violencia. Los datos muestran que 101.000 personas fueron desplazadas en 2024, una cifra que ubica al país como el tercero más afectado en América, solo detrás de Haití y Colombia. El incremento refleja el impacto creciente de la violencia armada, el narcotráfico y las bandas criminales, que obligan a familias a abandonar sus hogares en busca de un entorno más seguro.

Así, la migración forzada se dirige, principalmente, hacia la Sierra. Quito, por ser la capital y su infraestructura de servicios, se ha convertido en un punto clave de llegada. EXPRESO consultó a la Secretaría de Inclusión sobre datos consolidados sobre este fenómeno, pero se informó que el Instituto de la Ciudad está trabajando en un estudio.

El alcalde Pabel Muñoz ha reconocido públicamente la situación, recordando que en el pasado Quito acogió a personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia, pero que ahora son ciudadanos ecuatorianos los que buscan protección. Las provincias como Esmeraldas, Los Ríos y El Oro se han convertido en territorios de expulsión, debido al auge de la violencia, extorsiones y amenazas.

Un estudio elaborado por el Observatorio Nacional de Participación Ciudadana y Seguridad Integral evidencia cómo esta tendencia migratoria ha cambiado de rumbo. Si entre 2007 y 2017 la migración interna estaba motivada por la búsqueda de mejores oportunidades laborales, entre 2019 y 2025, con los años de pandemia como punto de inflexión, el motor principal ha sido el miedo. En ese lapso, unas 612.000 personas manifestaron su intención de migrar dentro del país, con Guayas como la provincia que más expulsa población, seguida de Esmeraldas, según el investigador Juan Carlos Rojas.

Rojas estima que la migración interna a Quito ha crecido un 32 % en los últimos cinco años, una cifra comparable con los flujos migratorios internos registrados tras el feriado bancario del 2000. La percepción de que la capital es “un poco más segura” ha sido determinante en esta decisión.

Desde la academia, expertos como Daniel Martínez, docente invitado de la Flacso Ecuador y profesor investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), explican que Quito históricamente ha sido un polo de atracción. En su momento, esta dinámica respondía al proceso de urbanización campo-ciudad; hoy, sin embargo, el fenómeno se redefine con una fuerte carga de emergencia social. La capital ya no solo acoge migrantes de zonas rurales, sino de ciudades costeras. Las razones son múltiples: acceso a servicios, empleo, una red urbana más consolidada. Pero también, la búsqueda de seguridad.

El problema es que esta migración masiva no ocurre en un vacío. Los nuevos pobladores se asientan, en su mayoría, en zonas periféricas, muchas veces en condiciones de informalidad y sin acceso adecuado a servicios básicos. Esto se traduce en un crecimiento urbano desordenado, presión sobre los servicios públicos y desafíos adicionales en gestión de riesgos. Según Martínez, en el 2000, el 25 % de los habitantes de Quito provenían de otros cantones; en 2010 esa cifra subió al 30 % y hoy supera el 35 %. Este aumento, coincide con el deterioro de la seguridad nacional.

La violencia llega a varias zonas de Quito 

Pero la migración también se da dentro de la misma ciudad. En Quito se observa una movilidad interna desde zonas con mayores índices de violencia, como Solanda, hacia sectores que se perciben como más seguros. A esto se suman nuevos conflictos sociales, que van desde la disputa por el uso del suelo hasta tensiones culturales por la llegada de población diversa. En muchas ocasiones, quienes llegan se ven marginados, sin posibilidades reales de integración económica o social, agrega Martínez.

Uno de los rostros más visibles de esta crisis es el aumento de personas en situación de calle. Según dijo Muñoz en una entrevista con MQ Radio, los albergues han llegado a su límite de capacidad y el número de habitantes de calle va en aumento. La Casa del Hermano, uno de los espacios de acogida más activos, recibe al mes a unas 110 personas en situación de movilidad, principalmente externa. Allí, adultos y niños acceden a alimentación, asistencia psicológica, atención en salud, orientación y talleres. Muchos están de paso; otros intentan comenzar una nueva vida en la ciudad. Pero los recursos no alcanzan.

Alberto Feijoo, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, señala que uno de los mayores obstáculos para una respuesta efectiva es la falta de datos oficiales y de interés por parte del Gobierno central, que no existe un modelo de gestión humana que reconozca esta problemática como una prioridad. La migración forzada no se percibe como una oportunidad para repensar el desarrollo urbano, sino como una carga.

Para Martínez, la solución también debe pasar por atacar las causas estructurales. Frenar la migración en los puntos de origen implica invertir en políticas de reactivación económica y social en las provincias que expulsan población. Solo así se podrá frenar el ciclo de desplazamiento y dar a las ciudades receptoras como Quito, un respiro ante un fenómeno que no muestra señales de detenerse..

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