
Quito: clausuran centro de rehabilitación clandestino y rescatan adulto mayor
Clínica de rehabilitación sin permisos en Quito: 35 internos rescatados
La Agencia Metropolitana de Control (AMC), con apoyo de la Policía Nacional, clausuró un centro de rehabilitación que operaba sin permisos en el barrio La Ferroviaria Alta, sector Eloy Alfaro, al sur de Quito. Durante la intervención, las autoridades encontraron a un adulto mayor reportado como desaparecido desde el 29 de agosto de 2025.
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Según el testimonio del ciudadano rescatado, mientras se encontraba en estado etílico en el Centro Histórico de Quito, perdió la conciencia y al despertar se halló encerrado en contra de su voluntad dentro de la clínica clandestina. El caso fue derivado a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) para las investigaciones correspondientes.

Maltrato y condiciones insalubres
Daniela Chalacán, instructora de la AMC, detalló que la administradora del centro obligaba a los internos a trabajar para costear su hospedaje y alimentación, sin especificar las actividades. “Algunos de los 35 internos confesaron haber sufrido maltratos y que el lugar presentaba condiciones de insalubridad”, indicó Chalacán.
Familiares de la persona desaparecida y de otros internos acudieron a retirar a sus allegados. Algunos aseguraron pagar hasta 100 dólares mensuales por la permanencia de sus familiares, mientras que otros desconocían que estaban retenidos en el lugar.
Responsabilidad y sanciones
Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, informó que el responsable del centro enfrentará sanciones por operar un establecimiento de categoría II sin los permisos municipales, con multas de hasta ocho salarios básicos unificados (USD 3 760). “Las eventuales responsabilidades penales serán determinadas por las autoridades competentes”, puntualizó.
En 2024 se iniciaron 19 procedimientos de sanción, con 10 clausuras efectivas; en lo que va de 2025 ya se registran 12 clausuras, principalmente por falta de permisos, riesgos para los internos y alertas de presuntas actividades ilícitas.