Proyecto para ampliar la Ruta Viva sigue estancado pese al creciente daño en la vía

A más de un año de que el Concejo Metropolitano declarara de interés público la rehabilitación y extensión de la Ruta Viva bajo la figura de una alianza público-privada (APP), el proyecto continúa, aunque avanza lento.

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¿Qué pasó con el plan de ampliación vial? 

La iniciativa fue presentada como un hito para atraer inversión privada a la capital. El plan contempla una intervención integral de la vía que conecta Quito con el valle de Tumbaco y el Aeropuerto Mariscal Sucre, así como la construcción del tramo 3, que unirá el redondel de Puembo con el conector Alpachaca. Esta ampliación permitiría optimizar el acceso a la terminal aérea y mejorar la movilidad hacia las parroquias rurales del sector.

Sin embargo, mientras el proceso sigue a paso lento, el estado de la vía es cada vez más crítico. Por la Ruta Viva circulan más de 90.000 vehículos a diario, pero desde su inauguración, en 2014, no ha recibido una intervención integral. Los trabajos se han limitado a bacheos que, según denuncian los usuarios, son temporales e insuficientes.

“Se hacen arreglos y en dos meses vuelven los huecos. Es una vía importantísima que conduce al aeropuerto; si no hay presupuesto para mantenerla, sería mejor que la administre un privado, dice María Eugenia Peñaherrera, quien vive en Puembo.

Las afectaciones también se reflejan en la economía. Andrés Proaño, quien recorre esta vía al menos cuatro veces al día por trabajo, asegura que el deterioro del asfalto le ha generado gastos considerables. “Perdí una llanta y tuve que cambiar dos mesas. Gasté más de $ 200 por el mal estado”, relata. Considera que el material utilizado en los bacheos se desprende con rapidez, lo que agrava el problema.

Las alertas sobre la condición estructural de la Ruta Viva no son nuevas. En 2021, un estudio contratado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) determinó que tanto la carpeta asfáltica como los cimientos de la vía presentaban un “colapso prematuro y acelerado”, lo que evidenciaba la necesidad de una intervención profunda.

Pese a este diagnóstico y a la declaratoria de interés público, la APP no termina de concretarse, ni siquiera en una primera fase. El concejal Michael Aulestia advierte que el proceso ha sufrido retrasos desde su etapa inicial, debido a demoras en la inscripción de la iniciativa ante la Secretaría de Alianzas Público-Privadas del Gobierno, un paso esencial para su desarrollo.

Posteriormente, el Concejo aprobó una prórroga para que la empresa interesada presentara los estudios de prefactibilidad y factibilidad. No obstante, ese plazo venció el 13 de marzo y, según Aulestia, no existe claridad sobre si dichos estudios fueron entregados.

El edil afirma que ha solicitado información a la Secretaría de Movilidad, pero la respuesta fue que en sus registros no consta si existe o no la etapa de prefactibilidad. “Cuando se oculta información a un concejal, algo está pasando”, sostiene.

Aulestia también cuestiona que, mientras se espera una eventual inversión privada, el Municipio no haya implementado un plan de mantenimiento más efectivo. “No se puede mantener a la ciudad a la expectativa de que un tercero decida si participa o no. Al menos debería existir un mantenimiento contingente adecuado en estas vías rápidas”, enfatiza.

Cuando se oculta información a un concejal, algo está pasandoMichael Aulestia, concejal

El alcalde, Pabel Muñoz ha reconocido la complejidad del proyecto. El pasado 19 de marzo señaló que concretar la alianza público-privada será un reto y que los primeros resultados obligan a replantear algunos aspectos. También indicó que la empresa interesada expresó preocupaciones respecto a posibles incrementos en los costos, lo que requeriría un análisis adicional.

Por su parte, Álex Pérez, secretario de Movilidad, aseguró que el proceso avanza conforme a los plazos establecidos en la ley. Explicó que el proponente privado ya entregó los estudios de prefactibilidad, los cuales actualmente son evaluados por una comisión técnica integrada por varias dependencias del Municipio.

Según Pérez, este análisis permitirá contar con un panorama más claro sobre la viabilidad del proyecto. “Una vez concluida esta revisión, estaremos en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la alianza público-privada”, puntualizó.