Unidad Popular y Construye aún están con vida, pero todo quedará en manos del TCE

Después de la decisión del domingo pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha defendido su resolución de cancelar a Unidad Popular (UP) y al movimiento Construye. Aún no todo está definido y ambas organizaciones tienen en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el último espacio para intentar revertir la decisión y mantenerse con vida.

Dos movimientos con estrategias distintas

La posición de ambos movimientos es distinta. Por un lado, UP ha anunciado tres vías legales para evitar salir del registro permanente de organizaciones políticas. Su dirigente, Geovanni Atarihuana, señaló que acudirán al TCE, a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, Construye se pronunció recientemente, aunque sin definir una estrategia legal para enfrentar su cancelación. En un comunicado, la organización señaló: “Construye no responde a intereses económicos ni a estructuras oligárquicas. Su oferta: conocimiento del Estado, de la política pública y convicción democrática”. También cuestionó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y al presidente de la República, Daniel Noboa.

Atarihuana informó que la notificación sobre la cancelación llegó formalmente la noche del lunes pasado. Con ello, presentarán un último recurso ante el CNE para intentar que se corrija la resolución. Luego acudirán al TCE con una apelación. Mientras tanto, la organización política continuará con su preparación para los comicios seccionales del 29 noviembre próximo.

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Así, el futuro de ambas organizaciones políticas se juega en dos tiempos: uno relacionado con su intención de participar en las seccionales y otro respecto a su permanencia en el registro permanente del CNE, lo cual podría definirse incluso después de las elecciones.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que, por ahora, ninguna de las dos organizaciones está fuera del registro permanente. “Hasta que no quede ejecutoriada la resolución del CNE, mantienen la facultad legal para participar en elecciones”, aclaró.

Todo en manos del TCE

Los expertos en Derecho Electoral Daniel González y Mónica Bolaños coinciden con esa interpretación. Para González, el recurso ante el TCE no tomaría tanto tiempo como para extenderse más allá de las primarias y la inscripción de candidaturas, previstas entre el 2 y el 17 de agosto próximo.

Por su parte, Bolaños explicó que en caso de que exista una sentencia definitiva en el TCE, la participación de ambas organizaciones sería posible si esta ocurre antes del inicio de las primarias. 

“Siempre está presente el principio de preclusión de cada una de las etapas (del calendario electoral), precisamente para que no se afecten las siguientes. Podría ser que si el TCE emite sentencia posterior y favorable para los movimientos previo a que se inicie la democracia interna, podrían participar”.

El esceneario si el TCE falla en contra

El segundo escenario se activa en caso de que el TCE ratifique la decisión del CNE. Para Oleas, esto significaría la cancelación definitiva. Añadió que la Corte Constitucional podría revertir esa decisión si declara la inconstitucionalidad de la medida, aunque ese proceso podría tomar años.

Sobre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, Bolaños indicó que es un recurso viable, incluida la CIDH. “Pero eso no permitiría su participación en las próximas elecciones”, especificó.

En esa línea, Atarihuana adelantó que la próxima semana presentarán un pedido de medidas cautelares. “Tenemos lista ya la presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares, porque hay una evidente violación de los derechos de participación política”, declaró.

Pero el camino que deben recorrer lo harán en medio de sus reparos frente al CNE y al TCE. En su comunicado, Construye señaló que esos organismos “actúan de forma arbitraria y aplican las normas con parámetros diametralmente opuestos según quién sea la organización controlada”. Y agregó que la permanencia de Diana Atamaint como presidenta del CNE en este punto ya es insostenible.

UP aseveró que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Atarihuana expresó que aspiran a que el TCE, en esta ocasión, actúe teniendo en cuenta lo que establece el Código de la Democracia.