Proponen reforma para regular horas del trabajo comunitario en Quito
Con reforma, se pretende fijar el valor con un porcentaje del 2,5% del SBU por hora. El 70% de sancionadas es por libar
En Quito, la manera en que se aplica el trabajo comunitario como medida correctiva podría experimentar un cambio significativo. La concejal Analía Ledesma, presidenta de la Comisión de Planificación, analiza una reforma que busca regular quién puede acceder a esta modalidad de sanción y cómo se calculará el valor de cada hora trabajada, estableciendo criterios claros que garanticen justicia y equidad.
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Comisión de Planificación busca estandarizar sanciones municipales
Actualmente, cada hora de trabajo comunitario se calcula en 10 dólares, pero la iniciativa plantea que este valor se determine con base en el 2,5 % del Salario Básico Unificado (SBU), monto que se ajustaría automáticamente cada año según la realidad económica del país. “El objetivo es estandarizar las horas y las actividades, evitando disparidades que generan inequidad en las sanciones”, explica la edil. La propuesta también contempla que las infracciones sean leves y que las actividades sean accesibles para quienes las cumplen, evitando asignar trabajos que requieran habilidades que los sancionados no posean.
Para garantizar transparencia y control, se propone la creación de un registro digital que documente las horas trabajadas, la entidad receptora y el tipo de actividad realizada, junto con la emisión de un certificado de cumplimiento. Asimismo, la normativa establecería un catálogo de actividades vinculadas al tipo de sanción, aplicando el principio de justicia restaurativa: quienes infringen normas de seguridad vial podrían realizar educación vial, mientras que quienes cometen faltas relacionadas con residuos asumirían tareas de limpieza y reciclaje. También se plantea un mecanismo de reducción de horas por buen desempeño o cumplimiento anticipado.
Ledesma subraya la necesidad de un criterio uniforme. “Detectamos que, sin un estándar, algunas sanciones son desproporcionadas y otras muy bajas. Esto dificulta legislar con justicia”, afirma. La medida busca proteger especialmente a los más vulnerables; algunos comerciantes informales, por ejemplo, han tenido que cumplir hasta 1.200 horas de trabajo comunitario. La ordenanza actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Planificación.
Más de 1.100 personas se acogieron al trabajo comunitario en Quito
Historias concretas reflejan la importancia de esta medida. Edgar Simbaña, propietario de un negocio de reparación de electrodomésticos, fue sancionado por no contar con la Licencia Metropolitana Única de Actividades Económicas (LUAE). Su multa fue de un salario básico, equivalente a 470 dólares, y para saldarla debía cumplir 40 horas de trabajo comunitario; ya ha realizado 36 horas. “Este tipo de sanciones ayuda a quienes no tienen dinero para pagar multas. Estoy de acuerdo con estandarizar las horas y las actividades”, comenta.
Entre las tareas realizadas por los sancionados se incluyen mingas de limpieza de quebradas, apoyo en terminales de transporte, entrega de volantes, apoyo en ferias y embellecimiento de espacios públicos, como el pasaje Vicente León durante la Feria La Ruta León. Ana Montenegro, de 23 años, sancionada por libar en la vía pública, se acogió al trabajo comunitario y debía cumplir 11 horas y 45 minutos. “Estas actividades son mejores que pagar una multa y sirven para aprender a no repetir la falta”, asegura.
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, explica que la normativa actual permite compensar multas económicas con trabajo comunitario, especialmente para quienes no tienen recursos. De enero a agosto de 2025, 1.191 personas se acogieron a esta medida, sumando 18.240 horas de trabajo comunitario, de las cuales el 70 % correspondió a libadores en espacios públicos, principalmente alrededor de universidades.
La unificación de criterios busca consolidar normas dispersas, evitar duplicidades y permitir una aplicación homogénea.
El valor de la hora se fijaría en 2,5 % del SBU, con plazos proporcionales según la cantidad de horas asignadas: hasta 40 horas se otorgaría un mes para cumplir, mientras que sanciones mayores a 714 horas tendrían un plazo máximo de 18 meses, ampliable hasta un 50 % por justificación. Se prevén medidas especiales para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, garantizando cumplimiento sin discriminación.
