Pabel Muñoz y funcionarios municipales son denunciados por presunto peculado en Quito
Presunto peculado en Quito: Merino denuncia compra de trolebuses eléctricos
El concejal de Quito, Wilson Merino, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado, en el marco del proceso de adquisición de 60 trolebuses eléctricos destinados al sistema de transporte municipal.
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Wilson Merino presenta denuncia penal por compra de trolebuses
La acción legal se sustenta en un informe de la Contraloría General del Estado que determinó indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, además de un perjuicio económico superior a los 2,5 millones de dólares.
La denuncia fue ingresada bajo la figura de no flagrante y se apoya en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la evasión de los procedimientos legales de contratación pública. Según Merino, los hechos evidencian un esquema irregular de triangulación que habría vulnerado el Sistema Nacional de Contratación Pública.
Merino explicó que, como integrante de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, tuvo conocimiento anticipado de la intención del Municipio de adquirir los trolebuses mediante mecanismos de cooperación internacional, bajo la figura de contratos reservados. “Realizamos un análisis técnico y advertimos que el procedimiento era ilegal. Alerté de manera documentada al alcalde, al gerente de la Empresa de Pasajeros y al secretario de Movilidad, pero no hubo correcciones”, señaló.
Ante la falta de respuestas, el concejal solicitó hace diez meses un examen especial a la Contraloría y acudió también a la Auditoría Interna del Municipio. El informe final, emitido en diciembre, estableció responsabilidades administrativas por cerca de 80 mil dólares, una glosa civil de 2,5 millones y claros indicios de responsabilidad penal.
Contraloría detecta indicios de responsabilidad penal y perjuicio millonario
El informe de Contraloría examinó el proceso entre agosto de 2022 y abril de 2025 y concluyó que la compra no se realizó conforme a la normativa vigente, pese a que los trolebuses eran bienes normalizados que debían adquirirse mediante subasta inversa. En su lugar, el Municipio suscribió un Memorándum de Acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), sin sustento técnico, financiero ni legal suficiente.
Además, se determinó que los vehículos incumplen 15 de las 80 especificaciones técnicas contractuales, incluyendo sistemas de seguridad como el control electrónico de estabilidad, sistemas eléctricos, salidas de emergencia y condiciones estructurales.
Merino advirtió que este modelo de contratación se habría replicado en otras dependencias municipales, como la Secretaría de Movilidad y EMASEO, generando afectaciones directas a los intereses ciudadanos. Finalmente, señaló que la denuncia alcanza a todos los funcionarios mencionados en el informe de Contraloría y pidió a la Fiscalía avanzar con celeridad en las investigaciones.
