Ordenanza Verde Azul: avances mínimos tras dos años en Quito
Ambiente dice que se ha cumplido con la creación de la unidad de microcuencas Veedor señala que hay una ejecución a medias
Hace dos años, en julio de 2023, el Concejo Metropolitano aprobó con entusiasmo la ordenanza Verde Azul, una herramienta nacida de una sentencia de la Corte Constitucional que responsabilizó al Municipio de Quito por el deterioro ambiental de la cuenca del río Monjas.
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Ordenanza Verde Azul en Quito: lento avance tras dos años de vigencia
La expectativa fue grande: la ordenanza prometía articular una gestión ambiental innovadora, proteger ríos y quebradas, e impulsar una infraestructura urbana sostenible. Hoy, sin embargo, los actores sociales que acompañaron su creación cuestionan la falta de resultados concretos y hablan de retrasos en su implementación.
La ordenanza Verde Azul se originó como mandato de la Corte Constitucional, a raíz de una demanda impulsada por los propietarios de la histórica casa de la Marquesa de Solanda, apoyados por vecinos de Pomasqui. La sentencia de enero de 2022 ordenó tres ejes de acción: proteger físicamente la zona, recuperar la cuenca del río Monjas mediante un plan integral, y elaborar una normativa que regule el manejo de las aguas lluvias y fomente una infraestructura que permita su absorción natural.
“La ordenanza debía convertirse en una herramienta para cambiar la dinámica destructiva que ha tenido Quito con sus ríos y quebradas, pero es un trabajo a medias”, asegura José Dulbecco, veedor de la sentencia del río Monjas.
Para Dulbecco, si bien existe la normativa, está incompleta y desarticulada. Además, aunque se creó la Unidad de Microcuencas, que debía ser el ente articulador entre todas las entidades del Municipio, no tiene la suficiente fortaleza administrativa y no se ha dado las posibilidades tecnológicas, dice.
Maribel Pasquel, coordinadora del colectivo Rescate del San Pedro, quien también participó en la silla vacía durante el debate de la ordenanza, confirma que, aunque se han cumplido ciertos compromisos, los avances llegan tarde y sin socialización.
“El Plan Estratégico de Ríos y Quebradas y el de Microcuencas fueron entregados en febrero de este año, con al menos seis meses de retraso. Son herramientas valiosas, pero no se han articulado con otras entidades del Municipio ni se han dado a conocer a la ciudadanía”, lamenta.
Según Pasquel, aún hay instrumentos clave pendientes, como el Plan de Infraestructura Verde Azul, que debía estar listo hace un año y la norma técnica que oriente a los ciudadanos y empresas sobre cómo aplicar los principios de la ordenanza. Explica que la infraestructura verde azul implican parques, corredores verdes, arbolado urbano, todo lo que permite que el agua de lluvia se infiltre en el suelo y no desborde las quebradas. “Eso requiere claridad técnica y acción colectiva”, recalca
¿Qué se ha hecho desde la Secretaría de Ambiente?
Desde la Secretaría de Ambiente, Ximena Benavidez, directora de Recursos Naturales, defiende los avances realizados. Señala que han cumplido con la creación de la Unidad de Microcuencas y con la entrega de los planes estratégicos. Producto de ello, dice que se han identificado 31 cuencas hidrográficas, 819 quebradas y 91 ríos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Esto ha permitido priorizar zonas críticas como el Monjas, Machángara, San Pedro y Pita, donde ya se ejecutan acciones como cercados ecológicos, reforestación y restauración vegetal.
Benavidez asegura que para 2025 está proyectada la intervención en 150 nuevas secciones de quebradas y que existe una coordinación activa con otras entidades municipales como Epmaps y la Secretaría de Seguridad, para garantizar un enfoque integral. Además, destaca que la Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza está lista y se trabaja en la socialización. “Estamos avanzando, la ordenanza es ambiciosa y requiere tiempo. Pero hay voluntad de cumplir”.
A pesar de estos esfuerzos, desde la veeduría se insiste en que no basta con generar documentos. Dulbecco sostiene que la sentencia estable plazos a corto, mediano y largo plazo, es decir, existe una cronología y en base a ella tienen que haber cumplimientos. Sin embargo, el Municipio está atrasado en el tema del cumplimiento.
Desde su rol, la veeduría ya ha informado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sobre lo que consideran un incumplimiento y han detallado cuáles son. El activista recalca que no buscan que se convierta en un tema de litigio, sino en un tema para cambiar la dinámica de cómo las administraciones han visto a las quebradas y los ríos elementos. “Los municipios han encargado de transformar a las quebradas y los ríos de cloacas y alcantarillas y eso no es así”.
Los colectivos ciudadanos piden que la ordenanza deje de ser un marco decorativo y se convierta en una política urbana efectiva. Pasquel señala que son necesarias campañas de educación ambiental, incentivos para implementar jardines infiltrantes, socialización de la guía de soluciones basadas en naturaleza y una planificación participativa.
“No se trata solo de árboles o drenajes. Se trata de construir una ciudad que respete su geografía, su clima y sus ríos. Medellín transformó su entorno con corredores verdes, bajando la temperatura urbana. Quito también puede, pero necesita voluntad política y una ciudadanía organizada”, concluye Pasquel.