En su primer día en funciones como burgomaestre de la capital, Pabel Muñoz, convocó urgente a una mesa de trabajo a las autoridades de la empresa Metro de Quito y la operadora franco colombiana Eommt para exigir explicaciones tras la paralización de este sistema de movilidad registrado el jueves 11 de mayo.

La supuesta operación comercial, anunciada por el saliente alcalde Santiago Guarderas, arrancó el 2 de mayo entre traspiés y líos de diferente índole, el cobro de los 45 centavos por viaje también fue parte de esta medida.

Tras dos horas de reunión a puerta cerrada, las autoridades del Cabildo dijeron a través de un comunicado oficial que se “evidenció la desconexión completa entre las partes involucradas y la falta de claridad de una hoja de ruta consistente. Se ratificó que fue un desacierto haber apresurado el inicio de las operaciones con un cobro a los ciudadanos”.

A la luz de esto, Muñoz dispuso actualizar el cronograma, ya que se identificaron retrasos. La revisión de los elementos contractuales con respecto a pruebas de integración de algunos sistemas también fueron parte de los requerimientos, así como incorporar la ‘tarjeta de la ciudad’ como parte del sistema de recaudo para los otros corredores de transporte municipal también.

Pero algo más quedó claro después de este encuentro y es que, la operación comercial del metro de Quito jamás fue puesta en marcha y de simples pruebas de aciertos y errores no avanzó.

Así lo sostuvieron expertos en movilidad como Fernando Carrión y Carlos Páez, exconcejal y exsecretario de movilidad del municipio capitalino.

Para Carrión, el metro tiene muchos problemas de orden financiero, técnico y administrativo. Solventarlos es un completo reto para el nuevo alcalde.

“Existe una deuda de más de 125 millones de dólares que no se sabe de dónde van a sacar para pagar la construcción de la obra, al operador y el subsidio de la tarifa. Administrativamente no funciona porque la operadora no es capaz de vender los pasajes y técnicamente no está articulada con los modos de transporte en superficie. No hay articulación con estos sistemas viales y mucho menos una tarifa integrada. Todos los alcaldes han ofrecido inaugurarlo, pero ya van cinco. Ojalá este sí logre hacerlo”, acotó.

Por su parte, Páez es enfático en decir que jamás hubo una operación comercial y que en su lugar solo se dio una “campaña propagandística con un cálculo político bien hecho para justificar el dinero invertido”.

“La operación comercial tiene una consideración básica que es la confiabilidad del servicio en cuanto a horarios, frecuencias de unidades, paradas y condiciones generales de acceso y seguridad. De esto no hubo en la gestión de Guarderas. Se anunciaba una cosa y en la práctica no se cumplía”, afirmó.

Parte de esto, según el experto, se devela en la falta de afluencia de usuarios que hubo durante los nueve días que rodó el metro. Se atendieron a 25 mil pasajeros, cuando este sistema fue programado para trasladar a 400 mil, por día.

“A la nueva administración le corresponde revisar el contrato suscrito entre metro y la operadora franco colombiana. Los cronogramas, las condiciones técnicas y revisar el estado de cumplimiento de esto. Solo ahí, con seriedad y respeto para los usuarios se puede iniciar una operación comercial. Tengo la sospecha que este manoseo politiquero seguro violentó algunas condiciones y por tanto habrá que revisar si sigue siendo válido el plazo de siete meses para que opere, según el contrato vigente, aunque lo más seguro es que no”, añadió Páez.

Ante la inquietud ciudadana de volver a utilizar el metro, Pabel Muñoz también anunció que las pruebas de funcionamiento se reanudarán con grupos prioritarios, como estudiantes, profesores y otros. La fecha y horarios todavía no se conocen.