La imagen del proyecto Metro de Quito queda en entredicho una vez más. En esta ocasión no se relaciona con el sistema de operación sino con un presunto delito de defraudación bursátil cometido durante la construcción de esta megaobra de movilidad. 

La tarde de este viernes 12 de mayo se llevó a cabo una audiencia, donde se declaró culpable a Joaquín Francisco Marín Lugo, gerente de Ecuador Ersindustries S.A., quien habría recibido 130 mil toneladas de acero para la construcción del Metro de Quito, en la línea 1 de la fase 2, de manos de la empresa Adelca.

Víctor Cevallos , abogado de la empresa demandante mencionó que en 2016 la empresa Acciona, entidad encargada de ejecutar este proyecto emblemático de la capital, negoció con los propietarios de Adelca para que les provean de acero. 

"Negociaron el precio, pero para la firma del contrato, Acciona les indicó que debían firmar el contrato con la empresa Ecuador Ersindustries S.A., para que ellos le provean a Acciona y con eso trabajar en la obra", dijo. 

Según información a la que accedió este Diario, dicha compañía se dedica a la fabricación de metales arquitectónicos y estructurales desde 2015, pero no está vinculada con la producción del material de construcción en mención.

Para el 2018, la factura seguía impaga y tiempo después, la empresa afectada detectó que Ecuador Ersindustries S.A. había constituido un esquema de fideicomisos para desviar sus activos y perjudicar a los acreedores, entre ellos a Adelca, a quien no se le canceló 11'267.865 dólares. 

"Cuatro años después, finalmente se da una sentencia oral, donde se le encuentra responsable directo al señor Joaquín Francisco Marín Lugo, gerente de Ecuador Ersindustries S.A. por el delito de defraudación bursátil. Debe pagar la reparación de 11 millones de dólares y una multa adicional de 10.000 dólares. Asimismo, se le dictó prisión por tres años", indicó Cevallos. 

El abogado también indicó que el sentenciado se encuentra en Lima, pero deberá presentarse periódicamente en la embajada ecuatoriana. También anunció que apelarán a la sanción impuesta para que se aplique la pena máxima que son cinco años por este delito. 

Fernando Yavar, defensor de la parte acusada dijo que "Adelca está utilizando el sistema penal para cobrar una deuda. Debía demandar ante una unidad civil. Se reconoce la deuda pero se pagará cuando exista liquidez para pagar los recursos. No tiene nada que ver con la operación del metro como tal, es una cosa que ocurrió en 2017. Es discusión de facturas impagas", finalizó.