Cuando parecía que por fin funcionaría sincronizada, ordenada y a punto el sistema Metro de Quito, el consorcio francocolombiano, entidad a cargo de la operación del mismo, ejecuta un nuevo traspié que deja, por un lado, sin servicio de transporte público a los capitalinos y, por otro, pone en tela de juicio la imagen de este proyecto emblemático de la capital.

A los nueve días de operaciones comerciales, la empresa que lo opera, EOMMT S.A.S., anunció el cese del servicio a partir de la tarde del jueves 11 de mayo. El último turno que se ejecutó fue en la mañana.

Los miles de usuarios que empezaban a familiarizarse con este tipo de transporte quedaron absortos por la súbita noticia. Las novedades mayores se reportaron al día siguiente, cuando las 15 estaciones estaban cerradas y la gente se apostaba en los exteriores, desconociendo la decisión unilateral que asumió la operadora internacional.

La mañana de este viernes 12 de mayo, EOMMT S.A.S. se pronunció a través de un comunicado y señaló que esta inhabilitación se generó para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Anunciamos la decisión de suspender las actividades mientras se estabilizan algunos equipos y sistemas asignados para la etapa de pruebas. En esta etapa hemos comunicado a la empresa Metro de Quito la existencia de incidentes técnicos en diferentes sistemas y subsistemas, como los que se han presentado en el sistema de recaudo y los inconvenientes derivados de esto”, se lee en el documento.

En efecto, los primeros ocho días esas fueron las anomalías reportadas, así como problemas para cobrar en las taquillas, con los lectores de códigos QR de los boletos, contratiempos con un pasajero, quien presuntamente presionó la palanca de emergencia y detuvo la marcha de uno de los trenes, inoperatividad de todas las paradas, así como de las gradas eléctricas y ascensores. La falta de rutas y frecuencias que abastezcan al metro desde la superficie es uno de los problemas más graves que tiene esta obra de movilidad, conforme han advertido concejales aún en funciones.

Al respecto, el flamante alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció en redes sociales que una de las primeras reuniones que mantendrá será con el gerente de la Empresa Metro de Quito, Efraín Bastidas, y con el principal de la Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev, Eommt Frederic Cyr.

El lunes 15 de mayo, tras su posesión oficial, abordará esta problemática en la Alcaldía, para conocer las causas técnicas, operativas, administrativas y legales que motivaron la suspensión del servicio.

En su cuenta de Twitter, el nuevo burgomaestre escribió: “He sido enfático: no permitiré que se afecte la confianza y credibilidad de la obra más importante de la ciudad: el metro”.

Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad de la capital, se refirió a la situación actual que enfrenta esta obra, que por años ha sido esperada y sobre la que se depositó la ilusión de mejorar la movilidad y aliviar el tráfico.

Para Buendía, el intento de operación que se hizo del metro “se dio a partir de un miramiento de orden político y económico tanto del señor Sevilla y Guarderas. Cuando implementaron el sistema de pruebas, de pago, la gente comenzó a presionar sobre las demandas del servicio, comenzaron a ver las falencias técnicas y, además, deficiencias en los pagos al operador, que estaban asumiendo el trabajo sin pagos y con riesgos técnicos por la falta de algunos implementos y aditamentos desde el punto de vista operacional”, declaró.

A esa falta de garantías técnicas y económicas le atribuyó el cierre de las operaciones y, además, ratificó que el inicio de la operación tuvo una base política y no técnica.

“Este apuro político fue lo que reventó. En Medellín y en otros lugares, el metro no está supeditado a los vaivenes políticos, porque existen mecanismos aprobados por normas y porque ya existe la implementación de un sistema integrado de transporte, en el que hace que todos los modos de movilidad funcionen. Hay un marco jurídico que impide la posibilidad de interferencia política para que afecte a este sistema. Esto nos falta aquí”, acotó.

Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, aclaró que al cobrar por el servicio ya quedan insubsistentes las pruebas. “El metro no solo se abrió con falencias técnicas, sino legales también. Sin integración, sin subsidio para la integración, sin fideicomiso y sin sistema de recaudo, perjudicando inclusive en 20 centavos a cada ciudadano que realizó un transbordo en una estación multimodal entre metro y trole o ecovía”.