Multa millonaria a escuelas de conducción en Quito por acuerdos ilegales
Escuelas de conducción de Quito reciben multa millonaria por perjudicar a los usuarios
La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) impuso sanciones que superan los 2.2 millones de dólares a varios operadores de cursos de conducción en el Distrito Metropolitano de Quito, tras comprobar la existencia de prácticas anticompetitivas que afectaron el normal funcionamiento del mercado.
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De acuerdo con el organismo de control, los operadores sancionados fijaron precios e intercambiaron información comercial sensible, conductas que restringen la libre competencia, reducen las opciones para los usuarios y generan un perjuicio directo a la ciudadanía que accede a este tipo de servicios.
Investigación técnica y respeto al debido proceso
La decisión fue adoptada luego de un análisis técnico exhaustivo, realizado en estricto apego al debido proceso. La SCE determinó que estas acciones limitaron la competencia en el mercado de cursos de conducción, afectando tanto la eficiencia económica como el bienestar de los consumidores.
Según la Superintendencia, este tipo de acuerdos entre competidores constituye una de las infracciones más graves dentro del régimen de competencia, debido a su impacto directo y significativo en el interés general.
Sustento legal de la sanción
La actuación de la SCE se encuentra respaldada por el artículo 335 de la Constitución de la República, que otorga al Estado la potestad de regular, controlar e intervenir en los mercados para prevenir y sancionar abusos de poder de mercado y distorsiones a la competencia.
🚨La SCE sanciona un acuerdo colusorio y multa con mas de USD 2,2 millones a operadores de escuelas de conducción por fijación de precios e intercambio de información comercial, en perjuicio de los usuarios.
— Competencia Ecuador (@Competencia_Ec) February 9, 2026
Firmes en la lucha contra los cárteles y la defensa de la competencia. pic.twitter.com/6h3bFWOAEW
Asimismo, estas prácticas están tipificadas como infracciones muy graves en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, normativa que busca garantizar mercados justos, eficientes y transparentes en beneficio de la población.
