Merino exige respuestas por irregularidades en compra de 60 trolebuses en Quito

La Contraloría aprobó el 10 de diciembre de 2025 un informe de auditoría que analizó el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025, dentro del proyecto municipal “Movilidad Sostenible”.

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El documento detalla una cadena de decisiones improvisadas, falta de controles internos y un presunto perjuicio económico superior a 2,5 millones de dólares.

Según la auditoría, la Empresa Metropolitana de Pasajeros adquirió los 60 trolebuses sin aplicar los procesos obligatorios de contratación pública. Al tratarse de bienes normalizados, el procedimiento debió realizarse mediante subasta inversa. Sin embargo, la entidad municipal recurrió a Unops amparándose en un Memorando de Entendimiento suscrito entre el alcalde, Pabel Muñoz, y la organización internacional.

El informe señala que el gerente de la empresa invitó directamente a Unops a presentar una propuesta y firmó un “Memorándum de Acuerdo” para la compra de los vehículos, sin respetar los pasos del sistema nacional de contratación pública ni las condiciones del proyecto de inversión.

Además, el Directorio de la empresa no exigió informes técnicos ni aclaraciones, pese a conocer que la compra se gestionaba vía Unops, y no dio seguimiento al Plan Operativo Anual. Las mesas de trabajo previas tampoco dejaron evidencia de cómo se definieron los costos o las condiciones económicas del proyecto.

Estas decisiones derivaron en pagos por 2’552.307,83 de dólares a Unops sin el debido sustento, según determinó el ente de control.

Trolebuses sin cumplir parámetros técnicos

Otro hallazgo relevante del informe se relaciona con la calidad de los vehículos adquiridos. La Contraloría concluyó que los trolebuses no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Merino advirtió que este incumplimiento afecta directamente a los usuarios del sistema:

“No se garantizó la seguridad. No se cumplieron los parámetros técnicos; no lo digo yo, lo dice el informe de Contraloría”, manifestó.

El edil señaló que este caso es parte de un “patrón preocupante” y recordó que actualmente hay 10 procesos de fiscalización en marcha, varios ya bajo la revisión de la Contraloría. “Este es el segundo informe; también está el caso del Metro de Quito y otros más”, puntualizó.

Empresa de Pasajeros rechaza el informe

Tras conocer el contenido de la auditoría, la Empresa de Pasajeros expresó su desacuerdo con las conclusiones de la Contraloría. La entidad afirmó que el proceso de modernización del transporte se ejecutó con “total transparencia” y dentro del marco jurídico vigente.

La empresa sostuvo que el informe no consideró la documentación entregada durante la auditoría y aseguró que las observaciones “carecen de sustento técnico y legal”.

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