Compra de trolebuses: "Desde un inicio detectamos una triangulación", dice concejal
Según un informe de la Contraloría, la compra no se realizó mediante los mecanismos de contratación pública
Una nueva polémica sacude al Municipio de Quito por la adquisición de 60 trolebuses eléctricos que hizo la Empresa de Pasajeros, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), un proceso que, según un informe de la Contraloría, no se realizó mediante los mecanismos previstos en la ley nacional de contratación pública.
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El informe, aprobado este 10 de diciembre de 2025 por la Contraloría, señala que la compra no se efectuó mediante subasta inversa, debido a que el gerente de la entidad municipal invitó directamente a la Unops a presentar una propuesta y firmó un memorando de acuerdo, sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión, ni seguir el sistema de contratación pública nacional.
Como resultado, se establecieron glosas por $ 2.552.307,83 y responsabilidades administrativas por $ 79.970.
Desde abril de 2025, seis concejales solicitaron un examen especial ante la Contraloría, alertando sobre posibles irregularidades en el proceso.
"Detectamos una triangulación"
Uno de ellos, Michael Aulestia, aseguró que desde un inicio detectaron una “triangulación” que eludió el sistema de contratación pública. “Cuando nos enteramos de la compra con Unops, solicitamos información sobre las etapas precontractuales. Al no recibir respuestas, presentamos denuncias al Sercop y a la Contraloría".
Agrega que incluso tuvo acceso a una cotización directa con la fabricante de las unidades en donde había una diferencia de $ 90.000 por cada trolebus adquirido.
Aulestia agregó que el informe de la Contraloría confirma que la responsabilidad recae en el gerente de la Empresa de Pasajeros, en las gerencias técnicas y también en el alcalde, Pabel Muñoz.
“Esto demuestra que algunos funcionarios buscan evadir los procesos de control y fiscalización, generando opacidad y suspicacias en la ciudadanía y en los ediles”, enfatizó.
Alertas por otros procesos similares
Señala que también se levataron alertas por un proceso similar en la contratación para el sistema de recaudo, que se quería hacer con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Por su parte, el concejal Andrés Campaña recordó que en septiembre de 2024 solicitó formalmente un examen especial a la Contraloría sobre esta compra. “Hoy el informe del máximo órgano de control indica indicios de responsabilidad penal por peculado, incluso en contra del Alcalde, con penas de 10 a 13 años de prisión”, afirmó.
El edil Wilson Merino denunció que, tras alertar sobre las irregularidades y los sobrecostos vinculados al “gestor de compra”, fue objeto de amenazas, cierre de micrófonos en el Concejo y campañas de difamación en redes sociales.
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