Maltrato animal en Quito: sanciones no logran frenar el abandono

Un video difundido en redes sociales volvió a encender la indignación ciudadana. En las imágenes se observa a dos adultos que introducen a cuatro cachorros en sacos con la intención de abandonarlos en un parque del sur de Quito. La persona que graba advierte que presentará una denuncia, mientras los animales lloran desesperados. Pese al reclamo, la acción continúa.

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Abandono de perros y gatos sigue sin control municipal

De los cuatro cachorros, dos fueron rescatados por la Unidad de Bienestar Animal (UBA). Los otros dos siguen desaparecidos. El hecho no es aislado: es un síntoma más de una problemática que, lejos de disminuir, se visibiliza cada vez con mayor crudeza.

El pasado 25 de enero, personal de la UBA intervino un domicilio con apoyo de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Allí se encontró a un perro de apenas nueve meses en un espacio reducido, entre sus propios desechos. Su tutor admitió que no podía cuidarlo. El patrón se repite: abandono, hacinamiento, negligencia.

Según datos del Municipio, en 2025 se sancionó a 76 personas por infracciones muy graves relacionadas con maltrato animal, casi el triple que en 2024, cuando se registraron 27. En la categoría de infracciones graves se multó a 123 personas -un 70 % más que el año anterior- y en las leves a 206, casi el doble que en 2024. En total, 439 personas fueron sancionadas en 2025, un 75 % más que las 250 del año previo.

Las cifras, sin embargo, no logran disipar las dudas. Para el supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, el incremento no implica necesariamente un aumento del maltrato, sino un mayor despliegue de control y atención a denuncias ciudadanas. Pero para activistas y observadores, el problema no es solo cuantitativo, sino estructural.

Entre las infracciones más graves detectadas constan la crianza de gallos para pelea y la organización de estos eventos ilegales, además de casos de tortura, hacinamiento y encadenamiento de animales de compañía. En marzo de 2025, un operativo en la parroquia de Guamaní reveló 48 perros en condiciones insalubres, sin vacunas ni esterilización.

Vacíos legales dificultan sanciones efectivas por maltrato animal

Según Cristina Alarcón, miembro de Protección Animal Ecuador (PAE), la situación del maltrato y abandono animal en la ciudad es crítica. En 2025, PAE atendió un total de 2.366 casos, que incluyen abandonos directos en la fundación, rescates realizados por voluntarios o trasladados por personas a clínicas de la institución, así como denuncias ciudadanas por maltrato animal, todas las cuales se intentaron atender de manera inmediata.

Para 2026, y sin completar siquiera dos meses del año, ya se han registrado 327 casos. Entre los más frecuentes están animales en situación de calle, muchos en condiciones de salud deplorables, así como casos de maltrato dentro de viviendas: perros y gatos amarrados o encadenados, desatendidos por sus tutores, y perritas que han parido sin cuidado adecuado.

Alarcón enfatiza que estos números incluyen tanto perros como gatos, y que la situación no muestra signos de mejora. “No se observa una reducción en la cantidad de animales reportados ni en los casos de maltrato. Es difícil determinar la causa exacta, pero claramente el control y las sanciones por parte de las autoridades siguen siendo insuficientes”, señala.

Además, advierte que la carga de la protección animal recae en gran medida sobre la ciudadanía, que ya enfrenta múltiples dificultades debido a la situación general del país. Las fundaciones, que dependen en gran medida de donaciones y apoyo comunitario, también se ven afectadas por la escasez de recursos, complicando aún más su labor.

Control municipal y sanciones: ¿realmente protegen a los animales?

Para Betty Sarango, presidenta de la Fundación Carapungo en Acción, las cifras oficiales no reflejan una transformación real. “Se publicita que denuncien, pero no vemos precedentes claros. La gente se ríe de la ordenanza porque siente que no pasa nada”, cuestiona. A su juicio, muchas intervenciones se quedan en inspecciones y fotografías, sin un seguimiento que garantice sanciones efectivas.

Sarango advierte, además, que los denunciantes quedan expuestos. En algunos casos, los datos personales han sido entregados a los presuntos infractores, generando amenazas y amedrentamientos. “No puede ser que se promueva la denuncia y no se proteja a quien denuncia”, insiste. La posibilidad de denuncias anónimas, asegura, no siempre es viable en la práctica.

Las críticas se profundizan cuando se analiza el ámbito penal. Ramiro Tamayo, coordinador del Observatorio de la Política Pública del Bienestar Animal del Ecuador, sostiene que existe un vacío legal que dificulta sancionar el abandono. Aunque el Código Orgánico Integral Penal tipifica conductas como la muerte y el abandono de animales, este último requiere una acción privada. Es decir, la víctima -o quien la represente- debe iniciar el proceso judicial, contratar abogado y asumir costos que pueden superar los 3.000 dólares, en juicios que se extienden por más de un año.

“¿Quién va a invertir tiempo y dinero para que la sanción final sea de 20 a 50 horas de trabajo comunitario?”, cuestiona Tamayo. Sin un registro metropolitano obligatorio que identifique a los tutores, probar la responsabilidad resulta complejo. La ausencia de un sistema integral de identificación y control limita la posibilidad de demostrar materialidad y nexo causal en un proceso penal.

Desde 2021, cuando el maltrato animal fue incorporado como delito en la legislación ecuatoriana, solo una persona ha recibido sentencia penal por estos hechos: el caso de Blanca Colcha, condenada tras un proceso que duró un año y ocho meses por la muerte de un perro husky. Para activistas, que en casi seis años exista una sola sentencia evidencia que la norma, en la práctica, no se aplica.

Tamayo sostiene que, al haber sido reconocidos los derechos de los animales, los delitos contra ellos deberían perseguirse mediante acción pública y no privada. Es decir, el Estado debería asumir de oficio la investigación y acusación, sin trasladar la carga económica y procesal a la ciudadanía. “Si la autoridad no cumple ni fortalece la política pública, ¿cómo exigir a la sociedad que cambie?”, plantea.

Las críticas también alcanzan a la propia UBA. Según el Observatorio, no existe un plan estructurado de capacitación y concienciación ciudadana. Se cuestiona que algunas charlas se enfoquen en la “muerte digna” y no en prevención, esterilización, tenencia responsable o sanciones. Además, denuncian falta de personal técnico especializado para garantizar procesos administrativos sólidos que culminen en sanciones firmes.

Sarango cuestiona que el episodio de los cachorros en sacos no es solo una escena desgarradora; es el reflejo de un sistema que aún no logra articular control, justicia y educación. “Sin una reforma que convierta el abandono en delito de acción pública, sin un registro efectivo de animales y sin protección real a denunciantes, las cifras seguirán creciendo sin traducirse necesariamente en cambios estructurales”, añade. 

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