La erosión golpea la casa de la Marquesa de Solanda, en Quito

En febrero de 2021, la Corte Constitucional (CC) dictó una sentencia inédita: obligó al Municipio de Quito a proteger de inmediato la casa de la Marquesa de Solanda, en Carcelén, norte de la capital; recuperar la cuenca del río Monjas y aprobar una norma para quebradas y ríos. 

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Pasaron cuatro años y la escena no cambia: taludes socavados, muros agrietados, familias con miedo y una casona patrimonial que hoy cuelga sobre un vacío cada vez más ancho. La sentencia existe; el cumplimiento, no.

El fallo 2167-21-PP22 de la CC fijó tres mandatos: la protección de la casa patrimonial, mitigar la erosión del río Monjas en un plazo de dos años y aprobar una ordenanza Verde-Azul en un período de hasta 15 años.

José Dulbecco, coordinador de la veeduría creada para vigilar el cumplimiento, lo señala sin rodeos: “Si la casa no está protegida, la sentencia no sirve. El Municipio hizo cosas, sí, pero no cumplen el objetivo”. El fallo fue histórico y, por primera vez, un cabildo fue responsabilizado judicialmente por daños ecológicos y patrimoniales. El precedente quedó en firme; no obstante, la ejecución sigue en suspenso.

El ingeniero Marcelo Cabrera, docente de la UIDE, explica que “en la zona predominan suelos arenosos y mixtos, muy vulnerables a la erosión hídrica y eólica. Cada lluvia intensa y cada descarga de aguas servidas aceleran el proceso. No es un suelo sólido”, alerta.

Los datos lo confirman, pues hace tres décadas, el cauce del río Monjas tenía entre 6 y 7 metros de ancho. Hoy, en algunos tramos, supera los 70 metros. Solo en la hacienda de Solanda se ha perdido más de cuatro hectáreas de terreno.

El cambio climático empeora el cuadro. “Estamos viviendo épocas de lluvias muy intensas o sequías prolongadas, lo que desestabiliza aún más los taludes”, advierte Cabrera. Para él, la raíz del problema está en la falta de ordenamiento territorial: se dieron permisos de construcción en bordes inestables que nunca debieron urbanizarse.

¿Qué ha hecho el Municipio?

El Municipio defiende su gestión. Ximena Benavides, directora de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, sostiene que la mayor parte de las obras en la zona de La Esperanza están ejecutadas. “Ya se hizo el colector El Colegio, se implementaron proyectos de disipación de energía, se estabilizó el cauce y se colocaron mallas retenedoras. Incluso el muro Pfizer ya tiene 300 metros construidos”, indica.

La funcionaria asegura que el avance alcanza un 80 a 90 % y que la inversión supera los 5 millones de dólares, distribuidos entre las empresas metropolitanas de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y de Obras Públicas (Epmmop). “Es un trabajo interinstitucional y se mantiene un monitoreo permanente porque los procesos erosivos no se detienen”, afirma.

Esta versión contrasta con el criterio de la veeduría y del propietario de la casa-hacienda. Para el observador, el problema es de fondo. Dulbecco recuerda que el contrato clave para proteger el talud de la hacienda quedó en mora y nunca se ejecutó. “La velocidad del Municipio para resolver fue mínima. Y mientras tanto, la casa sigue sin protección real”.

El propietario, José Monge, ratifica ese diagnóstico. “Hace 40 años, la quebrada tenía tres metros. Hoy tiene ochenta. No hay piedra en el cauce, solo arena. El agua golpea y se desmorona todo”.

Monge acusa a la Epmmop de abandonar una obra desde hace tres años y de reconstruir un muro que, en lugar de proteger, desvía el flujo contra su terreno. “El hormigón con anclajes ya se está cayendo, el agua entra por detrás. Los bomberos recomendaron desalojar dormitorios porque la casa está inclinada”, manifiesta.

Los datos le dan la razón: el presupuesto inicial para el muro Pfizer fue de 180.000 dólares; luego se asignaron 2,3 millones más, pero lo ejecutado fueron paredes de apenas cinco centímetros de hormigón. “El 80 % de lo hecho son parches. La casa sigue en riesgo”, lamenta.

La disputa no se limita a la casona histórica. El río Monjas fue declarado en emergencia en 2019, con 16 zonas críticas y 18 kilómetros de intervención prioritaria. La Esperanza, donde se ubica la hacienda patrimonial, es apenas el primer tramo.

Dulbecco advierte que “en Pomasqui (noroccidente) hay familias que ya están perdiendo sus casas. En algunos puntos, si no se actúa pronto, incluso la vía nueva puede colapsar”. Monge confirma la amenaza. “De aquí hasta Calacalí las casas se están cayendo, los puentes se están yendo. Es una cadena. No es solo mi propiedad”.

La descontaminación del río Monjas está pendiente

En la zona se colocaron disipadores de energía en el colector, pequeñas revegetaciones y ciertos trabajos de estabilización. Pero no sirvieron muros mal diseñados que protegen un lado y erosionan el otro, limpiezas que removieron la poca piedra de base y contratos incumplidos que dejaron cráteres abiertos. Dulbecco insiste: “mientras la casa no esté protegida, la sentencia no sirve. Lo que han hecho son parches, no soluciones”.

Hay un plan mayor que nunca llegó, pues la sentencia también mencionó la descontaminación del río. Sin embargo, proyectos como Vindobona, una planta de tratamiento que tomó 18 años de estudios y millones de dólares, fueron descartados.

Hoy, Quito sigue con las descargas de aguas servidas directamente en el Monjas, el río más contaminado de la ciudad. “En Cuenca hace 20 años que tratan sus aguas. Aquí seguimos con una planta de juguete y cloacas que van directo a las quebradas”, reclama Dulbecco.

La casa de la Marquesa de Solanda no es solo un símbolo romántico. Es el espejo de cómo las autoridades y la población tratan al patrimonio, sus ríos y los fallos judiciales. La Corte Constitucional ordenó protegerla de inmediato. Han pasado cuatro años y la casa está más cerca del colapso.

Lo que se derrumba no es solo una casona, es la credibilidad de una ciudad que deja que su historia y sus ríos se le vayan de las manos.

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