Una vez más el sistema de transporte metro de Quito está bajo la lupa. Las dudas vuelven a sembrarse en la ciudadanía y Concejo Municipal sobre la transparencia que hubo durante la ejecución de esta megaobra de movilidad, firma de contratos y capacidad operativa.

(TAMBIÉN PUEDE SER DE SU INTERÉS: Quito: La avenida De Los Conquistadores tiene más amenazas que soluciones)

Es así que, tras el ingreso de la nueva administración municipal, el pasado 6 de junio de 2023, Víctor Hugo Villacrés, gerente de la empresa Metro, solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial sobre los procesos de control y una auditoría de los contratos de construcción, fiscalización, gerenciamiento de la obra civil de la primera línea.

En el documento al que EXPRESO tuvo acceso se lee que como parte de este análisis se pide incluir también las órdenes de variación suscritas, el contrato para la adquisición del material rodante, entrega- recepción de equipos auxiliares, contrato de operación y en general del accionar administrativo, operativo y contractual de la empresa.

La operación del sistema está paralizada tras un intento fallido de circulación que duró casi un mes y ante esto existe el señalamiento de que al cesar el funcionamiento la operadora incumpliría el contrato. También se habla de una deuda del Cabildo con Transdev y Metro de Medellín de casi 15 millones de dólares y de una renegociación de este monto, así como de las condiciones contractuales. Al respecto se consultó a la empresa municipal Metro, pero no se obtuvo respuesta.

Paralelo a esto, un proyecto para conformar una comisión multipartidista encargada de fiscalizar al metro desde su origen hasta la fecha, resonaba en los pasillos del Concejo metropolitano.

Wilson Merino, edil electo por el movimiento de la Revolución Ciudadana, fue el proponente del mismo.

Finalmente, la mañana del martes 20 de junio se puso a consideración del pleno municipal para su aprobación y posterior conformación de la comisión a cargo, pero no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

De los 22 miembros, incluido el alcalde Pabel Muñoz, la propuesta de Merino recibió el apoyo de 8 concejales (Adrián Ibarra, Andrés Campaña, Blanca Paucar, Diana Cruz, Emilio Uzcátegui, Fernanda Racines, Pabel Muñoz y Wilson Merino).

En contra se pronunciaron Ángel Vega, Cristina López, Darío Cahueñas, Estefanía Grunauer, Fidel Chamba, Juan Báez y Sandra Hidalgo.

Asimismo, Bernardo Abad, Diego Garrido, Gabriel Noroña, Gabriela Quiroga y Michael Aulestia se abstuvieron en la votación; mientras que Analía Ledesma y Joselyn Mayorga estuvieron ausentes.

(EN OTRA INFORMACIÓN PUEDE LEER: Dhruv: tibieza, dureza y silencio de los candidatos frente al fallo)

Para Wilson Merino esto solo evidencia que la clase política que representa a Quito no está a la altura de las necesidades de la ciudad y que, además, existe desconocimiento sobre el marco normativo, así como incoherencia en aquellos ediles que no fueron afines a esta propuesta, tras haber ofrecido en campaña hacerse cargo de esta fiscalización.

“Se dice mucho y se hace lo contrario. Una comisión es un ente asesor que facilitaría condensar toda la información para elevar informes de un tema tan complejo. Esto habría facilitado la fiscalización, en lugar de hacer pedidos de información de manera individual. Lo que se ve es que hay conflicto de intereses en algunos concejales que fueron parte del directorio del metro o que tienen vínculos familiares. Mi compromiso seguirá inquebrantable con la gente de Quito pese a esto”, añadió.

Este medio se contactó con los concejales que votaron en contra, se abstuvieron o estuvieron ausentes. De ellos, apenas cinco respondieron.

Ledesma por ejemplo manifestó que tuvo que salir de la sesión por un tema personal, pero que Merino conocía de su respaldo. “Esto tenía un tinte político e incluso algunos buscaban figurar más que otros. Todos tenemos la facultad de fiscalizar sin necesidad de la comisión”.

Por otro lado, Grunauer, Cahueñas y Chamba indicaron que su motivación para decir No fue la limitación que se les daba para fiscalizar, ya que solo los tres o cinco miembros que formarían la comisión tendrían esta competencia.

“La fiscalización es una obligación legal y moral. Esto no se puede limitar a cinco concejales cuando lo hacen los 21. Desde el primer día he fiscalizado esta obra millonaria”, dijo Fidel Chamba.

Otro principio en que concuerdan los consultados es en que no se oponen a que se indague hasta el fondo sobre lo que se hizo bien o mal o se dejó de hacer para que el metro todavía no entre en funcionamiento.

La solución para Michael Aulestia, electo por la alianza Va Por Ti, es la conformación de una contraloría social, integrada por la sociedad civil, ingenieros expertos en construcciones de este tipo, arquitectos, expertos en sistemas ferroviarios y demás profesionales que aporten técnicamente y no solo legalmente a la fiscalización. “No vamos a permitir que se haga un show. Jamás de bloqueará este ejercicio. Es el correísmo el que desde el inicio intentó hacerlo. En ese proyecto no se contemplaban muchos elementos claves. Esto no se trata solo del análisis de contratos. Va más allá”, concluye Aulestia.