Cárceles en Quito conviven con casas, escuelas y negocios

Armando Rivera ha vivido más de 30 años en el barrio El Inca, en el norte de Quito. Su vida cotidiana ha estado marcada por un vecino poco usual: la cárcel de El Inca. La presencia del centro penitenciario ha generado entre los residentes una mezcla constante de temor, resignación y preocupación por la seguridad.

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El recuerdo que perdura en Rivera es la matanza de 2022, cuando un violento enfrentamiento entre bandas delictivas dejó cinco muertos y varios heridos dentro del recinto.

“Se escuchaban disparos, gritos. Desde la ventana solo veía cómo las ambulancias entraban y salían, todo estaba rodeado de militares”, comenta. Aunque ha pensado muchas veces en mudarse, su casa es propia y allí también funciona su pequeño negocio, por lo que dejar la zona no es una opción viable.

Carmen Simbaña, de 58 años, también ha vivido siempre allí. Con resignación, acepta la cercanía de la cárcel, pero dice que cada amotinamiento o incidente la obliga a cerrar su tienda, lo que representa pérdidas económicas. Menciona que viven en constante zozobra.

Otro vecino, que prefirió omitir su nombre, recuerda que cuando se instaló la cárcel, hace décadas, los vecinos se opusieron. Se organizaron para evitar que se quedara allí, pero no escucharon sus pedidos. “Más bien, fuimos reprimidos por la policía. Ahora vivimos con las consecuencias”, dice.

Desde la calle De las Toronjas, una vía principal del sector, se puede ver la edificación del centro penitenciario: muros altos y coronados por cercas de mallas. A su alrededor, la vida transcurre con una aparente normalidad. Hay viviendas y todo tipo de negocios. Para los moradores, la salida de ese centro sería lo más adecuado.

Más al norte, El Condado también alberga un centro penitenciario. La Cárcel 4 está ubicada frente a un centro comercial, en una zona altamente transitada, donde también hay comercios y viviendas.

David Argüello, instaló su negocio hace cuatro meses en la zona, reconoce que no ha tenido inconvenientes, pero no puede evitar sentir preocupación. “Uno sabe lo que ha pasado en otras cárceles. Aunque aquí esté tranquilo, el temor siempre está ahí”, comenta.

Vecinos piden la reubicación

En el sur, la situación es igual de compleja. En Las Cuadras funciona desde hace años una casa de confianza, en teoría un centro de privación de libertad prioritario destinado a mujeres embarazadas, en lactancia o con hijos menores de 36 meses. Sin embargo, vecinos y líderes barriales aseguran que allí también han sido trasladadas prisioneras de alta peligrosidad.

Yolanda Guaña, representante del Frente Ciudadano por la Seguridad y la Paz, denuncia un progresivo deterioro en la zona desde que el centro empezó a operar con un uso distinto al que fue creado. “Esto se volvió un punto rojo. Hay asaltos, venta de sustancias ilícitas, la inseguridad es constante. Ya no podemos vivir tranquilos”, afirma. A eso se suma que una calle clave para la movilidad, la Matilde Álvarez, permanece cerrada.

Según Guaña, el traslado de reclusas desde la cárcel de Cotopaxi en 2019 empeoró la situación. Por ello, en representación de varios sectores del sur como Chillogallo, Turubamba y La Ecuatoriana, entregó una solicitud que busca su reubicación.

Revisión del comodato

Desde hace al menos seis meses, la concejal Joselyn Mayorga ha trabajado con los vecinos. Recordó que la casa de confianza fue establecida en 2007, bajo un comodato con el entonces Ministerio de Justicia, para funcionar como un espacio especializado para mujeres con niños pequeños, embarazadas o en periodo de lactancia. 

En 2022 el acuerdo finalizó, pero se mantiene vigente hasta la fecha. En 2024, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), solicitó a la Dirección de Bienes Inmuebles del Municipio de Quito un nuevo comodato por otros 25 años.

Posteriormente, la Administración Zonal Quitumbe emitió diversos informes con un criterio desvaforable para que se otorgue el comodato.

Mayorga sostiene que con la actualización del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), el lugar ya no es compatible. “Ese espacio no fue concebido para ser una cárcel. En su entorno hay un hospital, parques, unidades educativas, una universidad. ¿Cómo es posible que se mantenga allí un centro carcelario?”, cuestionó la edil.

Agregó que no se puede seguir sosteniendo ese tipo de espacios en entornos urbanos, debido a que se pone en riesgo la seguridad de los vecinos y vecinas. Por ahora, los moradores están a la expectativa de lo que ocurrirá en el predio, aunque se ratifican en su pedido, que es la reubicación.

Mayorga también recordó que en 2024, el Concejo Metropolitano ya solicitó al Gobierno revisar de forma urgente el funcionamiento de los tres centros de carcelarios en Quito, pero hasta la fecha no hay una respuesta. Por ello, el tema se volverá a poner en debate en una siguiente sesión.

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