Quito

red de extorsión en Quito
31 sentenciados por asociación ilícita extorsionaban personas desde un call center en Quito.Cortesía

31 personas sentenciadas por asociación ilícita en call center de Quito

Sentencias por asociación ilícita a 31 procesados en call center de Quito

Entre doce y dieciocho meses de privación de libertad recibieron treinta y un personas procesadas por la Fiscalía por asociación ilícita en el contexto de actividades extorsivas realizadas desde un call center ubicado en el norte de Quito.

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Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, los acusados solicitaron someterse a un procedimiento abreviado, conforme al artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ellos reconocieron su participación en los hechos y acordaron con Fiscalía la pena correspondiente según su grado de implicación.

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Según la investigación, los procesados realizaban llamadas y enviaban mensajes a personas en el extranjero, exigiendo dinero a cambio de no atentar contra su integridad. Para intimidar a las víctimas, utilizaban aplicaciones como Pegasus, Rimbill y mensajería instantánea, enviando fotos y videos que mostraban escenas de violencia extrema. Todas estas actividades se ejecutaban desde las instalaciones del call center.

La Fiscalía presentó como evidencia los testimonios de los propios acusados, agentes policiales, así como peritos en informática forense, análisis financiero y reconocimiento de evidencias. Estas pruebas fueron clave para sustentar la acusación de asociación ilícita.

Sobreseimientos y apelaciones

Los treinta y un sentenciados forman parte de un grupo de cuarenta y cuatro procesados. Los trece restantes continuaron con el procedimiento ordinario; de ellos, solo tres fueron llamados a juicio, mientras que diez recibieron auto de sobreseimiento, decisión que la Fiscalía anunció que será apelada.

Nuevas investigaciones en curso

Durante el proceso, la Fiscalía identificó otros posibles delitos, como enriquecimiento privado no justificado, violación a la intimidad, pornografía infantil y falta de afiliación al IESS por parte de la persona jurídica. Por estos hechos, se iniciaron las respectivas investigaciones previas.

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