Desde la prisión se vendía el chaulafán a 50 dólares
Se revelan más detalles del chat entre marino y un privado de la libertad
Una conversación extraída del teléfono celular de un marino que presuntamente intentó ingresar dos dispositivos móviles al Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como La Regional, ubicado en la vía Guayaquil-Daule, reveló supuestas coordinaciones con una persona privada de libertad (PPL) identificada como alias Coco, quien cumple condena en la Penitenciaría del Litoral.
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Actividades ilícitas
Los mensajes evidencian la planificación de actividades ilícitas dentro del sistema penitenciario, como el ingreso de objetos prohibidos, la organización de entregas clandestinas, presuntamente de alimentos, dinero en efectivo y otros artículos, así como la preservación del control de ciertos pabellones.
Uno de los aspectos más llamativos del intercambio es la mención del comercio de alimentos al interior del recinto. Alias Coco haría referencia a la venta de chaulafanes a 50 dólares cada uno, acompañados de tres bebidas gaseosas por un valor adicional de 10 dólares. Estas transacciones habrían sido coordinadas por el marino desde el exterior.
En otro fragmento de la conversación, el PPL le solicitaría al uniformado que colabore con el ingreso de “víveres” y otros insumos, cuya naturaleza no ha sido determinada, pero podrían estar vinculados a actividades ilícitas.
Una fuente le confirmó a EXPRESO que el implicado sería un marino en proceso de formación para ascenso. “El hallazgo de los celulares se produjo en el segundo filtro de seguridad, donde fueron detectados durante una revisión”, detalló el informante.
Aunque los teléfonos no llegaron a ingresar al centro carcelario, uno de ellos fue sometido a una inspección, sin autorización judicial, lo que habría permitido identificar conversaciones relacionadas con la presunta venta de armas y otros objetos prohibidos en el contexto penitenciario.
“No se puede judicializar al implicado, ya que la información obtenida de los celulares no cuenta con una orden legal que respalde su uso como evidencia procesal”, aclaró la fuente.
